Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, revisada en 1972 y 1978 con enmiendas realizadas en 2015, garantiza la libertad religiosa y consagra que no habrá trato preferente por motivos religiosos. Según el artículo 10: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluida la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección». Se establece que «ningún ciudadano podrá ser discriminado por motivos de raza, religión, lengua, casta, sexo, opiniones políticas, lugar de nacimiento o cualquier motivo similar» (artículo 12.2).
Todo ciudadano tiene derecho a «la libertad de manifestar la propia religión o creencia mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza, individual o colectivamente, en público y en privado» (artículo 14.1.e). Asimismo impone «las restricciones al ejercicio y la aplicación de los derechos fundamentales previstos en el artículo 14.1 en interés de la armonía racial y religiosa o en relación con el privilegio parlamentario, el desacato a un tribunal, la difamación o la incitación a cometer un delito, o la economía nacional» (artículo 15).
Sri Lanka es uno de los aproximadamente 80 países en los que el Código Penal sigue incluyendo una ley sobre la blasfemia. El artículo 291.A establece que «quien, con la intención deliberada de herir los sentimientos religiosos de cualquier persona, pronuncie cualquier palabra o emita cualquier sonido al oído de esa persona, o haga cualquier gesto a la vista de esa persona, o coloque cualquier objeto a la vista de esa persona será castigado con pena de prisión o de otro tipo por un período que puede llegar a un año, o con multa, o con ambas penas». En la misma línea, «quien, con la intención deliberada y maliciosa de ultrajar los sentimientos religiosos de cualquier clase de personas, mediante palabras, ya sean habladas o escritas, o mediante representaciones visibles, insulte o intente insultar la religión o las creencias religiosas de dicha clase de personas será castigado con pena de prisión o de otro tipo por un período que puede llegar a dos años, o con multa, o con ambas penas» (artículo 291.B).
Otras leyes que afectan a la libertad de expresión y a la libertad religiosa son la Ley de Prevención del Terrorismo, en virtud de la cual «toda persona que, mediante palabras pronunciadas o destinadas a ser leídas, o mediante signos o representaciones visibles o de cualquier otro modo, provoque o pretenda provocar la comisión de actos de violencia o de discordia religiosa, racial o comunal, o sentimientos de mala voluntad u hostilidad entre diferentes comunidades o grupos raciales o religiosos, será culpable de delito». Según la ONG End Blasphemy Laws (Acabemos con las leyes de blasfemia), la ley «ha sido criticada por utilizarse para atacar a minorías, críticos con el Gobierno, periodistas y opositores políticos».
Hay que destacar las enmiendas que entraron en vigor en 1972 y que conceden al budismo un estatus constitucional privilegiado. Al tiempo que se garantizan los derechos otorgados por los artículos 10 y 14.1, según el artículo 9, «la República de Sri Lanka otorgará al budismo un lugar primordial y, en consecuencia, será deber del Estado proteger y fomentar la enseñanza de la Buda sasana» (las enseñanzas, prácticas y doctrinas budistas).
Incidentes y acontecimientos
A pesar del marco legal del artículo 14 que defiende la libertad religiosa, la declaración constitucionalizada de supremacía del budismo sobre otras confesiones, en el seno de una cultura profundamente religiosa, se ha convertido en fuente de crecientes tensiones y divisiones. Sri Lanka ha sido testigo de un progresivo nacionalismo etnorreligioso, y la incapacidad de los sucesivos Gobiernos para abordar una desafección genuina, que va en aumento, entre las minorías religiosas y étnicas amenaza ahora con sumir al país en un prolongado período de represión y conflicto religiosos.
