Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Pakistán fue fundada como Estado laico en la época de la partición de la India en 1947. No fue hasta mucho después cuando se empezó a reivindicar su carácter más fervientemente islámico, bajo la dictadura del general Muhamad Zia ul Haq (1977-1988), que dio a la ley islámica un papel más importante en el sistema jurídico de Pakistán. La población es casi por completo musulmana, mayoritariamente suní (entre el 85 y el 90%), y el 90% de ellos siguen la escuela hanafí. Los chiíes solo suponen entre un 10 y un 15%.
Entre las minorías religiosas figuran cristianos, hindúes y ahmadíes. Unos 33 000 pakistaníes son bahaíes, 6146 sijes y más de 4000 zoroastras (parsis). También hay unos 200 judíos dispersos por todo el país, posiblemente a punto de desaparecer.
Los principales grupos étnicos son el punyabí (44,7%), el pastún (patan) (15,4%), el sindi (14,1%), el saraikí (8,4%), los mujayires (7,6%), los baluchis (3,6%) y otros (6,3%).
Pakistán es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 2010. Por lo tanto, conforme al artículo 18, está obligado a garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y religión de su pueblo.
Aunque el artículo 2 de la Constitución paquistaní de 1973 (modificada en varias ocasiones, la última en 2018) establece que «la religión del Estado de Pakistán será el islam», el mismo documento también garantiza con total claridad los derechos de las minorías religiosas. De hecho, en el Preámbulo, afirma que «se adoptarán las disposiciones adecuadas para que las minorías profesen y practiquen libremente sus religiones y desarrollen sus culturas». Las dos cláusulas del artículo 20 reconocen que «todo ciudadano tendrá derecho a profesar, practicar y difundir su religión», y que toda confesión religiosa «tiene derecho a fundar, mantener y gestionar sus instituciones religiosas».
Se defiende que «no se obligará a nadie a pagar ningún impuesto especial cuyos beneficios se empleen en la difusión y mantenimiento de ninguna religión que no sea la propia» (artículo 21). El artículo 22 regula «las garantías para las instituciones educativas en materia de religión», apuntando claramente que «ningún individuo que asista a una institución educativa será obligado a recibir formación religiosa». También especifica que «no se impedirá a ninguna comunidad o confesión religiosa impartir formación religiosa a los alumnos de dicha comunidad».
Sin embargo, la realidad es que este artículo no parece haberse aplicado plenamente, sobre todo después de que el Gobierno del primer ministro Imran Jan introdujera en 2021 el llamado Currículo Nacional Único para las escuelas de educación primaria y las escuelas religiosas de educación superior. Este currículo nacional suscitó fuertes críticas de expertos en educación y defensores de los derechos humanos por su falta de inclusividad, su excesivo énfasis en los contenidos religiosos islámicos a expensas de las minorías religiosas y su deficiente pedagogía. En términos más generales, los planes de estudio y los libros de texto fomentan la intolerancia hacia las minorías.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán manifestó su preocupación ante el hecho de que el Gobierno perpetuara una visión singular de la religión en los centros educativos a través del Currículo Nacional, privando a los jóvenes del derecho a una educación laica. Además, a los alumnos pertenecientes a minorías religiosas se les impide estudiar su propia religión, ya que en 2021 no se disponía de los libros de texto de educación religiosa necesarios.
La situación a este respecto es aún más crítica en Punyab. En noviembre de 2021, el Tribunal Superior de Lahore dictó que los jueces de distrito debían realizar inspecciones sobre la enseñanza del Corán en los colegios de toda la provincia.
El artículo 41 refleja otro rasgo discriminatorio de la Constitución paquistaní, ya que establece que «ningún individuo que no sea musulmán podrá ser elegido presidente». El primer ministro también tiene que ser musulmán (artículo 91.3) y el Tribunal Federal Islámico tiene competencia para invalidar cualquier ley contraria al islam y sugerir las enmiendas pertinentes (artículo 203.E) .
La Constitución establece la distinción entre musulmanes y no musulmanes, lo que alimenta las actitudes discriminatorias por motivos religiosos. También declara a la comunidad ahmadí minoría no musulmana (artículo 260.3).
