ANÁLISIS MUNDIAL
Dra. Marcela Szymanski
Aunque la pérdida de los derechos fundamentales como el de la libertad religiosa puede producirse bruscamente, por ejemplo, en un conflicto o en una guerra, en muchos casos no es un suceso repentino; con frecuencia, es un proceso de erosión que se produce a lo largo de los años. Igual que las tejas de un tejado salen volando de una en una, o unas cuantas a la vez, arrastradas por vientos cada vez más fuertes, el observador acaba reconociendo que ya no hay cubierta, que se ha quedado a merced del viento. Estos vientos adoptan la forma de Gobiernos autoritarios, de redes terroristas transnacionales o de líderes religiosos fundamentalistas que incitan a turbas de linchadores.
Los motivos para la erosión del derecho a la libertad religiosa son manifiestos, pero este deterioro también se puede producir como resultado de la fricción creada al introducir nuevas leyes y regulaciones que, habiendo identificado a la religión como parte del problema, fuerzan gradualmente a las identidades religiosas a salir de la esfera pública. El Estado, como guardián de la ley, está obligado a permitir que el individuo «manifieste su religión o creencias en público y en privado»[1], manteniendo la esfera pública abierta a todas las religiones así como a los que no profesan ninguna. Sin embargo, sin esta protección del Estado, el derecho humano inalienable se hace vulnerable y queda en riesgo de desaparición.
Un mapa basado en nuestra evaluación de los informes de los países y de los análisis regionales señala los lugares en los que la protección a la libertad religiosa está casi perdida (países en rojo), aquellos en los que esta protección se ve amenazada (países en naranja) y una nueva categoría, «en observación», para aquellos en los que se han observado factores de reciente aparición que preocupan porque podrían acabar haciendo peligrar el derecho del individuo a la libertad religiosa.
Lamentablemente, al mirar atrás se confirman las observaciones mencionadas. En nuestro informe de 2018 se manifestaban indicios de violaciones de la libertad religiosa que se han acelerado y ampliado hasta llegar actualmente a una situación en la que los ataques sistemáticos y atroces provienen de los Gobiernos, ya sea en China o en Corea del Norte, así como de grupos terroristas internacionales como Boko Haram o el llamado Estado Islámico y otros grupos fundamentalistas. Estas situaciones se han agravado con la pandemia de la COVID-19. Los Gobiernos han utilizado la inseguridad para incrementar el control sobre sus ciudadanos y los actores no estatales se han aprovechado de la confusión para reclutar, expandir y provocar crisis humanitarias aún mayores.
Sin embargo, el período de dos años estudiado en este informe también ha revelado un progreso significativo especialmente en el diálogo interreligioso, así como en el papel cada vez más importante de los líderes religiosos en la mediación y resolución de las hostilidades y la guerra.
Persecución extrema (Mapa: países señalados en rojo)
Cerca de cuatro millones de personas viven en los 26 países que entran en la categoría de los que sufren las violaciones más graves de la libertad religiosa. Comprenden poco más de la mitad, el 51%, de la población mundial.
Casi la mitad de estos países está en África. En el África subsahariana las poblaciones siembre han estado divididas entre agricultores y pastores nómadas, experimentando de vez en cuando brotes de violencia a consecuencia de conflictos étnicos y por los recursos que llevaban largo tiempo latentes, agravados recientemente aún más a causa del cambio climático, la reciente pobreza y los ataques de bandas armadas de delincuentes. A pesar de todos estos factores, las comunidades y los distintos grupos de fe vivían, en general, en relativa paz. A lo largo de la última década, sin embargo, la violencia ha estallado en toda la región con una ferocidad inimaginable.
Este paroxismo de conflicto liberó la frustración reprimida durante generaciones en poblaciones jóvenes marginadas que han sufrido pobreza, corrupción y escasas oportunidades educativas y laborales. Estas frustraciones, a su vez, han alimentado el surgimiento de grupos armados —entre ellos, ciertas milicias islamistas locales, así como, más recientemente, grupos yihadistas transnacionales extranjeros—, dedicados a perseguir de forma selectiva y sistemática a todos aquellos que, musulmanes y cristianos por igual, no aceptan la ideología islamista extremista. A lo largo de los dos últimos años, los grupos yihadistas han consolidado su presencia en el África subsahariana y la región se ha convertido en refugio de más de dos docenas de grupos que operan activamente (y cada vez cooperan más) en 14 países, algunos de ellos afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda. El desarrollo de estas filiales se ha producido en un período de tiempo alarmantemente corto y el patrón es familiar. Los ataques de bandas criminales locales, impulsados por predicadores yihadistas salafistas, evolucionan de lo esporádico y arbitrario a lo ideológico y selectivo. En determinados casos, los esfuerzos de una banda culminan en una distinción siniestra: la «afiliación» como provincia de un llamado califato de una red islamista transnacional (cf. la Nota informativa sobre África).