Situación sociopolítica
Además, el país ha sufrido su peor crisis política y económica desde 1948. El 31 de agosto de 2021, el expresidente Gotabaya Rajapaksa declaró el estado de emergencia después de que los bancos privados se quedaran sin divisas, lo que provocó escasez de alimentos. De nuevo, el 1 de abril de 2022, se declaró el estado de emergencia cuando se organizaron grandes manifestaciones exigiendo la dimisión del presidente debido a los prolongados cortes de suministro eléctrico y a la escasez de productos de primera necesidad. El 2 de abril se impuso un toque de queda de 36 horas y el Gobierno bloqueó las plataformas de redes sociales. Al día siguiente, 3 de abril, se levantó el cierre de las redes sociales, pero la mayor parte del Gabinete dimitió dejando solos al presidente Gotabaya y al primer ministro Mahinda. El 4 de abril se levantó el toque de queda, pero persistieron las protestas y los disturbios civiles; en particular, el 9 de abril un grupo de manifestantes apartidistas ocupó el Galle Face Green e instaló un campamento llamado «GotaGoGama» (Pueblo Gota Go), que siguió funcionando hasta mediados de agosto. El 5 de abril, el presidente Gotabaya perdió la mayoría en el Parlamento, con lo que se levantó el estado de emergencia. El 12 de abril, el Gobierno decidió dejar de pagar su deuda externa de 51 000 millones de dólares, recurriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para el alivio y la reestructuración de la deuda, y el 1 de septiembre de 2022 se llegó a un acuerdo para los siguientes 48 meses. El 9 de mayo, después de que una turba de leales al Gobierno atacara a quienes se manifestaban en contra del Gobierno dejando nueve muertos y cientos de heridos, el primer ministro Mahinda acabó dimitiendo, y Ranil Wickremesinghe se convirtió en primer ministro.
En junio, la ONU declaró que Sri Lanka corría el riesgo de enfrentarse a una crisis humanitaria en toda regla y se suspendió la venta de combustible no esencial. El 9 de julio, unos 100 000 manifestantes asaltaron la casa del presidente Gotabaya e incendiaron la residencia del primer ministro. El presidente Gotabaya dimitió finalmente el 13 de julio y huyó a las Maldivas. El primer ministro Wickremesinghe quedó como presidente en funciones y comenzó su mandato reprimiendo a los manifestantes y desplegando cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad en su campamento, que fue desmantelado por la fuerza el 10 de agosto.
A mediados de septiembre de 2022, Sri Lanka seguía sumida en una profunda crisis económica, con tasas de inflación que se han disparado hasta el 70,2% y una subida de los precios de los alimentos del 84,6% en comparación con el año anterior.
A pesar de que presume de proteger legalmente la libertad religiosa, Sri Lanka muestra una creciente intolerancia social y gran violencia por motivos religiosos. Y ello a pesar de haber cerrado la puerta hace poco más de 10 años a un largo conflicto étnico que se había acabado convirtiendo en una destructiva guerra civil de 30 años de duración.
Las organizaciones nacionalistas budistas son cada vez más numerosas, extremistas y poderosas. Estos grupos tienden a considerar a todas las comunidades e instituciones no budistas como foráneas y no deseadas en la isla de Sri Lanka, que creen que el propio Buda consagró para la defensa y propagación del budismo. Entre las organizaciones que promueven la supremacía budista se encuentran Bodu Bala Sena (Fuerza del Poder Budista) Ravana Balava (Poder Ravana), Sinhala Ravana (Eco Sinhala) y Sinhale Jathika Balamuluwa (Fuerza Nacional Sinhala). La más destacada de estas organizaciones es Fuerza del Poder Budista, dirigida por un monje, Galagoda Aththe Gnanasara Thero, cuyo discurso ha provocado numerosos ataques contra lugares de culto y negocios pertenecientes a minorías religiosas. Esta organización utiliza a menudo las redes sociales, por ejemplo, Facebook, para difundir mensajes de odio, especialmente contra los musulmanes. Al crecer su influencia, estas organizaciones amenazan con destruir la identidad nacional común de los cingaleses y provocar como reacción el extremismo de las comunidades minoritarias musulmanas e hindúes.
Mientras los budistas de línea dura siguen presionando para imponerse, se observa un inquietante crecimiento del hinduismo militante tamil. Siva Senai es un grupo radical hindú tamil que opera en el norte y el este de Sri Lanka. La aparición de una forma extremista de hinduismo tamil es especialmente alarmante porque anuncia el renacimiento del tipo de militancia tamil violenta que alimentó el separatismo de los Tigres Tamiles, pero de forma religiosa y sectaria. Grupos radicales como Siva Senai podrían convertirse en los homólogos minoritarios de grupos mayoritarios, como Fuerza del Poder Budista, alimentándose mutuamente en una espiral de rivalidad sectaria. El potencial de Siva Senai para crecer en militancia y capacidad es especialmente alto porque cuenta con el apoyo de grupos nacionalistas hindúes en auge, como el Rashtriya Swayamsevak Sangh de la cercana India. Los grupos militantes hindúes tamiles son especialmente activos en Batticaloa, donde han cometido numerosos ataques contra cristianos.
