Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El artículo 16 de la Constitución de Bielorrusia declara la igualdad jurídica de todas las religiones y credos. También prohíbe las actividades religiosas que atenten contra la moral o estén dirigidas contra el Estado, su sistema político o las libertades civiles de sus ciudadanos. El mismo artículo establece también que la relación entre el Estado y determinadas organizaciones religiosas «estará regulada por la ley en lo relativo a su influencia en la formación de las tradiciones espirituales, culturales y estatales del pueblo bielorruso».
La libertad de religión está garantizada por el artículo 31 de la Constitución, que permite a los individuos manifestar sus creencias religiosas y reunirse para celebrar el culto, siempre que estas actividades no estén prohibidas por la ley. Sin embargo, en la práctica, solo las organizaciones religiosas registradas gozan de estos derechos y protecciones.
La Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas de 1992 define más específicamente el marco jurídico de las religiones en Bielorrusia. Aunque estipula la igualdad de todas las religiones ante la ley (artículo 6), solo los ciudadanos bielorrusos pueden dirigir organizaciones religiosas (artículo 13). En dicha ley se diferencia entre comunidades religiosas, que son organizaciones con un mínimo de 20 miembros adultos, y asociaciones religiosas, constituidas por un mínimo de 10 comunidades religiosas, de las cuales al menos una debe llevar más de veinte años de actividad en el país (artículos 14 y 15).
Las organizaciones religiosas deben registrarse para que se reconozca su personalidad jurídica. Para hacerlo, deben cumplir las condiciones estipuladas y proporcionar una serie de informaciones, como detalles sobre sus creencias y sus fundadores (artículos 16 a 19). La solicitud de registro puede ser denegada si las autoridades consideran que la información aportada no es satisfactoria o la doctrina profesada es contraria a la ley (artículo 21).
La ley impide cualquier actividad religiosa por parte de comunidades religiosas no registradas. En julio de 2018 se puso fin a las sanciones penales por actividades religiosas no registradas, incluidas las reuniones de culto, pero se sustituyeron por multas sumarias de hasta cinco semanas de salario medio. En 2022, el Gobierno reinstauró la pena de multa a dos años de prisión para «las actividades realizadas por grupos religiosos no registrados». La Oficina del Representante Plenipotenciario para Asuntos Religiosos y de Nacionalidad, subordinada al Consejo de Ministros, regula todos los asuntos religiosos.
Las actividades religiosas tanto de las comunidades como de las asociaciones se limitan al territorio en el que opera el grupo en cuestión y a las propiedades que pertenecen a estas organizaciones o a sus miembros, mientras que la celebración de actos religiosos en público requiere la aprobación de las autoridades locales.
Conforme al artículo 26 de la Ley de Libertad y Organizaciones Religiosas de la República de Bielorrusia, todos los textos religiosos tienen que ser aprobados previamente por un experto estatal en religión, mientras que los grupos religiosos no registrados tienen prohibido distribuir cualquier tipo de material religioso.
La ley limita a un año el período durante el cual un misionero extranjero sin nacionalidad bielorrusa puede dedicarse a actividades misioneras religiosas, período que puede ser ampliado o reducido por las autoridades (artículo 29).
La República de Bielorrusia y la Iglesia ortodoxa bielorrusa-Patriarcado de Moscú firmaron un acuerdo bilateral en 2003, justo después de modificar la Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas de 1992. El concordato otorgaba a esta Iglesia «derechos y privilegios no concedidos a otros grupos religiosos», reconocía su «papel determinante» y establecía acuerdos de cooperación entre ella y diversas instituciones gubernamentales, incluidos los centros educativos. El acuerdo establece la cooperación «contra las estructuras pseudorreligiosas que representan un peligro para la personalidad y la sociedad» (artículo 2). Aunque las autoridades bielorrusas no han firmado ningún acuerdo bilateral con otras Iglesias históricamente presentes en el país, el concordato reconoce «la importancia histórica de las “confesiones tradicionales”, a saber, el catolicismo, el judaísmo, el islam y el luteranismo evangélico».
