Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Rumanía protege ampliamente la actividad religiosa, prohíbe la discriminación religiosa y garantiza «la preservación, el desarrollo y la expresión» de la identidad religiosa del individuo. Más aún, garantiza la libertad de expresión, pero limitada en la medida en que provoque incitación al odio o discriminación por motivos religiosos. La Constitución también protege el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones y obliga a las escuelas públicas a impartir formación religiosa como regula la ley.
El artículo 29 es la principal disposición constitucional de protección de la libertad religiosa: garantiza la libertad de conciencia y prohíbe la conversión forzosa. Se permite a las religiones organizarse «conforme a sus propios estatutos, en los términos que establezca la ley» (ibídem). Se garantiza además que la religión será autónoma del Estado, pero apoyada por él, «incluyendo que se facilite la asistencia religiosa en el ejército, en hospitales, prisiones, hogares y orfanatos» (ibídem).
La Ley de Libertad Religiosa y Estatuto General de las Confesiones de 2007 establece el marco legal rumano en materia de libertad religiosa. Conforme al artículo 2 de esta ley, la libertad de manifestar la propia fe «no puede ser objeto de otras restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la protección de la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales». Además, dicho artículo prohíbe cambiar la religión de los niños de entre 14 y 16 años sin su consentimiento. La ley también garantiza la neutralidad del Estado «respecto a cualquier ideología religiosa o atea», así como la igualdad de todas las confesiones religiosas ante la ley.
La Ley de 2007 establece la estructura para el apoyo estatal de las diferentes comunidades religiosas, dividiéndolas en tres categorías: grupos religiosos, asociaciones religiosas y religiones reconocidas. Se clasifican como religiones reconocidas las comunidades religiosas con un «estatus de entidad jurídica propia». Las asociaciones religiosas y los grupos religiosos sin este estatus se consideran «grupos religiosos».
Los grupos religiosos se definen como grupos de individuos que adoptan, comparten y practican la misma religión, pero que no se han registrado como entidad jurídica. Las asociaciones religiosas son entidades jurídicas formadas por un mínimo de 300 ciudadanos, que han adquirido la personalidad jurídica mediante su inscripción en el Registro de Asociaciones Religiosas. Aunque estén registradas, las asociaciones religiosas no reciben financiación pública, pero sí exenciones fiscales limitadas. Las religiones reconocidas cuentan con el máximo nivel de apoyo del Gobierno y son entidades jurídicas de utilidad pública con derecho a recibir ayuda económica estatal. Para poder recibir ayudas estatales y tener la consideración de religiones legalmente reconocidas, las asociaciones religiosas tienen que solicitar su reconocimiento tras 12 años de actividad ininterrumpida en el país y contar con una afiliación mínima del 0,1% de la población.
A los alumnos que pertenecen a confesiones reconocidas se les garantiza formación religiosa de su propia religión en los centros públicos y privados, independientemente del número de alumnos del centro. Estas clases de religión son optativas; los padres de los menores y los alumnos mayores de 18 años pueden optar por no asistir. Las religiones reconocidas pueden poner en marcha tribunales religiosos para aplicar medidas disciplinarias internas y pueden contratar, elegir o despedir empleados religiosos según sus propias leyes. Todas las comunidades religiosas son libres de elegir su estructura jurídica, pero todas deben respetar las leyes y la Constitución del país y no deben «amenazar la seguridad, el orden, la salud o la moralidad públicos» ni los «derechos humanos y libertades fundamentales».
Otros estatutos protegen los bienes confiscados anteriormente por el Gobierno rumano debido a la persecución de la religión del propietario. La ley regula la restitución de bienes confiscados a la comunidad judía y otros grupos religiosos durante la Segunda Guerra Mundial y la época comunista. Los supervivientes del Holocausto y sus familiares directos tienen derecho a una pensión mensual u otro tipo de compensación. Se ha aprobado otra ley para devolver a la Iglesia católica griega las propiedades que están en manos de la Iglesia ortodoxa rumana.
Rumanía prohíbe la negación del Holocausto y los delitos y discriminaciones por motivos religiosos.
