La Constitución de Portugal garantiza el derecho a la libertad religiosa. El artículo 41 (2) afirma: «Nadie podrá ser perseguido, privado de sus derechos o eximido de obligaciones o deberes cívicos por razón de sus convicciones o de su práctica religiosa». La ley garantiza la objeción de conciencia (artículo 41, 6).
Conforme al artículo 41 (4), «las Iglesias y sus comunidades religiosas estarán separadas del Estado y serán libres en su organización y en el ejercicio de sus funciones y del culto». El artículo 41 (5) continúa garantizando «la libertad de enseñanza de cualquier religión, siempre que se dispense en el ámbito de la confesión respectiva, así como la utilización de medios de comunicación social propios para el desenvolvimiento de sus actividades».
Conforme al artículo 43 (2), el Estado «no podrá arrogarse el derecho de programar la educación y la cultura en virtud de directrices filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas o religiosas». El párrafo 3 del mismo artículo establece que «la enseñanza pública no será confesional».
El artículo 51 (3) prohíbe a los partidos políticos «utilizar denominación que contenga expresiones directamente relacionadas con religión o Iglesia alguna, así como emblemas confundibles con símbolos nacionales o religiosos». La Constitución también exige a los sindicatos ser «independientes de la patronal, del Estado y de las confesiones religiosas» (artículo 55, 4). Finalmente, el artículo 59 (1) protege los derechos de los trabajadores «sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, lugar de origen, religión o convicciones políticas o ideológicas».
Las relaciones entre el Estado portugués y la Santa Sede están reguladas por el concordato del 18 de mayo de 2004. Y las relaciones con otras confesiones religiosas están regidas por la Ley sobre la Libertad Religiosa nº 16/2001 que permite al Estado establecer acuerdos con las Iglesias y con otras comunidades religiosas de Portugal (artículo 45).
Conforme a la legislación mencionada, los grupos de fe minoritarios de Portugal pueden, igual que la Iglesia católica, celebrar matrimonios religiosos con los mismos efectos que un matrimonio civil (artículo 19, 1). También está garantizada en esta ley (artículo 13, 1) la atención espiritual y religiosa en las fuerzas armadas y de seguridad, en las prisiones y en los hospitales públicos.
En determinadas situaciones, los grupos religiosos pueden obtener algunos beneficios fiscales. Los contribuyentes pueden decidir que un 0,5 por ciento de sus impuestos se destine a un grupo religioso registrado. Aunque el Estado no financia ninguna Iglesia ni religión, puede financiar la construcción de iglesias (y, ocasionalmente, templos no católicos) o labores sociales y benéficas.
Conforme al artículo 52 de la ley nº 16/2001, se creó una Comisión de Libertad Religiosa como organismo asesor independiente para asesorar tanto al Parlamento como al Gobierno y supervisar la aplicación de la propia ley.
Durante el período estudiado en este informe, en Portugal se han denunciado algunos incidentes en los que se han visto implicados grupos y lugares de culto. También han adquirido notoriedad en los medios de comunicación algunas cuestiones relacionadas con la religión.
En septiembre de 2018, se utilizó inapropiadamente la iglesia de São Sebastião in Cem Soldos, en Tomar, para celebrar un concierto de rock, lo que suscitó críticas y provocó una reacción oficial de la diócesis local.
También se cometieron actos vandálicos en varios lugares de culto. En diciembre de 2018, dañaron el belén de Sâo João da Madeira. En junio de 2019 destrozaron la imagen de Nuestra Señora de Fátima de la parroquia de Campo Maior. En Campo Maior se han seguido cometiendo actos de este tipo. En julio de 2019, emborronaron con palabras blasfemas escritas con letras amarillas cuatro de las catorce capillas del vía crucis que jalonan el Camino de los Pastorcitos entre Aljustrel y Cova de Iría. En noviembre de 2019, quemaron la hornacina de Nuestra Señora de Gracia en Lagoa, Azores.
En septiembre de 2019, asesinaron a la hermana Maria Antónia Guerra en São João da Madeira. Conocida como «la hermana radical» por acudir en motocicleta a realizar su labor con los más desfavorecidos, un exconvicto la violó y la mató. El obispo de Oporto, Manuel Linda, criticó al sistema judicial portugués por su estrepitoso fracaso en este suceso. La Conferencia de Institutos Religiosos de Portugal emitió un comunicado condenando la «muerte inesperada y violenta» de la hermana, miembro de la Congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos. La Comisión Nacional Justicia y Paz también expresó su pesar y consternación ante la noticia de la muerte violenta de la hermana, además de por el «doloroso silencio» que rodea el caso y la ineficacia del sistema de Justicia que ha facilitado el crimen. Juzgaron al culpable y le condenaron a 25 años de prisión, la pena máxima conforme a la ley portuguesa.
