Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución turca define el país como Estado laico (artículo 2) y garantiza la libertad de conciencia, creencia religiosa, convicción, expresión y culto. A su vez, prohíbe la discriminación por motivos religiosos y la explotación o menosprecio de los «sentimientos religiosos o los objetos considerados sagrados por la religión» (artículo 24).
Los asuntos religiosos están bajo la jurisdicción de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet), agencia estatal creada en 1924 (artículo 136) para sustituir a la autoridad religiosa de la época otomana (el shayk al-islam) tras la abolición del Califato. La agencia trabaja desde la Oficina de Presidencia fomentando las enseñanzas y prácticas del islam suní. El presupuesto que el Gobierno turco asignó a la presidencia de la agencia de Asuntos Religiosos en 2022 fue de 16 090 millones de liras turcas (1700 millones de dólares estadounidenses, un 24% más que en 2021), cantidad que supera con mucho la que reciben otros siete grandes ministerios y la mayor parte de las instituciones del Estado.
La formación religiosa es obligatoria en los centros públicos de primaria y secundaria, donde solo se enseña el islam suní. Únicamente los alumnos cristianos y judíos pueden solicitar una exención de estas clases a petición de sus padres. El Gobierno sigue negándose a eximir a los alevíes u otras confesiones de la educación islámica suní obligatoria. El Gobierno interpreta de forma restrictiva el Tratado de Lausana de 1923, que menciona a las «minorías no musulmanas», por lo que solo ha concedido el régimen jurídico especial de minoría a tres grupos reconocidos: armenios, griegos y judíos. A pesar de su estatus especial, estos, al igual que otros grupos minoritarios (como los católicos, siríacos, protestantes, alevíes, etc.), carecen de personalidad jurídica y no pueden, como grupo, comprar o poseer propiedades ni recurrir a la justicia. Actualmente, estos grupos solo pueden poseer propiedades a través de fundaciones independientes.
El Estado solo permite la formación de clérigos suníes mientras restringe la de otros grupos religiosos. En 1971 se cerró el Seminario Teológico Ortodoxo Griego de la isla de Halki, cerca de Estambul. La comunidad judía de Turquía puede practicar su religión con plena libertad. Las sinagogas están protegidas por el Gobierno. Sin embargo, el antisemitismo, especialmente en los medios de comunicación impresos y en las redes sociales, sigue siendo un problema en el país. Usuarios turcos de las redes sociales utilizaron el brote de COVID para promover teorías conspirativas antisemitas; sin embargo, Turquía es el único país de mayoría musulmana que colabora activamente con la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.
El 18 de mayo de 2022, la Dirección General de Gestión de la Inmigración declaró que había 5 506 304 extranjeros en Turquía, incluidos sirios bajo protección temporal. La legislación turca proporciona protección internacional a las personas que lo necesitan mediante un amplio abanico de derechos cuando se registran ante las autoridades. Sin embargo, el actual marco jurídico presenta algunas deficiencias, debidas en gran parte a la magnitud del problema de los refugiados. Desde 2014, han entrado en el país miles de cristianos arabohablantes (sobre todo caldeos y siriacos). Repartidos entre más de 80 ciudades turcas, para recibir ayuda económica del Gobierno tienen que permanecer en el lugar en el que se registran. Solo se les permite trabajar en el lugar en el que están registrados. Se desconoce el número exacto de refugiados no musulmanes en las ciudades turcas. Los refugiados cristianos no tienen lugares de reunión ni edificios para el culto, y no pueden moverse libremente ni participar en celebraciones.
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, la política y la religión se han vuelto aún más complicadas, con graves consecuencias no solo para los ciudadanos de Turquía, sino también para sus vecinos. Con la llegada al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo en 2002, Turquía intenta posicionarse como líder del mundo islámico. El presidente Recep Tayyip Erdoğan situó el islam en el centro de la política turca, utilizándolo para ejercer un poder blando a través de canales formales e informales, sobre todo después de 2016. Durante este período de dos años, el presidente Erdoğan también ha utilizado, y sigue utilizando, medios económicos para ganar influencia y reforzar la imagen de Turquía en los países islámicos y especialmente en África. Turquía ha intensificado su compromiso expansionista a través de la Diyanet construyendo mezquitas y centros religiosos, apoyando a organizaciones y actividades benéficas, así como a las comunidades islámicas.
