Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución rusa del 12 de diciembre de 1993 declara en los artículos 14 y 28 que la Federación de Rusia es un Estado laico que garantiza la libertad de religión o creencia: «La Federación de Rusia será un Estado laico. Ninguna religión puede establecerse en calidad de estatal u obligatoria» (artículo 14.1). Las asociaciones religiosas «son independientes del Estado e iguales ante la ley» (artículo 14.2). El artículo 28 proclama: «A todas las personas se les garantiza la libertad de conciencia y religión, incluyendo el derecho a profesar, individual o colectivamente, cualquier religión o ninguna; también la libertad de elegir, poseer y difundir convicciones religiosas o de otra naturaleza y actuar de acuerdo con ellas».
Se garantiza la igualdad de derechos humanos y civiles y de libertades con independencia de la religión o creencias, y «se prohíbe cualquier forma de restricción de los derechos de los ciudadanos en virtud de su condición social, racial, nacional, de su idioma o de su religión» (artículo 19.2).
En el artículo 13.5, la Constitución prohíbe fomentar la hostilidad por cuatro motivos concretos, siendo uno de ellos el religioso; dice así: «Está prohibido instigar conflictos de carácter social, racial, nacional y religioso». En la misma línea, «está prohibida la propaganda o agitación que suscite odio u hostilidad social, racial, nacional o religiosa» (artículo 29.2) e igualmente se prohíbe la propaganda que postule la superioridad por cualquiera de estos motivos.
El artículo 30.1 reconoce que «todas las personas tienen el derecho de asociarse».
Se garantiza el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar: «En el caso de que las convicciones o creencias religiosas estén en contra del servicio militar, y en otros casos establecidos por la ley federal, los ciudadanos de la Federación de Rusia tienen el derecho a sustituirlo por un servicio civil alternativo» (artículo 59.3).
En enero de 2020, se propusieron cambios en la Constitución de 1993, que fueron confirmados por el Parlamento ruso y, para conferir legitimidad pública, se convocó un referéndum que permitió a los votantes rusos aprobar los cambios constitucionales. Según la Comisión Electoral Central de Rusia, el 1 de julio de 2021, con una participación del 65% de los electores con derecho a voto, los resultados indicaron que el 78% votó a favor. Dentro de un paquete de más de doscientas modificaciones, una enmienda señala la historia ancestral de Rusia y los «ideales y la fe en Dios» transmitidos por los antepasados del país. Es la única referencia explícita a Dios en la Constitución y, según una sentencia del Tribunal Constitucional, la referencia a Dios no contraviene ni el carácter laico del Gobierno ni la libertad religiosa, sino que subraya el «papel sociocultural de la religión en la formación y desarrollo de la nación».
Entre otros cambios constitucionales, se reconoce a la Federación de Rusia como sucesora de la Unión Soviética: «La Federación de Rusia es el sucesor legal de la Unión de las Repúblicas Socialistas dentro de su territorio, y un sucesor legal (continuador legal) de la Unión de las RRSS en lo que respecta a la pertenencia a organizaciones internacionales y sus órganos, la participación en tratados internacionales, y en lo que respecta a las obligaciones de la Unión de las RRSS previstas en los tratados internacionales y sus valores activos fuera del territorio de la Federación de Rusia» (artículo 67.1). La declaración supone no solo una sucesión jurídica (incluido el territorio de la antigua Unión Soviética), sino también, en el segundo párrafo, que la Federación de Rusia se reconoce continuadora de la tradición milenaria de la Santa Rusia: «La Federación de Rusia, unida por la historia milenaria, preservando la memoria de los antepasados que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios, así como la continuidad del desarrollo del Estado ruso, reconoce la unanimidad del Estado que se estableció históricamente» (artículo 67.2).
La Ley sobre Libertad de Conciencia y Asociación Religiosa de 1997 (revisada en 2019 y 2021) es el pilar fundamental de la legislación en la materia.
