Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Tayikistán reconoce el derecho a la libertad religiosa, pero está enormemente restringida por la Ley de Libertad Religiosa de 2009 que penaliza la actividad religiosa no registrada, la formación religiosa en privado y el proselitismo. Dicha ley, que reconoce el estatus especial de la escuela hanafí, otorga al Gobierno amplios poderes para intervenir en asuntos religiosos, incluidos el culto islámico, el nombramiento de imanes, la decisión sobre el contenido de los sermones y la estricta censura de material religioso. Conforme a una ley de 2011 sobre responsabilidad parental, los menores de 18 años no pueden participar en actividades religiosas.
En agosto de 2021, se introdujo una nueva ley que permitía a los hombres tayikos realizar una sesión de entrenamiento militar de un mes de duración, previo pago del equivalente a 2200 dólares estadounidenses como alternativa al reclutamiento obligatorio de dos años. Para los testigos de Jehová, esto no es una alternativa real al servicio militar por razones de conciencia, ya que todavía exige un mes de entrenamiento militar.
En octubre de 2021, el Parlamento tayiko (Majilis) comenzó a examinar las enmiendas al Código Penal, que fueron aprobadas el 23 de diciembre. Según las nuevas normas, impartir educación religiosa no autorizada, incluso en línea, ya no constituye una infracción administrativa, sino un delito grave, castigado con penas de hasta 76 000 somoni (unos 6800 dólares estadounidenses) o hasta tres años de prisión. En diciembre de 2021 se modificó el artículo 474 del Código Administrativo, que castiga las infracciones de la Ley de Religión, duplicando muchas de las sanciones anteriores.
Incidentes y acontecimientos
El Gobierno de Tayikistán, gobernado desde 1992 por el presidente Emomali Rahmon, es vecino de China, Uzbekistán, Kirguistán y Afganistán, por lo que teme tanto a los grupos de oposición internos (en particular, el proscrito Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán) como a la influencia extremista externa.
La religión en Tayikistán siempre ha sido una cuestión controvertida. Después de declararse la independencia de Tayikistán de la Unión Soviética en 1991, el país sufrió una guerra civil que duró de 1992 a 1997, en la que el Gobierno de Rahmon derrotó a una alianza de islamistas, grupos étnicos locales y liberales.
En 1999 y 2003, el Gobierno de Rahmon aprobó dos importantes leyes antiterroristas; su lenguaje ambiguo se utilizó para reprimir a la oposición, pero también tuvo implicaciones sobre la libertad religiosa. En marzo de 2016, David Kaye, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, señaló: «Me preocupa especialmente que las leyes contra el terrorismo y el extremismo no definan suficientemente qué es “extremismo” o “terrorismo”, concediendo al Fiscal General una amplia discrecionalidad y dejando al poder judicial con herramientas limitadas para restringir el uso de estas leyes contra partidos y asociaciones».
El 2 de enero de 2018, el presidente Rahmon aprobó enmiendas a la Ley de Religión de 2009 que restringen la pertenencia a lo que el Gobierno considera organizaciones extremistas; estas se describen, entre otras definiciones, como las que buscan desestabilizar, subvertir el orden constitucional y las que pretenden hacerse con el poder e incitar al odio religioso. El Gobierno mantiene una lista de organizaciones prohibidas —entre las que destacan los Hermanos Musulmanes y los movimientos salafistas— acusadas de emplear tácticas terroristas para lograr objetivos políticos islamistas. También se acusa a los salafistas de no reconocer otras ramas del islam, como el chiismo y el sufismo, y de suponer una amenaza potencial para la seguridad nacional. Más concretamente, el Consejo de Ulemas de Tayikistán considera que las opiniones salafistas son ajenas y llevan a la división en el seno de sus propias interpretaciones tradicionales de la fe, que son enseñanzas puritanas no apropiadas para Tayikistán.
En 2018, Tayikistán sufrió un atentado terrorista contra turistas reivindicado por el ISIS y el 19 de mayo de 2019 un motín en una prisión de Vakhdat que se cobró la vida de 29 reclusos y tres guardias penitenciarios. Una vez más, el ISIS reivindicó la autoría del atentado. Desde entonces, la preocupación por las amenazas extremistas ha aumentado tras la toma de Afganistán por los talibanes en agosto de 2021.
El Gobierno limita la expresión religiosa a través del Consejo de Ulemas y del Comité Estatal de Asuntos Religiosos: se nombra a cada imán y clérigo, cada mezquita debe ser aprobada, hay restricciones de edad para realizar el hach y están prohibidas las manifestaciones abiertas de devoción religiosa por parte de los musulmanes, como el uso del hiyab.