Las denominadas Leyes contra la blasfemia —añadidas por el general Zia ul Haq entre 1982 y 1986 al Código Penal de Pakistán, en concreto las secciones 295.B, 295.C, 298.A, 298.B y 298.C— restringen gravemente la libertad de religión. Profanar el Corán e insultar al profeta Mahoma conllevan penas máximas de cadena perpetua y muerte, respectivamente. Además, el concepto de «blasfemia» es bastante amplio y con frecuencia se abusa de él, castigándose diversos tipos de conducta, como la irreverencia hacia las personas, los objetos de culto, las costumbres y las creencias. Aunque se reconoce formalmente la protección general contra cualquier forma de ofensa y menosprecio hacia todas las religiones, los artículos mencionados se refieren a conductas consideradas blasfemas exclusivamente contra la religión islámica. Dado que el ordenamiento jurídico paquistaní se basa no solo en el Derecho común sino también en la sharía, estas normas en cuestión se aplican únicamente a favor del islam.
Según el Centro para la Justicia Social (CSJ), con sede en Lahore, entre 1947, año de la independencia de Pakistán, y 1986, cuando se introdujo la última «ley contra la blasfemia», solo se registraron seis casos de blasfemia en total; desde la inclusión de los artículos 295.B, C y 298C en el Código Penal, se denunciaron 1949 casos.
Además, según el CSJ, las leyes contra la blasfemia afectan de forma desproporcionada a las minorías religiosas. El mayor número de casos (47,62%) afecta a musulmanes, seguidos de ahmadíes (32,99%), cristianos (14,42%), hindúes (2,15%), mientras que en el 2,82% de los casos no se pudo confirmar la religión. Esto significa que más del 49% de los casos de blasfemia afectan a minorías que representan solo el 3,5% de la población paquistaní.
Las minorías también están sobrerrepresentadas en los asesinatos relacionados con la blasfemia y otras formas de violencia. Por ejemplo, el linchamiento de Priyanka Kumara en 2021 en Sialkot. Desde 1987, al menos 84 personas han sido asesinadas extrajudicialmente tras ser acusadas de blasfemia. De ellas, 42 eran musulmanas, 23 cristianas, 14 ahmadíes, dos hindúes, una budista y dos personas cuya filiación religiosa se desconocía.
Otros cambios introducidos por el general Zia ul Haq fueron los artículos 298.B y 298.C del Código Penal de Pakistán. Estas disposiciones tipificaban como delito que los ahmadíes se autodenominaran musulmanes, emplearan nombres y apelativos asociados al Profeta, utilizaran prácticas musulmanas en el culto y difundieran su fe. Según el sitio web The Persecution of Ahmadis, entre 1984 y 2019, 262 ahmadíes fueron asesinados a causa de su fe, 388 sufrieron violencia y 29 mezquitas ahmadíes fueron destruidas. Entre julio de 2020 y septiembre de 2021 asesinaron a siete ahmadíes, entre ellos a Tahir Nasem, de 57 años, ciudadano estadounidense acusado de blasfemia, contra el que dispararon en un juzgado paquistaní mientras esperaba el juicio. Al menos otras siete personas más resultaron heridas en lo que parecen haber sido intentos de asesinato.
En mayo de 2020, el Ministerio de Asuntos Religiosos y Armonía Interconfesional anunció que había restablecido la Comisión Nacional para las Minorías. Una de sus responsabilidades es garantizar el mantenimiento y el pleno funcionamiento de los lugares de culto no musulmanes. En junio de 2014, un año después del atentado contra la iglesia de Todos los Santos de Peshawar, el Tribunal Supremo de Pakistán ordenó al Gobierno federal paquistaní que creara una comisión nacional para las minorías. Las minorías religiosas carecían de una organización que las representara a nivel federal desde el asesinato en 2011 de Shahbaz Bhatti, el primer y hasta entonces único ministro federal para las minorías. Sin embargo, no fue una ley parlamentaria la que creó la comisión, sino un gabinete federal, por lo que no goza de autoridad constitucional.
Además, el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Minorías, rechazado por el Senado en septiembre de 2020, no se ha vuelto a incluir en la agenda legislativa. El senador Hafiz Abdul Karim, miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Religiosos y Armonía Interconfesional, fue uno de los que se opusieron a la legislación propuesta. En su opinión, debería presentarse en su lugar un proyecto de ley para la protección de los derechos de los musulmanes, porque «las minorías de Pakistán ya tienen reconocidos varios derechos».