Una serie de problemas han tensado las relaciones a varios niveles entre los grupos religiosos, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades.
En octubre de 2018, la junta directiva (fabrica ecclesiae) de la parroquia de Paço de Sousa, de Peñafiel, recibió una factura adicional del impuesto municipal sobre la propiedad (IMI), que generalmente se aplica a los bienes de lujo, porque las autoridades habían añadido en sus cálculos las salas de catecismo y la casa parroquial a las 12 viviendas para pobres construidas por el sacerdote de la parroquia. Es uno de los muchos casos que se han producido a lo largo de los últimos años.
En diciembre de 2018, la Asociación para el Laicismo criticó a la emisora pública portuguesa RTP por otorgar a la Iglesia católica un «privilegio incompatible con la naturaleza laica de un servicio público» por emitir el mensaje de Navidad del cardenal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa. En una carta enviada al ministro de Cultura, esta asociación sin ánimo de lucro afirmaba que otros programas podrían haber emitido dicho mensaje. Según la asociación, RTP, que «está obligada» a respetar la naturaleza laica del Estado y de los servicios públicos, «tiene que dejar» de emitir este tipo de mensajes fuera de esos programas.
En enero de 2019, la Asociación de Ateos Portugueses (AAP) criticó al presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa por participar en la Jornada de la Juventud de Panamá, considerando que constituía «un grave ataque a la neutralidad religiosa del Estado laico». En unas declaraciones, la AAP afirmó que entendían que se había tratado de un viaje oficial; «si es así, merece la máxima reprobación porque se hizo en representación del país».
En abril de 2019, la archidiócesis de Braga declaró haber incurrido en pérdidas en un acuerdo con el municipio sobre la construcción de viviendas sociales en un terreno de su propiedad. Para compensar a la archidiócesis por dichas pérdidas, el Consejo Municipal acordó cederle un terreno de menor valor, cesión que no se ha realizado.
En junio de 2019, los Testigos de Jehová celebraron un congreso en Lisboa con la participación de más de 60 000 personas y más de 5300 delegados internacionales procedentes de 46 países. El acto constituyó un hito especialmente importante en la historia de la libertad religiosa de Portugal, según Pedro Candeias, director de comunicación del capítulo portugués de la Asociación de los Testigos de Jehová.
También en junio, al concluir los contratos entre el Estado y los colegios privados de regiones en las que el Estado no puede proporcionar educación, el colegio jesuita de la Inmaculada Concepción de Cernache en Coimbra se vio obligado a cerrar, igual que muchos otros centros educativos vinculados directamente con la Iglesia católica.
En julio de 2019, la Comisión de Libertad Religiosa propuso al Instituto Nacional de Estadística incluir en el próximo censo las opciones de budista, hindú, testigo de Jehová, y «creyente sin religión». Vera Jardim, presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, afirmó que se intentaría obtener un conocimiento más detallado de la vida religiosa en Portugal.
En noviembre de 2019, el Observatorio de Libertad Religiosa publicó un comunicado sobre tres posibles vulneraciones de la libertad religiosa. El primer caso es el de una atleta musulmana a la que no se le permitió practicar su deporte por llevar hiyab o velo islámico, a pesar de que no supone ninguna limitación desde el punto de vista técnico-deportivo. Para el Observatorio, se trata de un ataque contra el principio de libertad religiosa. El segundo caso es el de una asignatura de Educación Moral Católica y Religiosa de un colegio de Torrados. Se denunció que se habían negado servicios de la Iglesia como catequesis, bautismos, primeras comuniones y otras celebraciones católicas a aquellos alumnos que se habían matriculado en esta asignatura y luego no asistieron a las clases. En unas declaraciones, la diócesis de Oporto rechazó la afirmación diciendo que «no refleja ninguna directriz de la Iglesia. La información es errónea y la legislación de la Iglesia no permite eso». El tercer caso tiene relación con la denuncia de una profesora de un colegio público de Sâo Vicente en Madeira que temió haber recibido una valoración negativa sobre el desempeño de su profesión por haberse negado a participar en una reunión con el obispo de Funchal organizada por el colegio para los alumnos porque pensó que era de naturaleza religiosa. El Observatorio afirmó que se trata de un caso en el que se deniega a una persona el derecho a no tener religión.