Algunas actividades políticas internacionales han tenido repercusiones en las comunidades religiosas dentro de Turquía, por ejemplo, en las actuales tensiones derivadas de la guerra azerí-armenia (en la que Turquía apoyó militarmente a Azerbaiyán), y en la llegada de solicitantes de asilo rusos que huyen del reclutamiento militar por la guerra de Ucrania. Estos factores externos han afectado negativamente a la habitual disposición turca a la tolerancia, como se pone de manifiesto en las redes sociales. Durante el período estudiado en este informe, se han multiplicado los mensajes de incitación al odio contra los armenios y comentarios xenófobos hacia el perfil extranjero y no musulmán de los rusos más ricos recién llegados, mensajes que son señales muy negativas para la libertad religiosa en Turquía.
Dentro del país, las comunidades religiosas minoritarias viven una situación de discriminación que roza la «persecución educada», según la denominación dada por el papa Francisco; esta se da cuando las leyes se modifican de tal manera que los grupos religiosos no musulmanes encuentran tantos obstáculos legales en relación con sus actividades (principalmente, servicios sociales urgentes a las personas vulnerables) que la libertad de sus miembros se ve restringida de facto. Las repercusiones de estas dificultades en el futuro son un factor clave que alienta la emigración de grupos religiosos minoritarios fuera de Turquía.
Un ejemplo destacado de discriminación es la inmensa cantidad de normas impuestas a las «fundaciones religiosas» o entidades administrativas reconocidas por el Gobierno. Existen fundaciones para gestionar todos los aspectos legales y económicos relacionados con edificios y lugares propiedad de grupos religiosos no musulmanes, como escuelas, iglesias, hospitales, residencias de ancianos, etc. En Turquía hay un total de 167 fundaciones minoritarias, de las cuales 77 son griegas, 54 armenias, 19 judías, 10 asirias, tres caldeas, dos búlgaras, una georgiana y una maronita. La personalidad jurídica de estas fundaciones quedaba garantizada por ley en 1912, bajo el dominio otomano, pero los problemas relacionados con el derecho de propiedad de bienes inmuebles han continuado durante todo este siglo debido a la interpretación de la ley.
Las últimas elecciones al patronato de las Fundaciones Minoritarias, cuyos miembros se eligen para cuatro años, tuvieron lugar en 2010. Sin embargo, la ley se suspendió abruptamente en 2013, lo que causó más problemas administrativos. En el plazo de seis meses debía haber entrado en vigor una nueva ley elaborada por la Dirección General de Fundaciones. Ante la inacción de esta, el Gobierno publicó una nueva normativa el 18 de junio de 2022. Conforme a este reglamento, a pesar de las muchas incertidumbres, se determinó que las elecciones a la fundación podrían celebrarse en 2022. Sin embargo, esta propuesta introdujo graves problemas. La deliberada vaguedad de la nueva normativa ha despojado de hecho a las Iglesias del control sobre las instituciones sanitarias y lo ha traspasado al Ministerio de Sanidad.
El nuevo reglamento también ha impuesto nuevos obstáculos, entre los que destacan la fijación del número de miembros del consejo y la imposición de un lugar geográfico de residencia. Concretamente, para ser elegido miembro del Consejo de Administración de las Fundaciones Minoritarias, hay que llevar al menos seis meses residiendo en una zona geográfica determinada, independientemente de que vivan allí otros miembros de la comunidad religiosa. Esta limitación afecta gravemente a las comunidades cristianas con pocos miembros y dispersos, pero que utilizan los servicios ofrecidos a su comunidad aunque vivan en otro lugar (por ejemplo, las escuelas armenias de Kalfayan, Tıbrevank, Getronagan, Karagözyan, que no son instituciones de distrito). Por su parte, las comunidades griegas cuentan con un número muy reducido de votantes y no pueden alcanzar las cifras fijadas por el nuevo reglamento, por lo que no pueden constituir un consejo y su fundación está destinada a desaparecer. También es un problema para comunidades como las asirias y judías que no viven donde se encuentran los centros de la fundación. Las tres diócesis de la Iglesia católica latina en Turquía (Estambul, Esmirna y Anatolia) intentaron sortear la carga legalista impuesta explorando opciones distintas de las fundaciones para seguir gestionando las instituciones católicas, como escuelas, hospitales, iglesias y asilos, haciéndolas depender, por ejemplo, de los obispos. Dos obispos acordaron crear asociaciones y uno prosiguió su actividad a través de una sociedad mercantil ya existente.
