Marco legal sobre libertad religiosa
Irán es una república basada en una Constitución teocrática adoptada después de la revolución islámica que derrocó al sha en 1979. La Constitución iraní establece que la escuela islámica chií yafarí es la religión oficial del país (artículo 12). Reconoce a cristianos, judíos y zoroastras como minorías religiosas protegidas con derecho a celebrar el culto libremente y a constituir sociedades religiosas: «Zoroastras, judíos y cristianos iraníes son las únicas minorías religiosas reconocidas que, dentro de los límites de la ley, son libres para celebrar sus ritos religiosos y ceremonias y para actuar conforme a su propio canon en cuestiones de asuntos personales y formación religiosa» (artículo 13). Dos escaños del Parlamento (Maylis) están reservados a los cristianos armenios, la minoría más numerosa del país, compuesta por unas 300 000 personas, y uno a los cristianos asirios, a los judíos y a los zoroastras respectivamente.
El Estado está subordinado a la autoridad del clero chií, que gobierna a través del rahbar-e mo'azzam-e irān, líder supremo de Irán, cargo vitalicio designado por la Asamblea de Expertos, conformada por 86 teólogos elegidos por el pueblo cada ocho años . El rahbar preside el Consejo de Guardianes de la Constitución, organismo compuesto por 12 miembros (seis de ellos elegidos por el propio presidente y otros seis por los jueces) . Este consejo controla las leyes y los órganos de gobierno del Estado, incluido el presidente, que se elige por sufragio directo para un mandato de cuatro años renovable una sola vez.
Uno de los principales obstáculos de Irán para conseguir la plena libertad religiosa es la «apostasía». El Gobierno considera musulmán a todo ciudadano que no pueda demostrar que él o su familia eran cristianos antes de 1979. La conversión desde el islam a cualquier otra religión no está prohibida explícitamente en la Constitución ni en el Código Penal, pero es difícil debido a las poderosas tradiciones musulmanas del país y al sistema legal basado en la ley islámica (sharía). Para todos los casos que no aparecen mencionados de forma explícita en la Constitución, los jueces tienen la opción, conforme al artículo 167, de remitirse a «las fuentes islámicas autorizadas o fetuas auténticas». Las condenas para los casos de apostasía se basan en la sharía y las fetuas, y se puede castigar con la pena de muerte. A los cristianos conversos no se les permite registrarse legalmente como cristianos y no tienen los mismos derechos que los miembros reconocidos de las comunidades cristianas.
El Código Penal del país contiene disposiciones contra la blasfemia. El artículo 513 establece: «Toda persona que insulte los valores sagrados del islam o a cualquiera de los Grandes Profetas o [doce] imanes chiíes o a la Santa Fátima, si es considerada saab ul-nabi [por haber cometido acciones merecedoras del castigo hadd por insultar al Profeta], será ejecutada; en caso contrario, será condenada a una pena de uno a cinco años de prisión». El artículo 514 establece que «toda persona que, por cualquier medio, insulte al imán Jomeini, fundador de la República Islámica, y/o al líder supremo será condenada a una pena de prisión de seis meses a dos años».
En febrero de 2021, el Estado iraní modificó los artículos 499 y 500 del Código Penal, ampliando el ámbito de persecución de los cristianos, especialmente de los conversos del islam al cristianismo.
Durante el período estudiado en este informe, el Gobierno iraní ha seguido imponiendo el código de vestimenta islámico que obliga a las mujeres de todos los grupos religiosos a llevar el cabello cubierto con un hiyab.
Incidentes y acontecimientos
En noviembre de 2020, los relatores especiales de la ONU estimaron que el número de cristianos iraníes ascendía a 250 mil, aunque otras fuentes sitúan el total entre 500 mil y 800 mil, lo que no deja de ser una ínfima minoría. La mayor parte de ellos son cristianos de etnia asiria y armenia, mientras que el resto son conversos del islam, en su mayoría seguidores de iglesias protestantes, incluidas las iglesias en casas.
Los miembros de las comunidades reconocidas, zoroastras, judíos y cristianos de iglesias tradicionales, pueden practicar su culto dentro de unos límites estrictos. Toda actividad de evangelización sigue siendo ilegal. Los cristianos conversos del islam siguen siendo uno de los grupos más perseguidos del país, a los que se mira con profunda suspicacia porque se les percibe como un intento de los países occidentales de socavar el islam y el régimen islámico de Irán. Las iglesias iraníes en casas se han extendido «debido al cierre de iglesias y a la falta de licencias estatales para construir otras nuevas, o porque el acceso a las iglesias oficiales ha quedado restringido a los cristianos armenios y asirios. Las casas se cambian regularmente para evitar ser detectadas».