Como en el pasado, durante el período estudiado en este informe, la asamblea provincial de Punyab aprobó por unanimidad una serie de resoluciones regresivas en favor de la legislación conservadora. En 2021, aprobó una resolución que obligaba a las oficinas del gobierno provincial a exhibir versículos coránicos y hadices. También aprobó, en octubre, una resolución sobre la inclusión de un juramento que hace referencia al «Sello de los Profetas» (jatm-i-nabuwat) en los documentos matrimoniales (nikah). La resolución obliga a que el certificado jatm-i-nabuwat sea obligatorio para la novia, el novio, sus testigos y los funcionarios que celebren el matrimonio (nikahjwan).
Como se explica en la sección de incidentes, los secuestros, las conversiones forzadas y los matrimonios forzados siguen afligiendo a las minorías. Esto se debe también a la falta de protección legal. El 13 de octubre de 2021, una comisión parlamentaria rechazó un proyecto de ley «contra las conversiones forzadas» después de que el Ministerio de Asuntos Religiosos se opusiera a él. Los legisladores de las comunidades minoritarias criticaron el voto negativo. Según el proyecto de ley, cualquier adulto no musulmán que desee convertirse a otra religión tendría que solicitar un certificado de conversión a un juez de audiencia adicional. Además, según el proyecto de ley, solo se permitiría la conversión a partir de los 18 años. El entonces ministro de Asuntos Religiosos, Nor ul Haq Qadri, declaró que el Ministerio no apoya restringir la conversión religiosa antes de los 18 años, afirmando que los más jóvenes deben tener derecho a elegir su religión.
Pakistán ocupa el sexto lugar del mundo en cuanto a matrimonio infantil (niñas casadas antes de los 18 años). Nada menos que el 71% de las niñas no tienen derecho a decidir con quién y cuándo se casan. Estas fueron las principales conclusiones del informe Policy Brief on the Legal Framework of Child Marriage in Pakistan (Informe sobre el marco jurídico del matrimonio infantil en Pakistán), así como las publicadas en octubre de 2022, en la encuesta de la Comisión Nacional de los Derechos del Niño, realizada en colaboración con UNICEF Pakistán.
Debido a la falta de legislación pertinente y a la aplicación incorrecta de las leyes existentes, sigue aumentando el número de mujeres y niñas hindúes y cristianas secuestradas, a las que se obliga a realizar falsas conversiones al islam y a las que luego casan con varones musulmanes.
Sind se encuentra entre las provincias con mayor número de casos, y es la única que cuenta con una ley que impide el matrimonio de menores, la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de Sind de 2013. Gracias a esta ley, que entró en vigor en 2020, ha sido posible devolver a algunas niñas secuestradas a sus familias. Sin embargo, la ley sigue teniendo fallos; por ejemplo, no tiene potestad para anular los matrimonios islámicos aunque se haya demostrado la minoría de edad de la novia. Además, a menudo no se permite a las niñas volver a la fe cristiana, como fue el caso de Arzo Raja, de 14 años, ahora Arzo Fatima, quien, después de conseguir volver a casa con sus padres, el tribunal la obliga a presentarse en comisaría cada tres meses para demostrar que no se la está presionando para que vuelva a la fe cristiana.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz de Pakistán está elaborando un programa para salvaguardar a las niñas y jóvenes de las comunidades minoritarias del país. Entre las recomendaciones figuran la reforma y formación de la policía, la creación de líneas telefónicas de ayuda, la revisión del proyecto de ley contra la conversión forzada, rechazado por una comisión parlamentaria en 2021, y la inclusión de la «conversión forzada» en el marco jurídico nacional para facilitar la elaboración de leyes .
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, Pakistán ha estado sumido en una profunda crisis económica y política tal que ha llevado a la destitución del primer ministro Imran Khan el 10 de abril de 2022. Khan, que ocupaba el cargo desde el 18 de agosto de 2018, se ha convirtido en el primer primer ministro de Pakistán destituido por una moción de censura parlamentaria.
