RECIENTEMENTE, LAS VIVIENDAS DE 450 FAMILIAS CATÓLICAS DE HYDERABAD Y KARACHI HAN SIDO DESTRUIDAS por el gobierno provincial de Sindh en el marco de una campaña contra la usurpación de terrenos, dirigida a viviendas consideradas asentamientos ilegales.
La decisión de limpiar los lodos de tres desagües de la ciudad se tomó el año pasado tras las graves inundaciones urbanas. Si se lleva a cabo, el plan provocará la destrucción de 14.000 viviendas y 3.000 comercios. En la archidiócesis de Karachi, 600 familias cristianas del Gujjar nullah (uno de los canales de desagüe) serán desplazadas.
Una de los residentes de la zona, Anum Arif, una joven voluntaria católica de Cáritas Pakistán Karachi (CPK) que vive cerca de este desagüe, ha hablado con la fundación pontificia international Aid to the Church in Need (ACN).
“Hace cuatro meses comenzó la destrucción en 28 asentamientos a ambos lados del canal de desagüe donde vivo desde mi infancia. Antes era un arroyo que se unía al río Lyari antes de desembocar en el mar Arábigo. Más de 900 familias cristianas viven en los arrabales del río.
“Mi abuelo emigró de la provincia de Punjab y compró un terreno de 1.400 metros cuadrados a solo 3 metros del canal. Mis parientes también son propietarios de varias casas. En la zona, que pertenece a la parroquia de san Judas, hay dos iglesias, dos escuelas y una madraza (escuela musulmana).
“Las partes que van a ser destruidas están marcadas en las casas. A aquellos cuyas casas están marcadas al 100 % les han indicado que deben desalojar sus moradas en siete días. En nuestra casa han marcado el 85%. Todos tenemos los documentos de arrendamiento, pero el gobierno de Sindh se niega a aceptarlos. La corporación municipal de Karachi tiene previsto ampliar las calles a ambos lados del canal de desagüe hasta once metros.
“El subcomisario y los políticos son ambiguos en cuanto a los importes de las indemnizaciones y los planes de reasentamiento. El jefe de gobierno afirma que se entregarán 15.000 rupias (97 dólares) por hogar afectado en los próximos seis meses. El Tribunal Supremo de Pakistán ha ordenado que se entreguen las indemnizaciones antes de las evacuaciones, pero nosotros aún estamos esperando. Según los rumores, se están reservando para nosotros terrenos baldíos en los suburbios de Karachi».
La cuestión de las indemnizaciones es objeto de un acalorado debate, ya que es un asunto existencial para muchas familias de la zona. Los que niegan el derecho a la indemnización argumentan que los terrenos fueron ocupados ilegalmente. Anum Arif, sin embargo, asegura:
“Nosotros pagamos con regularidad nuestras facturas de electricidad y gas y los departamentos gubernamentales aceptan nuestros pagos por estos servicios. También ellos deberían rendir cuentas. De momento, el gobierno no ha transmitido ningún detalle acerca de su operación de limpieza ni de sus planes de reasentamiento. Nosotros vamos a alquilar una casa de dos habitaciones, pero muchos no tienen adónde ir. No queremos dinero ni tierras, solo necesitamos una casa.”
Pero no solo los cristianos se ven afectados por los planes del gobierno. Alrededor del 60% de los afectados pertenecen a la población musulmana, mayoritaria en Pakistán, diez mezquitas serán arrasadas si los planes se llevan a cabo. Sobre todo, son los pobres de Pakistán los que se convierten en víctimas de las nuevas infraestructuras.
“Las excavadoras han llegado hasta un hospital cercano donde nos reunimos para protestar el mes pasado. Bloqueamos el tráfico durante cuatro horas, pero ningún funcionario vino a escuchar nuestras quejas. Nosotros creemos que las inundaciones urbanas pueden evitarse limpiando el canal o construyendo muros a lo largo de él. Destruir las barriadas no es la solución”.
“Muchos jornaleros se verán total o parcialmente afectados durante el proceso”, explica Anum Arif. “Mi padre, trabajador sanitario, gastó todos sus ahorros para construir nuestra casa de dos pisos y cuatro habitaciones. Yo nací allí, muchos se convirtieron en abuelos después de casarse sus hijos en esos asentamientos.
“Antes de su victoria en las elecciones generales de 2018, el primer ministro Imran Khan prometió crear diez millones de puestos de trabajo y proporcionar cinco millones de viviendas en cinco años. En cambio, a nosotros nos están dejando sin hogar. Nuestra ley reprime a los débiles al servicio de los poderosos. Han destrozado nuestros sueños”.