El 11 de noviembre de 2020, seis expertos en derechos humanos de la ONU, entre ellos Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, y Javaid Rehman, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, presentaron una consulta oficial al Gobierno de Irán. La carta abordaba la «persecución de la que se ha informado contra miembros de la minoría cristiana en Irán, incluidos los conversos del islam, así como la detención de docenas de cristianos, la mayoría de los cuales han sido condenados por ejercer su derecho a observar y practicar libremente su religión».
Año 2021
En enero de 2021, la respuesta del Gobierno iraní a dicha carta de la ONU calificaba a las iglesias en casas de «grupos enemigos» con «fines contrarios a la seguridad», declaraba que «no se persigue a nadie por motivos religiosos» y que los miembros perseguidos de la minoría cristiana en Irán, incluidos los conversos del islam, estaban de hecho «en comunicación con el sionismo evangélico procurando la enemistad y la confrontación con el sistema islámico y la subversión contra él mediante cultos organizados y la celebración de reuniones ilegales y secretas para engañar a los ciudadanos y explotar a las personas engañadas, en particular a los niños».
El informe anual de 2021 de la ONG Article 18, que defiende la libertad religiosa en Irán, documentó «más de 120 incidentes de arresto, detención o encarcelamiento de cristianos conversos, la mayor comunidad cristiana de Irán». La participación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, «responsable de 12 de los 38 incidentes documentados de detenciones de cristianos o redadas en sus hogares o iglesias en casas», fue enormemente significativa en la represión de los cristianos de habla persa.
El 19 de febrero de 2021, el presidente iraní, Hasán Rohaní, promulgó los artículos 499 y 500, dos polémicas enmiendas al Código Penal que «atentan de lleno contra el derecho a la libertad de religión y de creencias». La enmienda al artículo 499 «prevé penas de hasta cinco años de prisión para “cualquiera que insulte a las etnias iraníes o a las religiones divinas o escuelas de pensamiento islámico reconocidas por la Constitución con la intención de provocar violencia o tensiones en la sociedad o a sabiendas de que se producirán tales [consecuencias]”». El artículo 500 enmendado «prevé penas de hasta cinco años de prisión para “cualquier actividad educativa o proselitista desviada” realizada por miembros de las llamadas “sectas” que “contradiga o interfiera con la ley sagrada del islam” mediante “métodos de control mental y adoctrinamiento psicológico” o “haciendo afirmaciones falsas o mintiendo en ámbitos religiosos e islámicos, como pretender la divinidad”».
En febrero, las autoridades citaron a 11 familias cristianas, las interrogaron y les advirtieron que suspendieran las reuniones de sus iglesias en casa. También se les indicó que no se hicieran visitas entre ellos en sus viviendas, ni siquiera para reuniones sociales.
En abril, se difundieron noticias sobre que las autoridades iraníes iban a prohibir a los bahaíes enterrar a sus familiares en el cementerio de Golestan Javid, cerca de Teherán, que llevaban décadas utilizando. En su lugar, el Gobierno pretendía que se les enterrase entre las tumbas que ya había en el cementerio, o en la cercana fosa común de Khavaran para las víctimas de las masacres de las prisiones de 1988. La comunidad bahaí se opuso enérgicamente, pues consideraba que se trataba de una profanación de la fosa común de Khavaran. Más tarde, el Gobierno revocó el edicto.
Se detuvo a cuatro cristianos conversos, Hojjat Lotfi Khalaf, Esmaeil Narimanpur, Alireza Varak-Shah y Mohammad Ali Torabi, en la ciudad de Dezful. En agosto los acusaron de «propaganda contra la República Islámica» por su pertenencia a una iglesia en casa.
Dos hombres, Yusef Mehrdad y Seyyed Sadrollah Fazeli Zare, fueron condenados por un tribunal penal del centro de Irán por «insultar al profeta Mahoma» y «blasfemia», delitos castigados con la pena de muerte. No se aclaró la causa exacta de los cargos. El Tribunal Supremo de Irán confirmó la sentencia en agosto de 2021. Según Iran Human Rights Monitor, «el régimen iraní utiliza abiertamente la pena de muerte como forma de castigo. En muchos casos, las minorías religiosas y étnicas y los disidentes políticos son objeto de la pena de muerte de forma discriminatoria».