Algunas minorías, sobre todo cristianos dirigidos por abogados, han empezado a organizar asociaciones para la defensa de sus derechos, como la Alianza de Minorías de Pakistán, de Akmal Bhatti, que organiza concentraciones y presenta recursos ante los tribunales y las asambleas legislativas locales, luchando por la igualdad de acceso a la justicia.
A pesar de que Khan prometió un Nuevo Pakistán (Naya Pakistán) en su programa electoral, en el que estuvieran garantizados los «derechos civiles, sociales y religiosos de las minorías», las minorías religiosas siguen estando fuertemente discriminadas. Ejemplo de ello son los anuncios públicos de empleo para trabajadores de saneamiento, barrenderos y limpiadores de alcantarillas, que presentaban el puesto como «reservado a no musulmanes».
La discriminación de las minorías adopta diversas formas; por ejemplo, los «planes contra la construcción de viviendas no reguladas» aplicados para reducir el riesgo de inundaciones suelen ignorar a las comunidades cristianas e hindúes que, tras perder sus hogares, se quejan de retrasos o negligencia a la hora de recibir indemnizaciones del Gobierno.
Otro problema que ha afectado a las minorías durante el período analizado ha sido la fuerte presencia de grupos terroristas islamistas. Pakistán sigue figurando entre los diez países más afectados por el terrorismo, según el Índice Global de Terrorismo, descendiendo del octavo puesto al décimo en 2020, aunque con un ligero aumento (5%) del número de muertes relacionadas con el terrorismo.
Cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, las actividades terroristas se reanudaron en Pakistán, donde ganó terreno el Estado Islámico Provincia de Jorasán. El núcleo original de esta rama del Estado Islámico de Afganistán incluía a muchos antiguos militantes talibanes paquistaníes descontentos con su liderazgo. Estado Islámico Provincia de Jorasán cometió el atentado de marzo de 2022 contra una mezquita chií de Peshawar que se cobró más de 60 vidas.
La comunidad chií de Pakistán considera que el atentado suicida del 4 de marzo de 2022 ha sido el último de una serie de ataques contra su comunidad desde que los talibanes tomaron Afganistán en 2021 con el apoyo del Gobierno pakistaní.
La violencia contra los chiíes ha ido en aumento desde que comenzara la ola de islamización del país en la década de 1980, y la situación ha empeorado en los últimos años. Uno de los incidentes ocurridos durante el período estudiado en este informe se produjo el 18 de septiembre de 2022, cuando activistas islamistas radicales atacaron una procesión chií en la provincia de Punyab, hiriendo al menos a 13 personas. Según un alto cargo policial, en la zona se habían producido tensiones entre el partido político Tehrek i Labbaik Pakistan (TLP) y los activistas chiíes por el recorrido de la procesión, ya que los líderes locales del TLP no querían que la procesión chií pasara por delante de su mezquita y madrasa.
Según el Centro para la Justicia Social, en 2020 la comunidad chií padeció el número más elevado de acusados de blasfemia, 140 de 208, es decir, el 70%.
El 13 de julio de 2021, expertos de la ONU manifestaron su profunda preocupación por la falta de interés ante las violaciones de derechos humanos perpetradas contra la comunidad ahmadí en todo el mundo, Pakistán incluido. Los musulmanes ahmadíes paquistaníes siguen sufriendo una dura persecución oficial y social.
En 2021, al menos tres ahmadíes murieron en distintos ataques selectivos. El 11 de febrero de 2021, Abdul Qadir, médico homeópata ahmadí de 65 años, murió tiroteado en su clínica de Peshawar. El 9 de noviembre de 2021, un desconocido mató a tiros a Kamran Ahmad, de 40 años, en Peshawar. El 20 de noviembre de 2021, Tahir Ahmed, de 31 años, murió tiroteado tras la oración del viernes en Punyab. En agosto de 2022, Abdul Salam, de 33 años y padre de tres hijos, regresaba a casa desde el campo cuando un alumno de una madrasa, Hafiz Ali Raza, alias Mulazim Husain, lo atacó con un cuchillo.
La comunidad ahmadí denunció a la policía 49 incidentes por motivos religiosos, así como la profanación de 121 tumbas y 15 lugares de culto ahmadíes por parte de turbas.
