Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República Democrática del Congo de 2006 establece el carácter laico del Estado, y proclama el respeto al pluralismo religioso. Se prohíbe en ella toda forma de discriminación basada en el origen étnico, la religión o la opinión (artículo 13) y se establece que toda persona tiene derecho a manifestar libremente su religión en público y en privado (artículo 22). Hay libertad para construir iglesias y recaudar fondos para realizar actividades religiosas dentro y fuera del país. Todos los grupos religiosos tienen libertad para hacer proselitismo, también mediante la enseñanza de la religión a los niños. Hay quienes predican incluso en mercados, confluencias de calles y autobuses públicos.
La religión forma parte del programa oficial de estudios y se imparte en los colegios. La Constitución establece que «los centros nacionales de educación garantizarán a sus alumnos menores de edad, en colaboración con las autoridades religiosas, y a demanda de los padres, una formación conforme a sus convicciones religiosas».
En 1977, el Gobierno de la entonces República del Zaire (antiguo nombre del país) firmó un convenio escolar con las comunidades católica, protestante, kimbanguista e islámica. En 2016 la República Democrática del Congo firmó un acuerdo marco con la Santa Sede sobre cuestiones de interés común, entre ellas «las instituciones católicas de educación, la enseñanza de la religión en los colegios, las actividades de caridad y beneficiencia de la Iglesia, la atención pastoral en las fuerzas armadas, las prisiones y los centros hospitalarios, además de los impuestos sobre las propiedades, la obtención de visados de entrada y permisos de residencia del personal religioso».
Varios grupos religiosos gestionan una amplia gama de instituciones como colegios, centros de salud, orfanatos y empresas de comunicación. Respecto a los medios de comunicación, la mayor parte de los canales de televisión y de las cadenas de radio de Kinshasa pertenecen a distintas confesiones cristianas.
Aunque el Estado es laico, la Conferencia Episcopal Nacional del Congo y el Consejo Ecuménico del Congo representan un importante papel en los asuntos políticos, prestando atención a los ámbitos social, educativo y económico.
Además, en el artículo 74, se menciona a Dios y el presidente electo tiene que jurar el cargo «ante Dios y ante la Nación».
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, las regiones orientales de la República Democrática del Congo han seguido sufriendo el terrorismo en forma de secuestros, atrocidades y asesinatos; ello ha provocado desplazamientos masivos, sobre todo en la región de Beni. Aunque en las zonas fronterizas orientales del Congo hay más de 100 milicias diferentes, el grupo rebelde musulmán Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) sigue perpetrando reiteradamente crueles ataques contra líderes religiosos y civiles. Este grupo armado, cuyos combatientes proceden principalmente de Uganda y la propia República Democrática del Congo, juró en 2019 lealtad al Estado Islámico, grupo extremista islamista con un programa expansionista.
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera al grupo «como afiliado del Estado Islámico y Organización Terrorista Extranjera desde 2021». Las repercusiones sobre la población civil han sido catastróficas. Según los registros de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, MONUSCO), «las Fuerzas Democráticas Aliadas mataron en 2021 a más de 1300 civiles, casi un 50% más que en 2020». La ONU ha atribuido a estas Fuerzas Democráticas Aliadas «crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos asesinatos de civiles, secuestros y utilización de niños soldado».
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la provincia de «Kivu Norte tiene 1,8 millones de desplazados internos e Ituri 1,7 millones, entre ellos un número desproporcionadamente alto de mujeres y niños. Más de cinco millones de personas están desplazadas en todo el Congo, una de las mayores poblaciones de desplazados internos de África».
Durante el período estudiado en este informe se produjeron numerosos ataques contra militares y civiles (muchos atribuidos a las Fuerzas Democraticas Aliadas, aunque el grupo militante rara vez hace publicidad de sus ataques); por tanto, la lista de incidentes tan solo es representativa:
El 5 de enero de 2021, en un pueblo del este de la República Democrática del Congo, murieron al menos 22 civiles en una incursión nocturna realizada por presuntos extremistas de las ADF. Otros 17 fueron asesinados a hachazos en un pueblo cercano una semana antes.
El 14 de enero, 46 civiles murieron en un ataque perpetrado por presuntos militantes de las ADF contra una aldea del este del país, según informó un alto funcionario provincial.
