Pakistán fue fundada en la época de la partición de la India británica en 1947. No fue hasta mucho después cuando se empezó a reivindicar su carácter más fervientemente islámico, a medida que se fue adoptando una orientación claramente islámica bajo la dictadura del general Zia ul Haq, en el poder entre 1977 y 1988. La consecuencia fue que la ley islámica (sharía) empezó a representar un papel más importante en el sistema legal pakistaní.
La población es casi por completo musulmana, mayoritariamente suní (entre el 85 y el 90%). Los chiíes suponen en torno al 10-15%. Las minorías religiosas, fundamentalmente cristianos, hindúes y ahmadíes, además de algunos bahaíes, sijes, parsis, y una menguante comunidad judía, constituyen solo el 3,6%. Los principales grupos étnicos son (en porcentajes): punyabíes (44,7), pastunes (15,4), sindíes (14,1) saraikíes (8,4), mojayires (7,6), baluchis (3,6) y otros (6,3).
Pakistán es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 2010. Por lo tanto, conforme al artículo 18, está obligado a garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y religión de su pueblo.
Aunque el artículo 2 de la Constitución pakistaní de 1973 (modificada en varias ocasiones, la última en 2015) establece que «la religión de Estado de Pakistán será el islam», el mismo documento también garantiza con total claridad los derechos de las minorías religiosas. De hecho, en el preámbulo, afirma que «se adoptarán las disposiciones adecuadas para que las minorías profesen y practiquen libremente sus religiones y desarrollen sus culturas». El artículo 20 (a, b) reconoce que «todo ciudadano tendrá derecho a profesar, practicar y difundir su religión», y que toda confesión religiosa «tiene derecho a fundar, mantener y gestionar sus propias instituciones religiosas».
El artículo 21 defiende que «no se obligará a nadie a pagar ningún impuesto especial cuyos beneficios se empleen en la difusión y mantenimiento de ninguna religión que no sea la propia». El artículo 22 (1 y 3) contiene «garantías para las instituciones educativas respecto a la religión», apuntando claramente que «ningún individuo que asista a una institución educativa será obligado a recibir formación religiosa» y que «no se impedirá a ninguna comunidad o confesión religiosa impartir formación religiosa a los alumnos de dicha comunidad».
Sin embargo, la realidad es que este artículo no se aplica plenamente, ya que se obliga a muchos alumnos de colegios públicos a asistir a las clases de Corán o a estudiar asignaturas islámicas; de no hacerlo, pierden importantes créditos que necesitan para terminar el curso escolar. Además, en las escuelas públicas, asignaturas como Historia, Literatura y Matemáticas están enormemente permeadas por los preceptos islámicos. Recientemente, el gobierno del Punyab ha hecho obligatoria la enseñanza del Sagrado Corán tanto en los niveles escolares como universitarios.
La Constitución, en el artículo 260 (3, b), establece la distinción entre musulmanes y no musulmanes, lo que aviva los prejuicios religiosos y alimenta las actitudes discriminatorias, por ejemplo, hacia la comunidad ahmadí, considerada no musulmana. El artículo 41 (b) es inequívocamente discriminatorio ya que establece que «ningún individuo que no sea musulmán podrá ser elegido presidente». El artículo 91 (3) también estipula que el primer ministro tiene que ser musulmán. Conforme al artículo 203D, el Tribunal Federal de Sharía (ley islámica) tiene competencia para invalidar cualquier ley contraria al islam y sugerir las enmiendas pertinentes.
El sistema electoral de Pakistán es igualmente discriminatorio, hecho constatado una vez más en las elecciones parlamentarias que se celebraron en julio de 2018. Pakistán cuenta con un presidente elegido de forma colegiada por los miembros de la Asamblea Nacional y de las Asambleas Provinciales. No hay elecciones presidenciales nacionales.