Los ataques a lugares de culto hindú también son habituales. La noche del 8 de junio de 2022, cinco hombres en motocicleta entraron en el templo hindú de Korangi, en Karachi, rompieron cuencos de ofrendas, arrojaron piedras a un ídolo y amenazaron a dos empleados del templo.
El ataque del 4 de agosto de 2021 contra el templo de Ganesh en Bong, un pueblo del Punyab, fue aún peor. Una turba de unas 250 personas provocó importantes destrozos en un templo porque habían puesto en libertad bajo fianza a un joven hindú acusado de profanar una madrasa local. No solo destrozaron el templo, sino que la mayoría de las familias hindúes del pueblo se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Con frecuencia, la causa de los ataques contra las minorías son acusaciones de blasfemia. Fue lo que ocurrió en Lahore el 7 de agosto de 2021, a raíz de la celebración de una reunión de jóvenes en la iglesia NCP que los agresores consideraron sacrílega. Cientos de familias cristianas huyeron de sus casas al ver que una gran turba musulmana marchaba hacia su iglesia y gritaba cánticos contra los cristianos. La oportuna intervención de la policía salvó la iglesia y evitó un posible ataque contra las viviendas.
El 9 de noviembre de 2021, Yasmeen Bibi, de 55 años, y su hijo Usman Masih, de 25, fueron asesinados por su vecino musulmán Hasan Shakor But. El asesinato se produjo tras una larga disputa por las aguas residuales de la casa de los cristianos, que pasaban cerca de un santuario musulmán. Mientras los mataban, los asesinos los llamaron kafir (palabra árabe despectiva para referirse a los infieles) y les insultaron con el adjetivo chura (término despectivo que significa «sucios cristianos», y que se aplica a los dalits o intocables en el sistema de castas del sur de Asia).
El 30 de enero de 2022, asesinaron en Peshawar al padre William Siraj cuando salía de la iglesia de Todos los Santos de Shahedain (mártires) después de las oraciones dominicales.
Dos incidentes diferentes afectaron a enfermeras cristianas, que representan entre el 60 y el 70% del personal de enfermería de Pakistán. El 30 de enero de 2021, Tabita Nazir Gill, conocida cantante cristiana evangélica que trabajaba como enfermera en Karachi, fue acusada de blasfemia por sus compañeros. El personal del hospital y los visitantes la golpearon y torturaron hasta que llegaron agentes de policía y la detuvieron. Al principio, los agentes dejaron en libertad a Tabita Gill sin presentar cargos, pero presionados por la turba, la policía acabó admitiendo la acusación contra ella. El 9 de abril de 2021, dos enfermeras cristianas que trabajaban en el Hospital Civil de Faisalabad fueron rescatadas por la policía de una turba enfurecida después de que un médico las acusara de arrancar una pegatina islámica de un armario.
Hay que mencionar el asesinato de una profesora, Safora Bibi, relacionado con una acusación de blasfemia. El 29 de marzo de 2022 dos compañeros de la profesora y una sobrina de estos la degollaron porque la sobrina afirmó que había visto en un sueño a Safora Bibi ofender al profeta Mahoma.
El crimen más atroz relacionado con la blasfemia fue sin duda el asesinato de Priyanta Kumara Diyawadana, directivo de Sri Lanka asesinado en Sialkot el 3 de diciembre de 2021. Los extremistas acusaron a Kumara de arrancar carteles en los que estaban escritos versículos coránicos. Según otros informes, se había limitado a arrancar carteles del partido islamista Tehrek e Labbaik Pakistan (TLP) de las paredes de su fábrica. En vídeos difundidos por internet se ve a una multitud golpeando al hombre, tendido en el suelo, mientras se oyen consignas del TLP contra la blasfemia. El primer ministro pakistaní, Imran Khan, condenó la agresión: «Un día de vergüenza para Pakistán», escribió en Twitter. «Estoy supervisando la investigación y que nadie se equivoque, todos los responsables serán castigados con [toda] la severidad de la ley. Se están realizando detenciones».