El 7 de febrero, presuntos combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) asesinaron durante la noche a 12 campesinos de la aldea de Mabule en el este de la República Democrática del Congo (RDC).
El 9 de febrero, diez personas fueron asesinadas con arma blanca en un ataque atribuido a las ADF en Kithovirwa, cerca de Mwenda.
El 15 de febrero, presuntos islamistas de las ADF mataron a tres soldados y 13 civiles e incendiaron una iglesia católica.
El 16 de febrero, según las informaciones recibidas, unas 10 personas murieron en el este de la República Democrática del Congo a manos de miembros de la milicia ADF. ACNUR declaró que en 2020 «asesinaron a más de 2000 civiles en Kivu del Norte y del Sur y en la provincia de Ituri».
El 24 de marzo, murieron ocho personas durante un ataque perpetrado por hombres armados identificados como rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas en la aldea de Aveyi, a unos 15 km de Oicha, capital del territorio de Beni. También tomaron como rehenes a 20 civiles.
Los días 30 y 31 de marzo, veintinueve civiles murieron y otros cincuenta fueron secuestrados durante ataques atribuidos a combatientes de las ADF en las aldeas de Moliso, Beu-Manyama y Musangwa, en el territorio de Beni, en Kivu del Norte.
El 7 de abril, tras un viaje de investigación realizado en enero a Kivu del Norte e Ituri por una delegación conjunta de la Conferencia Episcopal y la Asociación de Conferencias Eclesiásticas de África Central (ACEAC), los obispos católicos emitieron un comunicado en el que hacían un llamamiento a los dirigentes del país para que reorientaran su estrategia política, militar y humanitaria. Entre las cuestiones que plantearon, los obispos se refirieron también al aspecto religioso del conflicto en la zona de Beni-Butembo (provincia de Kivu Norte), destacando «la islamización de la región como una especie de estrategia más profunda para influir negativamente a largo plazo en la situación política general del país». Los obispos citaron testimonios de prisioneros huidos de la milicia islamista ADF que confirmaron «haber sido obligados a “convertirse” al islam».
El 30 de abril de 2021, el presidente Félix Tshisekedi declaró el estado de sitio en las provincias de Kivu Norte e Ituri. Horas después de la declaración, militantes armados mataron a 19 personas en ataques contra dos aldeas de las provincias orientales.
El 1 de mayo, un grupo armado no identificado asesió a tiros al jeque Ali Amini, presidente de la Comunidad Islámica del Congo (COMICO), mientras celebraba el culto en la mezquita principal de Beni. Era un clérigo conocido por sus críticas contra la militancia islámica. Aunque ningún grupo reivindicó su autoría, las sospechas se han centrado en las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF). El asesinato de este jeque durante el mes de Ramadán conmocionó a la ciudad de Beni. Unas semanas después, fue asesinado por un comando no identificado en Mavivi otro líder musulmán, el jeque Yamali Musa, cuando regresaba a su casa tras la oración de la tarde. El jeque Musa era representante de la sociedad civil en Mavivi y los dos imanes eran conocidos «por sus advertencias periódicas sobre los movimientos de los combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en la región».
El 6 de mayo, en una entrevista concedida a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Mons. Melchisédech Paluku Sikuli, obispo de la diócesis de Butembo-Beni, denunció la ineficacia de la respuesta del Gobierno y de las fuerzas de la ONU al terrorismo que se está produciendo en el este del país, afirmando que «los terroristas expulsan a las poblaciones autóctonas de sus hogares, mientras los criminales trafican con la explotación de los recursos minerales del Congo, sin que nadie les moleste». El obispo señaló que «existe un plan amplio para islamizar o expulsar a las poblaciones locales». A modo de aclaración, explicó: «Todos los que han sido secuestrados por estos grupos terroristas y que han escapado con vida de ellos cuentan lo mismo. Les dieron a elegir entre la muerte y la conversión al islam. Les imponen nombres musulmanes para consolidar su identidad». Por último, el obispo llamaba la atención sobre los intereses económicos en la región y el papel de Ruanda: «¡Es evidente que la islamización no es su única motivación! En esta región abundan los recursos naturales, que se explotan de forma totalmente ilegal. ¿Cómo explicar, si no, esas refinerías de coltán que funcionan en Ruanda cuando el país no dispone de este recurso? Este raro mineral se extrae aquí, en nuestra región, y se exporta de forma bastante ilegal al otro lado de la frontera. Y no veo muestras de preocupación en el Gobierno congoleño».
