Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En la Constitución de Zimbabue de 2013 están consagradas la libertad religiosa y el derecho a practicar las creencias religiosas. El documento reconoce en el preámbulo, «la supremacía de Dios todopoderoso, en cuyas manos está nuestro futuro» e implora su «guía y apoyo». Se reconocen «los diversos valores culturales, religiosos y tradicionales de la nación» y los derechos asociados a ellos (artículo 3.1.d). Se garantiza a todos los ciudadanos «la libertad de pensamiento, opinión, religión o creencia», así como la «libertad de practicar, difundir y expresar su pensamiento, opinión, religión o creencia, en público y en privado, individual y colectivamente» (artículo 60.1.a y b). En la misma línea, «nadie será obligado a prestar un juramento contrario a su religión o creencia o a prestar juramento de forma contraria a su religión o creencia» (artículo 60.2).
El artículo 60.3 establece que «los padres y tutores de los menores de edad tienen derecho a determinar, de acuerdo con sus creencias, la educación moral y religiosa de sus hijos, siempre que no perjudique los derechos que esta Constitución reconoce a los hijos, entre los que se incluyen los derechos a la educación, la salud, la seguridad y el bienestar». El apartado 4 del mismo artículo reconoce el derecho de las comunidades religiosas a «establecer instituciones en las que se imparta formación religiosa, incluso si la institución recibe subvenciones o cualquier ayuda económica del Estado».
Oficialmente, la Constitución de Zimbabue considera que los derechos humanos y las libertades son fundamentales, pero impone límites cuando se pone en tela de juicio el papel del partido gobernante, la ZANU-PF (Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico). Por ejemplo, la Ley de Orden Público y Seguridad de 2002 restringe la libertad de reunión y asociación. Las autoridades se han valido de esta ley para amenazar cualquier tipo de reunión, incluidas las religiosas al considerarlas políticas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos afirman que la policía utilizó hace tiempo esta ley para suspender reuniones religiosas.
En 2019, el nuevo Gobierno de Zimbabue, que tomó el poder en 2017 destituyendo al longevo Robert Mugabe, sustituyó la Ley de Orden Público y Seguridad por la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden. Desde entonces, se ha acusado al nuevo presidente, Emmerson Mnangagwa, anteriormente uno de los hombres leales a Mugabe, de ejercer gran represión contra los disidentes.
Incidentes y acontecimientos
En los últimos dos años en Zimbabue se han producido varios acontecimientos importantes en materia de libertad religiosa.
En octubre de 2020, se presentó oficialmente el Consejo Interreligioso de Zimbabue. Esta plataforma interreligiosa, que reúne a cristianos y musulmanes, tiene como objetivo «fomentar la paz, la reconciliación, la buena gobernanza y el desarrollo humano integral mediante la acción y la colaboración interreligiosa».
En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional de Zimbabue determinó que el juramento nacional, que contiene el término «Dios todopoderoso», es inconstitucional porque vulnera el derecho a la libertad de conciencia de alumnos y padres.
En septiembre de 2021, el gabinete zimbabuense propuso modificaciones a la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas con el objetivo de regular las organizaciones no gubernamentales, alegando que los cambios eran necesarios para luchar contra el blanqueo de capitales y el terrorismo y para impedir que grupos de combatientes intenten forzar un cambio de régimen y accedan a financiación extranjera.
En noviembre de 2021, se presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley de Enmienda de las Organizaciones Voluntarias Privadas, que suscitó las críticas de varias corporaciones, entre ellas grupos religiosos, porque daría a las autoridades poderes enormemente amplios sobre un abanico de grupos aún mayor, y afectaría incluso a sus asuntos internos y a su financiación.
En la actualidad, a los grupos confesionales no se les aplica la ley vigente para las organizaciones voluntarias privadas, ni siquiera cuando su labor benéfica excede los límites de las actividades religiosas. Si se aprueba el proyecto de ley, el Gobierno podrá prohibir cualquier organización que se involucre en cuestiones políticas y revocar su registro si considera que alguna autoridad religiosa constituye un «riesgo [terrorista] elevado», además de reservarse la facultad de sustituir a sus dirigentes.
