Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El preámbulo de la Constitución de la República Dominicana invoca a Dios. El escudo nacional lleva en el centro una biblia y una cruz (artículo 32). El lema nacional es «Dios, Patria y Libertad» (artículo 34).
La Constitución estipula que todas las personas nacen libres e iguales, tienen derecho a la misma protección y trato, y gozan de iguales derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, religión u opinión política, entre otras (artículo 39). Asimismo, defiende la libertad de conciencia y de culto, sujetos al orden público (artículo 45).
Los matrimonios religiosos tienen efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales (artículo 55.4).
Aunque el Estado es no confesional según la Constitución, se encuentra vigente un concordato suscrito con la Santa Sede en 1954. En él se establece que la «religión católica [...] es la religión de la nación dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden» (artículo 1).
De conformidad con este tratado, el Estado reconoce la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y de todas sus instituciones y asociaciones religiosas. Garantiza asimismo a la Iglesia católica el libre y pleno ejercicio de su potestad y jurisdicción espirituales, así como el libre y público ejercicio del culto.
El Gobierno garantiza la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas y también la facilita en colegios, hospitales y prisiones. El Estado garantiza la enseñanza de la religión católica en la escuela pública, salvo para los alumnos cuyos padres soliciten una exención. También reconoce los efectos civiles de los matrimonios celebrados conforme al derecho canónico.
La Ley 122-05 de Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro establece los procedimientos y requisitos que deben cumplirse para que el Estado reconozca a las organizaciones religiosas no católicas y les conceda personalidad jurídica. Una vez cumplidos estos requisitos, pueden disfrutar de exenciones fiscales.
La Ley General de Educación defiende la libertad de enseñanza, mientras que los centros privados pueden ofrecer instrucción religiosa y/o moral de acuerdo con sus propias ideas pedagógicas (artículo 24).
La Ley n.° 198-11 regula las condiciones bajo las cuales se reconocerán los efectos civiles de los matrimonios religiosos celebrados por las Iglesias no católicas.
En mayo de 2019, tras un informe favorable de la Comisión de Derechos Humanos, se fusionaron dos proyectos de propuestas relativas a un proyecto de ley de libertad religiosa en uno solo y luego en un tercero, que se presentó en junio de 2021; sin embargo, el proyecto de ley no salió adelante. En octubre de 2021, sus promotores instaron a la Cámara de Diputados a aprobarlo en la próxima sesión.
El proyecto de ley incorpora varios elementos, como la obligación de que las entidades religiosas y las Iglesias se registren, la prohibición de cualquier alteración del orden público, la prohibición de la discriminación por motivos de creencias religiosas, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a observar las festividades religiosas y los días de descanso y el derecho de las organizaciones religiosas a recibir financiación pública.
Incidentes y acontecimientos
En general, existe una relación positiva entre el Estado y las Iglesias. En septiembre de 2021, por ejemplo, la Mesa redonda de Diálogo y Representación Cristiana acogió con satisfacción el anuncio del Ministro de Educación de que proporcionaría biblias a las escuelas. En octubre, la Red Global de Religiones a favor de la Niñez (GNRC, por sus siglas en inglés) reunió a líderes religiosos para debatir formas de trabajar a favor de la infancia. En noviembre, el episcopado dominicano propuso al Gobierno la creación de un Ministerio de la Familia.
Esta relación de cooperación continuó en 2022. En marzo, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, participó en el carnaval de Cristo Rey, durante el cual recibió un homenaje por sus contribuciones a la sociedad. En junio del mismo año, el Gobierno acordó proporcionar financiación al Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios para construir una iglesia en reconocimiento a su aportación a la sociedad. En la ceremonia, las autoridades subrayaron el compromiso del Gobierno de apoyar a las Iglesias dominicanas en su labor caritativa y su preocupación por la familia.
Además de lo anterior, en el período estudiado en este informe surgieron algunas controversias. Una de ellas se refería al plan del Gobierno que instaba a los ciudadanos a vacunarse. El programa recibió el apoyo de la Iglesia católica y del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica; sin embargo, otros grupos religiosos rechazaron el plan. A medida que se desarrollaba la pandemia, en octubre de 2021 se tomaron otras medidas para luchar contra la COVID-19, como exigir una tarjeta acreditativa de la vacunación para entrar en espacios cerrados, excepto las iglesias.
Otra cuestión controvertida que se debatió fue la propuesta de un nuevo Código Penal. En febrero de 2022, en el tradicional mensaje por el Día de la Independencia, los obispos católicos aprovecharon para reclamar un Código Penal que condenara el aborto y prestaron especial atención a la situación de la familia dominicana, importante en una sociedad que promueve cada vez más principios contrarios a la unidad familiar y a la institución del matrimonio. También hicieron un llamamiento al diálogo para abordar el problema de la inmigración.
Una última polémica se refería a un memorando emitido por el Director General de la Policía Nacional a los directores regionales en mayo de 2022. La nota instaba a registrar a los miembros que «participaran en las misas dominicales católicas y en los servicios religiosos evangélicos». Los agentes debían «remitir todos los lunes a esta oficina de la Policía Nacional un informe con los datos de los miembros, iglesias e imágenes fotográficas de las actividades». El memorando desató las acusaciones de espionaje a las Iglesias, a las que la policía respondió diciendo que solo pretendía estrechar lazos con los distintos sectores de la sociedad, siempre desde el respeto a la libertad de culto y religión, protegida constitucionalmente.
Futuro de la libertad religiosa
En el período 2021-2022 no se han registrado incidentes de discriminación ni violaciones de la libertad religiosa. El Gobierno ha reconocido abiertamente las aportaciones positivas de los grupos religiosos al país.
A pesar del memorando policial, de la falta de avances en la ley relativa a la libertad religiosa y de los debates sobre la cuestión del aborto en el nuevo Código Penal propuesto, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
República Dominicana