También en noviembre de 2019, se celebró en televisión un debate sobre el tema de la información religiosa y la programación de la RTP. Según José Vera Jardim, presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, «es admirable [que la cadena pública dedique] tiempo de emisión a las distintas religiones y la forma en que se organiza ha contribuido a que en Portugal se comprenda bien lo que supone la convivencia entre los creyentes». Sin embargo, algunos grupos han cuestionado el apoyo que proporciona el Estado a las distintas religiones en la RTP. Cuando la periodista Dina Aguiar terminó su programa Portugal em Directo se despidió diciendo «les veré mañana, si Dios quiere». Esto suscitó el debate, en respuesta a un televidente que expresó su «disgusto» por la expresión utilizada.
En enero de 2020, el Servicio de Fronteras de Portugal detuvo en Amadora a tres pastores evangélicos brasileños sospechosos de tráfico de seres humanos que albergaron a unos treinta compatriotas suyos, entre ellos algunos niños, en unos almacenes en malas condiciones. La mayor parte de ellos eran inmigrantes irregulares a los que se obligaba a donar parte de su salario a su Iglesia.
El 8 de enero de 2020, robaron la campana de la ermita de Nuestra Señora de Viso en Celorico de Basto. En junio de 2020, unos ladrones se llevaron la imagen del Corazón Inmaculado de la Virgen María del exterior de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes de Montes Claros en Coimbra.
En mayo de 2020, una de las consecuencias de la pandemia de coronavirus fue la limitación de las actividades en espacios públicos, entre ellos iglesias y otros lugares de oración. Esto suscitó algunas críticas.
En junio de 2020, durante una ola de manifestaciones antirracistas en varios países, incluido Portugal, a causa de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, destrozaron la estatua del padre António Vieira de Lisboa. El padre Vieira, jesuita, fue un defensor de los pueblos indígenas en Brasil en el siglo XVII.
En junio de 2020, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, defendió la necesidad de respetar la dimensión pública de la libertad de religión, además de la dimensión individual. En el Día Nacional de la Libertad Religiosa y del Diálogo Interreligioso, señaló que «el diálogo entre las religiones es una expresión de la libertad religiosa, pero también es la interpretación de la cultura, de uno de los aspectos de la cultura».
En octubre de 2020, la Asociación de Abogados Católicos manifestó que teme que «la indiferencia ante las restricciones injustificadas de las libertades fundamentales» en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 contribuya a devaluar la libertad religiosa que la Constitución protege.
En noviembre de 2020, un hombre interrumpió una misa que se estaba transmitiendo en streaming en la iglesia de la Sagrada Familia de Entrocamento. Subió al altar y dijo por el micrófono: «Tenéis que iros de África. No queremos cristianismo en África. Queremos construir nuestra propia África».
En enero de 2021, el Parlamento portugués aprobó una ley que despenaliza la eutanasia médicamente asistida en determinadas circunstancias por una mayoría de 136 votos a favor, 78 en contra y cuatro abstenciones.
El mismo día que se probó la eutanasia en el Parlamento, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de Portugal emitió una declaración en la que calificaba la decisión de «regresión cultural sin precedentes» e instaba al presidente a remitir la ley al Tribunal Constitucional.
El 15 de marzo de 2021, en respuesta a una solicitud de opinión presentada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el Tribunal Constitucional rechazó la ley de despenalización de la muerte médicamente asistida basándose en que incluía demasiados términos imprecisos. Esto deja abierta la posibilidad de que en el futuro se introduzca una nueva versión de la ley.
En el período que se estudia en este informe, no se han producido casos significativos de discriminación por motivos religiosos ni de abusos de la libertad religiosa que se puedan atribuir al Estado ni a ninguna entidad gubernamental. Sin embargo, algunas iglesias han sufrido actos de vandalismo y una monja ha sido víctima de un brutal asesinato. Aún más, algunos fenómenos de las sociedades occidentales han llegado a Portugal, muy especialmente, la gradual marginación de la religión en la vida pública y la legislación de algunas prácticas, como la eutanasia, contrarias a los postulados de varias religiones. Aún no se sabe si estas tendencias van a continuar. No se espera que ninguna otra tensión social, política o económica importante afecte a las perspectivas de la libertad religiosa en un futuro próximo.
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