En el preámbulo, se confirma el derecho individual a la libertad de conciencia, de profesión religiosa y a la igualdad ante la ley con independencia de la filiación religiosa y de las convicciones. Respecto a los grupos religiosos, reconoce cuatro «religiones tradicionales»: cristianismo (Iglesia ortodoxa rusa), islam, judaísmo y budismo. Por motivos prácticos, la Iglesia católica romana y la Iglesia luterana se suelen considerar religiones rusas tradicionales a las que se invita a participar en actos oficiales. La ley subraya el papel especial de la Iglesia ortodoxa rusa debido a su contribución histórica a la espiritualidad y cultura del país.
La ley establece tres categorías diferentes de entidades religiosas: los grupos religiosos, las organizaciones religiosas locales y las organizaciones religiosas centralizadas (artículo 6).
Los grupos religiosos de facto tienen derecho a celebrar ritos y ceremonias religiosas, a realizar servicios de oración y a enseñar su doctrina religiosa. No están registrados ante el Gobierno y, por lo tanto, no tienen personalidad jurídica. No obstante, cuando un grupo inicia sus actividades tiene que notificarlo a las autoridades locales. No pueden abrir cuentas bancarias, construir, comprar o alquilar locales, ni publicar o importar literatura religiosa, ni recibir beneficios fiscales, ni ofrecer servicios de culto en prisiones, hospitales públicos ni en las fuerzas armadas (artículo 7).
Para obtener el reconocimiento como organización religiosa local, los grupos religiosos deben contar con un mínimo de diez miembros mayores de 18 años con residencia permanente en una zona determinada. Son entidades registradas tanto a nivel local como federal. Estas organizaciones religiosas locales pueden abrir cuentas bancarias, comprar y poseer o alquilar edificios para sus fines religiosos, adquirir, importar, exportar y distribuir literatura religiosa, disfrutar de exenciones de impuestos y de otras prestaciones, además de dirigir servicios de culto en prisiones, hospitales y las fuerzas armadas, etc.
Las organizaciones religiosas centralizadas han de estar compuestas por un mínimo de tres organizaciones religiosas locales para poder solicitar el registro. Disfrutan de los mismos derechos que las organizaciones religiosas locales. Pasados 50 años de existencia y actividad en el país, pueden incluir el gentilicio «ruso» en su nombre oficial (artículo 8.5). Además, pueden crear organizaciones religiosas locales como filiales sin período de espera.
Para registrarse, las organizaciones religiosas locales o centrales tienen que presentar «una lista en la que figuren los fundadores y los miembros de la dirección de la organización, con información sobre sus direcciones y pasaportes; sus estatutos; las actas de la reunión en la que se fundó; un certificado emitido por la organización religiosa central (en el caso de las organizaciones religiosas locales); una explicación de las doctrinas, prácticas, historia de la organización y de sus opiniones sobre la familia, el matrimonio y la educación; la dirección legal de la organización; certificado del pago de las tasas estatales; y una carta o la documentación de registro del organismo directivo, en el caso de las organizaciones cuyas oficinas principales estén localizadas en el extranjero».
Antes de nombrar al capellán castrense de un grupo religioso concreto, el Ministerio de Defensa exige que los miembros de este grupo religioso constituyan al menos el 10% de la unidad militar.