El parlamento bicameral de Pakistán está constituido por una asamblea nacional de 342 miembros y un senado de 104 miembros. En la cámara baja, 272 escaños son elegidos de acuerdo con el sistema de mayoría simple, mientras que los otros 70 escaños están reservados: 60 para mujeres (elegidas mediante representación proporcional) y 10 para las minorías no musulmanas (elegidas en una única votación a nivel nacional). Los senadores son elegidos por las cuatro asambleas provinciales del país, reflejo de la naturaleza federal del Estado de Pakistán, habiendo también en este caso escaños reservados para las mujeres y las minorías.
Aunque este sistema garantiza la representación de estos grupos, en la práctica, las mujeres y las minorías candidatas están excluidas de presentarse a los otros escaños (más de 300). Esta situación ha hecho que muchos políticos no musulmanes se unan a partidos políticos dirigidos por musulmanes, que son menos efectivos a la hora de fomentar políticas dirigidas a mejorar la situación de las minorías. Los candidatos elegidos para los escaños reservados siguen estando sujetos a la disciplina de partido, aunque eso suponga ignorar las preocupaciones de su propia comunidad.
La situación de las minorías religiosas está determinada, además, por las llamadas «leyes de blasfemia» de Pakistán promulgadas por el general Zia ul Haq entre 1982 y 1986. En sentido estricto, no se trata de leyes, sino de enmiendas al Código Penal del país, en concreto a las secciones 295 B, 295 C, 298 A, 298 B y 298 C, que restringen enormemente la libertad de religión y de expresión. «Corromper» el Corán e injuriar al profeta Mahoma constituyen delitos punibles que conllevan las máximas condenas: cadena perpetua y pena de muerte respectivamente.
Como el concepto de «blasfemia» es muy amplio, se puede abusar de esta noción con facilidad para sancionar distintos tipos de conducta, incluida la falta de respeto a personas, objetos de culto, costumbres y creencias. Aunque la sección 295 A protege a todas las religiones de «actos deliberados y malintencionados con el deseo de herir los sentimientos religiosos», los siguientes párrafos de este apartado y las secciones 298 B y 298 C abordan exclusivamente las conductas que se consideran anti-islámicas.
El sistema legal de Pakistán siempre ha sido una combinación del derecho consuetudinario inglés y de la sharía, pero las prácticas legales son islamocéntricas, especialmente desde que se enmendó el Código Penal en la década de 1980. No puede sorprender, por lo tanto, que entre 1947 (cuando se fundó Pakistán) y la década de 1980 (cuando se introdujeron las enmiendas) solo se registraran seis casos de blasfemia, frente a los 1550 casos denunciados entre 1987 y 2017.
Si bien en el período estudiado en este informe han sido puestas en libertad algunas personas acusadas de blasfemia, entre ellas la conocida Asia Bibi, no se ha reducido el número de casos ni las condenas a muerte por blasfemia.
Las acusaciones de blasfemia se han presentado tanto contra musulmanes como contra miembros de las minorías religiosas; sin embargo, cuando los implicados no son musulmanes, es frecuente que las acusaciones terminen en linchamientos, ataques por parte de turbas contra barrios enteros y asesinatos extrajudiciales. Además, el número de fieles de religiones minoritarias acusados de blasfemia es enormemente desproporcionado respecto a su cuota de población. De las 1150 personas acusadas de blasfemia entre 1986 y 2017, 720 eran musulmanes, 516 ahmadíes, 238 cristianos, 31 hindúes y se desconoce la adscripción de 44. Esto significa que el 46,45% de los acusados eran musulmanes (que constituyen el 96,4% de la población), mientras que el 50,7% restante pertenecían a las minorías (que son el 3,6% de la población). De ellos, el 33,5% eran ahmadíes, el 15,3% cristianos y el 2% hindúes.
Las secciones 298 B y 298 C del Código Penal de Pakistán, promulgadas en época de Zia ul Haq mediante la Ordenanza XX de 1984, son especialmente preocupantes. Esta última tipificaba como delito que los ahmadíes se autodenominaran musulmanes o se refiriesen a su fe como el islam.