Otro gran problema para todas las comunidades cristianas es la falta de seminarios para formar clérigos. La realidad es que en los colegios solo se puede enseñar el islam suní. La multitud de trampas burocráticas que contribuyen a reducir los servicios de las comunidades minoritarias no solo afecta a la disminución del número de vocaciones, sino también de personal para gestionar los colegios y los hospitales, creando así un círculo vicioso de obstáculos legalistas y presencia reducida.
En 2022, la comunidad protestante turca estaba formada por unas 186 iglesias y comunidades de diversos tamaños, la mayoría en Estambul, Ankara y Esmirna. La mayor parte de las comunidades protestantes resuelven las restricciones a los lugares de culto creando asociaciones y fundaciones y alquilando o comprando espacios, como edificios independientes, tiendas, o almacenes que no se ajustan a la arquitectura tradicional de los edificios eclesiásticos. Sin embargo, la mayoría de estos lugares carecen de la condición de lugares de culto y, por tanto, no pueden beneficiarse de ventajas como la reducción de los costes de electricidad y agua, así como de las exenciones fiscales que normalmente se ofrecen. Además, si se presentan al público como iglesia, se les advierte de que no son legales y corren el riesgo de ser clausuradas. Las comunidades protestantes de Turquía cuentan actualmente con personalidad jurídica para 119 comunidades, entre ellas 13 fundaciones, 20 filiales de fundaciones, 33 asociaciones eclesiásticas y 53 filiales vinculadas con estas asociaciones. El resto de las comunidades no tienen personalidad jurídica: unas 15 de ellas son comunidades que se reúnen en viviendas y seis en oficinas. Unas 13 iglesias protestantes se reúnen en edificios eclesiásticos históricos, y otras utilizan espacios públicos de su propiedad o alquilados, sin tener personalidad jurídica.
Además de las restricciones relacionadas con la ubicación, la comunidad protestante no tiene posibilidad de formar pastores a nivel local. El significativo aumento del número de capellanes y líderes espirituales de las iglesias locales refleja la afluencia de pastores protestantes extranjeros, aunque a muchos se les ha impedido entrar en Turquía o han sido obligados a abandonarla por carecer de permiso de residencia o visado.
A pesar de las dificultades, el arzobispo católico de Esmirna, Martin Kmetec, ve con esperanza el florecimiento de las relaciones con otras confesiones cristianas, especialmente sus celebraciones conjuntas en Navidad y Semana Santa, y la respuesta positiva de todos los turcos, independientemente de su tradición religiosa, a las actividades caritativas católicas, por ejemplo, su asistencia en los ámbitos de la alimentación y la salud. Durante la celebración del «Día de la Fraternidad», el Arzobispo llevó al imán local copias en turco de los documentos pontificios Fratelli Tutti y Laudato Si’. Además, el arzobispo Kmetec mencionó que comparten iglesias para las celebraciones cuando otros cristianos no tienen templo propio, y que han abierto una librería para la Sociedad Bíblica junto con la Iglesia armenia.
Futuro de la libertad religiosa
La discriminación sistémica de las minorías religiosas en Turquía se produce sobre todo en el ámbito de la legislación; no es sangrienta, pero el resultado a largo plazo parece ser el mismo. Las restrictivas condiciones legales y la presión social están transformando este país, antaño famoso por su multiculturalismo, en una sociedad monorreligiosa y monocultural. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas.
Turquía