Marco legal sobre la libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República Centroafricana fue aprobada en referéndum el 13 de diciembre de 2015 y se promulgó el 30 de marzo de 2016. Con ella se puso fin a la transición política después de que el país superara oficialmente la crisis desatada por el violento golpe de Estado de los rebeldes de Seleka, de mayoría musulmana, en marzo de 2013. La nueva Constitución sustituyó a la Carta de Transición (Charte de la Transition) vigente desde julio de 2013.
La Constitución de 2016 reconoce la «diversidad étnica, cultural y religiosa» del pueblo centroafricano, «que contribuye al enriquecimiento de su personalidad» (Preámbulo). Garantiza «la libertad de conciencia, de reunión, de religión y de creencias» y prohíbe cualquier forma de fundamentalismo religioso [intégrisme] y de intolerancia» (artículo 10) y proclama el carácter laico del Estado (artículo 24).
Todas las confesiones religiosas tienen derecho a emitir un programa semanal en la radio estatal (Radio Centrafrique) y a gestionar sus propias emisoras de radio. Las principales emisoras de radio confesionales son Radio Nôtre Dame, católica, con sede en Bangui, y Radio Voix de l’Évangile (antes Radio Nehemie). Otras cadenas católicas emiten libremente. Radio Siriri, en Bouar, y Radio Maria Be Africa, en Bossangoa, tienen muchos seguidores. Radio María también emite en Bangui desde finales de 2013.
La República Centroafricana firmó un Acuerdo Marco con la Santa Sede el 6 de septiembre de 2016, que entró en vigor el 5 de marzo de 2019. En él se establece un marco jurídico para las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el que ambas entidades, salvaguardando sus respectivas autonomías, se comprometen a cooperar por el bien común y el bienestar moral, social, cultural y material de todos los ciudadanos.
Según la jerarquía católica, aún no se ha logrado la plena aplicación del acuerdo. Las autoridades argumentaron que había que redactar «un documento jurídico de seguimiento» y darle curso legal. La cuestión seguía pendiente a finales de 2022.
Durante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Centroafricana celebrada en enero de 2020, los obispos presentaron al Ministerio de Relaciones Exteriores una lista de temas prioritarios, pero en septiembre de 2022 no se había recibido respuesta. Entre otros problemas, hay grandes retrasos en la concesión de permisos de residencia a los misioneros expatriados, y las elevadas tasas dificultan que las congregaciones religiosas traigan personal ajeno a la República Centroafricana.
Los grupos religiosos, salvo los seguidores de las religiones tradicionales, deben inscribirse en el Registro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para realizar este trámite, deben demostrar que cuentan con un mínimo de 1000 miembros y que sus líderes tienen una formación religiosa adecuada, evaluada por el Ministerio.
Según la ley, este registro puede denegarse a cualquier grupo religioso si atenta contra la moral y la salud públicas y/o es responsable de perturbar la paz social. El procedimiento es gratuito y confiere reconocimiento oficial y ciertos beneficios, como exenciones de derechos de aduana para vehículos o equipos. No se aplican sanciones a los grupos que no se registran.
La última confesión religiosa en registrarse fue la Iglesia ortodoxa rusa, aprobada oficialmente por el Ministerio de Administración Territorial el 4 de julio de 2022. Por esas fechas, la Iglesia ortodoxa rusa estableció un templo en el centro de Bangui. Para muchos observadores, es un elemento más de la creciente influencia rusa en el país, que ha ido en aumento desde 2017.
En los últimos años han ido llegando a la República Centroafricana nuevos grupos religiosos, en particular iglesias cristianas pentecostales o «renacidas», que celebran servicios religiosos sin dificultades. En algunos casos, para sus ceremonias religiosas públicas utilizan los edificios oficiales del Gobierno, como el Ministerio de Asuntos Exteriores en Bangui.
La enseñanza religiosa no es obligatoria, pero se imparte en la mayoría de los colegios. La Iglesia católica, en las nueve diócesis del país, cuenta con una red de colegios coordinada por la oficina de Escuelas Católicas Asociadas de la República Centroafricana (ÉCAC), que ha firmado un protocolo de entendimiento con el Ministerio de Educación. El personal expatriado que trabaja en la ÉCAC disfruta de un permiso de residencia gratuito. La Universidad pública de Bangui cuenta con una capellanía católica cercana al campus, gestionada por los jesuitas, donde se realiza gran variedad de actividades pastorales y culturales.