No existe ninguna ley que prevea un proceso sistemático de restitución de bienes, entre ellos los religiosos, incautados durante los períodos soviético y nazi; muchas solicitudes de restitución o indemnización por bienes incautados son rechazadas a nivel administrativo. Por ejemplo, las parroquias católicas de Moguilov, Grodno, Bobruisk y Nesvizh han intentado sin éxito recuperar la propiedad de las iglesias históricas que utilizan. Del mismo modo, a otras comunidades religiosas, como Nueva Vida, pentecostal, las han desalojado de los edificios que utilizaban.
Los judíos tampoco han conseguido recuperar sinagogas o impedir su destrucción, lo que ha hecho que nadie se atreva a realizar nuevas reclamaciones.
Incidentes y acontecimientos
El cristianismo ortodoxo es la religión dominante en Europa Oriental, incluida Bielorrusia. Los principales grupos religiosos de Bielorrusia son los ortodoxos, los católicos romanos, los pentecostales y los baptistas. Según las cifras oficiales de comunidades registradas, los ortodoxos representan la mayor parte (49%), mientras que en las encuestas sociológicas estas Iglesias registran una puntuación aún mayor: entre el 81 y el 83% de la población se identifica como ortodoxa, probablemente porque reflejan un sentimiento de «ortodoxia cultural». El segundo grupo más numeroso es el de la Iglesia católica romana, con un número de miembros que oscila entre el 10 y el 12%, mientras que el sector protestante es casi invisible en las encuestas sociológicas, aunque en total supone casi un tercio de las comunidades religiosas registradas en Bielorrusia (pentecostales, 16%; baptistas, 9%; adventistas, 2%; y carismáticos, 2%). Otras minorías religiosas son los vétero-creyentes, greco-católicos, luteranos, testigos de Jehová, judíos y musulmanes suníes.
Bielorrusia declaró su independencia de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, y desde 1994 gobierna el autoritario presidente Alexander Lukashenko, autodenominado «ateo ortodoxo». La represión autoritaria del Gobierno ha tenido consecuencias devastadoras para la sociedad civil y los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa. Esto, unido a la influencia de Rusia, ha dado lugar a restricciones de la libertad religiosa a los grupos que no están dentro de las estructuras ortodoxas de la Iglesia ortodoxa bielorrusa-Patriarcado de Moscú; dichas restricciones se materializan en forma de largos procesos de registro; denegación del registro; obstáculos arbitrarios impuestos a las actividades de comunidades incluso registradas (como denegación del permiso de construcción); denegación arbitraria del permiso de trabajo a clérigos no relacionados con el Patriarcado de Moscú; restricciones o prohibiciones de la ayuda financiera extranjera, y otros.
El Gobierno bielorruso también somete a los creyentes religiosos a una vigilancia habitual a través de la policía secreta KGB (nombre que se conserva desde el período soviético), junto con el control y las restricciones de las comunidades religiosas por parte del Plenipotenciario para Asuntos Religiosos y Étnicos. Aproximadamente 20 funcionarios trabajan en «Departamentos de Ideología locales cuyo mandato incluye el control de la religión». La vigilancia se extiende a las publicaciones mediante la censura, y a las publicaciones en internet mediante la penalización a los usuarios por los contenidos publicados.
Según sus propias fuentes, a los testigos de Jehová se les deniegan continuamente los procedimientos de registro (aunque oficialmente están permitidos en Bielorrusia), lo que obliga a esta comunidad a realizar actividades con un riesgo considerable. En algunas comunidades, donde están presentes desde hace décadas, se les niega el derecho a reunirse en casas particulares y se enfrentan a multas o detenciones por distribuir literatura en lugares públicos.
Las autoridades también han seguido reprimiendo a otras comunidades religiosas. Un pastor pentecostal, Valentine Borovik, recurrió su caso ante la ONU porque la policía llevó a cabo una redada en un estudio bíblico que había organizado en Masty en junio de 2008, y lo acusó de fundar ilegalmente una organización religiosa. Cuando el pastor Borovik ganó este caso de libertad religiosa ante las Naciones Unidas, el Gobierno bielorruso se retiró del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eliminando el derecho de los bielorrusos a presentar recursos ante la ONU.
