Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El preámbulo de la Constitución venezolana invoca la protección de Dios para establecer una sociedad democrática que asegure los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la no discriminación.
La Constitución establece que el Estado garantiza la libertad de culto y religión; asimismo, declara que todo el mundo tiene «derecho a profesar su fe religiosa y cultos», así como a «manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público» (artículo 59).
La independencia y la autonomía de las Iglesias y de las confesiones religiosas están garantizadas, y se reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias (ibidem).
El artículo 61 defiende la libertad de conciencia y de expresión. También estipula que la objeción de conciencia no se puede invocar para eludir el cumplimiento de las leyes.
Está prohibido todo tipo de discriminación en el lugar de trabajo (artículo 89.4).
El Estado reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la libertad religiosa (artículo 119). Los pueblos indígenas también tienen derecho a mantener y desarrollar sus costumbres y valores, entre ellos su espiritualidad y sus lugares de culto (artículo 121). Estos derechos, además de por la Constitución, están protegidos por las leyes del país.
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 2005 reconoce la espiritualidad y el credo de las comunidades indígenas como elementos fundamentales de su cosmovisión (artículo 97). No se permite imponer creencias religiosas a los pueblos indígenas, ni denegarles sus prácticas y creencias (artículo 98). La educación religiosa de los niños y adolescentes indígenas es responsabilidad de sus padres, parientes y de los miembros de su pueblo (artículo 100). Los indígenas tienen derecho a ser protegidos contra el fanatismo político y religioso (artículo 107).
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce el derecho de los niños y adolescentes a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sus padres y tutores tienen el derecho y el deber de guiarlos en el ejercicio de este derecho. Los menores de edad tienen derecho a su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencias y a utilizar su propio idioma, especialmente los que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o indígenas.
La Ley Orgánica de Educación declara que el Estado es laico y conserva su independencia respecto a todas las religiones. Esto no impide el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos.
El Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) firmaron un acuerdo por el que el Estado apoya económicamente a las escuelas católicas del país.
En 2021, el Ministerio cambió la forma de pagar a los profesores, personal administrativo y empleados de las escuelas afiliadas a la AVEC, optando por enviar el dinero a través de un organismo estatal en lugar de hacerlo mediante la AVEC. La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) se pronunció en contra de esto, calificándolo como una violación del acuerdo entre el Estado y la Iglesia, y sugiriendo que perjudicará la autonomía escolar.
Conforme a la reforma fiscal de 2014, se han eliminado las exenciones de impuestos a las que antes podían acogerse las instituciones dedicadas a actividades religiosas, artísticas, científicas, etc.; tales exenciones ahora se limitan a las organizaciones comprometidas con la caridad y el bienestar social.
El Código Penal de Venezuela tipifica como delito diversos tipos de conductas que amenazan a la libertad de culto. El artículo 168 se refiere a las sanciones que se imponen a quienes intenten impedir o interrumpir servicios o ceremonias religiosos, o bien dañen intencionadamente objetos utilizados en el culto.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia impone penas de hasta 20 años de prisión a quien difunda mensajes de odio por radio, televisión o redes sociales motivados por la afiliación de una persona a determinados grupos concretos, entre otros su estatus social, etnia, religión, opiniones políticas u orientación sexual.
Esta ley es muy amplia e imprecisa y su aplicación es extremadamente discrecional. En opinión de la organización no gubernamental Espacio Público, se trata de un medio para limitar la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de opiniones disidentes, y se ha utilizado para silenciar a periodistas y sacerdotes.
El Código Civil reconoce a las Iglesias la personalidad jurídica. En virtud de un acuerdo con la Santa Sede firmado en 1964, la Iglesia católica tiene la consideración de organismo de derecho público con personalidad jurídica propia.
En 1994, se firmó otro acuerdo con la Santa Sede relativo a la prestación de asistencia espiritual en las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en abril de 2022, se reformó la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales para proteger a los indígenas de acuerdo con sus normas socioculturales y cosmovisiones.
Incidentes y acontecimientos
En los dos últimos años se han publicado varios informes muy críticos con la situación de los derechos humanos en Venezuela, como el Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de septiembre de 2021, el Informe sobre Libertad Religiosa en Venezuela del Departamento de Estado de EE.UU., publicado también en 2021, y el informe mundial 2022 de Human Rights Watch.