Además, la creciente discriminación contra las minorías por parte del Estado y de actores no estatales, especialmente contra los musulmanes, junto con la animadversión generalizada hacia este colectivo religioso desde el final de la guerra civil, han contribuido a la radicalización musulmana. Este peligro quedó patente en los atentados del Domingo de Resurrección de 2019, perpetrados por individuos presuntamente afiliados al grupo Estado Islámico.
El aumento de los ataques es una muestra extrema de la historia de violencia religiosa del país. En los últimos años se han producido disturbios contra minorías cristianas y musulmanas, dirigidos tanto contra individuos como contra sus hogares y negocios. Los incidentes que se indican a continuación son meramente representativos.
Año 2021
En enero de 2021, una serie de comunidades, entre ellas la cristiana, se opusieron a una circular del Ministerio de Sanidad publicada en marzo de 2020 que exigía la incineración obligatoria de los cuerpos de los fallecidos, o sospechosos de haber fallecido, a causa de la COVID-19. La hermana Noël Christeen Fernando, de las Hijas de la Caridad de Jesús y María, una de las firmantes de una petición en la que se pedía la abolición de dicha normativa, declaraba: «Nuestros dirigentes nos están robando todos nuestros derechos, desde el nacimiento hasta la muerte». También firmaron dos obispos jubilados de la Iglesia de Ceilán, Duleep de Chickera y Kumara Illangasinghe. Los musulmanes organizaron numerosas protestas, ya que la cremación está prohibida en el islam, y se produjo un gran movimiento de solidaridad hacia ellos. Aunque la Iglesia católica permite la incineración, sobre todo en tiempos de epidemia, recomienda el entierro del cadáver, al igual que otros grupos cristianos. El cardenal Malcolm Ranjith animó a los católicos a acatar la política del Gobierno.
El 18 de marzo, policías del Departamento de Investigación Criminal visitaron el domicilio de la madre de una pastora de la Iglesia del Calvario de Padukka. Le interrogaron sobre las actividades religiosas de su hija y los agentes le pidieron información de contacto de su hija y su yerno.
En septiembre, un funcionario local denegó un entierro cristiano a una mujer de la Iglesia Misionera Grama en el cementerio público de Karukkamunai, afirmando que era un lugar de enterramiento hindú, por lo que no se podían celebrar allí ritos cristianos. El funeral se celebró como estaba previsto, pero con una ceremonia hindú.
El 7 de octubre, Christian Solidarity Worldwide (CSW) publicó un informe titulado Una nación dividida: El estado de la libertad de religión o creencia en Sri Lanka. El informe aborda diversos temas, como, por ejemplo, el papel cada vez más importante de las redes sociales en el aumento de la violencia entre comunidades y los efectos de la influencia de los rajapakas.
El 8 de octubre, la Iglesia de Ceilán, perteneciente a la Comunión anglicana, declaró que se sentía «cada vez más preocupada por el deterioro de los derechos humanos en Sri Lanka» y presentó un informe en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, advirtiendo que las políticas estatales dan prioridad a la mayoría budista cingalesa. En dicho informe se señalaba que las cremaciones forzosas, introducidas como medida sanitaria en respuesta a la pandemia, ofendían tanto a cristianos como a musulmanes. El informe presentado ante la ONU también destacaba la falta de rendición de cuentas del Gobierno en relación con su investigación de los atentados del Domingo de Resurrección de 2019.
Un informe del 18 de octubre de Amnistía Internacional titulado Sri Lanka: de quemar casas a quemar cadáveres: Violencia, discriminación y hostigamiento antimusulmanes en Sri Lanka, señalaba el aumento de la violencia contra los musulmanes desde 2013, e instaba al Gobierno a «cortar esta alarmante tendencia y cumplir con su deber de proteger a los musulmanes de nuevos ataques, exigir responsabilidades a los autores y poner fin al uso de las políticas gubernamentales dirigidas a atacar, acosar y discriminar a la comunidad musulmana».