Según Omar Waraich, presidente para Asia Meridional de Amnistía Internacional, «pocas comunidades en Pakistán han sufrido tanto como los ahmadíes». Algunas fuentes mencionan que, entre 1984 y 2019, murieron 262 ahmadíes a causa de su fe, 388 sufrieron actos violentos y fueron destruidas 29 mezquitas ahmadíes. Por ley, no pueden tener mezquitas propias, ni hacer la llamada a la oración, y para votar tienen que entrar en la categoría de no musulmanes o incorporarse a una de las corrientes generales del islam.
La persecución de los ahmadíes se remonta a la época de la fundación del movimiento a finales del siglo XIX. Aunque aceptan a Mahoma como profeta, la corriente dominante los considera herejes porque creen que su fundador, Mirza Ghulam Ahmad, era el Mahdi, una figura mesiánica del islam. También creen que era la reencarnación de Mahoma, Jesús y el dios hindú Krishna.
En julio de 2020, la Asamblea Provincial de Punyab aprobó una ley enormemente preocupante: la ley de protección de la fundación del islam (Tahaffuz-e-Bunyad-e-Islam). Esta ley impone, básicamente, una definición suní del islam. Prohíbe cualquier material impreso considerado ofensivo contra Mahoma y otras figuras sagradas, y obliga a anteponer al nombre de Mahoma, cuando se mencione al hablar, el título de «el último de los profetas» (jatam al nabiyin) para terminar con la invocación árabe «sobre él sea la paz» (salallahu alayhi wa salama).
La educación es otro ámbito en el que están creciendo las acusaciones de blasfemia y violencia contra las minorías. En su estudio titulado Educación y libertad religiosa: hechos clave, realizado a lo largo de siete años, la Comisión Nacional Justicia y Paz (organización católica) llegó a la conclusión de que los planes de estudios de los colegios y universidades fomentan la discriminación contra los no musulmanes. Según dicho estudio, «las inexactitudes objetivas, el revisionismo histórico y las omisiones fácilmente reconocibles enseñan una versión de la historia claramente monolítica, que refuerza los estereotipos negativos y crea un relato de conflicto hacia las religiones minoritarias».
Los planes de estudios y los libros de texto escolares representan un papel esencial en la promoción de una cultura de intolerancia hacia las minorías; a este respecto, hay una gran preocupación por el llamado Currículo Nacional Único que se implantará en 2021. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que este currículo «viole la garantía constitucional de que ningún miembro de una minoría religiosa sea obligado a “recibir formación religiosa” no relevante para su propia religión».
En 2020, el Gobierno creó una Comisión Nacional de Minorías (NCM). Esta comisión nace de una orden de 2014 del Tribunal Supremo pakistaní de crear un organismo que proteja a las minorías, decisión tomada a raíz de un ataque contra una iglesia de Peshawar en septiembre de 2013. En mayo de 2020, el Ministerio de Asuntos Religiosos y Armonía Interreligiosa también notificó la refundación de la Comisión Nacional para las Minorías y su mandato de garantizar que los lugares de culto de las comunidades no musulmanas estén protegidos y se mantengan en condiciones de funcionamiento. Sin embargo, la situación de la NCM es incierta por ser simplemente un organismo creado ad hoc por el Gabinete federal y no una agencia establecida por ley, y porque tiene poderes limitados. Además, los ahmadíes no están representados en este organismo porque, citando al ministro de Información Shibli Faraz, «no entran en la definición de minoría». Por último, desde la adopción de la 18ª enmienda a la Constitución de 2010, las minorías se han convertido en una cuestión provincial, y la NCM no tiene competencias legales para hacer cumplir sus resoluciones.
El matrimonio es otra de las grandes cuestiones legales que afecta a las minorías religiosas. Se han producido algunas mejoras para los cristianos. En 2019, el Tribunal Supremo sentenció que los cristianos podían registrar sus matrimonios con un certificado oficial de matrimonio.
Conforme a la ley pakistaní, la edad mínima para casarse se establece en los 18 años, algo que constantemente es ignorado por los tribunales, que aceptan prácticas islámicas de matrimonio que contemplan el casamiento de las niñas después de su primera menstruación.
