Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Túnez es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1969 y ha firmado, en 2011, el Protocolo Facultativo por el que se aceptan procedimientos de denuncia individual.
La sociedad tunecina es predominantemente musulmana suní, aunque hay una comunidad musulmana chií muy reducida. Entre las religiones minoritarias, destacan las comunidades cristianas, con 23 090 miembros (de los cuales 19 000 son católicos y 1070 protestantes), aunque su número ha aumentado recientemente debido a la afluencia de extranjeros procedentes de unos 70 países diferentes, en su mayoría del África subsahariana (estudiantes, jóvenes profesionales, trabajadores domésticos y de la construcción, etc.), pero también de Europa y Oriente Próximo. Los demás fieles, aparte de las mujeres casadas en matrimonios «mixtos» y de la antigua comunidad residente que a veces tienen doble nacionalidad, generalmente son representantes de Estados o empresas extranjeras o cooperantes. En Túnez había 100 000 judíos antes de la independencia de Francia en 1956; hoy hay menos de 2000. Debido a esta emigración, gran parte del patrimonio judío quedó abandonado. En Susa, Monastir y Nabeul, la comunidad judía tunecina, con el apoyo de las autoridades locales, intenta restaurar los lugares de una cultura religiosa olvidada. También hay una comunidad de bahaíes de 2364 miembros.
Durante el período estudiado en este informe se han producido varios cambios importantes en la ley. La aplicación de la ley se vio afectada por el estado de emergencia declarado el 24 de junio de 2021 debido a la pandemia, que posteriormente se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023. Y lo que es más importante, después de dos decretos presidenciales emitidos en julio de 2021 que ponían fin a las funciones del Gobierno y suspendían los poderes de la Asamblea de Representantes del Pueblo, el 13 de diciembre de 2021, el presidente anunció una hoja de ruta que incluía la continuación de la congelación de la Asamblea de Representantes del Pueblo, la celebración de elecciones el 17 de diciembre de 2022 y un referéndum sobre un proyecto de revisión de la Constitución.
El presidente Kais Saied ya había disuelto el Consejo Superior de la Magistratura en febrero de 2022 y destituido a 57 jueces en junio de 2022. La nueva Constitución tunecina fue aprobada en referéndum el 25 de julio de 2022 y entró en vigor el 17 de agosto de 2022. Aprobada con el 94,6% de los votos, la participación fue muy baja, del 30,5%. Aún más baja fue la participación en las elecciones legislativas del 17 de diciembre de 2022 (solo el 11,22% de los votantes), después de que la mayor parte de los partidos políticos boicotearan la votación. La segunda vuelta electoral del 29 de enero de 2023 también registró una escasa participación, en torno al 11,3%.
La nueva Constitución de 2022 declara que el Estado garantiza la libertad de creencia y de conciencia (artículo 27) y protege el libre ejercicio de la religión («cultos») «siempre que no ponga en peligro la seguridad pública» (artículo 28). Destaca en su preámbulo la preocupación del pueblo tunecino «por las dimensiones humanas de la religión islámica», considera a Túnez «parte de la nación islámica», y declara su intención como Estado de trabajar «en un régimen democrático, para lograr las vocaciones del auténtico islam, que son preservar la vida, el honor, la propiedad, la religión y la libertad» (artículo 5), y garantizar «que las generaciones más jóvenes se arraiguen en su identidad árabe e islámica y en su pertenencia nacional...» a través de la educación obligatoria (artículo 44.3). La religión del presidente de la república, como jefe del Estado, según se declara en la Constitución, es el islam (artículo 88).
Preocupan las competencias presidenciales extraordinarias consagradas en los artículos 80 (el uso de decretos ley presidenciales en caso de disolución de la Asamblea de Representantes del Pueblo) y 96 (en caso de peligro inminente que amenace a las instituciones de la República, la seguridad y la independencia del país e impida el funcionamiento regular de los poderes públicos), ya que estos artículos no mencionan explícitamente los límites para la derogación de algunos derechos humanos (entre ellos, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión) que se proclaman inderogables en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La adopción, en septiembre de 2022, de un nuevo decreto presidencial sobre la lucha contra los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación intensifica los temores de una reducción del espacio cívico y castiga, en su artículo 24, la elaboración, fomento o publicación de «noticias o rumores falsos» indefinidos, con penas de hasta cinco años de prisión y 50 000 dinares tunecinos (15 000 euros), y de hasta 10 años si se considera que dicha acción va dirigida contra funcionarios públicos.
El artículo 317.1 del Código Penal (Sección III: Delitos relacionados con la seguridad pública o la tranquilidad pública) castiga, con 15 días de prisión y multa, a quien sirva bebidas alcohólicas a musulmanes.
La legislación antiterrorista castiga con penas de hasta cinco años de prisión y multa de 10 000 dinares (3000 euros) a quien «acuse o llame a la apostasía, o incite o haga apología del odio o la animadversión entre razas, doctrinas y religiones» (artículo 14.8), y con 20 años de prisión y multa de 100 000 dinares (30 000 euros) si hay lesiones personales. Obstaculizar o perturbar la práctica de la religión se castiga con seis meses de prisión y una multa de 120 dinares (36 euros) (artículo 165). Obligar a alguien mediante violencia o amenazas a practicar o abstenerse de practicar una religión se castiga con tres meses de prisión (artículo 166). El artículo 226 del Código Penal castiga la indecencia pública con seis meses de prisión y una multa de 48 dinares (14 euros), pero también se aplica para castigar a quien come y bebe durante el Ramadán.
