Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La República de San Marino no cuenta con una Constitución escrita. Las disposiciones legales que garantizan la libertad religiosa están contenidas en diversos textos legislativos, siendo el más importante de ellos la Declaración de Derechos Ciudadanos y Principios Fundamentales de la Ley de San Marino de 1974 (modificada en 2002). Dicha Declaración establece que «todos son iguales ante la ley, sin distinción de condición personal, económica, social, política o religiosa» (artículo 4). Asimismo, declara que «todos disfrutarán de las libertades civiles y políticas en la República» (artículo 6). En concreto, se garantizarán las libertades personales, la libertad de residencia, establecimiento y expatriación, la libertad de reunión y asociación y la libertad de pensamiento, conciencia y religión».
Vinculando ambas disposiciones, el artículo 5 consagra la inviolabilidad de los derechos humanos. En la antigua y minúscula República no hay religión de Estado, y la inmensa mayoría de la población es católica. Entre las exiguas minorías figuran testigos de Jehová, bahaíes, musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos y valdenses. En 2014 se inauguró en el país el primer santuario sintoísta jinja de Europa, donde se pueden celebrar matrimonios.
El catolicismo romano es la religión mayoritaria y es habitual ver símbolos religiosos, por ejemplo, crucifijos, en las salas de los juzgados y en otros espacios públicos. Desde 2009, el Gobierno desobedece una sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prohíbe exhibir crucifijos en las aulas. La denuncia había sido presentada por el partido de izquierdas Sinistra Unita (Izquierda Unida).
Por otro lado, sin embargo, en 2019, una petición d’Arengo (una iniciativa ciudadana) presentada a los capitanes regentes obligó a colocar una imagen de san Marino, fundador y patrón del país, en todos los lugares públicos, colegios incluidos.
El Código Penal contiene un capítulo sobre «Delitos contra la fe religiosa y los sentimientos hacia los difuntos», donde se incluye el «insulto religioso», la «violación de la libertad religiosa», «obstaculizar las ceremonias religiosas» y la «blasfemia o desprecio a los difuntos». Estos cuatro delitos se pueden sancionar con penas de prisión de «primer grado» de hasta 15 días.
No hay colegios confesionales privados, pero en los colegios públicos se ofrece formación religiosa católica, aunque no es obligatoria. Según un acuerdo de 2018 con la Santa Sede, la República de San Marino garantiza, «la formación religiosa católica en todos los niveles de la enseñanza pública, salvo en la universidad» y concede «a la formación religiosa católica el mismo “estatus” y dignidad educativa y cultural que a las demás asignaturas curriculares» (artículo 1). El Gobierno reafirmó este compromiso al año siguiente mediante el Entendimiento entre el Dicasterio para la Educación y la Cultura y la Diócesis de San Marino-Montefeltro, que establece que los padres, o los alumnos si son mayores de edad, pueden optar por no cursar la asignatura de religión, asistiendo a un curso alternativo de ética, cultura y sociedad, sin que esta elección determine ningún tipo de discriminación. Finalmente, un decreto delegado de 3 de octubre de 2022 activó, no sin cierta polémica, la enseñanza de la religión católica también en el jardín de infancia, a partir del curso 2022-2023.
Antes de 2018, existían otros acuerdos entre la República de San Marino y la Santa Sede: la Convención Monetaria de 1931, el Acuerdo sobre Festividades Religiosas de 1989, y el Concordato de 1992. En este último, los artículos 2 y 3 garantizan la asistencia espiritual a los pacientes hospitalizados, a los residentes en residencias de ancianos y a los católicos recluidos en prisión.
El Estado apoya a la Iglesia católica a través de los ingresos del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes pueden solicitar que el tres por mil de su impuesto sobre la renta se destine a la Iglesia católica o a otras organizaciones benéficas, incluidos otros grupos religiosos.
El país alberga a unos 200 testigos de Jehová, cuya comunidad está registrada como asociación y tiene libertad para practicar su fe. Tras un paréntesis de 30 meses debido a la pandemia, a partir del 1 de abril de 2022, los Testigos de Jehová reabrieron su salón del Reino en el país.
Ante la imposibilidad de la comunidad musulmana de dar sepultura digna a sus seres queridos debido al bloqueo de las repatriaciones durante la pandemia, se reservó una zona en el cementerio de San Marino para enterrar a los difuntos según el rito islámico, con las tumbas orientadas en dirección a La Meca (qibla).
Incidentes y acontecimientos
Un año después del referéndum en el que la mayoría apoyó la despenalización del aborto, el 1 de septiembre de 2022 el Gran y General Consejo (Parlamento unicameral elegido por el pueblo) aprobó la ley que regula la «interrupción voluntaria del embarazo». Hasta esa fecha, el aborto era un delito sancionado por los artículos 153 y 154 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a tres años. Se preveía una pena más leve (de tres meses a un año) en los casos de aborto «por razones de honor», realizado para ocultar un embarazo ilegítimo. Las penas también se aplicaban, sin excepción, en casos de violación, malformación grave del feto y peligro para la vida de la mujer.
Según la nueva ley, la mujer puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta el final de la duodécima semana de gestación «sin necesidad de alegar causa alguna»; después de esta fecha, el aborto está permitido «si existe peligro para la vida de la mujer o si se comprueba la existencia de anomalías y malformaciones del feto que supongan un grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, o si el embarazo es consecuencia de violación o incesto». Los opositores cuestionan algunos puntos de la ley: la orientación de género, la posibilidad de abortar hasta el noveno mes de embarazo, la educación sexual en la escuela, el acceso de los menores a métodos anticonceptivos sin el consentimiento de sus padres o tutores, y los límites impuestos a la objeción de conciencia del personal médico y sanitario. Los defensores provida (atacados en las redes sociales como «talibanes, medievales y violentos») temían que la ley pudiera convertir el bastión históricamente católico de San Marino en una «zona de aborto libre».
En septiembre de 2021, el Gran y General Consejo aprobó una petición d’Arengo, promovida por la sociedad civil a través de la campaña «Una firma contra el odio», para que se cree una comisión especial de lucha contra la intolerancia y el racismo, la incitación al odio y la violencia, adhiriéndose a una Recomendación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 27 de febrero de 2018.
La República de San Marino participó en la Conferencia Mundial de Rabat sobre «Normas internacionales para poner fin al uso de las religiones con fines políticos», celebrada los días 11 y 12 de mayo de 2022. La iniciativa tenía como objetivo definir normas mundiales que prohíban «toda forma de discriminación, exclusión religiosa y todo uso político de la religión que socave la igualdad y la libertad de creencias y culto».
Futuro de la libertad religiosa
Salvo las tensiones mencionadas por la ley del aborto, durante el período estudiado en este informe no se han producido casos significativos de intolerancia religiosa y las relaciones entre las distintas confesiones del país son buenas. Desde 2016 se celebra anualmente un Foro centrado en el diálogo con las religiones, la diversidad social, los jóvenes, los inmigrantes y el medio ambiente, y en abril de 2022 se celebró una conferencia dedicada a la lucha contra los delitos de odio y la prevención de todas las formas de discriminación, organizada por el Observatorio para la Seguridad contra Actos Discriminatorios (OSCAD).
No hay motivos para pensar que la libertad religiosa vaya a sufrir nuevas restricciones. Las perspectivas para este derecho, por tanto, siguen siendo positivas.
San Marino