Los líderes de las Iglesias cristianas de Tierra Santa han protestado oficialmente a un nuevo intento del Estado de Israel de imponerles ciertos impuestos. El ejemplo más apremiante en este momento afecta a la Iglesia Armenia, pero hay muchos otros que involucran a instituciones católicas.
Los patriarcas y cabezas de las Iglesias locales de Jerusalén emitieron una declaración oficial condenando el último intento del municipio de Jerusalén de imponer un impuesto municipal, conocido como Arnona” a las Iglesias. Según dicha declaración del 19 de febrero, la actuación del municipio es “legalmente dudosa y moralmente inaceptable”.
El gobierno local emitió un juicio hipotecario contra el patriarcado de la Iglesia apostólica armenia que, de tener éxito, daría lugar a la toma de posesión de las propiedades de dicha Iglesia por parte del municipio, en virtud de supuestos impuestos no pagados. La Iglesia apostólica armenia es una de las más pequeñas con presencia histórica en Tierra Santa. Aun así, también la Iglesia católica y la Iglesia greco-ortodoxa se ven afectadas. La cuestión de si las Iglesias deberían estar exentas de ciertos impuestos, incluido el Arnona, ha sido motivo de debate durante décadas.
Las relaciones entre las Iglesias cristianas y el Estado en Israel se rigen por un acuerdo conocido como “statu quo”, que se remonta a los tiempos del Imperio otomano. Sin embargo, “el acuerdo de statu quo es un acuerdo político”, ha señalado Sami El-Yousef, director general del patriarcado latino de Jerusalén, en una conversación con una delegación de Aid to the Church in Need (ACN) International durante una visita al país. “Si nos atenemos a la ley vigente, no hay nada que diga que nuestras instituciones están exentas. Si acudimos a los tribunales probablemente perderemos, así que este asunto requiere una solución política. Y es que todas las Iglesias irán a la quiebra si tenemos que pagar según la ley”.
“A las Iglesias las están presionando para que paguen impuestos. Las respectivas conversaciones entre el Vaticano y el Estado de Israel comenzaron en 1994 y deberían haber concluido en 1996, pero todavía se está negociando”, ha explicado Sami El-Yousef.
Sin embargo, en el caso específico del patriarcado armenio, las Iglesias sostienen que el municipio no ha respetado el proceso debido: “Especialmente alarmante es el intento del municipio de imponer una determinación de deuda sin escrutinio judicial y desafiando al comité gubernamental establecido para negociar tales asuntos de buena fe. Esta imprudente actuación pone en peligro al patriarcado armenio-ortodoxo y sienta un precedente peligroso que podría poner en riesgo las instituciones cristianas de toda Tierra Santa”, reza la declaración conjunta de los patriarcas y cabezas de las Iglesias locales de Jerusalén.
En una declaración aparte, el patriarcado armenio se queja de que la cantidad reclamada por la instancia recaudadora del municipio se refiere a supuestas deudas que datan de 1994, ignorando los plazos de prescripción e incluyendo propiedades que en realidad están arrendadas al propio municipio, que debe millones de shekels en alquileres atrasados. Por ello, acusa a la instancia recaudadora de actuar “como parte demandante, juez y ejecutor, todo en uno, al servicio de los intereses de su empleador: el municipio”.
George Akroush, director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos del Patriarcado Latino, sita en Jerusalén, ha explicado a ACN que hay “grandes organizaciones que tienen iglesias, salas de conferencias, centros de formación, y tal vez una pequeña casa de huéspedes y una diminuta tienda de recuerdos. Ahora dicen que dado que hay una casa de huéspedes o una tienda de recuerdos hay que pagar impuestos, pero para ello incluyen toda la superficie”.
En sus negociaciones, las Iglesias han hecho hincapié en el inestimable papel social que desempeñan, argumentando que, si se ven obligadas a cerrar, eso supondrá una enorme carga para el propio Estado, ha señalado George Akroush, añadiendo: “No hay suficientes escuelas, residencias de ancianos, centros para personas con discapacidad, orfanatos, centros culturales, hospitales u otros servicios sociales para atender a la población, y las Iglesias, presentes aquí desde hace siglos y antes de que se estableciera el Estado de Israel, se encargan de ello, por lo que deberían estar exentas. Si Israel impone estos impuestos, se detendrán varios servicios porque a la Iglesia le será imposible financiarlos. Ya operamos con déficit y necesitamos apoyo internacional, por lo que esto pondría fin a varios servicios vitales prestados a los más pobres de entre los pobres, y serán estos quienes sufran las consecuencias”.
En Jerusalén se dan cuatro casos que afectan a instituciones católicas, y hay más en otras partes de Israel. “Han congelado las cuentas bancarias de las escuelas del Patriarcado Latino en Haifa. Nadie nos defiende, así que hemos tenido que negociar. Hemos logrado reducir la cantidad de dos millones de shekels [más de medio millón de euros] a 500.000 shekels [134.000 euros], pero hemos tenido que firmar un acuerdo que no habla de pagar impuestos, pero sí de contribuciones municipales. ¿Qué pasará el año que viene? Ya no gozamos de la protección que creíamos tener”, ha comunicado Sami El-Yousef a ACN.
“Esto es un claro intento del municipio de minar al patriarcado armenio al hacerlo objeto de presión económica, con el objetivo de disminuir su presencia en Tierra Santa. Cualquier sentencia judicial sobre la supuesta deuda por el impuesto arnona sentaría un precedente peligroso, al hacer extensible su aplicación a otras comunidades cristianas. Eso tendría un impacto profundamente negativo en la presencia cristiana en general en Tierra Santa”, reza la declaración del patriarcado armenio.
En la declaración conjunta del 19 de febrero, los patriarcas y cabezas de las Iglesias piden una solución política: “Este ataque a una Iglesia es un ataque a todas, y no podemos permanecer en silencio mientras se tambalean los cimientos de nuestro testimonio cristiano en la tierra del ministerio de Cristo. Hacemos un llamamiento al primer ministro Benjamín Netanyahu, al ministro del Interior Moshe Arbel y al ministro Tzachi Hanegbi para que intervengan de inmediato, detengan todos los procesos de ejecución forzosa y garanticen la reanudación de las negociaciones en el seno del comité gubernamental arriba mencionado, con el fin de, en aras de la justicia, llegar a una solución amistosa sobre este asunto”.
Por Filipe d’Avillez.