En junio de 2021 tuvieron lugar los siguientes acontecimientos: no se le renovó el visado a Sor Giuseppina Berti, de 75 años, misionera italiana de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que llevaba 26 años trabajando al servicio de los enfermos de lepra en Tabriz.
Tres cristianos conversos fueron condenados a la pena máxima de cinco años de prisión por «propaganda contra el régimen islámico». En agosto, un tribunal redujo a tres años la condena de Amin Khaki, Milad Goudarzi y Alireza Nourmohammadi.
Homayoun Zhaveh y su esposa Sara Ahmadi, cristianos conversos, vieron rechazado su recurso de apelación, pero se les concedió un indulto de 30 días. En noviembre de 2020 los condenaron a dos y once años de prisión respectivamente por pertenecer a una iglesia en casa. La condena de Sara se redujo a ocho años en diciembre de 2020.
Fue rechazada sin explicaciones la solicitud de libertad anticipada de Nasser Navard Gol-Tapeh, cristiano que había sido condenado a 10 años de cárcel por participar en una iglesia en casa, considerada una amenaza para la seguridad nacional.
Un informe publicado en junio por el Landinfo noruego, relativo a la persecución penal de cristianos conversos en los últimos dos o tres años, señalaba: «Algunos de los que han recibido las penas más severas (de 2 a 10 años de cárcel) han sido condenados por dirigir/organizar iglesias en casas. Las relaciones con comunidades misioneras en el extranjero también constituyen un riesgo, ya que la difusión de la fe cristiana se considera obra de Estados enemigos. Por otra parte, varios condenados son miembros de la expuesta red Iglesia de Irán».
En septiembre, la Sala n.º 12 del Tribunal de Apelación del Tribunal Revolucionario de Karaj redujo a tres años las penas de prisión impuestas a los cristianos iraníes Amin Khaki, Milad Gudarzi y Alireza Nurmohammadi. Estos tres miembros de la Iglesia de Irán habían sido condenados inicialmente a cinco años de cárcel por «participar en propaganda contra el régimen islámico», además de ser juzgados por participar en «actividades sectarias».
En noviembre, el Tribunal Supremo de Irán dictó que nueve cristianos conversos que participaban en iglesias en casas no debían haber sido condenados por actuar contra la seguridad del Estado, en aplicación de los artículos 498 y 499 del Código Penal. El tribunal superior del país declaró que «la mera predicación del cristianismo y la promoción de la “secta evangélica sionista”, que aparentemente significa difundir el cristianismo a través de reuniones familiares [iglesias en casas], no es una manifestación de reunión y connivencia para perturbar la seguridad del país, ya sea interna o externamente». En febrero de 2022, un tribunal de Teherán absolvió a los nueve cristianos conversos. Sin embargo, el optimismo inicial se disipó después de que dos de los absueltos tuvieran que enfrentarse a nuevas acusaciones de propaganda y de que uno de ellos volviera a ser encarcelado por delitos de los que había sido absuelto anteriormente.
En diciembre de 2021, en la aldea de Kata, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, las autoridades se apropiaron de 13 parcelas agrícolas. Este incidente es una muestra de un creciente número de confiscaciones de bienes de propiedad bahaí.
Año 2022
Los siguientes hechos sucedieron en enero: dos cristianos conversos, Habib Heydari y Sasan Khosravi, fueron puestos en libertad tras cumplir una condena de un año de prisión por pertenecer a una casa-iglesia.
No se permitió estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zahedan al estudiante bahaí Kasra Shoai a causa de su fe. Organizaciones financiadas por el Estado celebraron un taller destinado a crear propaganda dirigida contra la comunidad bahaí.
Se volvió a detener al pastor Matthias (Abdulreza Ali) Hagnejad dos semanas después de haber sido excarcelado a la espera de que se revisara su condena de cinco años. Fue puesto en libertad a finales de diciembre de 2021 tras casi tres años en prisión acusado de «poner en peligro la seguridad del Estado» y «promover el cristianismo sionista». Al mismo tiempo detuvieron a otros ocho miembros de la Iglesia de Irán.
Las autoridades citaron a ocho cristianos conversos y los presionaron para que abandonaran su fe, obligándoles a asistir a sesiones de «reeducación ideológica».