Esta cuestión es especialmente sensible debido a los matrimonios forzados de niñas cristianas e hindúes, que traen consigo su conversión. Para abordar el problema, la Asamblea provincial de Sind aprobó en 2013 una ley de restricción del matrimonio infantil. Aunque es la única provincia que ha obrado en este sentido, es la que presenta el mayor número de casos de matrimonios forzados. Durante el período estudiado en este informe, algunas niñas secuestradas han sido devueltas a sus familias, pero la ley no puede anular los matrimonios islámicos aun cuando se pueda demostrar que la niña era menor de edad cuando lo contrajo.
Para afrontar este problema, se hace necesaria una ley nacional. El Senado pakistaní intentó abordar la cuestión en 2020. Su Comité Permanente para la Protección de las Minorías de las Conversiones Forzadas empezó a estudiar la cuestión en julio de 2020. En agosto se presentó al Senado la proposición de ley de protección de los derechos de las minorías, pero el Comité Permanente para Asuntos Religiosos y Armonía Interreligiosa la rechazó un mes después basándose en que «las minorías de Pakistán ya tienen garantizados una serie de derechos». La proposición de ley volvió al Senado en noviembre. Si se aprueba, la ley prohibirá las conversiones forzadas y el contenido ofensivo hacia las minorías de los libros de texto; en cuanto a las penas, quien obligue a otro a convertirse será condenado a siete años de prisión y a pagar una multa, y en el caso de los matrimonios forzados en los que estén implicados miembros de las minorías las condenas ascenderían a 14 años de cárcel.
Durante el período estudiado en este informe se han producido innumerables incidentes que afectan a la libertad religiosa, además de otros acontecimientos tanto positivos como negativos.
En el aspecto positivo, desde que el primer ministro Imran Jan y su partido, Tehreek-e-Insaf, llegaron al poder en agosto de 2018, se han tomado algunas medidas favorables a los intereses de las minorías.
El Gobierno se enfrentó a los extremistas dirigidos por el partido Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) que exigían la revocación de la absolución de Asia Bibi en octubre de 2018. En su lugar, las autoridades arrestaron a varios miembros de la dirección del TLP.
Respecto a los hindúes y los sijes, unos días antes del 550 aniversario del nacimiento del fundador del sijismo, Guru Nanak, el 12 de noviembre de 2019, el Gobierno abrió el Corredor Kartarpur para permitir que los peregrinos sijes visitaran el gurdwara Darbar Sahib, uno de los santuarios más sagrados del sijismo que se encuentra en la provincia pakistaní del Punyab. Para los peregrinos sijes de la India, el viaje por el corredor supuso un ahorro de tiempo, de dinero y de burocracia de fronteras.
A pesar de este progreso, la vida de los miembros de las minorías de Pakistán sigue siendo difícil. Esto también se puede decir de la comunidad chií del país, que constituye su minoría más numerosa y que sigue padeciendo violentos ataques. En concreto, la comunidad chií hazara, que se encuentra fundamentalmente en Quetta, Baluchistán, ha sufrido con frecuencia ataques de combatientes. Un informe publicado por la Comisión Nacional para los Derechos Humanos afirmaba que, entre 2012 y 2017, en Quetta 509 hazaras murieron asesinados y 627 resultaron heridos en distintos atentados terroristas.
Tampoco puede sorprender que la persecución contra los ahmadíes haya continuado en los dos últimos años, ya que durante la campaña electoral de 2018 el primer ministro Khan apoyó leyes y grupos anti-ahmadíes. Una vez elegido, Imran Khan designó a un ahmadí, Atif Mian, para ser miembro del Consejo Consultivo Económico, pero ante las protestas de miembros y votantes de su propio partido, revocó su decisión.
El terrorismo contra las minorías ha persistido. El país ocupó el quinto puesto en el Índice de Terrorismo Global de 2019 y formó parte del grupo de 10 países que acaparó el 87% de las muertes relacionadas con el terrorismo en 2018.