En el período estudiado en este informe no solo se han seguido produciendo ejecuciones extrajudiciales, sino que se han observado muy pocos avances en relación con los casos de blasfemia, a excepción de la excarcelación de una pareja cristiana condenada a muerte en 2014 por este tipo de acusación. El 3 de junio de 2021, un tribunal absolvió a Shafqat Masih y a su esposa Shagufta Kousar Masih, que llevaban siete años condenados a muerte acusados de enviar mensajes de texto blasfemos en los que insultaban al profeta Mahoma. Aunque la acusación no estaba fundada y los dos fueron absueltos por falta de pruebas, tardaron varios años en demostrar su inocencia.
El caso del pastor Zafar Batti es diferente. El preso por blasfemia más antiguo de Pakistán vio cómo su cadena perpetua se transformaba inesperada e incomprensiblemente en pena de muerte en enero de 2022. Encarcelado el 22 de julio de 2012, acusado de enviar mensajes de texto blasfemos desde su teléfono, siempre ha defendido su inocencia.
También en enero de 2022, un tribunal paquistaní condenó a muerte a una mujer musulmana, Aneqa Ateq, detenida en mayo de 2020 porque un hombre acudió a la policía y la acusó de haberle enviado caricaturas del Profeta, consideradas sacrílegas, a través de WhatsApp.
La persona más joven acusada de blasfemia en Pakistán es un niño hindú de ocho años. En agosto de 2021, le acusaron de orinar intencionadamente en una alfombra de la biblioteca de una escuela islámica (madrasa), donde se guardaban libros religiosos. Las acusaciones obligaron a huir a la comunidad hindú local y provocaron un ataque contra un templo hindú.
El número de casos de niñas cristianas e hindúes secuestradas y esclavizadas sexualmente, bajo el pretexto de convertirlas al islam y casarlas con su secuestrador, ha seguido aumentando durante el período estudiado.
Entre los muchos casos de niñas cristianas, destaca el de Mahnor Ashraf. El 4 de enero de 2022, esta niña de 14 años fue secuestrada por Muhammad Ali Kan Gauri, musulmán de 45 años, casado y con dos hijos. El padre de Mahnor denunció los hechos a la policía, pero los agentes hicieron poco o nada por resolver el caso hasta el 7 de enero, cuando Gauri anunció que Mahnor se había convertido voluntariamente al islam y se había casado con él el mismo día del secuestro.
Otro caso que parecía haberse resuelto satisfactoriamente demuestra los límites de la aplicación de la ley en Pakistán. En abril de 2022, Merab Mohsin, una joven católica paquistaní de 16 años, fue víctima de violación y de matrimonio y conversión forzados. Aunque consiguió escapar de su agresor, un hombre musulmán, y regresar con su familia, el tribunal no invalidó el matrimonio. Como explicó a Ayuda a la Iglesia Necesitada la abogada de la joven, Tabasum Yousaf, los padres «están muy preocupados por la ambigua decisión del tribunal, porque en cualquier momento la sentencia podría interpretarse de otro modo y la familia podría verse obligada a devolver a su hija con su marido, ya que el tribunal no anuló el matrimonio».
La lacra de los secuestros y las conversiones forzadas también ha afectado gravemente a la comunidad hindú. El 24 de septiembre de 2022, una niña hindú de 14 años fue secuestrada en la ciudad de Hyderabad, en la provincia paquistaní de Sind. Según los padres de la niña, a Chandra Mehraj la secuestraron en la zona de Fateh Chowk de Hyderabad cuando regresaba a su casa. Se trataba del cuarto secuestro y conversión forzada de una niña hindú en apenas 15 días.
Futuro de la libertad religiosa
La vida sigue siendo difícil para las minorías de Pakistán. Dada la grave crisis económica y la inestabilidad política del país, no se espera que mejore en un futuro próximo. Además, la llegada de los talibanes al poder en el vecino Afganistán podría contribuir al crecimiento del fundamentalismo islámico.
El marco jurídico de Pakistán sigue careciendo de leyes que protejan a las minorías y prohíban las conversiones forzosas. Ello no ha impedido, sin embargo, el desarrollo de algunos grupos de defensa de los derechos de las minorías que consiguen, a través de canales nacionales y transnacionales, tener cierta repercusión en la opinión pública internacional.
Lo más preocupante, sin embargo, es la educación cada vez más islamocéntrica, que fomenta desde la escuela primaria la discriminación y las actitudes negativas hacia los miembros de las minorías religiosas, situación que el Currículo Nacional Único ha contribuido a exacerbar. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas.