Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Desde su creación, Sudán del Sur aún no cuenta con una Constitución nueva. Las elecciones generales, las primeras desde la independencia de Sudán en 2011, estaban previstas en un principio para el 9 de julio de 2015, a las que seguiría un proceso constitucional, pero el país sigue a la espera de estos comicios, ahora previstos para 2024.
La actual Constitución transitoria de la República de Sudán del Sur, ratificada el 9 de julio de 2011 y revisada en 2013 y 2015, consagra la separación entre religión y Estado y garantiza que todos los grupos religiosos serán tratados por igual, además de afirmar que la religión no debe utilizarse para dividir (artículo 8).
Todas las personas son «iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, sexo, idioma, credo religioso, opinión política, nacimiento, lugar de nacimiento o condición social» (artículo 14).
El artículo 23 detalla los derechos religiosos que se reconocen en el país.
En general, la sociedad es enormemente abierta a la religión. Los grupos cristianos y musulmanes comparten iniciativas comunes. Los grupos religiosos se pueden inscribir en el Ministerio de Bienestar Social a través de la Comisión de Ayuda y Rehabilitación. En la mayor parte de los actos públicos, representantes cristianos y musulmanes leen oraciones y el Gobierno suele proporcionar una traducción del inglés al árabe.
Varios grupos religiosos están representados en las instituciones gubernamentales. El presidente Kiir Mayardit es católico, mientras que el jeque Yuma Said Ali, asesor de alto rango para asuntos religiosos, es uno de los líderes de la comunidad islámica de Sudán del Sur.
En los planes de estudio de las escuelas públicas de educación secundaria y de las universidades se incluye formación religiosa, aunque no es obligatoria, y los alumnos pueden elegir entre clases de cristianismo o de islam. Los colegios privados tienen libertad para establecer su propio plan de formación religiosa.
Incidentes y acontecimientos
El 9 de julio de 2021 se cumplieron 10 años de la independencia de Sudán del Sur. Tras poner fin a 22 años de guerra con el norte, los dos primeros años de gozosa libertad se trocaron en violencia intercomunitaria y guerra civil. Hoy, aunque existe un acuerdo de paz, el futuro de este incipiente Estado sigue siendo precario. Según un informe la ONG Médicos Sin Fronteras publicado en julio de 2021, «en la actualidad, se calcula que 8,3 millones de personas (más de dos tercios de la población) necesitan urgentemente ayuda humanitaria y protección. Se trata de la mayor crisis de refugiados de África, con 2,2 millones de sursudaneses refugiados en países vecinos. Más de 1,6 millones de personas siguen desplazadas internamente».
El frágil sistema sanitario también está bajo presión, incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Los sursudaneses sufren muertes, desplazamientos, enfermedades y traumas psicológicos. Médicos Sin Fronteras ha registrado «la muerte de tres a cinco niños al día por enfermedades prevenibles, como la malaria, en diferentes campos de refugiados y emplazamientos de población desplazada».
Los derechos humanos siguen amenazados. Un informe anual sobre la violencia que afecta a la población civil, publicado el 31 de marzo de 2021 por la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, documentó «el asesinato de 2421 civiles en 2020, más del doble que el año anterior». El informe señalaba que la violencia se limita a determinadas regiones y afecta principalmente a milicias comunitarias. En un informe de Human Rights Watch del 9 de julio de 2021 se señalaban, entre otros factores, «los agravios derivados de la guerra y la competencia por la tierra, el ganado y el pastoreo», «la muerte o el desplazamiento de cientos de miles de personas», «el aumento de la violencia entre comunidades» y «el hecho de que los líderes políticos y militares se hayan sumado a la violencia suministrando armas a las comunidades».
Dada la preocupación que suscitan el Gobierno y la élite política de Sudán del Sur, cuyas fuerzas de seguridad también son sospechosas de violaciones de los derechos humanos, a menudo los líderes religiosos son los únicos actores sociales con autoridad moral para denunciar los actos de violencia e injusticia. Este papel casi profético pone a menudo en peligro la seguridad personal de los líderes religiosos que denuncian.
El 16 de mayo de 2021, murieron 13 personas y 8 resultaron heridas en un ataque contra la aldea septentrional de Dungob Alei. El arzobispo Justin Badi-Arama hizo un llamamiento a la oración y declaró que la aldea había sufrido «un ataque bárbaro de milicianos de Sudán». Aunque se desconoce la identidad de los atacantes, la Iglesia episcopal de Sudán del Sur señaló que la ubicación de la diócesis de Abyei se encuentra en «una zona que experimenta invasiones islámicas seguidas de acoso, intimidación y frecuentes ataques llevados a cabo por milicias islámicas árabes».
En junio de 2021, hombres uniformados asesinaron a cuatro miembros de la Iglesia, entre ellos un pastor y un niño, en el condado de Lainya, estado de Ecuatoria Central. El arzobispo Paul Yugusuk, de la Provincia Interna del Estado de Ecuatoria Central de la Iglesia Episcopal de Sudán del Sur, denunció el secuestro del pastor Comas Kwaje Matayo y tres feligreses durante el servicio dominical. Los cuatro fueron asesinados posteriormente.
El 16 de agosto de 2021, unos desconocidos asaltaron en una carretera cercana a Yuba una furgoneta de pasajeros en la que iba un grupo de católicos romanos; mataron a cinco personas, entre ellas dos monjas católicas, las hermanas Mary Abbud y Regina Robe. Los peregrinos regresaban de las celebraciones del centenario de la iglesia parroquial de Loa.