La comunidad chií hazara es frecuentemente el objetivo de estos atentados. Un atentado suicida cometido el 12 de abril de 2019 en un mercado de verduras de la zona hazara de Gunyi, en Quetta, se saldó con 21 fallecidos y 50 personas gravemente heridas. El mercado es frecuentado por los comerciantes hazara. El Estado Islámico reivindicó el atentado.
A principios de septiembre de 2020, grupos extremistas suníes organizaron al menos cuatro manifestaciones anti-chiíes sin precedentes en las que calificaban a los chiíes de «herejes» e «infieles», en medio de una aparente indiferencia por parte de las autoridades pakistaníes.
Ese mismo mes, al menos cinco chiíes murieron asesinados en distintas zonas del país a causa de la violencia sectaria, a la vez que se presentaban más de 30 denuncias por blasfemia contra chiíes. Al menos una comunidad chií sufrió un atentado y en las redes sociales aparecieron varios vídeos mostrando cómo se obliga a los chiíes a aceptar la visión histórica suní sobre los califas.
El 8 de mayo de 2019, durante el mes sagrado de Ramadán, explotó una bomba cerca de Data Darbar, importante santuario sufí de Lahore, frecuentado en ese momento por cientos de peregrinos, y murieron 13 personas. Hizbul Ahrar, facción escindida de Jamaat-ul-Ahrar y Tehrik-i-Taliban Pakistan, reivindicó el atentado.
Los lugares de culto ahmadíes también han sido otro de los objetivos del terrorismo. El 6 de febrero de 2020, una turba asaltó una mezquita ahmadí de 100 años de antigüedad en Kasur, Punyab. Las autoridades locales se rindieron a la presión de los extremistas y les entregaron la mezquita. En octubre de 2019, otra mezquita ahmadí fue «arrasada» en el distrito de Bahawalpur. En julio de 2020, fue profanado un cementerio ahmadí en Punyab.
La revocación de algunas sentencias de condena por blasfemia ha supuesto un aspecto positivo en este período. El 31 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán finalmente absolvió a Asia Bibi, mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia en 2010; sin embargo, a consecuencia de las grandes manifestaciones que llenaron las calles, tuvo que esperar hasta enero de 2019 para que se volviera a defender su absolución. Inmediatamente después, se trasladó con su familia a Canadá. Sawan Masih, también cristiano, fue igualmente absuelto de la condena por blasfemia el 5 de octubre de 2020.
Sin embargo, este tipo de casos no borran los años pasados en prisión por los dos acusados. Además, son solo dos casos aislados que han acabado bien. De hecho, los casos de blasfemia siguen aumentando; por ejemplo, solo en agosto de 2020 se produjeron 42.
El profesor Jalid Hamid, director del Departamento de Inglés de la universidad gubernamental Sadiq Egerton College de Bahawalpur, murió apuñalado por uno de sus alumnos el 20 de marzo de 2019 porque, al parecer, había hecho comentarios despectivos sobre el islam.
En septiembre de 2019, fue arrestado al director del Colegio Público Sind, en la ciudad de Ghotki (provincia de Sind), por presuntos comentarios blasfemos sobre el profeta Mahoma. Posteriormente se realizaron manifestaciones por las calles y una huelga. El resultado fue que la escuela de la que era director fue arrasada y un templo hindú sufrió actos vandálicos.
En diciembre de 2019, Yunaid Hafid, profesor universitario de 33 años, fue condenado a muerte por blasfemia. Le habían arrestado en marzo de 2013 acusado de publicar comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma en las redes sociales.
En otro incidente, Tahir Ahmad Nasim, estadounidense, murió asesinado el 29 de julio de 2020 en un juzgado de Peshawar. Había sido arrestado por blasfemia en abril de 2018 tars haber afirmado ser un profeta. En las redes sociales se hizo viral un vídeo en el que aparecía su presunto asesino diciendo a quienes estaban presentes en el juzgado que el profeta Mahoma le había dicho que matase al blasfemo.