El hecho de que una comunidad esté registrada, no garantiza que deje de tener impedimentos por parte de las autoridades. Los vétero-creyentes de Pomore, en Minsk, comunidad ortodoxa rusa, aunque independiente del Patriarcado de Moscú, llevan desde 2005 intentado trasladar a Minsk una iglesia histórica de madera situada en la frontera con Lituania. Les fueron denegadas las autorizaciones solicitadas en repetidas ocasiones. La comunidad intentó entonces construir una iglesia nueva en un pueblo cercano a Minsk, pero la solicitud también fue denegada.
Las comunidades religiosas también han encontrado obstáculos para utilizar y reclamar sus lugares de culto, especialmente en Minsk. En la capital, las autoridades confiscaron la Iglesia Roja (la iglesia católica de los Santos Simón y Helena) por haber dado cobijo a manifestantes que se escondían de la policía tras las elecciones de 2020. La Iglesia Roja sufrió un incendio provocado en septiembre de 2022, que fue inmediatamente extinguido y solo causó daños menores; el incidente, sin embargo, sirvió de pretexto a la administración bielorrusa para cerrarla definitivamente, impidiendo su uso por parte de la comunidad católica. Otros grupos religiosos se enfrentan a problemas similares. Uno de los litigios más largos sobre una propiedad es el de la Iglesia Nueva Vida, cuyos líderes compraron en 2002 un antiguo establo en la periferia, en la zona occidental de Minsk. Doce años después las autoridades desalojaron a este grupo religioso. La comunidad siguió celebrando sus cultos dominicales al aire libre, en el aparcamiento. Estas reuniones religiosas fueron prohibidas el 25 de septiembre de 2022.
La violenta represión policial de las protestas tras las reñidas elecciones de 2020, ganadas por Alexander Lukashenko, provocó protestas generalizadas y la condena de líderes religiosos, entre los cuales figuran obispos, sacerdotes y otros fieles. Las autoridades aplicaron la legislación que prohíbe «actos masivos no autorizados» para perseguir a los manifestantes prodemocráticos, entre los cuales se encontraban algunos clérigos. El arzobispo católico de Minsk y Moguilov, Tadeusz Kondrusiewicz, pidió a las autoridades bielorrusas que pusieran fin a la violencia, afirmando que el derramamiento de sangre en las calles de las ciudades bielorrusas era un «pesado pecado sobre la conciencia de quienes dan órdenes criminales y cometen actos violentos». El 31 de agosto de 2020, las fuerzas de seguridad fronteriza bielorrusas negaron la entrada del arzobispo Kondrusiewicz a Bielorrusia que regresaba de Polonia, a pesar de ser ciudadano bielorruso. La Fiscalía General de Bielorrusia amonestó oficialmente a Mons. Jury Kasabucki, obispo de Minsk y Moguilov, por instar a los católicos a permanecer unidos al arzobispo Kondrusiewicz, insistiendo en que las «acciones y declaraciones» del arzobispo se habían ajustado a la doctrina católica y a la legislación bielorrusa.
El 24 de diciembre de 2020, con la mediación del Vaticano, las autoridades permitieron al arzobispo Kondrusiewicz regresar al país. El 3 de enero de 2021, el Vaticano aceptó de inmediato la dimisión del arzobispo al cumplir 75 años. El carácter inusual de su jubilación, aceptada de inmediato y anunciada públicamente, hizo pensar a algunos que formaba parte del acuerdo para permitir su regreso a Bielorrusia. El papa Francisco nombró administrador apostólico de Minsk al obispo auxiliar de Pinsk, Kazimierz Wielikosielec.
El 7 de agosto de 2021, la revista del régimen bielorruso Minskaya Prauda publicó en portada una caricatura burlándose de la Iglesia católica. En ella aparecían una serie de líderes religiosos católicos con una cruz gamada (una transformación de la cruz pectoral) y detrás de los sacerdotes una versión alterada del cuadro que representa a los monjes quemados vivos por los nazis en 1943 junto con 1526 habitantes del pueblo de Rosica, cerca de Vítebsk. El secretario de prensa en funciones del episcopado bielorruso, el padre Yuri Sanko, declaró que este ataque a la Iglesia en el periódico ofendía a varios millones de católicos que viven en Bielorrusia. El proyecto Media IQ, que estudia la propaganda estatal, publicó un análisis de las difamaciones anticatólicas en Bielorrusia entre marzo y agosto de 2021, citando varios ejemplos similares.