El 13 de mayo, mes de Ramadán, se vio empañado por la violencia, ya que grupos musulmanes rivales se enfrentaron por cuestiones relativas a la sucesión del liderazgo dentro de la comunidad musulmana y al derecho a celebrar las fiestas del Aíd en un estadio deportivo. La Policía Nacional congoleña intentó controlar la situación con gases lacrimógenos y disparando ráfagas al aire para dispersar a los alborotadores. Según las autoridades, «una mujer policía se encontraba en estado crítico y otras 46 personas resultaron heridas», entre ellas una mujer de 81 años. Posteriormente, se condenó a muerte a treinta personas.
El 16 de mayo, las Fuerzas Democráticas Aliadas asesinaron a 21 personas en cinco aldeas de la jefatura de Babila Babombi. Tomaron como rehenes a otras 52 personas.
El 30 de mayo, las autoridades locales acusaron al grupo militante ADF de la muerte de al menos 50 personas en dos atentados perpetrados durante la noche en la conflictiva región oriental del país.
El domingo 27 de junio, una bomba explotó cerca de una iglesia católica en la ciudad de Beni, en Kivu Norte, causando heridos y pánico entre la población.
El 12 de julio, miembros de la Cruz Roja descubrieron los cadáveres de dieciocho civiles, entre ellos tres mujeres y dos niños, en varias aldeas del territorio administrado por jefes tradicionales de Walese Vonkutu, en el territorio de Irumu. La mayoría de las víctimas estaban decapitadas. Al parecer, rebeldes de las ADF, activos en la región, asesinaron a las víctimas.
Según estimaciones de 2021, en la región había al menos 7500 personas secuestradas. El 8 de julio secuestraron en Goma a una monja católica, la hermana Francine, y la liberaron una semana después. Ya en abril, la Conferencia Episcopal Congoleña había hecho pública una declaración en la que instaba a los dirigentes del Gobierno a tomar medidas ante esta tendencia.
Muchas iglesias se han convertido en blanco del vandalismo. Entre abril y julio de 2021, casi 10 iglesias sufrieron ataques y fueron destruidas, especialmente en la región de Kasai. El primer ministro Jean-Michel Sama Lukonde declaraba: «El Gobierno de la República condena firmemente los actos de profanación, violencia y vandalismo que se han observado en Kinshasa y Mbuji Mayi contra la Iglesia católica. El vandalismo y la violencia no tienen cabida hoy en el Congo».
El 1 de agosto, un grupo de jóvenes destrozó el domicilio del cardenal Fridolin Ambongo en Kinshasa, así como la sede de la archidiócesis de Kinshasa.
El 2 de agosto, presuntos militantes de las ADF secuestraron y ataron a 14 personas que cortaban leña cerca de la aldea de Idohu, en Ituri. Los combatientes ejecutaron a los civiles, y dejaron sus cuerpos «tendidos en fila cortando la carretera».
El 4 de agosto, los obispos católicos del Congo pidieron el fin de los ataques dirigidos contra «parroquias, grutas marianas, altares y santuarios» en la diócesis de Mbujimayi. La Conferencia «condena enérgicamente estos actos de violencia inadmisibles, que constituyen un grave atentado contra la libertad religiosa y de expresión, pero también una violación de la democracia».
El 22 de agosto, individuos no identificados saquearon la iglesia católica de San Pablo, en Kamende; quemaron una biblia y robaron numerosos objetos.
El 27 de agosto, según la ONU, presuntos combatientes de las ADF mataron a al menos 19 civiles y secuestraron a varios más en Kalunguta, territorio de Beni.
El 6 de septiembre, presuntos militantes de las ADF «armados con machetes, palos y garrotes, mataron a más de 30 habitantes de las aldeas del este de la República Democrática del Congo».
El 21 de octubre, presuntos militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas atacaron varias aldeas de Kalembo, matando al menos a 16 civiles en tres de ellas.