En agosto de 2020, un líder musulmán de Abidabad, Nowshera Virkan, acusó a un cristiano, Sohail Masih, de injuriar al islam. La policía detuvo a Masih el 5 de agosto después de que una turba le atacara. Su familia se vio obligada a huir.
También la comunidad hindú de Pakistán ha sido objeto de violencia y discriminación. El 30 de junio de 2020, el prestigioso centro de estudios religiosos Jamia Ashrafia de Pakistán emitió una fetua contra la construcción del primer templo hindú de Islamabad ya que eso sería «colaborar con el mal». El Tribunal Supremo de Islamabad también envió una notificación a la Dirección de Desarrollo de la Capital porque el templo aparecía en el plan de ordenación de la ciudad.
En otro orden de cosas, el problema de las niñas cristianas e hindúes secuestradas ha empeorado. Asad Iqbal Butt, presidente de la Comisión para los Derechos Humanos de Pakistán, reconoció que el número de víctimas se ha duplicado desde 2018 y llega ya a 2000 al año. Los secuestradores, a menudo con la complicidad de agentes de policía y funcionarios corruptos de los juzgados, aseguran que las niñas son mayores de 18 años y que se casan por voluntad propia. Es enormemente frecuente que las súplicas de los padres, aportando los documentos de identidad que muestran la verdadera edad de las niñas, no sirvan para frenar los matrimonios y conversiones forzados.
A principios de septiembre de 2020, secuestraron a una niña hindú de 14 años, Parsha Kumari, en el distrito de Mori, en Khairpur, Sind, y la obligaron a convertirse a la fuerza y a casarse con su secuestrador, Abdul Sabur Shah. Un caso similar es el de Yagyit Kau, secuestrada a punta de pistola el 27 de agosto de 2018 en la ciudad de Nankana Sahib. Tras meses de rumores, entre ellos afirmaciones sin fundamento de que la habían devuelto a su familia, Yagyit fue enviada a la casa de acogida de mujeres de Darul Aman en Lahore. El 12 de agosto de 2020 un tribunal falló que volviese a casa de su marido, aparentemente a petición propia.
Muchas niñas cristianas son víctimas de este tipo de delitos; los casos son tan numerosos que solo citaremos alguno aún no resuelto. Abdul Jabar, musulmán, secuestró a Huma Yunus, de quince años, el 10 de octubre en Karachi y la violó, la obligó a convertirse al islam a la fuerza y luego a casarse con él. Aunque sus padres presentaron documentos que demostraban que era menor de edad (hecho confirmado posteriormente mediante examen médico), el Tribunal Supremo de Sind defendió el matrimonio el 3 de marzo de 2020, argumentando que ya había tenido su primera menstruación y por lo tanto podía casarse, a pesar de que la ley de restricción del matrimonio infantil de Sind prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. El abogado de la familia declaró que Huma había hablado con sus padres por teléfono y les había dicho que la obligaban a mantener relaciones sexuales con su secuestrador, que se había quedado embarazada y que la tenían encerrada en una habitación de la casa. En el momento de redactar este informe, noviembre de 2020, Huma Yunus sigue cautiva.
El caso de Arzu Raza, niña cristiana de 13 años, manifiesta una implicación activa por parte del sistema judicial y de otras instancias del Gobierno para aclarar demandas de legalidad del supuesto matrimonio. Arzu fue secuestrada y obligada a casarse con un musulmán de 44 años. En este caso, el Tribunal Supremo de Sind consideró en un primer momento que el matrimonio era válido, aceptando los argumentos del secuestrador, pero, tras el examen médico, el mismo tribunal aceptó que era menor de edad y ordenó que fuera devuelta a su familia. En una vista posterior realizada el 23 de noviembre de 2020, se decidió que Arzu debía permanecer en un centro gubernamental hasta que cumpliese los 18 años.