En noviembre de 2021, varios obispos de Sri Lanka instaron al Gobierno a desechar su concepto de «un país, una ley» (plan para regir a todas las comunidades de Sri Lanka bajo una misma ley), presentado el 26 de octubre, que incluía la creación de un grupo de trabajo dirigido por el monje budista Galagoda Aththe Gnanasara Thero. Este último había estado implicado en los disturbios antimusulmanes de 2013 y es un conocido activista antimusulmán. Junto con organizaciones musulmanas, los grupos de la oposición exigieron la redacción de una nueva Constitución.
Año 2022
El 25 de febrero de 2022, un informe sobre Sri Lanka del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reveló un alarmante deterioro de los derechos humanos. El informe destacaba «la discriminación contra las minorías religiosas y étnicas, y los ataques de las fuerzas de seguridad contra grupos de la sociedad civil». Además de documentar los «crímenes de guerra a gran escala cometidos por las fuerzas gubernamentales y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) en los últimos meses de la guerra civil de Sri Lanka de 1983 a 2009», el informe llamaba la atención sobre los continuos controles militares en la provincia septentrional, de mayoría tamil, que generan «denuncias de trato discriminatorio o acoso». El informe de la ONU también registró «45 disputas por tierras en las que se vieron implicados funcionarios del Gobierno y miembros de comunidades minoritarias entre enero y noviembre de 2021», que llevan a «las comunidades minoritarias a temer que se esté utilizando un programa del Gobierno para identificar y construir lugares budistas “para cambiar el paisaje demográfico de la región [oriental]”».
En marzo y abril de 2022, el arzobispo católico de Colombo, cardenal Malcolm Ranjith, encabezó una delegación reunida en Ginebra con la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, entre otros, a la que solicitaron que ejerciera presión política sobre las autoridades encargadas de la investigación del atentado del Domingo de Resurrección de 2019 y, en concreto, para que desvelaran por qué no impidieron el atentado a pesar de las numerosas advertencias que admitían haber recibido. El cardenal Ranjith también visitó al papa Francisco y reiteró que el Gobierno «lo sabía de antemano por la información que habían recabado y también por las advertencias de los servicios de inteligencia indios, pero no hicieron nada. De hecho, el Gobierno parece haber hecho todo lo posible para impedir la detención de los atacantes. Hay indicios de que las autoridades querían que los atentados se llevaran a cabo».
Según el informe trimestral abril-junio de 2022 de la Alianza Evangélica Cristiana Nacional, el número de incidentes anticristianos y musulmanes disminuyó debido a la crisis económica.
El 10 de julio, ante el declive de la situación socioeconómica, la dimisión presentada el 15 de julio de 2022 por el presidente Rajapaksa desde el exilio en Singapur y la espiral de miseria en que se encuentra sumida la nación, el papa Francisco pidió a los fieles que escucharan el dolor del pueblo de Sri Lanka.
El 12 de agosto, el sacerdote católico Amila Jeewantha Peiris se entregó voluntariamente al tribunal después de que la policía hubiese intentado detenerlo como líder de las protestas antigubernamentales que derrocaron a Gotabaya Rajapaksa. Cientos de manifestantes «entre ellos un obispo, sacerdotes, monjas, abogados y activistas se congregaron en una protesta silenciosa frente al tribunal de la capital, Colombo, el día de la vista».
En septiembre de 2022 se retomó la investigación sobre los atentados del Domingo de Resurrección de 2019. A pesar de la ayuda de Scotland Yard, el FBI (Estados Unidos), Interpol y la Agencia Nacional de Investigación de la India, las víctimas expresaron su insatisfacción con los progresos realizados hasta la fecha, y a ellas se unieron funcionarios eclesiásticos, activistas e incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, para exigir una investigación más profunda de los incidentes.
El 19 de septiembre, Galaha Sirisantha Thera declaró que los monjes budistas habían decidido que el 9 de octubre, festividad de Vap Poya, iban a «apagar las luces de los templos de todo el país» en protesta por la fuerte subida de las tarifas eléctricas. El monje declaró que su decisión «pretende protestar por el irrazonable aumento del 500% de las tarifas eléctricas impuesto por el Ministerio de Energía y por la decisión del Gobierno de recortar las subvenciones a los lugares religiosos»; añadió que «los monjes tienen la firme sospecha de que se trata de una conspiración para mantener los templos a oscuras».
