«Las brutales acciones del gobierno de Eritrea tienen como objetivo privar a la Iglesia de todos los servicios que ofrece en el campo educativo y sanitario. Según él, nuestro trabajo debe quedar limitado a los templos». Esto ha dicho el sacerdote católico Mussie Zerai en una conversación mantenida con la Fundación pontificia internacional Aid to the Church in Need. Zerai vive en Roma y desde allí coordina el trabajo pastoral eritreo y las comunidades extendidas por Europa. Cada año, miles de personas abandonan el país.
Tras las despiadadas acciones del gobierno contra instituciones cristianas en este país del noreste de África, aún podrían sucederse otras. A mediados de junio, el ejército eritreo ocupó por la fuerza y cerró 21 hospitales y centros médicos de la Iglesia. Los pacientes fueron literalmente arrojados de la cama. Los militares destrozaron ventanas y puertas y presionaron a los empleados, según explica Zerai. La directora de un hospital del norte de Eritrea, una religiosa franciscana, fue incluso detenida por resistirse.
Más que la Iglesia sufren las personas necesitadas
«No hay ninguna justificación para estas acciones del régimen. Castiga a los que se preocupan por los más pobres», expone Zerai. Porque las más de 200.000 personas que son tratadas cada año en los centros médicos eclesiásticos sufren incluso más que el personal de la Iglesia. «La mayoría de los pacientes no eran católicos, sino cristianos ortodoxos, musulmanes y miembros de otras religiones. Los centros frecuentemente se encuentran en áreas remotas», dice el sacerdote.
La actuación del gobierno no es nada nuevo: según comenta, el año pasado se cerraron ocho centros médicos. Pero lo que sí es nuevo es la brutalidad con la que actúa. Sin embargo, los motivos no están claros. Observadores extranjeros sospechan que el gobierno del presidente Isaias Aferweki considera que la Iglesia, en su compromiso por el proceso de paz con Etiopía, ha adquirido demasiada confianza en sí misma. Para Zerai, la situación es clara: «El gobierno está obsesionado con controlar todo y a todos. Considera a la Iglesia católica como una amenaza porque estamos conectados internacionalmente y cuestionamos asuntos».
En un Estado de corte ateo sufren todas las religiones
En Eritrea viven, como máximo, entre 120.000 y 160.000 católicos. La mitad de la población es cristiana; además de la Iglesia católica, solo la ortodoxa y la evangélico-luterana están toleradas por el Estado como comunidades religiosas, junto al Islam sunita. A diferencia de muchos países del norte de África, en Eritrea el Islam no es religión oficial. Según explica Zerai, el país «tiene un carácter ateo; si fuera por el Gobierno, no habría ninguna religión. En definitiva, procede de la misma escuela que China».
Este sacerdote puede hablar libremente tan solo por el hecho de vivir en el extranjero. No le está permitido volver a su país. El Gobierno ejerce una y otra vez presión sobre los obispos del país, donde hay cuatro diócesis. Sin embargo, esto no es óbice para que protesten vehementemente contra la ocupación de las clínicas. Según dice Zerai, en las cárceles eritreas hay miles de cristianos, pero también musulmanes. «Frecuentemente, sin aducir los motivos; los familiares no saben dónde están ni siquiera si todavía viven».
Una situación particularmente difícil es la de los fieles de las iglesias «libres», no reconocidas por el Estado. Pero también el Patriarca de la Iglesia ortodoxa se encuentra en arresto domiciliario desde hace 14 años. Recientemente fueron detenidos cinco monjes ortodoxos, tres de ellos mayores de 70 años. Es imposible llevar a cabo una labor de oposición en el país contra tales violaciones de los Derechos Humanos, dice Zerai: «cualquier tipo de resistencia, aunque solo se insinúe en lo más mínimo, es sofocado inmediatamente». Por este motivo, la mayoría de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Eritrea proceden de refugiados. A las organizaciones internacionales se les niega o se les dificulta enormemente la entrada en el país.
Ni Constitución ni Derechos fundamentales
«La razón por la que cada vez más jóvenes eritreos se trasladan al extranjero es que Eritrea no es un Estado de Derecho», expone Zerai. Todavía hoy en día, el país carece de Constitución vigente. «Por este motivo, se puede detener sin motivo a personas en su propia casa. El servicio militar se ha convertido además en una esclavitud legalizada. A los jóvenes se les priva de tener una posibilidad de futuro», expone Zerai. El intento de la comunidad internacional de ejercer presión sobre el gobierno de Eritrea en relación con la situación de los Derechos Humanos no ha prosperado hasta el momento. El país está prácticamente aislado. «Actualmente, los Estados intentan integrar más a Eritrea a nivel internacional, para conseguir así una apertura», ha expuesto el sacerdote. En octubre de 2018, el país fue elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para formar parte del Consejo de Derechos Humanos.
Al igual que la situación de los Derechos Humanos en general, también la libertad religiosa se encuentra muy limitada y marcada por la arbitrariedad. «Hay libertad para ejercer la religión pero solo para algunos, no para todos. Algunas veces, la cooperación es mejor; otras, peor», en palabras de Zerai. A pesar de la escalada actual, este sacerdote tiene claro que «la Iglesia católica continuará no solo su labor pastoral, sino también social. Ya lo dice la Biblia: la fe, sin las obras, no es nada. Privar a la Iglesia de su posibilidad de ejercer la caridad es como si se le amputara un brazo».
Desde 2016, la Fundación pontifica Aid to the Church in Need ha financiado en Eritrea 44 proyectos aportando fondos por casi 900.000 euros. Entre los proyectos se encuentran ayudas para la construcción de capillas y centros eclesiásticos, estipendios, automóviles para facilitar la movilidad de sacerdotes y ayudas a la subsistencia para religiosas.