En febrero de 2022 el Fiscal General y el Tribunal Revolucionario del distrito 12 de Teherán citaron a Sakina Behjati, cristiana conversa, para cumplir una pena de dos años de prisión, acusada de publicidad contra el Estado y de actuar contra la seguridad nacional.
Dos cristianos conversos de Teherán vieron rechazada su solicitud de un nuevo juicio tras haber sido condenados a penas de prisión por practicar su fe. El 16 de febrero fueron citados Hadi Rahimi y Sakina Behjati para comenzar a cumplir sus condenas de cuatro y dos años, después de que la Sección 9 del Tribunal Supremo rechazara su apelación. La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán les había condenado a penas de prisión en agosto de 2020 bajo la acusación oficial de «pertenencia a grupos que pretenden perturbar la seguridad nacional». Es muy probable que persiguieran a esta pareja por asistir a una iglesia en casa.
Un grupo de cristianos conversos de la ciudad occidental de Dezful, que en noviembre de 2021 habían sido exonerados de cualquier delito, fueron obligados a asistir a clases de «reeducación» (diez sesiones obligatorias con clérigos islámicos) con el objetivo de convertirlos al islam.
En marzo de 2022, el preso suní Hamza Darvish fue condenado a 25 meses de prisión por «declaraciones ofensivas contra el Líder Supremo de Irán» y «propaganda contra el régimen». Esta condena se sumó a otra de 15 años de prisión que Darvish había empezado a cumplir ese mismo año.
Un tribunal de apelación absolvió a nueve cristianos conversos tras haber sido acusados previamente de «actuar contra la seguridad nacional» y «promover el cristianismo sionista». Los jueces Seyed Ali Asghar Kamali y Akbar Johari afirmaron que no había «pruebas suficientes» para demostrar que los acusados habían actuado contra la seguridad del Estado y argumentaron que a los cristianos se les enseña a vivir en «obediencia, sumisión y apoyo a las autoridades».
En abril de 2022, las autoridades, con la participación de miembros de la Guardia Revolucionaria, destruyeron una mezquita suní en Zahedan.
El pastor iraní Yusef Nadarkhani, convertido del islam al cristianismo, fue liberado temporalmente de la prisión de Evin, en Teherán, donde había cumplido una condena de seis años.
Unos individuos no identificados destruyeron parte de un cementerio bahaí en Hamedan. Según el Bahai Iran Press Watch, «En los últimos años, se han demolido otros cementerios bahaíes de varias ciudades, entre ellas Qorveh, Sanandaj, Kerman, Shiraz y Urmia».
En mayo de 2022, un Tribunal Revolucionario de Teherán condenó al cristiano armenio iraní Anushavan Avedian a diez años de prisión y diez años de «privación de derechos sociales» por impartir enseñanzas a cristianos en su casa. También condenaron a penas de prisión o exilio a tres cristianos acusados de formar una «iglesia en casa». Los cristianos conversos Abbas Suri, de 45 años, y Maryam Mohammadi, de 46, también fueron privados de sus derechos sociales durante 10 años y condenados a pagar una multa. Además se les prohibió salir de Irán.
Siete cristianos fueron condenados a prisión, uno de ellos el pastor iraní-armenio Joseph Shahbazian, condenado a diez años de cárcel acusado de actuar contra la seguridad nacional. Otros seis cristianos conversos fueron condenados a penas de entre uno y seis años de prisión por pertenencia a iglesias en casas.
En junio, el Tribunal Revolucionario de Shiraz dictó penas de prisión para 26 bahaíes por un total de 85 años de cárcel, acusados de «reunión y confabulación para perturbar la seguridad nacional interna y externa». Durante el período estudiado en este informe, se han conocido numerosos casos de bahaíes detenidos a causa de su fe.
En julio, tres cristianos conversos que ya se enfrentaban a cinco años de prisión por «participar en propaganda y educación de creencias desviadas contrarias a la sagrada sharía» fueron informados de que debían volver al tribunal para enfrentarse a un segundo juicio por acusaciones idénticas. Un tribunal de apelación había confirmado en junio la condena.
En agosto de 2022, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) afirmó que el Gobierno iraní estaba fomentando activamente una «opinión pública despectiva» contra el cristianismo y otras confesiones mediante el uso de los medios de comunicación iraníes para difundir propaganda religiosa. La comisión asesora federal compuesta por miembros de dos partidos declaró que la propaganda del Estado iraní contra los cristianos conversos se disfraza a menudo de antisionismo y que se suele hacer referencia a los cristianos conversos como miembros de una red «sionista».