La disposición del Código del Estatuto Personal que regula la custodia declara que «el titular del derecho de custodia de una confesión distinta a la del padre del niño solo podrá ejercer este derecho mientras el niño no haya cumplido los cinco años y no haya motivos para temer que el niño sea educado en una religión distinta a la de su padre». En materia de herencias, un testamento es válido aunque el testador y el legatario no tengan la misma fe.
Incidentes y acontecimientos
En agosto de 2021, en la ciudad de Ettahrir, fue secuestrado Slimane Buhafs, argelino cristiano converso refugiado en Túnez desde 2018; fue devuelto por la fuerza a Argelia, donde se enfrentaba a cargos por terrorismo. Había sido condenado a tres años de prisión en 2016 por «insultar a la religión del Estado y al Profeta» en las redes sociales.
En febrero de 2022, representantes de varias comunidades religiosas —judíos, evangélicos, bahaíes, sufíes y chiíes— firmaron la «Carta Nacional para la Convivencia Pacífica», promovida por la ONG local Attalaki. La Carta, que no es jurídicamente vinculante, insta a poner fin a la violencia, al extremismo y al odio, y pide que se garanticen los derechos de las minorías religiosas a discrepar y a manifestar sus creencias en público.
En abril de 2022, la policía, avisada por unos ciudadanos, detuvo a dos empleados y dos clientes de una cafetería del barrio de Manuba, en el área metropolitana de Túnez, también llamada «Gran Túnez». Se les acusaba de indecencia pública, según lo dispuesto en el artículo 226 del Código Penal, y de infracción de la normativa municipal, ya que el establecimiento había abierto sus puertas durante las horas de ayuno sin autorización previa. El caso fue desestimado por el juez cantonal.
Entre las disposiciones legales, las autoridades locales se basan también en la famosa «circular fantasma» de julio de 1981, emitida durante el gobierno del ex primer ministro Mohamed Mzali. Este edicto se utiliza cada Ramadán para obligar a los cafés y restaurantes a cerrar sus puertas y, a su vez, para sancionar a los que no lo hacen. Cada año, la policía inspecciona los bares y restaurantes que sirven alcohol, incluso los turísticos, y los obliga a cerrar alegando que es una fiesta religiosa (ya sea viernes, Ramadán u otra fiesta religiosa). Esto ha provocado polémica en algunos sectores de la sociedad. Algunos cafés y restaurantes siguen abiertos, pero ya no sirven alcohol, al igual que ocurre en los supermercados.
La entidad reguladora de los medios de comunicación de Túnez, la Alta Autoridad Independiente de Comunicación Audiovisual (HAICA), ha coartado la libertad de expresión de algunos medios, entre ellos la emisora de radio religiosa Quran Karim, que lleva años funcionando sin licencia y ha sido acusada de «promover discursos de odio para incitar a la violencia y al odio». El 17 de marzo de 2022, la HAICA envió una carta a la televisión tunecina El Wataniya 1, llamando la atención sobre su programa «La religión es un valor», emitido el 3 de marzo de 2022, por la «instrumentalización de la religión para la propaganda política», sobre la base de las disposiciones del Decreto-Ley n.º 116 de 2011, y las normas y la ética de la profesión periodística. HAICA señaló el programa «Eddin Kiyam» del 3 de marzo, que abordó la falta de interés de los jóvenes por la consulta nacional insistiendo en la importancia de la Shura en el islam para persuadirles de que participaran. El mismo canal de televisión recibió otra notificación oficial el 20 de octubre de 2022, por un programa «Naby Errahma» del 7 de octubre, en relación con un tratamiento inapropiado de una figura religiosa en la fecha de la celebración del mawlid (el cumpleaños de Mahoma). La entidad reguladora de los medios de comunicación de Túnez también clausuró Zituna TV, una televisión local respaldada por Ennahdha, el mayor partido del Parlamento, por operar sin licencia.
Cerca de 5000 visitantes asistieron a la tradicional peregrinación judía de la Griba en la isla de Yerba (Túnez), que finalizó el 22 de mayo de 2022, tras un paréntesis de dos años debido a la COVID-19. La sinagoga africana más antigua atrae a judíos tunecinos de todo el mundo. Aunque la comunidad judía general se ha reducido considerablemente en el Magreb, sigue siendo fuerte en Yerba.
Aunque el proselitismo está prohibido en Túnez desde su independencia, cada año un puñado de tunecinos se convierten al cristianismo y celebran la Navidad, normalmente en comunidad más que con sus familias, ya que el tema sigue siendo tabú. Actualmente hay nueve colegios católicos integrados en el sistema escolar tunecino que dependen de la archidiócesis de Túnez. En 2017 se reinauguró la tradicional procesión anual de la Virgen de Trapani en La Goulette, con motivo de la fiesta de la Asunción el 15 de agosto. Desde entonces, ha atraído a cientos de cristianos, musulmanes y alcaldes de Túnez y La Goulette. Su origen se remonta a 1848, cuando el gobernante musulmán Ahmed Bey, cuya madre era una cristiana sarda, donó un terreno para la construcción de una iglesia.
En noviembre de 2022, el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión recomendó a Túnez que garantizara que la comunidad bahaí pudiera obtener una personalidad jurídica que permitiera a sus miembros manifestar su fe de conformidad con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Futuro de la libertad religiosa
Aunque se han producido una serie de gestos cosméticos hacia la aceptación de aspectos del derecho fundamental a la libertad religiosa, entre los que destaca la firma de una «Carta Nacional para la Convivencia Pacífica», el hecho de que la apostasía y el proselitismo sigan siendo delitos penales, y que no exista la posibilidad de elegir una religión distinta a la del padre, socavan las medidas hacia esa «convivencia pacífica». Túnez sigue siendo un país en el que solo existe cierta libertad de culto, y no hay motivos para creer que esto vaya a cambiar. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo poco halagüeñas.
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