El 6 de junio de 2016, la llamada Ley Yarovaya (374-FZ y 375-FZ) modificó la ley de 1997. La diputada rusa Irina Yarovaya y el senador Victor Ozerov presentaron un paquete de medidas legislativas en contra del extremismo y del terrorismo. En Rusia, la amenaza del extremismo y del terrorismo es real y se debe al menos a dos factores: a las iniciativas que llevan a cabo intereses extranjeros con ánimo de radicalizar a la comunidad musulmana rusa y a la política que desarrolla la Federación de Rusia en los conflictos armados, especialmente en Chechenia, Georgia, Ucrania y Siria. Sin embargo, esta amenaza real se utiliza con frecuencia como pretexto para adoptar medidas dirigidas a reforzar la seguridad de un poder autoritario y garantizar la estabilidad social mediante una supervisión más estrecha y limitante de las libertades civiles. Como parte de la política de «mayor seguridad» de Rusia, las competencias de los servicios especiales se van ampliando casi año tras año y se toman medidas para «contrarrestar la agresión informativa de Occidente». En 2017 se adoptó la Estrategia 2017-2030 para el desarrollo de la Sociedad de la Información en la Federación de Rusia, en la que se manifiesta que la seguridad no es el único objetivo. El documento también subraya «los valores morales y espirituales tradicionales de Rusia y la observancia de las normas de comportamiento [que correspondan] en el uso de la información y de las tecnologías de comunicación». El concepto ruso de seguridad abarca tanto a la seguridad material como a la seguridad cultural, vinculada a la permanencia de la fe cristiana ortodoxa. Por este motivo, se suele considerar que los grupos religiosos «extranjeros», aun cuando no supongan una amenaza en términos materiales, son representantes de una cultura ajena y hostil.
Las enmiendas introducidas por la Ley Yarovaya aumentaron las restricciones a la religión apoyándose en las leyes en contra del extremismo. Debido a estas enmiendas, se han redefinido las «actividades misioneras» y se ha prohibido predicar, rezar, distribuir literatura y responder a preguntas sobre religión fuera de los lugares designados para ello, especialmente en los edificios residenciales (artículo 24.1 y 2-3). Está prohibida cualquier actividad misionera en locales, edificios e inmuebles que pertenezcan a otra asociación religiosa, así como en el terreno en el que están estos edificios e inmuebles, sin el consentimiento por escrito del organismo de gobierno de la asociación religiosa concernida (artículo 24.1 y 4). Según otra de las enmiendas (artículo 24.2 y 3-5), los rusos tienen que obtener un permiso gubernamental a través de una organización religiosa registrada para compartir sus creencias mediante actividades misioneras. Estas restricciones también se aplican a las actividades realizadas en viviendas privadas y en internet (artículo 24.1.1). Además, está prohibido predicar el evangelio en la calle o rezar en compañía de otros en una vivienda particular, prácticas habituales de muchas confesiones protestantes.
También hay restricciones a las actividades religiosas realizadas por extranjeros. La Ley Yarovaya establece que los misioneros extranjeros tienen que demostrar que han sido invitados por una organización religiosa registrada ante el Estado y únicamente pueden operar en las zonas en las que esté registrada dicha organización (artículo 24.2 y 3-4). Los individuos a los que se declare culpables de violar las leyes de lucha contra el extremismo son condenados a pagar multas de hasta 780 dólares estadounidenses, en el caso de individuos particulares, y de hasta 15 500 dólares estadounidenses si se trata de grupos u organizaciones. Si quienes las infringen son extranjeros, pueden ser deportados. Para más detalles sobre la Ley Yarovaya, se puede consultar el Informe de libertad religiosa en el mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El 5 de abril de 2021, el Presidente Vladimir Putin firmó una serie de enmiendas a la Ley de Libertad de Conciencia y Asociación Religiosa de 1997, para exigir una certificación rusa a los clérigos y al personal religioso educado en organizaciones educativas extranjeras —que les obliga a someterse a programas profesionales adicionales, entre ellos una formación «en el ámbito de los fundamentos de las relaciones entre el Estado y las confesiones»— y para prohibir el liderazgo de grupos religiosos a quienes se considere extremistas o terroristas, e imponer una mayor frecuencia en la presentación de informes. Según Sergey Gavrilov, jefe del Comité de la Duma Estatal para el Desarrollo de la Sociedad Civil y las Cuestiones de las Asociaciones Públicas y Religiosas, el requisito de formación adicional y nueva certificación de los clérigos educados en el extranjero está «dirigido a proteger la soberanía espiritual de Rusia».