Venezuela vive una crisis sin precedentes: «Casi el 80% de los cerca de 33 millones de venezolanos sufren pobreza extrema. A esto se añade una inflación galopante, la extensión del crimen organizado y las consecuencias de la pandemia». Más de cinco millones de venezolanos han abandonado ya el país.
Un ejemplo notorio es el ocurrido a finales de diciembre de 2020, cuando más de 27 refugiados que huían del país se ahogaron cerca del puerto pesquero de Güiria. Los pasajeros de dos embarcaciones de la mafia habían zarpado el 6 de diciembre desde el noreste de Venezuela, «con la esperanza de atravesar el centenar de kilómetros aproximadamente» hasta Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro reaccionó con dureza a las denuncias formuladas durante el período estudiado en este informe por la Iglesia católica sobre la crisis sociopolítica del país y su defensa de los derechos humanos.
En mayo de 2021, el presidente llamó «mercenario de la pluma» al padre jesuita Arturo Sosa, después de que se refiriera a Maduro como el jefe de una dictadura.
En junio de 2021, el cardenal Baltazar Porras manifestó la disposición de la Iglesia a actuar como «mediadora» en posibles negociaciones entre el Gobierno y la oposición para ayudar a encontrar una solución a la crisis política del país.
Ese mismo mes, la Asamblea Nacional creó la Comisión de la Familia y la Libertad Religiosa.
En julio de 2021, el presidente Maduro exigió explicaciones al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, sobre una «carta llena de odio y ataques» contra Venezuela que el prelado había enviado a Fedecámaras (Asociación Venezolana de Empresarios), en la que invitaba «a los venezolanos, especialmente a quienes tienen algún tipo de responsabilidad política», a dialogar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez también arremetió contra la Iglesia, diciendo que «los sacerdotes que quieran dedicarse a la política deberían quitarse la sotana y dedicarse a la política».
En agosto de 2021, la Conferencia Episcopal de Venezuela criticó a la Guardia Nacional Bolivariana por impedir que la ayuda humanitaria llegara a Mérida, afectada por lluvias torrenciales. En el comunicado, los prelados denunciaban la actitud de algunas autoridades gubernamentales y de la Guardia Nacional Bolivariana que, «lejos de cooperar desinteresadamente, no solo han impedido el acceso de gran parte de la ayuda enviada desde diversas partes del país, sino que han tenido una actitud de displicencia y ofensa hacia los miembros de la Iglesia y de otras instituciones».
El obispo auxiliar de Mérida, Luis Enrique Rojas, se enfrentó a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y, a través de las redes sociales, denunció lo sucedido. El presidente Maduro respondió llamando «diablos con sotana» y «bichos» a los obispos que enviaron la ayuda .
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder, acusó a la Iglesia católica venezolana de actuar como un partido político, y apuntó que el obispo auxiliar Rojas era «ridículo».
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina se hizo eco de la preocupación manifestada por el Consejo Evangélico de Venezuela ante la injerencia del Gobierno mediante la creación de organismos oficiales, con sedes locales, denominados «Consejos Pastorales Gubernamentales». Violando el principio de separación entre Iglesia y Estado, los Consejos se declaran la única voz autorizada de la comunidad evangélica, silenciando así a las comunidades e Iglesias que no los reconocen, que además son consideradas rebeldes u opositoras al régimen.
A través del Consejo, el Gobierno ha empezado a registrar las Iglesias evangélicas de Venezuela a través del llamado plan Buen Pastor, concediendo ayudas económicas a los pastores que se inscriban. El Observatorio criticó este intento de controlar a las Iglesias, señalando que «las ayudas estatales deben concederse por igual y sin ataduras políticas o partidistas». El registro de iglesias comenzó en marzo de 2022, generando una base de datos primero en la capital, Caracas, y luego en otros lugares.
El programa Patria, plataforma digital creada por el Gobierno en 2016, permite a sus afiliados acceder a servicios públicos y programas sociales a través de una tarjeta con código QR, sistema calificado por el «Bloque Constitucional» (organización formada por jueces, abogados y juristas) como una herramienta de control socioeconómico y electoral.