El 23 de octubre, individuos no identificados secuestraron al pastor de una iglesia baptista y a un dirigente católico en el barrio de Mwanzi, en Kisharu.
El 21 de noviembre, un grupo armado atacó un campo de desplazados internos en Drodro, donde mataron a 44 personas y destruyeron más de 1200 refugios.
El 30 de noviembre, un grupo armado mató a 26 personas en el campo de desplazados internos de Nyala, en la provincia de Ituri. Según el portavoz del ACNUR, Boris Cheshirkov, «entre los muertos había diez mujeres y nueve niños, y 11 personas resultaron heridas. Los atacantes utilizaron pistolas, machetes y cuchillos».
Entre el 10 y el 11 de noviembre, las ADF llevaron a cabo una incursión en la aldea de Nyala, en la que murió una persona, otras dos resultaron heridas e incendiaron 24 viviendas.
A principios de 2021, el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), mayoritariamente de etnia tutsi, frustrado por «el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos sobre la rehabilitación de antiguos rebeldes», reanudó los ataques contra objetivos militares y civiles en el este de la República Democratica del Congo. El 4 de noviembre, el presidente Felix Tshisekedi pidió a los jóvenes que formaran «grupos de vigilancia» para responder a la actividad de los rebeldes del M23.
El 25 de diciembre de 2021, día de Navidad, explotó una bomba en la ciudad de Beni matando al menos a seis personas.
El 15 de enero de 2022, una milicia llamada Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) y la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC) atacaron a un grupo de la Renovación Carismática católica en Kokonyangi. Al menos 11 personas murieron.
El 24 de enero, secuestraron en Malinde a tres cooperantes de la ONG cristiana Tearfund.
El 2 de febrero, un grupo armado no identificado mató al padre Richard Masivi en una iglesia católica del pueblo de Vusesa.
El 2 de febrero, la milicia CODECO mató a más de 60 desplazados internos en un ataque contra el refugio de Plaine Savo, en Yugu, provincia oriental de Ituri, utilizando machetes y otras armas.
El 31 de mayo, el Estado Islámico reivindicó la autoría de un ataque (se cree que perpetrado por miembros de las ADF, que prometieron aliarse con el Estado Islámico en 2019), en el que murieron unos 20 cristianos. Al parecer, los militantes irrumpieron en la aldea de Bulongo, en la provincia de Kivu Norte, al anochecer, «saquearon viviendas, asesinaron a los habitantes que se cruzaron en su camino e incendiaron seis vehículos».
El 22 de junio, más de 10 cristianos murieron cerca de la aldea de Makisabo, en Beni, cuando el grupo extremista islamista ADF tendió una emboscada a tres vehículos. Según las noticias recibidas, los militantes «bloquearon la carretera, dispararon a todos los pasajeros e incendiaron los vehículos». Un obispo local declaró: «Sabemos que la situación de guerra en el Congo es compleja, pero no podemos ignorar el hecho de que los grupos rebeldes tienen como objetivo a los cristianos. Tenemos pruebas de que los asesinos han establecido vínculos con el Estado Islámico (ISIS), y los supervivientes nos han confesado que les pidieron que recitaran la shahada si querían sobrevivir. Tenemos pastores que han sido asesinados por negarse a renegar de Cristo e islamizarse. Pedimos oraciones y apoyo para atender a millones de refugiados, viudas y huérfanos».
Del 2 al 5 de julio, el papa Francisco tenía previsto visitar la República Democrática del Congo, pero el 13 de junio se vio obligado a aplazar su viaje apostólico por problemas de rodilla. El Papa dijo: «Pedimos a todos que mantengan la esperanza, a pesar de los inconvenientes causados por el aplazamiento de la visita papal, y que sigan siendo pacientes y perseveren en la oración».
El 25 de junio, monseñor Donatien Nshole, secretario general de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO), anunció en rueda de prensa que, «para mostrar la gran consideración que tiene por nuestro país, el Santo Padre ha decidido enviar a Kinshasa a Su Eminencia el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, para que rece con nosotros el domingo 3 de julio de 2022». Además, monseñor Nshole aseguró que el viaje del cardenal Pietro Parolin a la República Democrática del Congo no sustituirá al viaje del papa Francisco al país: «[solo ha sido] aplazado y se espera que se establezcan nuevas fechas».