Ley de blasfemia
El 29 de junio de 2013, se promulgó la llamada Ley de blasfemia, por la que se tipifican como delito las actividades dirigidas a herir los sentimientos religiosos de los creyentes. El artículo 148 del Código Penal prevé la imposición de una multa, o de una pena que puede llegar a un año de prisión o trabajos forzados, por «acciones que manifiesten falta de respeto a la sociedad si se llevan a cabo con el propósito de herir los sentimientos religiosos de los creyentes». «Herir los sentimientos religiosos» ya estaba sancionado en el artículo 5.26 del Código Administrativo, rara vez utilizado. Cuando esta infracción pasó a ser delito en julio de 2013, se enmendó el artículo para que incluyese «la profanación deliberada de textos religiosos o litúrgicos, objetos de veneración religiosa, gestos o emblemas de símbolos y parafernalia religiosa, o su deterioro o destrucción». Las penas asociadas se incrementaron; las sanciones se elevaron de una horquilla de 500 a 1000 rublos a la de 30 000 a 50 000 rublos, o hasta 120 horas de trabajo forzoso. En el caso de los funcionarios, se enfrentarían a una multa entre 100 000 a 200 000 rublos (datos de 2020).
Según un informe elaborado por el Global Legal Research Center, la mayor parte de los casos relacionados con la blasfemia se juzgan conforme al artículo 282 del Código Penal, que prohíbe «los actos dirigidos a incitar al odio o la enemistad, o a disminuir la dignidad de una persona o grupo de personas, a causa de su religión, [que se] lleven a cabo en público o a través de los medios de comunicación o de internet. Estos actos se sancionarán con una serie de multas, trabajos forzados, prohibición de determinadas actividades profesionales o penas de cárcel por un período de entre dos y cinco años».
Otras leyes
La Ley Federal contra las Actividades Extremistas, adoptada el 25 de julio de 2002, otorga a las autoridades el poder de censurar la libertad religiosa y de expresión, así como de tipificar como delito un amplio espectro de actividades religiosas. El artículo 13 de esta ley contempla la creación de una lista para toda la Federación de material extremista prohibido. Dado que cualquier tribunal puede añadir entradas a la lista federal, la prohibición de un determinado artículo en una ciudad o región basada en que un juez lo ha considerado «extremista» se puede aplicar en todo el país. A principios de 2020 había 5018 artículos en la Lista Federal de Materiales Extremistas del Ministerio de Justicia. Debido a la amplitud y suma de materiales clasificados como extremistas, se podría decir que tiene un efecto disuasorio, ya que prácticamente cualquier discurso puede ser perseguido.
Incidentes
Según la ONG de derechos humanos Memorial, en noviembre de 2021 las personas identificadas como perseguidas por sus creencias religiosas llegaban a 340 frente a las 228 personas así consideradas en todo 2020.
En los seis primeros meses de 2021, el Centro SOVA denunció, entre otros actos de vandalismo debidos a motivos religiosos, siete casos cometidos en lugares religiosos: dos ortodoxos, dos judíos, dos paganos y uno protestante.
El 15 de noviembre de 2021, en el informe sobre la Ley de Libertad Religiosa Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a Rusia como País de Especial Preocupación «por sus violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa». La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha recomendado incluir a Rusia en esta lista todos los años desde 2017.
La mayor parte de las violaciones de la libertad religiosa se producen contra personas acusadas de participar en actividades de grupos religiosos prohibidos. El número de estos considerados «terroristas», «extremistas» o «no tradicionales» es considerable. Entre los grupos musulmanes identificados como terroristas figuran el islamista turco Said Nursi, el movimiento panislamista Hizb ut Tahir, el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán y el Tablighi Yamaat de la India; grupos como los testigos de Jehová, Falun Gong y la Iglesia de la Cienciología han sido declarados ilegales por extremismo, y entre las «organizaciones indeseables» prohibidas se cuentan una serie de iglesias evangélicas a las que se acusa de practicar proselitismo, incumpliendo las leyes Yarovaya en contra de la actividad misionera.