Las principales festividades religiosas cristianas son vacaciones oficiales: Viernes Santo, Domingo de Resurrección, la Ascensión, la Asunción de Nuestra Señora, Todos los Santos y Navidad. El Estado también reconoce como días festivos las festividades musulmanas de Aíd al Fitr y Aíd al Kebir. En los últimos años, se ha establecido como costumbre que los altos funcionarios del Estado (casi todos cristianos) asistan a las oraciones públicas en las mezquitas de Bangui y las distintas prefecturas del país durante estas dos principales fiestas musulmanas.
Incidentes y acontecimientos
Según la ONU, la República Centroafricana es «el segundo país menos desarrollado del mundo», donde «solo el 14,3% de los más de 5 millones de habitantes tiene acceso a la electricidad» [...], «el 71% de los cuales vive por debajo del umbral internacional de pobreza» y «más de la mitad necesita ayuda humanitaria». A la miseria se suma la incesante violencia que ha sufrido la población durante el período estudiado en este informe.
Desde diciembre de 2020 se vienen denunciando graves violaciones de los derechos humanos con motivo de la ofensiva del Gobierno contra los rebeldes liderados por la Coalición de Patriotas por el Cambio. Un objetivo especial de las autoridades y sus aliados, mercenarios rusos, han sido los civiles musulmanes.
El Informe 2021 sobre Libertad Religiosa Internacional publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, según Naciones Unidas, entre junio de 2020 y junio de 2021 las fuerzas gubernamentales y sus aliados han cometido el 46% de los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario. El mismo informe afirmaba que «los ataques de las fuerzas armadas del Gobierno y sus aliados contra las comunidades musulmanas aumentaron entre febrero y junio de 2021».
El Gobierno de la República Centroafricana ha contradicho reiteradamente estos informes internacionales, calificando tales estudios como intentos de empañar la imagen de las fuerzas de seguridad del país y la de sus aliados.
Según la CNN y el grupo de investigación The Sentry, el 16 de febrero de 2021 murieron 14 personas en una mezquita de Bambari cuando las fuerzas gubernamentales reconquistaron la ciudad tomada por la Coalición de Patriotas por el Cambio. Durante el asalto, fuerzas del Grupo Wagner y miembros de las Fuerzas Armadas Centroafricanas violaron, torturaron y asesinaron a civiles musulmanes. Desde entonces, Bambari sigue siendo un foco de tensiones.
A pesar de estas acusaciones, según el presidente del Consejo Superior Islámico (Conseil Supérieur Islamique de Centrafrique) Abdulaye Waselegue (Ouasselegue), no hay discriminación ni persecución contra los musulmanes en el país. Atribuyó la supuesta persecución de los fulani, en su mayoría musulmanes, al hecho de que muchos de ellos se unieron a grupos rebeldes miembros de la Coalición de Patriotas por el Cambio, como la Unión por la Paz en la República Centroafricana (UPC) y el grupo 3R: Retorno, Reclamación, Rehabilitación.
Sin embargo, el destacado líder musulmán Ali Usmane, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Musulmanas de África Central, grupo de defensa de los derechos de los musulmanes, declaró que esta comunidad religiosa constituye claramente uno de los objetivos. En una entrevista concedida a un periodista holandés, Usmane declaró: «Tenemos varios testigos que vieron cómo los rusos detenían y ejecutaban a musulmanes. [...] Hay soldados nuestros que colaboran con ellos y también hacen ese tipo de cosas. Agarran a las mujeres, les atan las manos. A veces les ponen una bolsa en la cabeza. Luego las meten en un coche y unos minutos después están muertas. [...] Nadie dice nada porque todos temen por su seguridad».
En marzo de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios hizo pública una declaración en la que manifestaba su alarma ante los abusos cometidos por grupos militares rusos en varios países, entre ellos la República Centroafricana.
El 18 de enero de 2021, cuando el Tribunal Constitucional confirmó la victoria del presidente Faustin-Archange Touadéra en las elecciones del 27 de diciembre de 2020, la Conferencia Episcopal Católica declaró que esto no «resuelve la fragilidad de unas elecciones en las que solo el 35% de los votantes pudieron manifestar sus preferencias». Los obispos renovaron su llamamiento al diálogo: «Llevamos ocho años inmersos en una crisis político-militar. [...] Hacemos un llamamiento a un diálogo sincero y franco, fraternal y constructivo, para encontrar una paz justa y duradera, rechazando el odio, la violencia y el espíritu de venganza».
