Aid to the Church in Need apoyará los honorarios legales por la defensa de Arzoo Raja
Arzoo Raja, católica de trece años de Karachi en Pakistán, fue secuestrada el 13 de octubre y obligada a abandonar su fe y casarse con su secuestrador, Ali Azhar de 44 años, también residente de Karachi.
El sábado 24 de octubre, un nutrido grupo de cristianos y activistas de la sociedad civil, encabezados por dos parlamentarios, se reunieron frente al Club de Prensa de Karachi para denunciar la plaga de secuestros, conversiones y matrimonios forzados de menores pertenecientes a minorías religiosas, sobre todo de cristianos.
Estos delitos deberían ser tratados en virtud de la Child Marriage Restraint Act (Ley de Restricción del Matrimonio Infantil) de 2014, cuya aplicación, sin embargo, a menudo se ve obstaculizada por la policía y los miembros del poder judicial.
La abogada de la adolescente secuestrada, Tabassum Yousaf, en una entrevista con la sede italiana de la fundación Aid to the Church in Need, anunció que hoy, 26 de octubre de 2020, había presentado una petición al Tribunal Superior de Sindh en Karachi. La primera audiencia para examinar el caso está prevista para el próximo miércoles 28 de octubre. Según fuentes locales, varios familiares del secuestrador se encuentran actualmente bajo custodia.
«Aid to the Church in Need ha financiado apoyado en el pasado proyectos para cubrir los costos legales de la defensa de cristianos y apoyar a sus familias que normalmente son muy pobres y carecen de todo tipo de ingresos. Ahora también vamos a apoyar la asistencia legal de Arzoo Raja y subsistir a su familia”, dice Regina Lynch, jefe responsable del departamento de proyectos para la fundación ACN Internacional.
“Estamos muy preocupados por la situación en Pakistan. Las minorías religiosas se ven muy a menudo abandonadas a su suerte por falta de medios económicos y respaldo social. Hay avances a nivel nacional pero es importante que lass autoridades responsables de la defensa de las víctimas, es decir, las fuerzas policiales y las autoridades judiciales, se liberen de las presiones sociales de los grupos más extremistas”, concluye Lynch.