Según las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los grupos religiosos, el proyecto de ley de organizaciones voluntarias privadas supone un riesgo de limitación de los derechos de reunión y expresión y podría afectar a su capacidad para ayudar a las personas.
En diciembre de 2021, cuatro relatores especiales de la ONU emitieron una declaración diciendo que el proyecto de ley propuesto «tendría graves consecuencias para el ejercicio de los derechos civiles y políticos» y que podría afectar negativamente a la libertad de religión.
Durante la pandemia de la COVID-19, las autoridades y los líderes religiosos de todo el país colaboraron para contrarrestar la desinformación y fomentar la vacunación. Sin embargo, las restricciones impuestas por el Gobierno hicieron que las organizaciones religiosas, sobre todo las Iglesias, tuvieran que enfrentarse a retos inéditos, y algunas consideran que podrían haber participado mejor en la gestión de la situación. Además, grupos defensores de los derechos humanos han acusado a las autoridades de politizar la ayuda alimentaria, de aplicar de forma selectiva la normativa sanitaria para silenciar a quienes critican las acciones del Gobierno y de permitir a los grupos religiosos progubernamentales eludir las normas que prohíben las grandes concentraciones.
La Autoridad de Radiodifusión de Zimbabue (BAZ) aprobó varias licencias para radios comunitarias y universitarias, pero, una vez más, denegó a la Iglesia católica una licencia de radiodifusión, en gran medida por temor a que las radios independientes critiquen al Gobierno y al partido gobernante ZANU-PF. Por su parte, la BAZ señaló que los grupos religiosos no tienen derecho, según la ley, a una licencia de radiodifusión. Por ello, los grupos religiosos han recurrido a las redes sociales.
La Universidad Católica de Zimbabue ha anunciado sus planes de abrir un centro de enseñanza y aprendizaje en línea, que traspasará las fronteras del país. Desde su fundación en 1999, esta universidad ha visto multiplicarse por diez sus matrículas.
La Iglesia católica desempeña un papel destacado en la promoción de la educación entre los fieles, incluidos sus deberes cívicos, como el voto. Junto con otras Iglesias, la Conferencia Episcopal Católica de Zimbabue distribuyó ejemplares de la Constitución entre sus miembros y organizó debates sobre los derechos de los ciudadanos en los que se manifestaba la preocupación por la libertad de reunión y expresión.
En las elecciones parciales a la Asamblea Nacional de marzo de 2022, enormemente retrasadas, la Coalición Ciudadana por el Cambio —el principal partido de la oposición de Zimbabue, que ya había acusado al Gobierno de incompetencia— obtuvo 19 de los 28 escaños. Durante la campaña, la Conferencia Episcopal Católica difundió una declaración pastoral en la que pedía unas elecciones libres, justas y pacíficas.
Futuro de la libertad religiosa
Se dice que el Gobierno de Zimbabue continúa vigilando a grupos y organizaciones tanto religiosas como no religiosas por criticar sus acciones. Entre sus objetivos se cuentan actos públicos y reuniones de oración organizados por asociaciones relacionadas con las Iglesias, así como por organizaciones no gubernamentales, sean o no religiosas.
Sin embargo, el ambiente de confrontación que reinaba hace no mucho tiempo se ha disipado algo para la Iglesia católica. Esta sigue desempeñando un importante papel en la asistencia sanitaria, en la educación cívica y escolar, y en el apoyo a unas elecciones libres y justas, abogando por la transparencia.
Un paso importante durante el período estudiado en este informe ha sido la creación del Consejo Interreligioso de Zimbabue, que reúne a cristianos, musulmanes y otros grupos para defender «la potenciación de los organismos miembros en aras del bien común». Sin embargo, está por ver si esto mejorará las perspectivas para la libertad religiosa, ya que el Gobierno sigue recelando de los grupos religiosos cada vez que critican sus políticas y acciones.
Las perspectivas para la libertad religiosa en Zimbabue actualmente son estables, aunque la situación depende del capricho de los funcionarios del Gobierno.
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