Incidentes y acontecimientos
Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en 2021 Rumanía informó de siete delitos de odio registrados por la policía, 54 juicios por delitos de odio y condenas por delitos de odio. Además, la OSCE comunicó de que en 2021 había recibido informes de dos ataques anticristianos y uno antirromaní al margen de los comunicados oficiales de las autoridades rumanas. Esto supuso un aumento de delitos respecto a 2019 (el último año del que se disponía de datos), cuando la policía registró dos delitos de odio, se enjuiciaron otros dos y hubo 33 condenas por delitos de odio. Según la Fiscalía General de Rumanía, en 2021 se denunciaron 31 incidentes de antisemitismo, frente a los 18 denunciados en 2020.
En 2021, como en años anteriores, la Iglesia católica griega denunció retrasos en las decisiones judiciales relativas a casos de restitución de bienes. Otros grupos, como la Federación de Comunidades Judías y las Iglesias reformada, católica romana y evangélica luterana, denunciaron retrasos similares.
La Iglesia ortodoxa rumana también ha tenido problemas con comunidades ortodoxas extranjeras como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Ese año, la Iglesia ortodoxa rumana acogió a un importante número de refugiados ucranianos, a quienes ofreció ayuda económica (por valor de más de ocho millones de euros), y algunos clérigos criticaron abiertamente a Rusia.
Al mismo tiempo, se criticó el intento del Gobierno ucraniano de prohibir que determinadas ramas del cristianismo ortodoxo operasen en Ucrania. Esto provocó tensiones entre los políticos rumanos, así como entre el clero ortodoxo rumano y las autoridades ucranianas, a las que acusaron de represión religiosa, lo que llevó a pedir al Gobierno ucraniano que respetara los derechos y libertades de las comunidades ortodoxas, en particular de las comunidades ortodoxas rumanas que viven en Ucrania.
Durante el período estudiado en este informe se han producido varios incidentes antisemitas. En marzo de 2021, el director del Jewish State Theatre recibió amenazas de muerte, que incluían insultos antisemitas. En junio de 2021, un cementerio judío de Ploesti fue objeto de actos vandálicos, y más tarde, en septiembre, en Bistrita, un monumento conmemorativo a las víctimas del holocausto deportadas a Auschwitz y Birkenau también fue objeto de actos vandálicos.
Según una encuesta reciente realizada en Rumanía por una ONG belga, el 14% de los rumanos de entre 18 y 75 años manifiestan sentimientos negativos hacia los judíos.
En mayo de 2021, el Gobierno rumano aprobó un plan de acción nacional bienal «para combatir el antisemitismo, la xenofobia, la radicalización y la incitación al odio». Entre sus objetivos se cuentan: «tratar de mejorar la recopilación de datos sobre incidentes antisemitas, renovar los programas de formación para las fuerzas del orden y los magistrados, actualizar el currículo escolar sobre el Holocausto y desarrollar programas culturales pertinentes».
A finales de 2022, el Gobierno rumano anunció una ley que protege los rituales kósher de sacrificio de animales, después de que una reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea confirmara la prohibición de estas prácticas en dos provincias belgas.
Durante la pandemia de 2020, el Gobierno impuso una serie de restricciones a las reuniones públicas, entre ellas los servicios religiosos. Durante el período estudiado en este informe, funcionarios del Gobierno se reunieron con representantes de las confesiones religiosas para establecer y modificar directrices. En octubre de 2021, el obispo ortodoxo Ambrosio de Giurgiu «dijo a los fieles que no “corrieran a vacunarse”». La policía «inició una investigación penal contra él por difundir “desinformación peligrosa”».
Futuro de la libertad religiosa
En general, en Rumanía se respeta y se vive el derecho a la libertad religiosa. El Gobierno ha respondido con prontitud a la inquietud suscitada por un repunte del sentimiento antisemita y de los delitos de motivación antisemita, promulgando leyes para proteger a los judíos y aprobando un plan de acción nacional contra el antisemitismo de dos años de duración.
Aunque la guerra en la fronteriza Ucrania está poniendo en entredicho las ya tensas relaciones entre la Iglesia ortodoxa rumana y otras ramas del cristianismo, y sigue habiendo problemas con la restitución de propiedades, en Rumanía las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
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