Agentes de seguridad e inteligencia «demolieron al menos ocho viviendas pertenecientes a familias bahaíes en la provincia de Mazandaran y confiscaron 20 hectáreas de sus tierras. Detuvieron a quienes intentaron oponerse a estas operaciones».
En una declaración realizada el 22 de agosto, expertos de la ONU en procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos declararon: «Estamos profundamente preocupados por el aumento de las detenciones arbitrarias y, en ocasiones, de las desapariciones forzadas de miembros de la fe bahaí, así como por la destrucción o confiscación de sus propiedades, hechos que muestran todos los signos de una política de persecución sistemática». Los expertos de la ONU indicaron que «hay más de 1000 bahaíes a la espera de entrar en prisión» y que, desde julio de 2022, «agentes de seguridad han allanado los domicilios de más de 35 bahaíes en diversas ciudades y han detenido a varias personas en todo el país». Según el informe de la ONU, «no se trata de hechos aislados, sino que forman parte de una política más amplia dirigida contra cualquier creencia o práctica religiosa disidente, incluidos los cristianos conversos, los derviches gonabadíes y los ateos».
El 16 de septiembre estallaron protestas en todo el país tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, detenida por la policía de Moral tras recibir una paliza por no respetar supuestamente las normas sobre el hiyab (pañuelo de cabeza). El lema principal de los manifestantes era «Mujeres, vida, libertad», un llamamiento a la igualdad y contra el fundamentalismo religioso. También se celebraron contramanifestaciones en las que los participantes corearon lemas como «los infractores del Corán deben ser ejecutados».
Al principio salieron a la calle principalmente mujeres para protestar contra el mandato de llevar pañuelo, a menudo quemándolo públicamente. Posteriormente, sin embargo, muchos hombres se unieron a la protesta, que pasó de oponerse al hiyab obligatorio a convertirse en un movimiento contra toda la institución de la República Islámica.
En el momento de redactar este informe, las fuerzas de seguridad «han matado al menos a 448 personas, entre ellas 60 niños y 29 mujeres, y han realizado hasta 17 000 detenciones». Según un informe de The Guardian, la «mayor parte de las víctimas» parecen proceder del noroeste, donde las autoridades están reprimiendo la renovada violencia de una antigua campaña separatista kurda, y de la reanudación de las hostilidades en la región suroriental de los baluches, donde grupos armados suníes se rebelan contra la discriminación del Estado chií.
El 24 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó a Volker Türk una misión de investigación sobre las protestas.
El 2 de diciembre, Estados Unidos designó a Irán «país de especial preocupación» atendiendo a su Ley de Libertad Religiosa.
El 4 de diciembre, el fiscal general de Irán declaró «la “suspensión” de la policía de Moral, lo que sugiere que la política de las autoridades, perceptible desde el comienzo de las protestas, de hacer la vista gorda ante las mujeres que no llevan el hiyab se ha hecho permanente». El 25 de noviembre, según un informe interno «recopilado por el régimen y hecho público por hackers autodenominados Black Reward, el 51% de los iraníes quiere que el hiyab sea una cuestión de elección personal y el 56% espera que continúen las protestas».
Futuro de la libertad religiosa
En el período estudiado en este informe, comunidades religiosas minoritarias como los cristianos (especialmente los cristianos conversos), los bahaíes, los musulmanes suníes y los no creyentes han sufrido discriminación y persecución. Entre los ejemplos de estas violaciones se cuentan daños a sus propiedades, lesiones físicas e incluso la muerte.
La situación jurídica empeoró en febrero de 2021, cuando el presidente Hasán Rohaní firmó enmiendas a los artículos 499 y 500 del Código Penal, que introducían penas de prisión para los condenados por «insultar al islam» y emprender «actividades desviadas» que «contradigan o interfieran con la ley sagrada del islam».
Irán se encuentra de nuevo en una encrucijada. Más de cuarenta años después de la revolución, el descontento suscitado por la muerte de Mahsa Amini se ha tornado en protestas generalizadas por todo el país, que exigen la abolición de la República Islámica. Queda por ver si estas protestas conducirán a medidas reformistas o a una opresión aún mayor. En consecuencia, las perspectivas para la libertad religiosa son negativas y es probable que la situación empeore.
Iran