En un informe presentado en junio de 2019 al Comité de Derechos Humanos de la ONU antes de la revisión de Tayikistán en su 146º período de sesiones, las ONG Khoma y Artículo 19, estudiando el artículo 3 de la ley de lucha contra el extremismo terrorista, observaron que «entre las actividades consideradas extremistas se cuentan: la “promoción de la exclusividad, superioridad o inferioridad de los ciudadanos sobre la base de su relación con la religión, la identidad social, racial, nacional, religiosa o lingüística”; la “humillación de la dignidad nacional”; y “socavar la seguridad de la República de Tayikistán”».
En enero de 2020, el Gobierno de Rahmon aprobó una nueva Ley de Lucha contra el Extremismo que otorgaba a las autoridades amplios poderes para restringir el derecho a la libertad de expresión. Por ella, muchos musulmanes han sido condenados y encarcelados acusados de pertenecer a grupos extremistas.
En abril de 2021, condenaron a 119 personas a penas de hasta 23 años por pertenencia a los Hermanos Musulmanes.
El 4 de junio de 2021, el imán Mahmadsodyk Sayidov fue condenado a cinco años de prisión por presunta colaboración con el editor del sitio web prohibido Isloh.net y por negarse a predicar un sermón proporcionado por el Comité Estatal de Asuntos Religiosos y Regulación de Tradiciones, Ceremonias y Rituales, utilizando en su lugar su propio sermón.
En julio de 2021, 14 habitantes de un distrito de la provincia de Sughd fueron condenados a más de cinco años de prisión por pertenencia a un grupo salafí. Los acusados afirman que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Son frecuentes las noticias sobre una serie de funcionarios del Gobierno que detienen a mujeres en la calle y les ordenan quitarse el velo islámico. En julio de 2021 también se impidió a algunas mujeres que llevaban el hiyab entrar en escuelas y hospitales.
Desde que en 2016 se endureció la prohibición de las escuelas religiosas privadas (incluidas las clases impartidas por internet) con las enmiendas al Código Penal del 6 de octubre de 2021, las autoridades tayikas han identificado 1833 casos de formación religiosa ilegal en 2019 y 2020 y en los nueve primeros meses de 2021. Nusratullo Mirzoyev, vicepresidente primero del Comité Estatal de Seguridad, declaró en su informe: «El 95% de los jóvenes que se unen a grupos y organizaciones con tendencias radicales recibieron su primera educación en escuelas religiosas privadas». En el segundo semestre de 2021, 10 niños tayikos que asistían a una escuela religiosa en Bangladés fueron repatriados a la fuerza.
La pena por criticar al Gobierno puede extenderse también a los miembros de la familia. En abril de 2022, Shohida Mamadjonova, madre de Sherzod Mamadjonov, bloguero tayiko afincado en Alemania conocido por criticar las políticas restrictivas del Gobierno contra los musulmanes practicantes, fue condenada a seis años de prisión acusada de extremismo.
A finales de mayo de 2022, Sulaymon Davlatzoda, presidente del Comité Estatal de Asuntos Religiosos, convocó a los líderes de las Iglesias protestantes para informarles de que en el futuro ya no se registrarían nuevas iglesias.
En contraste con las restricciones a las que se enfrentan las confesiones protestantes, los grupos tradicionales, como la Iglesia católica, siguen funcionando sin injerencias indebidas por parte del Gobierno. En junio de 2021, la comunidad católica, que cuenta con un centenar de fieles, participó en la inauguración del primer monasterio de vida contemplativa del país, dedicado a San Juan Pablo II.
Para los grupos no tradicionales, la práctica religiosa es más complicada, especialmente para los testigos de Jehová, prohibidos desde 2007. A Shamil Khakimov, testigo de Jehová detenido en 2019 acusado de incitación al odio religioso, no se le permitió asistir al funeral de su hijo en septiembre de 2021 y permanece en prisión a pesar de su mal estado de salud. Otro testigo de Jehová, Rustamjon Norov, fue liberado el 21 de septiembre de 2021 gracias a un indulto presidencial. Había sido condenado a principios de 2021 a tres años más de cárcel por negarse a cumplir el servicio militar.
En junio de 2021, abogados representantes de grupos uigures presentaron un expediente ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya en el que acusaban al Gobierno tayiko de colaborar con China, permitiendo que funcionarios chinos detuvieran y repatriaran a uigures chinos que habían buscado refugio en esta antigua república soviética.
Futuro de la libertad religiosa
Tayikistán es el país más pobre de Asia Central. En los últimos años se ha enfrentado a problemas económicos, atentados terroristas y al temor constante al extremismo interno y extranjero, a los que el Gobierno ha respondido redoblando las leyes represivas y aumentando las restricciones a la libertad religiosa. La victoria de los talibanes en el vecino Afganistán ha intensificado los temores de desbordamiento extremista y ha proporcionado una razón aún mayor para endurecer los controles. Con el actual nivel de restricción ejercido sobre casi todas las expresiones de religiosidad, no se espera que el respeto a la libertad religiosa mejore a corto plazo, especialmente en el caso de las religiones consideradas «no tradicionales».
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