Asimismo, el obispo de San Cristóbal pidió que no se politizara el plan de vacunación. Protestó porque solo se estaba vacunando a las personas con carnet de la patria, es decir, solo a los simpatizantes del chavismo, el movimiento de izquierdas asociado al fallecido presidente Hugo Chávez, sin dar prioridad al personal sanitario y a los colectivos vulnerables.
En abril de 2021, las Conferencias Episcopales de Venezuela y Colombia solicitaron a las autoridades de ambos países que encontraran una solución a la crisis que afecta a la frontera provocada por el conflicto armado en la zona. El enfrentamiento ha provocado el desplazamiento de miles de personas.
En mayo de 2021, la iglesia de María Auxiliadora de Maracay sufrió robos durante tres noches seguidas. Sustrajeron artículos religiosos, como copones e incensarios, así como equipos de sonido y pequeños electrodomésticos.
En una importante sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia avaló en agosto de 2021 la constitucionalidad de la Ley Orgánica para la Atención Integral de adultos mayores, incluyendo disposiciones sobre el respeto a las prácticas medicinales y religiosas ancestrales de los indígenas ancianos.
Asimismo, ante las elecciones regionales de noviembre de 2021, los obispos venezolanos instaron a los venezolanos a votar, subrayando que la abstención no conduce a generar un cambio.
A lo largo de la pandemia, los prelados instaron a los ciudadanos a vacunarse contra la COVID-19, pidiendo una política de vacunación coherente, con vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También subrayaron que la pandemia estaba teniendo un gran impacto económico y social, sobre todo en la educación.
El 12 de octubre de 2021, Venezuela celebró el 529 aniversario del «Día de la Resistencia Indígena», que reconoce la importancia de los pueblos indígenas, independientemente de sus creencias religiosas.
A finales de 2021, la Iglesia católica y su principal organización benéfica, Cáritas, ayudaron a los residentes de Pao afectados por las inundaciones a recoger alimentos, medicinas y donativos. Por su parte, los Testigos de Jehová enviaron alimentos y productos de higiene (jabones) a Venezuela para ayudarla a superar su grave crisis económica.
En enero de 2022, se anunció que los pastores cristianos afiliados al programa Patria recibirían una bonificación económica.
Los delitos motivados por el odio (ataques contra la propiedad y las personas) durante el período estudiado en este informe no parecen haber tenido una motivación religiosa, aunque influyeron sobre el ejercicio de la libertad religiosa. Por ejemplo, en enero de 2022 se denunció el robo de un equipo de aire acondicionado que ayudaba a conservar incorrupto el cuerpo de la primera beata de Venezuela. Sin él, los niveles de humedad y calor del santuario aumentaron. En agosto de 2022, en Zulia, el concejal Ronald Soto fue asesinado en el interior de la iglesia evangélica donde realizaba sus labores como pastor. Las fuentes indican que era víctima de extorsión y que se atribuye su autoría al crimen organizado.
En 2022, se permitió reanudar la tradicional cabalgata de Reyes que se celebra en enero, y en marzo la procesión del Santo Cristo de la Salud, dos actos declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por el Ministerio de Cultura.
En julio de 2022, la Conferencia Episcopal reconoció que miembros de la Iglesia habían cometido abusos sexuales en Venezuela; al hacerlo, reiteró su disposición a colaborar con la justicia y se comprometió a hacer de las iglesias «lugares seguros para todos».
Futuro de la libertad religiosa
La crisis política, social y económica de Venezuela continúa, lo que ha provocado una crisis humanitaria caracterizada por la escasez de alimentos y medicinas. El Gobierno solo proporciona ayuda a quienes se han inscrito en su registro, o a través de programas que favorecen a determinados grupos religiosos inscritos en él.
La Iglesia católica sigue denunciando el deterioro de la democracia, el desplazamiento forzado de personas y la pobreza punitiva, así como las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen. La Iglesia, que es una voz importante en defensa de los oprimidos, es el principal blanco de las críticas y los ataques incesantes del Gobierno.
El debilitamiento de las Iglesias evangélicas causado por el llamado plan Buen Pastor, los ataques a los lugares de culto y el acoso a los líderes religiosos son claras violaciones de la libertad religiosa. Esta situación no ha cambiado significativamente desde el informe anterior. Las perspectivas para el futuro siguen siendo negativas.
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