Millones de personas han huido de las regiones en conflicto, ya sea como desplazados internos o como refugiados en países vecinos. Se ha informado de graves violaciones de los derechos humanos de las que con frecuencia las víctimas son mujeres y niños. Millones de personas del África subsahariana se enfrentan a la miseria al verse obligadas a abandonar los campos y las pequeñas empresas tradicionales. Luego, cuando los grupos armados impiden el acceso a la ayuda humanitaria, sobreviene el hambre; esclavizan a mujeres y niños, y a los varones los reclutan por la fuerza en las filas de los extremistas. A finales de 2020, en naciones como Burkina Faso, los trabajadores de ayuda humanitaria no podían acceder a más del 60% del territorio, como muestran informes de la Organización Mundial de la Salud.
Los Gobiernos no pueden, o en algunos casos parece que no quieren, abordar el problema. Las milicias yihadistas, considerablemente mejor equipadas que las fuerzas armadas locales, financian sus actividades mediante el secuestro, el saqueo y el tráfico ilícito de seres humanos, minerales preciosos y drogas. Recientemente se han empezado a establecer equipos de trabajo multinacionales para ayudar a los Gobiernos locales (cf. el Análisis regional y la Nota informativa sobre África).
Si en África la libertad religiosa sufre la violencia intercomunitaria y yihadista, en Asia la persecución de grupos religiosos proviene principalmente de dictaduras marxistas. En China y Corea del Norte, los países de la categoría de color rojo que más vulneran la libertad de religión, esta libertad no existe, como tampoco la mayor parte de los derechos humanos.
En Corea del Norte no se reconoce ningún derecho humano fundamental y la persecución se dirige contra cualquier grupo que desafíe el culto a la persona de Kim Jong-un, aunque el trato a los cristianos es especialmente duro. En este sentido, se puede calificar a este régimen de «exterminador».
De los 1400 millones de habitantes de China, prácticamente 900 millones se autoidentifican como seguidores de alguna espiritualidad o religión, y el control estatal es implacable. La vigilancia masiva, por medio de tecnología sofisticada de inteligencia artificial, un sistema social de crédito que recompensa y castiga el comportamiento individual, y la represión brutal de grupos religiosos y étnicos refuerzan la supremacía del Estado. Como revela el Análisis regional, «el Partido Comunista Chino (PCCh) cuenta con uno de los motores estatales de control religioso más invasivos y efectivos actualmente en funcionamiento en cualquier parte del mundo». Esto es especialmente patente en el internamiento masivo y los «programas de reeducación» coactivos que afectan a más de un millón de miembros de la etnia uigur, en su mayoría musulmanes, de la provincia de Sinkiang (cf. Nota informativa sobre China). Aunque en China hay aproximadamente 30 millones de musulmanes, entre ellos 13 millones de uigures que practican una rama suní del islam (cf. la Tabla de datos sobre las ramas del islam), algunas naciones islámicas suníes, en vez de intentar proteger a sus correligionarios, cooperan con las autoridades chinas devolviendo deportados a los uigures que buscan refugio. De todos los países miembros de las Naciones Unidas, solo Estados Unidos y Canadá han calificado de genocidio las acciones de China.
A lo largo del período que se estudia en este informe, Myanmar (Birmania) se ha inclinado hacia el peor crimen de lesa humanidad, el genocidio. Los actuales asaltos contra los cristianos e hindúes del estado de Kachin son la sombra proyectada del ataque masivo y en múltiples fases llevado a cabo por el ejército y otros grupos armados contra la población rohinyá, mayoritariamente musulmana, del estado de Rakhine. Empujados sistemáticamente a la vecina Bangladés, se calcula que un millón de rohinyás están refugiados en campamentos sujetos a enfermedades, miseria, abusos sexuales y asesinatos. A diferencia de China, el Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado al Gobierno de Myanmar que adopte medidas para evitar un genocidio, mientras lleva a cabo una investigación.