Entre los grupos considerados como organización terrorista se encuentra Hizb ut Tahrir. Según algunos Gobiernos occidentales, Hizb ut Tahrir se caracteriza por aspirar a instaurar un califato islámico, pero renunciando a la violencia. Sin embargo, el Proyecto de Lucha contra el Extremismo indica que, aunque declaran que su objetivo es convertir pacíficamente a las naciones musulmanas a sistemas políticos islamistas, «los miembros de Hizb ut Tahrir han estado vinculados a actos violentos en múltiples países». El Tribunal Supremo ruso prohibió este grupo en 2003. Entre enero y noviembre de 2021, según la ONG Memorial, las autoridades rusas condenaron, investigaron o acusaron a 18 personas por su presunta participación en actividades de este grupo.
De los grupos religiosos clasificados como extremistas o indeseables, los más discriminados son los más pequeños —principalmente protestantes—, acusados de realizar obras misioneras ilegales, por las que suelen imponerse multas. En 2021, sin embargo, el Gobierno ruso ilegalizó cuatro iglesias pentecostales y prohibió y disolvió una iglesia ortodoxa no afiliada a la Iglesia ortodoxa rusa.
Se sigue considerando a los testigos de Jehová como organización extremista. En 2020, el Centro SOVA informó de 146 denuncias penales contra este grupo religioso. En 2021 se incoaron causas penales contra al menos 142 testigos de Jehová. En 2022 cabe citar como ejemplo el de los testigos de Jehová Nikolai Stepanov y Yuri Baranov, condenados por el Tribunal de la ciudad de Vólogda el 5 de septiembre de 2022 por organizar actividades en una organización extremista. Stepanov fue condenado a cuatro años de prisión y Baranov a cuatro años de libertad condicional. El 8 de septiembre de 2022, tras una redada en las viviendas de 13 de testigos de Jehová en Chelyabinsk, detuvieron a uno de los fieles, Dmitriy Dolzhikov.
En febrero de 2021, el tribunal de la ciudad de Anapa prohibió una congregación local afiliada a la Unión de Cristianos Evangélicos-Baptistas. El fiscal declaró que entre 2018 y 2020, el grupo había evangelizado y distribuido materiales sin la debida aprobación del Ministerio de Justicia de Krasnodar Krai. Aunque este grupo celebraba regularmente servicios para unos 200 fieles, supuestamente se había negado a registrarse.
En febrero de 2021, un cristiano de 63 años del pueblo de Kholmsk, en el territorio de Krasnodar, fue condenado a siete años y medio de prisión, el máximo posible, por organizar sesiones de estudio de la Biblia en línea.
En marzo de 2021, acusaron a un miembro de una iglesia baptista evangélica de Novosergievka, en el oblast de Oremburgo, de realizar actividades misioneras ilegales infringiendo el artículo 5.26. Alegaron que entre el 23 de noviembre de 2016 y el 9 de diciembre de 2020 había predicado y facilitado la difusión de folletos religiosos. A pesar de que negó haber realizado actividades misioneras, fue condenado y tuvo que pagar una multa. El 29 de diciembre de 2020, intentó regularizar las actividades del grupo ante el Ministerio de Justicia.
En abril de 2021, fue multado un ministro de la Unión de Cristianos Evangélicos-Baptistas de Obninsk, en el oblast de Kaluga, por realizar actividades misioneras ilegales infringiendo el artículo 5.26. Agentes del Servicio Federal de Seguridad acudieron al domicilio del pastor Vitaly Glebov después de que varias personas que él no conocía hubieran asistido el 13 de enero a una sesión de estudio bíblico en su casa. El viernes 9 de abril le declararon culpable y le impusieron una multa. El pastor afirmó que iba a recurrir.
En mayo de 2021, declararon culpable a la Iglesia Pan de Vida, de cristianos de fe evangélica, de Kerch (Crimea) y le impusieron una multa por haber cometido varias infracciones administrativas conforme al artículo 5.26, entre ellas no transcribir su nombre oficial completo en los vídeos que distribuía ni en sus páginas oficiales en las redes sociales.