El 3 de noviembre, el cardenal Ranjith criticó un nuevo proyecto de Constitución propuesto por el expresidente Gotabaya Rajapaksa, afirmando que se trataba de «un intento de silenciar a quienes critican al Gobierno». El cardenal declaró: «También recibí una copia del proyecto de Constitución, según el cual toda persona que exprese sus quejas contra el Gobierno o un organismo gubernamental será encarcelada por un mínimo de 20 años».
El 3 de noviembre de 2022, el Consejo Diocesano de la Iglesia Anglicana de Colombo pidió que el Parlamento se disolviera a principios de 2023. Los líderes anglicanos de Sri Lanka afirmaron en un comunicado que «las acciones del Gobierno y de los miembros del Parlamento de los últimos tres meses han demostrado su falta de voluntad o su incapacidad para atender el llamamiento a un cambio en la cultura política del país» y solicitaban al presidente Ranil Wickremesinghe que disolviera el Parlamento «tan pronto como lo permita la Constitución, para que el pueblo pueda elegir un nuevo Parlamento que refleje sus aspiraciones».
Futuro de la libertad religiosa
Aunque la falta de democracia en Sri Lanka conlleva sus propias complejidades, los casos de violencia interconfesional constituyen la amenaza más grave para la libertad religiosa en el país. Sin embargo, estos ataques no se producen en el vacío, sino que se llevan a cabo en el contexto de las profundas y crecientes tensiones interreligiosas de la sociedad ceilandesa.
Los últimos acontecimientos han puesto de relieve, en concreto, los peligros de un creciente nacionalismo sectario budista que va más allá del chovinismo etnolingüístico cingalés (que al menos tenía la virtud de incluir a los no budistas que también eran étnicamente cingaleses), ya que considera a todos los no budistas de cualquier etnia —musulmanes, hindúes y cristianos— como amenazas para el budismo.
Además de los continuos ataques de los extremistas contra las minorías religiosas, el nacionalismo etnorreligioso ha provocado una reacción inquietante: el crecimiento de grupos militantes hindúes y musulmanes. Preocupa que estos grupos puedan convertirse en los homólogos minoritarios de los grupos mayoritarios, como Fuerza del Poder Budista, y que se retroalimenten en una espiral de rivalidad sectaria. La aparición del hinduismo tamil extremista, en particular, del grupo militante hindú tamil Siva Senai, es especialmente alarmante, porque podría ser indicio del resurgimiento del tipo de militancia tamil violenta que alimentó el separatismo de los Tigres tamiles, pero de forma religiosa y sectaria. El potencial de Siva Senai para crecer en militancia y capacidad es especialmente alto porque cuenta con el apoyo de grupos nacionalistas hindúes en auge, como el Rashtriya Swayamsevak Sangh, de la cercana India (los grupos militantes tamiles hindúes son especialmente activos en Batticaloa, donde han cometido numerosos ataques contra cristianos).
Dadas las tendencias actuales, es muy probable que en Sri Lanka las condiciones para la libertad religiosa se deterioren aún más en los próximos años. En un entorno cada vez más tóxico desde el punto de vista político y cultural, es esencial tomar medidas prácticas basadas en las tradiciones e instituciones de tolerancia y entendimiento interreligioso del país. Una de estas iniciativas, el Consejo Interreligioso, creado por el presidente Ranil Wickremesinghe para mejorar el entendimiento y el respeto de la sociedad hacia otras religiones, tradiciones e instituciones, sirve de plataforma para debates y mediaciones, así como para actividades generales de consolidación de la paz, planificación y asesoramiento. Aunque es un paso importante, para garantizar que este órgano represente adecuadamente a todas las comunidades religiosas, sería fundamentar que incluyera a los líderes de la comunidad evangélica de Sri Lanka, hasta ahora excluidos.
Debido a la descomposición social y económica, a los crecientes ataques extremistas contra las minorías religiosas y al auge del nacionalismo etnorreligioso, las perspectivas para la libertad religiosa en Sri Lanka siguen siendo negativas.
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