Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
De acuerdo con su Constitución, Yibuti es una «república democrática, soberana, una e indivisible», y todos sus ciudadanos son iguales, «sin distinción de lengua, origen, raza sexo o religión» (artículo 1). Sin embargo, la religión mayoritaria, el islam, representa un papel clave en la sociedad yibutiana, tal y como manifiestan los cambios relativos a su estatus que han sido introducidos en la propia Constitución. En la versión de 1992, se reconocía el islam como religión de Estado en el preámbulo; posteriormente, se le concedió preeminencia pasando a ser el artículo 1 en la edición modificada de 2010. De hecho, el jefe del Estado pronuncia un juramento islámico al asumir el poder.
Conforme al artículo 6 de ambas versiones de la Constitución, está prohibido que los partidos políticos «se identifiquen con una raza, etnia, sexo, religión, secta, idioma o región». El artículo 11 garantiza que toda persona tiene «derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, culto y opinión», derechos que están sujetos «al orden establecido por las leyes y reglamentos».
La Constitución no prohíbe explícitamente el proselitismo, pero no puede llevarse a cabo en público. Las leyes no penalizan a quien no cumple las normas islámicas o profesa otra religión. Según Cáritas, no se permite a la Iglesia católica evangelizar en el país, pero sí realizar actividades de proyección social.
Un decreto aprobado en 2014 confiere al Ministerio de Asuntos Islámicos amplios poderes sobre las mezquitas del país y el contenido de las oraciones públicas. Su autoridad alcanza a todos los asuntos islámicos, desde las mezquitas y los colegios privados confesionales (sobre los que también tiene jurisdicción el Ministerio de Educación) a los actos religiosos. Los imanes son funcionarios públicos empleados por el Ministerio. El Gobierno pretende así evitar que se lleven a cabo actividades políticas en las mezquitas, a la vez que permite a las autoridades vigilar sus actividades y limitar la influencia extranjera. Desde que entró en vigor este decreto, casi todas las mezquitas han acabado teniendo un imán designado por el Gobierno. El sistema de educación público es laico, aunque hay unos 40 colegios privados islámicos.
Independientemente de si son locales o extranjeros, los grupos religiosos no musulmanes están obligados a registrarse ante las autoridades. El Ministerio del Interior verifica las solicitudes y no se garantizan licencias provisionales mientras se espera el resultado de dicha confirmación. Sin embargo, los grupos musulmanes solo tienen que notificar su existencia al Ministerio de Asuntos Islámicos y Waqfs, y no se les obliga a registrarse ni están sujetos a verificación por parte del Ministerio del Interior. Los grupos extranjeros, tanto musulmanes como de otras confesiones, necesitan además una licencia del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de empezar a operar en Yibuti.
Los altos cargos y los principales funcionarios públicos, como el Presidente y los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, prestan un juramento religioso al acceder al cargo. Siendo una costumbre para el Jefe de Estado, se ha impuesto por ley para todos los demás funcionarios públicos. No existe ninguna disposición para poder realizar un juramento o promesa de carácter no religioso.
Los musulmanes pueden elegir entre los tribunales de familia o los civiles para resolver las cuestiones relacionadas con el matrimonio, el divorcio y las herencias. Los tribunales de familia contienen elementos de las leyes civiles e islámicas. En el caso de los no musulmanes, este tipo de cuestiones solamente se remiten a los tribunales civiles. Para ellos, los asuntos de familia también están gobernados por los tribunales civiles estatales; por ejemplo, estos tribunales reconocen el matrimonio civil tanto de los nacionales como de los extranjeros. El Gobierno reconoce el matrimonio religioso de un no musulmán cuando se presenta un documento expedido por la organización que lo celebra. No está permitido el matrimonio entre hombres no musulmanes y mujeres musulmanas, a menos que el futuro marido se convierta al islam.
Hay una gran oposición a las conversiones desde el islam a otras religiones; quienes lo hacen se enfrentan al ostracismo y la persecución, que puede llegar a la violencia física e incluso a la muerte.
Entre los grupos cristianos, solo están permitidas las Iglesias protestantes, católica romana, ortodoxa griega y ortodoxa etíope; en general, cualquier actividad religiosa y el proselitismo, especialmente el desarrollado por los evangélicos, se mantienen bajo control. La Iglesia de la cienciología está presente como entidad comercial.
Los no musulmanes siguen sufriendo discriminación en el empleo y la educación. Se ha denunciado el discurso de odio contra las religiones minoritarias en las redes sociales.
En la escuela pública se imparte religión, pero solo como asignatura general, sin centrarse en ninguna religión en concreto.
Incidentes y acontecimientos
En los últimos años no se han registrado incidentes de violencia o persecución religiosa. Sin embargo, dado que se trata de un Gobierno autoritario y el islam es la religión dominante, la mayoría de los derechos y libertades están limitados. Algunos no musulmanes han denunciado que sufren discriminación por parte de la Administración pública.
Al igual que el resto de África Oriental, Yibuti está amenazada por grupos islamistas violentos, en particular Al Shabab. Por ello, muchos Gobiernos extranjeros han publicado recomendaciones de viaje alertando a sus ciudadanos del peligro de secuestro en Yibuti, especialmente cerca de la frontera con Somalia, además de pedir precaución y respeto por las costumbres locales.
Se permite la entrada en el país de misioneros y trabajadores religiosos extranjeros, pero deben demostrar su pertenencia a un grupo religioso registrado y pagar 24 000 francos yibutianos (140 dólares estadounidenses) para obtener el permiso de residencia.
Futuro de la libertad religiosa
Dada su ubicación en una zona inestable y su propia problemática, Yibuti sigue estando en una posición de vulnerabilidad ante los desafíos internos (Gobierno autoritario, pobreza, alto desempleo) y las amenazas externas (refugiados y grupos islamistas combatientes). No obstante, la presencia de varias bases militares extranjeras ofrece cierta protección contra los efectos de los conflictos internos en los dos países vecinos, Etiopía y Somalia. Al mismo tiempo, el Gobierno ha adoptado políticas para la integración de los refugiados, tarea facilitada por el hecho de que estos suelen ser musulmanes y culturalmente cercanos a los yibutianos. Por otro lado, dado que las religiones no islámicas se consideran extranjeras, la libertad de religión sigue estando sujeta a ciertas restricciones. Es poco probable que esta situación cambie en un futuro próximo, por lo que las perspectivas de mejora para este derecho siguen siendo dudosas.
Djibouti