Pero aun habiendo sido liberadas, la vida en Pakistán de esas niñas que han sufrido secuestros sigue siendo terrible. Es lo que ilustra el caso de Maira Shahbaz. A esta niña católica de 14 años la secuestraron en Madina Town, cerca de Faisalabad, el 28 de abril de 2020. El 4 de agosto el tribunal Supremo de Lahore reconoció la validez de su matrimonio, pero dos semanas después consiguió escapar de su secuestrador. Maira y su familia han tenido que ocultarse tras recibir repetidas amenazas de muerte.
Para el cardenal de Pakistán Joseph Coutts, «la cuestión de los secuestros, las conversiones forzadas y los matrimonios a la fuerza habría que tratarla basándose en los derechos humanos fundamentales, en lugar de convertirlo en una cuestión religiosa». Haciendo un llamamiento al respeto a las minorías religiosas, explicaba que «es responsabilidad del Estado proporcionar protección, garantizar la justicia para todos los ciudadanos, sin distinción de credo, cultura, etnia ni clase social».
Desgraciadamente, estos derechos aún no están garantizados en Pakistán, tal y como se hizo patente durante el primer brote de la COVID-19. Mientras el virus (apodado por algunos el «virus chií») se propagaba, se difundieron numerosas noticias de que a hindúes y cristianos se les negaba el reparto de alimentos y equipos de protección. En la zona de Korangi, en Karachi, se dice que se obligaba a los cristianos locales a recitar la kalima, la declaración de fe islámica, si querían recibir las ayudas. Como se negaban, no se les dispensaba artículos de primera necesidad; al contrario, la Iglesia católica distribuyó alimentos y otros artículos básicos a todos los necesitados sin tener en cuenta las diferencias religiosas.
Respecto a las medidas relacionadas con la COVID-19, así como los dirigentes de las iglesias y templos del Punyab y Sind cerraron voluntariamente ante el incremento del número de contagios, las mezquitas permanecieron abiertas. El Gobierno, temiendo las repercusiones, decidió no intervenir.
A pesar de la promesa electoral del primer ministro Imran Khan de un Naya Pakistan, un nuevo Pakistán, en el que estén garantizados «los derechos, civiles, sociales y religiosos de las minorías», el camino hacia una realidad así es aún muy largo y está lleno de obstáculos. Su idea de construir un «Estado de Medina» moderno semejante al modelo establecido por el profeta Mahoma hace 14 siglos está contribuyendo a la radicalización de un sistema político ya enormemente impregnado de islamismo.
Como manifiesta la larga aunque no exhaustiva lista de incidentes arriba mencionados, la religión en este país asiático sigue siendo una fuente de discriminación y negación de derechos. Por ello, no es sorprendente que en 2018 el Departamento de Estado de Estados Unidos calificara a Pakistán de país de especial preocupación.
La discriminación, la blasfemia, el secuestro de mujeres y niñas y las conversiones forzadas siguen atormentando la vida cotidiana de las minorías religiosas. La utilización constante de libros de texto y de planes de estudios escolares con contenido sectario contra los chiíes y los miembros de las minorías deja pocas esperanzas para el futuro.
A todo esto hay que añadir la proliferación de grupos terroristas islamistas, con frecuencia autores de atentados contra los chiíes y las minorías religiosas. Tehrik-e-Taliban Pakistan y sus filiales constituyen la mayor amenaza para la seguridad interna del país, mientras el Estado Islámico de la Provincia del Jurasán está especialmente interesado en aprovecharse de las deficiencias y del sectarismo existente en Pakistán. En mayo de 2019, el Estado Islámico anunció la creación de la Wilayat Pakistan, la Provincia de Pakistán, después de reivindicar varios atentados en la provincia del Baluchistán.
La proximidad de Pakistán con Afganistán, su estrecha colaboración en las actuales conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes y en el diálogo interno entre los afganos, así como las elecciones presidenciales de Afganistán, repercutirán con toda certeza en la seguridad interna de Pakistán. En su momento, se manifestarán sus consecuencias en las ya sombrías perspectivas para la libertad religiosa en el país.
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