El 31 de diciembre de 2021, el arzobispo Paul Yugusuk denunció que tres soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF, por sus siglas en inglés) «obligaron a unos cristianos a beber alcohol, saquearon a civiles y obligaron a cinco hombres a meterse en una choza a la que prendieron fuego en el condado de Lainya en Nochebuena». Aunque los cinco pudieron escapar de la choza en llamas, también secuestraron a tres mujeres y quince miembros de la comunidad resultaron heridos». El obispo escribió: «Queridos Gobierno y SSPDF, estamos en tiempos de paz, de Navidad, y no esperamos que se obligue a nuestros fieles cristianos a beber alcohol ni se les encierre en una choza para morir quemados».
En enero de 2022, extremistas islamistas atacaron una comunidad cristiana en el pueblo de Yith Pabol. En el asalto murieron 28 personas y fueron quemadas 57 casas. El 6 de enero, el obispo Joseph Mamer Manot declaró que «se han producido desplazamientos masivos, y la situación humanitaria es alarmante, ya que los alimentos y otros bienes han quedado reducidos a cenizas, dejando a los supervivientes sin refugio, alimentos ni agua potable». Esa misma semana se registró un ataque similar en el pueblo vecino de Miodol, en el que murieron cuatro personas.
El 14 de febrero, en un ataque contra el mercado de Aneet fue asesinado un anciano de la Iglesia y se destruyeron varios edificios religiosos, de los cuales unos pertenecían a la Iglesia pentecostal y otros a la Iglesia evangélica presbiteriana de Sudán; también fue arrasada una mezquita local; los edificios propiedad de las Iglesias episcopal y católica sufrieron daños. La tribu Tuj Ajakjch, que asaltó la ciudad de Aneet, afirmó que esta «les pertenece», y ordenó marcharse a todos los habitantes.
El 27 de febrero fueron detenidos dos dirigentes de la Iglesia Sudanesa de Cristo (SCOC). Dalman Hassan, miembro de dicha Iglesia, declaró que «acusaron a los cristianos de “hostilidad hacia el Islam” porque celebraban los servicios religiosos el día de la oración musulmana en la mezquita» y que «los musulmanes de línea dura también acusaban a la Iglesia de proporcionar comida a los niños para ganarlos para el cristianismo y de que les quitaban sus tierras para construir templos para el culto». Veinticuatro horas después de la detención, ambos quedaron en libertad.
Tras varios retrasos por motivos de seguridad, estaba previsto que el papa Francisco visitara Sudán del Sur del 5 al 7 de julio de 2022. El Nuncio declaró: «El papa Francisco se toma muy en serio la reconciliación para que prevalezca la justicia, creo que pretende ser ese puente entre las partes enfrentadas en Sudán del Sur para unir a la gente». Sin embargo, el 10 de junio de 2022, el Papa volvió a aplazar su viaje a África debido a un fuerte dolor en la rodilla, aunque dejó claro que «aplazar no es cancelar». El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo sobre este viaje que iban a realizar juntos que rezaba por el papa Francisco, su «querido hermano», y afirmó: «Comparto su decepción por la cancelación de nuestro viaje a Sudán del Sur […]. Pienso en el pueblo de Sudán del Sur, en sus problemas y en sus esperanzas de paz, y espero poder realizar algún día esta histórica visita».
El 2 de julio, día en que debía comenzar el viaje apostólico, el papa Francisco envió un videomensaje tanto a la República Democrática del Congo como a Sudán para expresar su profundo pesar: «El Señor conoce el alcance de mi pesar por verme obligado a aplazar esta visita tan deseada y esperada. No perdamos la fe, sino abriguemos la esperanza de encontrarnos lo antes posible».
Del 1 al 8 de julio de 2022, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, emprendió un viaje a Sudán del Sur en calidad de representante del Papa. Durante su visita, se reunió con los desplazados internos y con los afectados por las inundaciones en Bentiu, en el estado de Unidad, además de atender otros compromisos pastorales y políticos. El cardenal Parolin fue recibido en las más altas esferas del Gobierno: entre los miles de asistentes a la Santa Misa se encontraban el presidente de la República de Sudán del Sur, los vicepresidentes, otros funcionarios de la Administración y representantes de las diversas comunidades religiosas cristianas y musulmanas del país. El cardenal Parolin se centró en la necesidad de garantizar la estabilidad con el Acuerdo de Paz Revitalizado, un tratado que expira en febrero de 2023 y que aún no ha entrado en vigor. El Presidente Salva Kiir afirmó: «He dicho no a nuevas guerras. Puede que la gente no haya visto los acontecimientos, pero ha oído el silencio de las armas».
Futuro de la libertad religiosa
Aunque se ha formado un Gobierno de unidad, se mantienen los alto el fuego oficiales, se han celebrado múltiples tratados de paz y los esfuerzos por hacer avanzar el proceso de paz son alentadores, la situación de la población civil sobre el terreno sigue siendo calamitosa y la violencia sigue presente en el país. Solo entre agosto y diciembre de 2022, «han muerto al menos 166 civiles y 237 han resultado heridos [...] al intensificarse los enfrentamientos entre elementos armados y entre milicias comunitarias rivales de la región. Más de 20 000 personas se han visto desplazadas [...]. Los informes hablan de disparos aleatorios contra civiles».
Dado que la inmensa mayoría de la población es cristiana, los incidentes violentos que se han registrado contra esta comunidad religiosa no tienen tanta relación con la libertad religiosa cuanto con otras cuestiones. A pesar de ello, en las regiones del norte del país se han registrado ataques perpetrados por islamistas extremistas que las han invadido. La situación de la libertad religiosa tiene que seguir en observación.
Sudán del Sur