El 2 de julio, el cardenal Pietro Parolin y representantes de la CENCO se reunieron con el primer ministro congoleño, Jean-Michel Sama Lukonde, y otros funcionarios del Estado, para firmar los acuerdos que definen el estatuto jurídico de la Iglesia en ámbitos como la sanidad, las finanzas, la atención pastoral y el compromiso social. El acuerdo, conocido como el Acuerdo Marco, reconoce la naturaleza única de la Iglesia, que hasta entonces era reconocida por el Estado como una organización sin ánimo de lucro. Aunque el acuerdo se aprobó en 2019 y entró en vigor en 2020, nunca se ha aplicado plenamente.
El 23 de julio, presuntos extremistas de las Fuerzas Democráticas Aliadas mataron al reverendo Joel Tibasima Bamaraki y a dos ancianos de la iglesia en un ataque perpetrado en la aldea de Kabasungora, en la localidad de Bahema-Boga. Se sospecha que fue el mismo grupo el que el 24 de julio asesinó a al menos siete cristianos e incendió dos iglesias en la aldea de Kayera, localidad de Bahema-Mitego. El reverendo Besisa Birahure, líder de la iglesia local, declaró: «Ahora es peor, porque su objetivo son los líderes religiosos. Estamos desbordados. ¿Qué podemos hacer? Porque en esta masacre en la que nos encontramos, y ya son demasiadas, no sabemos qué hacer... Así que sigan rezando por nosotros; para que, sean cuales sean las dificultades cada vez más duras, Dios nos sostenga para mantenernos firmes».
Las tensiones entre la comunidad local y los cascos azules de la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) siguieron aumentando tras un ataque perpetrado el 25 de julio en el que murieron al menos 15 personas (tres miembros de las fuerzas de paz de la ONU y 12 manifestantes) en las bases de la ONU en Goma y en otras ciudades del norte del país. Los manifestantes culparon a la MONUSCO de no haber evitado los disturbios provocados por los grupos armados en el este del país. El obispo de Butembo-Beni, Melchisédech Sikuli Paluku, comentaba así la situación: «El vaso está lleno, no sería de extrañar que un día viéramos rebelarse a toda la ciudad, incluida la gente más insospechada».
El 4 de agosto, un informe de la ONU reveló que había pruebas de que las tropas ruandesas habían prestado apoyo militar y combatido con el grupo rebelde M23 en el este de la República Democrática del Congo, proporcionándole armas y apoyo. «El resurgimiento del M23 ha exacerbado las tensiones regionales y ha espoleado protestas mortales contra la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo, a la que los civiles acusan de no protegerles».
El 9 de agosto, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó a Kinshasa como escala de una gira por tres países africanos. La visita sirvió para reforzar las relaciones pasadas, presentes y futuras entre Estados Unidos y la República Democrática del Congo y para estudiar cómo ambas naciones pueden colaborar con mayor eficacia para impulsar causas como la protección del medio ambiente y los derechos humanos. También se trataron asuntos relacionados con la libertad religiosa.
El 19 de octubre, la hermana Marie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki, de las Hermanitas de la Presentación de Nuestra Señora en el Templo, fue asesinada en un ataque reivindicado por las Fuerzas Democráticas Aliadas. El padre Marcelo Oliveira, responsable de los Misioneros Combonianos, declaró: «Los rebeldes de las ADF atacaron el pueblo, y más concretamente el hospital. Saquearon todo lo que encontraron, se llevaron medicinas, y al final prendieron fuego al edificio. Quemaron viva a una monja, que también era médico y estaba de guardia nocturna, y a un paciente».
El 20 de octubre, el M23 lanzó una ofensiva contra el ejército congoleño en Rutshuru sembrando el pánico en Kivu Norte. Naciones Unidas calcula que más de 50 000 personas huyeron de sus hogares entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre. El 31 de octubre, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió el cese inmediato de los combates y la retirada del M23 de las zonas ocupadas. El presidente de la República Democrática del Congo, Tshisekedi, acusó a Ruanda de apoyar la rebelión, afirmando que Ruanda, tratando de conseguir las riquezas minerales de la RDC, pretendee «desestabilizar el este del Congo para crear una zona sin ley con la que satisfacer sus apetitos criminales». Ruanda negó las acusaciones. El 31 de diciembre, la Unión Europea pidió a Ruanda «que deje de apoyar al grupo rebelde M23».