Además de las restricciones religiosas impuestas por las dictaduras y los regímenes militares marxistas, otro gran desafío a la libertad religiosa en Asia procede de los crecientes movimientos de corrientes de nacionalismo étnico-religioso. Tal vez el ejemplo más explícito de esto sea la India, que alberga a una población hindú mayoritaria de cerca de 1400 millones de personas, aunque también cuenta con poblaciones significativas compuestas por minorías religiosas, entre ellas musulmanes y cristianos. Con un sector económico de bajo rendimiento y la necesidad de reforzar los votos, el Bharatiya Janata Party en el poder proyecta una visión cada vez más nacionalista destinada a sintonizar con la población mayoritaria, visión que afirma que la India solo es hindú. Esta tendencia afecta a miles de millones de personas en este continente, predominantemente en situaciones democráticas o semidemocráticas que favorecen el crecimiento del nacionalismo religioso mayoritario en Pakistán, de mayoría musulmana, Nepal, de mayoría hindú y Sri Lanka, Myanmar, Tailandia y Bután de mayoría budista (cf. el Análisis regional de Asia continental y la Nota informativa sobre el nacionalismo étnico-religioso).
Todos los países señalados en rojo comparten, aunque es más evidente en Pakistán, el profundo impacto sobre los más vulnerables: las mujeres y las niñas de la «religión equivocada» a las que se secuestra, viola y se obliga a cambiar de religión en las llamadas conversiones forzosas. Como minorías y, por lo tanto, como ciudadanos de segunda clase de facto, tienen muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de conseguir justicia y reparación, pese a ser víctimas de delitos sancionables según el derecho común. Los derechos de estas mujeres y niñas les son denegados de una forma tan radical que se convierten en esclavas, trabajadoras sexuales y manuales (cf. el Caso ilustrativo de Pakistán y los informes de los países de Nigeria y la India).
El Papa Francisco en el encuentro interreligioso en la llanura de Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, 6 de marzo de 2021 en Irak.@Fr. Ameer Jaje/ACNCasos graves de violación de la libertad religiosa (Mapa: países señalados en naranja)
En los 36 países en los que no se disfruta de una libertad religiosa plena, ni ésta está garantizada por la Constitución, viven 1240 millones de personas. Estos países cuentan con el 16% de la población del mundo.
Los países que han empeorado y han entrado en la categoría «naranja» durante el período estudiado en este informe son, sobre todo, los que han aprobado leyes que proporcionan un trato desigual a los grupos religiosos. Las ilusiones de unas libertades recién encontradas como resultado de la Primavera Árabe (las revueltas en los países del norte de África y del Oriente Medio entre 2010 y 2012) se fueron desvaneciendo a medida que los gobernantes fueron aplicando medidas restrictivas para afirmar su poder, controlar la ideología dominante y reforzar su intrusión sobre los líderes religiosos. Países como Argelia, Túnez y Turquía funcionan como «pseudodemocracias híbridas» que permiten procesos electorales pero controlan estrictamente quién se puede presentar para ocupar el cargo, cuánto tiempo puede permanecer en él y la capacidad de modificar las leyes de reelección en beneficio propio (Cf. el Análisis regional sobre Oriente Medio y norte de África).
Durante el período que se estudia en este informe, el presidente Erdogan ha apartado el laicismo de Ataturk y ha introducido una política exterior neo-otomana que ha situado a Turquía como potencia suní mundial. Tal y como manifiesta la conversión de Hagia Sophia de Estambul en mezquita, se promueve el islam en todos los aspectos de la vida pública. A nivel internacional, Erdogan ha llevado a cabo intervenciones militares en Libia, Siria, norte de Irak y en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Turquía también ha intentado influir en Albania, Bosnia, Kosovo y Chipre, lo cual ha afectado a la libertad religiosa (cf. los informes de los países correspondientes y el Análisis regional de Oriente Medio y norte de África).
Para casi una docena de países que disfrutan de unas relaciones normales, e incluso amistosas, con Occidente, no ser musulmán conlleva hoy un riesgo mayor que en el período estudiado en el informe anterior. Estados de Oriente Medio, del sur y del centro de Asia, y antiguos países soviéticos y naciones vecinas han aprobado leyes dirigidas a evitar la expansión de lo que consideran religiones extranjeras, y a prohibir el «islam no tradicional». Está garantizada la libertad de culto, pero no la libertad religiosa. Por ejemplo, en algunos Estados se sanciona la apostasía de la religión del Estado o de la mayoritaria, en ocasiones con la pena capital. En países en los que la conversión desde la religión mayoritaria no está prohibida por la ley, en la práctica sí lo está como consecuencia de la fuerte presión social. En muchos de estos países está prohibido hacer proselitismo entre personas que pertenecen a la religión del Estado. Tal y como manifiesta el Análisis regional de Oriente medio y del norte de África, las leyes contra la blasfemia silencian a la mayor parte de los grupos de fe; la tolerancia social hacia los cristianos sigue siendo baja; y, como confirman numerosos incidentes en el Alto Egipto, la violencia puede desatarse en cualquier momento.