Otro indicio del deterioro de la situación son las crecientes restricciones que sufren las organizaciones caritativas católicas. El Departamento de Asuntos Humanitarios de la Dirección de Gestión de la Propiedad del Presidente de Bielorrusia impidió a Cáritas, la sociedad benéfica de la archidiócesis católica romana de Minsk y Moguilov, recibir financiación extranjera para proporcionar alimentos y refugio a las personas sin hogar de Minsk y otras ciudades durante el invierno.
A pesar de que la mayor parte de los incidentes se dirigen contra la comunidad cristiana, las comunidades judías también denunciaron actos de antisemitismo y vandalismo: el 3 de mayo de 2022, en Bobruisk, unos desconocidos destrozaron las ruinas de una sinagoga pintando con espray la letra «Z», relacionada con la invasión rusa de Ucrania. Durante el período estudiado en este informe, se utilizaron numerosas imágenes y vídeos antisemitas con temas neonazis y llamamientos a la violencia contra los judíos en la plataforma rusa de medios sociales VKontakt.
El 6 de julio de 2021, con motivo del Día de la Independencia de Bielorrusia, el presidente Lukashenko afirmó en unas declaraciones antisemitas que «los judíos han conseguido que el mundo entero se arrodille ante ellos y que nadie se atreva a levantar la voz y negar el Holocausto». Debido a las protestas políticas y a la pandemia, «los judíos bielorrusos constituyen el grupo más numeroso de quienes optan por la aliá (emigración a Israel) y se marchan a Israel».
Pese a la preocupación de la Iglesia ortodoxa rusa-Patriarcado de Moscú por el interés que surge esporádicamente en el seno de la Iglesia ortodoxa bielorrusa respecto a su propia autocefalia, y con el precedente de la Iglesia ortodoxa ucraniana, la Iglesia ortodoxa rusa se negó a reconocer la autocefalia de la Iglesia ortodoxa ucraniana cuando el patriarca Bartolomé de Constantinopla emitió el Tomos de 2019.
En cuanto a la guerra de Ucrania, aunque la Iglesia ortodoxa bielorrusa apoyó la doctrina de la Iglesia ortodoxa rusa-Patriarcado de Moscú del ruski mir o «mundo ruso» (que considera que las actuales Rusia, Ucrania y Bielorrusia son las naciones ortodoxas centrales de la «Rus de Kiev») y una serie de jerarcas de la Iglesia ortodoxa bielorrusa apoyaron públicamente la postura rusa, en general la respuesta de la Iglesia ortodoxa bielorrusa ante la invasión rusa se ha silenciado. El 3 de marzo, el metropolitano Veniamin declaró que los soldados son «con frecuencia personas emparentadas por la sangre, la fe y el espíritu. El personal militar está muriendo en ambos bandos, y los civiles están sufriendo», e instó a los fieles «a rezar para que la paz vuelva a suelo ucraniano y para que los pueblos hermanos encuentren un camino hacia la reconciliación y el perdón mutuo».
Futuro de la libertad religiosa
La mayor parte de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, están en peligro debido a la naturaleza autoritaria del Gobierno de Bielorrusia. Las leyes relativas a la libertad religiosa son onerosas, se aplican de forma arbitraria por la Oficina del Representante Plenipotenciario para Asuntos Religiosos y de Nacionalidad o por las autoridades locales, y abundan los obstáculos a la vida religiosa, incluida la omnipresente vigilancia. Aunque la Iglesia ortodoxa bielorrusa goza de una posición privilegiada que la identifica como uno de los elementos centrales de una identidad nacional bielorrusa diferenciada, experimenta de vez en cuando problemas debido al interés por la autocefalia.
Como no hay indicios de que el régimen actual vaya a poner fin a sus violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad de religión, las perspectivas para este derecho siguen siendo negativas.
Belarús