El 26 de octubre, el papa Francisco, tras un atentado terrorista en el que murieron varios pacientes y un miembro del personal del hospital de una misión católica, «denunció el “horror” que sigue “ensangrentando” la República Democrática del Congo». En su audiencia general, el pontífice declaró: «Recemos por las víctimas y sus familias, así como por la comunidad cristiana y los habitantes de esa región, agotados por la violencia desde hace demasiado tiempo».
En noviembre, tras una reunión extraordinaria de la Conferencia Episcopal, 42 arzobispos, obispos y administradores apostólicos firmaron una declaración en la que advertían de una posible ruptura del país. Como prueba de ello, los prelados señalaron las múltiples regiones en las que ha estallado la violencia; el resurgimiento de grupos militantes como el M23; la violencia intercomunitaria y las muertes por la posesión de la tierra en el oeste del país, que enfrentan a la etnia teke con quienes no lo son, y la venta ilegal de tierras a extranjeros en el Congo Central, todo lo cual ha provocado el desplazamiento forzoso de miles de personas. Los líderes de la Iglesia advirtieron de que la creciente inseguridad amenaza con dividir el país, afirmando que «el momento es grave. Nuestro país está en peligro, si no tenemos cuidado, nos despertaremos una mañana con un país balcanizado». Los obispos también señalaron la responsabilidad de la comunidad internacional, incluidas las empresas multinacionales que hacen alianzas con quienes han desarrollado una forma de «especulación militar»: «La comunidad internacional, que manifiesta una posición vacilante, tiene una grave responsabilidad por su indulgencia hacia las multinacionales y los países depredadores de nuestros recursos naturales. ¿De qué mantenimiento de la paz estamos hablando cuando el número de muertos no deja de multiplicarse?»
El 1 de diciembre, las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo acusaron al grupo rebelde M23 «de matar a 50 civiles en la ciudad oriental de Kishishe». La Misión de mantenimiento de la paz de la ONU declaró: «El objeto de estas denuncias, si se confirman, podría ser considerado criminal conforme al derecho humanitario internacional».
El 4 de diciembre de 2022, «decenas de miles de cristianos se echaron a la calle en toda la República Democrática del Congo», siguiendo el llamamiento de la Conferencia Episcopal católica, en protesta por la violencia del M23 en las regiones orientales. Los líderes de la Iglesia también acusaron a la comunidad internacional de «hipocresía por el supuesto papel de Ruanda en la lucha».
Futuro de la libertad religiosa
La República Democrática del Congo, que cuadruplica el tamaño de Francia, posee enormes riquezas minerales, como oro, diamantes, cobalto y coltán. A pesar de ello, amplios sectores de la población viven en la indigencia. Aunque antes la inseguridad se concentraba en el norte, la violencia se ha extendido por todo el país y hoy varias regiones de la RDC son escenario de conflictos armados en los que participa una constelación cada vez más amplia de grupos rebeldes, entre ellos milicias terroristas islamistas. El número de grupos armados ha pasado de unas pocas decenas en 2006, año en que se desplegaron las fuerzas de la ONU, a aproximadamente 120 en la actualidad, y los extremistas atacan con mayor frecuencia los lugares de culto.
La situación del país es compleja e incluye factores políticos, económicos, étnicos y religiosos, a todo lo cual se añade el terrorismo. Lo más controvertido es la acusación de la ONU del 4 de agosto de 2022 sobre la complicidad ruandesa con el grupo rebelde M23.
La Iglesia católica ha criticado abiertamente la situación y ha pedido cambios tanto a nivel nacional como internacional. En un comunicado de abril de 2021, los obispos destacaron los objetivos de los agresores, afirmando que «explotan las debilidades de las fuerzas armadas regulares para alcanzar sus objetivos políticos y religiosos», que incluyen «la ocupación de la tierra, la explotación ilegal de los recursos naturales, el propio enriquecimiento gratuito y la islamización de la región sin tener en cuenta la libertad religiosa».
Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas.
República Democrática del Congo