Un aspecto positivo del período estudiado en este informe es el acercamiento entre cristianos y musulmanes dirigido por el papa Francisco. Después de reunirse con el gran imán Ahmad al-Tayib de Al Azhar, líder del mundo musulmán suní, en 2019, los dos líderes se volvieron a reunir en 2020 en los Emiratos Árabes Unidos y firmaron conjuntamente una declaración sobre la fraternidad universal. Esta visita papal a los Emiratos se ha distinguido por ser la primera vez en la que un papa ha celebrado una misa en la península arábiga. Se espera que la visita de 2021 del papa Francisco a Irak (la primera a un país de mayoría chií) sirva para profundizar en el diálogo interreligioso y ayude a poner de manifiesto la terrible situación de las minorías religiosas en Irak y en toda la zona (cf. los informes de los países correspondientes y el Análisis regional de Oriente Medio y del norte de África).
La pandemia de la COVID-19 cambió en todo el mundo las prácticas tradicionales en ámbitos como la atención a la salud, la gobernanza y la economía, a menudo repercutiendo profundamente en los derechos humanos, entre ellos el de libertad religiosa. Tal y como revela la Nota informativa sobre la COVID-19, en zonas menos desarrolladas del mundo, la enfermedad no solo ha mostrado la debilidad subyacente de la sociedad, sino que ha agravado las fragilidades previas provocando pobreza, corrupción y unas estructuras estatales vulnerables. Por ejemplo, en África, grupos terroristas y extremistas islámicos se han aprovechado de la distracción del Gobierno para incrementar sus ataques violentos, afianzar las ganancias territoriales y reclutar nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes contra las comunidades religiosas minoritarias también han llevado a una mayor discriminación, por ejemplo, en Pakistán, donde las organizaciones benéficas islámicas han negado a los cristianos y a los miembros de los grupos de fe minoritarios el acceso a los alimentos y a la atención médica. En Occidente, las medidas de emergencia adoptadas en respuesta a la pandemia han repercutido en la libertad de reunión y en la libertad religiosa, lo que ha suscitado la crítica y el debate (cf. la Nota informativa sobre la COVID-19).
Países en observación (Mapa: señalados en los mapas de Análisis regional)
En este informe se ha introducido una nueva categoría, la de los países específicamente «en observación», aquellos países en los que se han observado factores de reciente aparición que preocupan por la repercusión que puedan tener sobre la libertad religiosa.
La forma más tangible en que se manifiestan las características que llevan a esta categoría es el incremento de los delitos de odio por prejuicios religiosos contra personas y propiedades. Se trata de delitos que van desde el vandalismo contra lugares de culto y símbolos religiosos, entre ellos mezquitas, sinagogas, estatuas y cementerios, hasta crímenes violentos contra representantes religiosos y fieles (cf. el Análisis regional de la OSCE). Naciones Unidas lanzó en septiembre de 2019 una iniciativa para proteger los lugares de culto, pero no ha surtido efecto en las violentas manifestaciones de Iberoamérica, en las que los manifestantes que protestaban contra el Gobierno atacaban y destruían símbolos y propiedades religiosas (cf. el Caso ilustrativo de Chile).
En lo que el papa Francisco ha dado en llamar «persecución educada», observamos que surgen nuevos «derechos», nuevas normas culturales creadas de acuerdo con la evolución de los valores, que reducen las religiones «al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas». Por ejemplo, en Occidente, las leyes ya no protegen de forma significativa el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales del cuidado de la salud en cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia. A quienes se gradúan en determinadas universidades confesionales se les deniega cada vez con mayor frecuencia el acceso a algunas profesiones. También en varios países están en peligro las disposiciones sobre el derecho de los grupos religiosos a gestionar sus propios colegios conforme a su ideario. Estos nuevos derechos, consagrados en la ley, hacen que los derechos de libertad de conciencia y religión del individuo entren en un profundo conflicto con la obligación legal de cooperar con esas leyes (cf. las Notas informativas sobre «Persecución educada» y «Un bien precioso: el derecho a la libertad de religión o creencia»). Esta discordancia ya tiene, y seguirá teniendo, una gran repercusión sobre el 84% de la población del mundo que, según el Pew Research Center[2], se define como perteneciente a una religión o creencia.
Fuentes
[1] Naciones Unidas, «Universal Declaration of Human Rights», 1948. [En línea]. Recuperado de: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
[2] «Religion: why faith is becoming more and more popular», en The guardian. [En línea]. Recuperado de: https://www.theguardian.com/news/2018/aug/27/religion-why-is-faith-growing-and-what-happens-next.