Entre agosto y septiembre de 2021, el gobierno local de Samara ordenó la demolición del lugar de culto de la Iglesia de la Buena Nueva. Según las autoridades, el edificio de la iglesia de la localidad de Mekhzavod, propiedad de un grupo pentecostal con sede en Estados Unidos, infringía la normativa urbanística y no se había registrado el cambio de uso del suelo de residencial a religioso. El pastor Igor Liashevsky insistió en que se había obtenido el permiso adecuado para la construcción y se habían rectificado todas las infracciones detectadas por las autoridades.
En marzo de 2022, multaron al sacerdote ortodoxo ruso Ioann Burdin por un sermón dominical en el que condenaba la invasión rusa de Ucrania. El tribunal impuso la multa al sacerdote de la diócesis de Kostroma el jueves 10 de marzo. El P. Burdin insistió en que la acusación constituía una violación de su libertad religiosa, afirmando que la decisión del tribunal era «una prohibición de expresar la propia opinión, cuando no incluso de profesar las propias creencias religiosas».
Entre junio y julio de 2022, se abrió una investigación penal contra el padre Nikandr Igoryevich Pinchuk por «desacreditar» a las Fuerzas Armadas de Rusia infringiendo la primera parte del artículo 280.3 del Código Penal que había entrado en vigor en marzo de 2022. En la plataforma de redes sociales Baza, el párroco de la iglesia de San Simeón Verkhotursky de Verkhoturye criticó la acción militar en Ucrania por motivos religiosos. Declaró a Forum 18: «Soy sacerdote y tengo derecho a denunciar el mal, independientemente de quién esté implicado y de la situación política». El viernes 1 de julio registraron su domicilio y le retiraron tres memorias USB. Posteriormente le interrogaron en la oficina de la Comisión de Investigación. En marzo, multaron al padre Pinchuk, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero (Autoridad de la Iglesia Suprema Provisional), por criticar las acciones rusas en Ucrania y el bombardeo de iglesias ortodoxas.
El 14 de septiembre de 2022, el Tribunal Supremo de Rusia declaró al Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán como organización terrorista y prohibió sus actividades en Rusia.
Libertad religiosa en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania 2014-2022
La agresión de Rusia contra Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. Se considera que este no fue el comienzo de la guerra, sino solo la siguiente etapa de una guerra iniciada por Rusia en 2014 y congelada en 2015. Dado que la comunidad internacional no reconoce la anexión ilegal de Crimea, y tampoco los territorios ganados mediante la posterior invasión de Ucrania, la información sobre la discriminación o persecución de fieles y grupos religiosos, y sobre la destrucción de propiedades religiosas, se aborda en el informe de Ucrania.
Futuro de la libertad religiosa
Los grupos religiosos minoritarios han sufrido persecución legal debido a lo que la Comisión de Estados Unidos para Libertad Religiosa Internacional califica de «serie de legislaciones problemáticas».
Durante el período estudiado en este informe se han presentado numerosos casos de infracción del artículo 5.26 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, en particular de las secciones cuarta («Rusos que realizan actividades misioneras») y quinta («Extranjeros que realizan actividades misioneras»). Esta ley entró en vigor en 2016, como parte del llamado Paquete de leyes Yarovaya contra el extremismo. A pesar de que aparentemente su objetivo es proteger la libertad de conciencia de las personas y su elección de confesión religiosa, impidiendo el proselitismo agresivo e intrusivo, el artículo 5.26 va mucho más allá, restringiendo las «actividades misioneras», como predicar, rezar (en determinadas circunstancias), difundir material y hablar de religión fuera de los lugares designados, especialmente en locales residenciales o lugares públicos.
Los crecientes obstáculos legales a la libertad religiosa, y la aplicación cada vez más dura de estas leyes, manifiestan una preocupante tendencia negativa para el futuro de este derecho humano.
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