El 19 de enero de 2022, la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana hizo pública una declaración en la que denunciaba el expolio de los recursos naturales de la nación por parte de «extranjeros con la complicidad de algunos de nuestros compatriotas». La República Centroafricana, además de oro, madera y diamantes, alberga «casiterita, hierro, manganeso, cobre o las llamadas tierras raras, componentes esenciales para la economía digital y verde». Esta explotación, según los obispos, da lugar a «corrupción, enriquecimiento ilícito, mala gestión, incompetencia y falta de ética profesional en algunos servicios estatales». El «abuso de autoridad y la injusticia» son síntomas de una «crisis de valores morales» que afecta principalmente a los niños explotados por «adultos deshonestos» que se aprovechan de la «ingenuidad de los niños y los explotan con fines sexuales, hipotecando así su juventud y su futuro».
El 7 de marzo de 2022, el presidente del Alto Consejo de la Comunicación, José Richard Puambi, amonestó por escrito al periódico Les Collines de l’Ougangui, tras la publicación de varios artículos difamatorios contra el arzobispo de Bangui, cardenal Dieudonne Nzapalainga, acusado, sin pruebas, de haber malversado fondos (82 000 millones de francos CFA) destinados aparentemente a las víctimas de los motines del ejército que se produjeron en los años 1996 y 1997. En la advertencia se afirmaba que el periódico había infringido gravemente la deontología profesional y se le obligaba a publicar la decisión del Consejo.
A partir de abril de 2022, cobró impulso una campaña para revisar la Constitución de 2016. En agosto, el presidente Faustin-Archange Touadera nombró un comité de 50 miembros con el mandato de redactar una nueva Constitución.
El 30 de junio de 2022, la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana emitió una declaración al término de su Asamblea Plenaria en la que llamaba la atención sobre el hecho de que el país se encuentra en el «centro de una compleja trama» en la que la presencia de «varios grupos guerrilleros, soldados extranjeros (ruandeses) y mercenarios rusos [...], trabajando junto a los ruandeses y las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) para reconquistar toda la extensión del territorio nacional y pacificar la República Centroafricana, colocan hoy a nuestro país en una posición bastante delicada». Los obispos llamaban la atención sobre los riesgos colaterales, como la crisis alimentaria y la escasez de combustible, y señalaron los horrores infligidos a la población civil, como «la destrucción humana y material, los abusos, las violaciones de los derechos humanos, la destrucción de propiedades y lugares de culto y la explotación de las creencias religiosas».
El 29 de agosto de 2022, la Conferencia Episcopal Centroafricana hizo público un comunicado firmado por su presidente, monseñor Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia Bossangoa, en el que declinaba el puesto reservado a la Iglesia católica en el Comité de Redacción de una Nueva Constitución de la República Centroafricana. En el documento, la Conferencia agradece al presidente Touadéra la consideración mostrada hacia la Iglesia católica, pero considera que el proceso debería haberse iniciado mediante una amplia consulta pública para garantizar el apoyo popular a la iniciativa. Al no cumplirse este requisito previo, la Conferencia declaró que no se uniría al comité de redacción. En cuanto se hizo público el comunicado, las redes sociales, como Facebook, se inundaron de acusaciones de personas próximas al partido en el poder contra la Iglesia católica. En una de ellas se leía: «El clero centroafricano, pagado por Francia, ha sumido al país en un océano de sangre, masacres y casas y pueblos incendiados».
Futuro de la libertad religiosa
Desde su independencia en 1960, la República Centroafricana se encuentra en su sexta República, tras haber sufrido cinco golpes de Estado y ocho Constituciones. La mayoría de la población tiene menos de 18 años y solo conoce el conflicto, ya que la paz no ha visitado el país desde hace más de 25 años.
A pesar de la grave situación humanitaria, durante el período estudiado en este informe no se han registrado casos significativos de discriminación o persecución contra los cristianos. Teniendo en cuenta que en años anteriores, sobre todo en 2018, grupos armados asociados a los antiguos rebeldes de Seleka atacaban a los cristianos en sus lugares de culto y asesinaron a muchos sacerdotes católicos (cinco en 2018), la situación de los cristianos así como las perspectivas para la libertad religiosa han mejorado. Sin embargo, la falta de aplicación del acuerdo marco entre la Santa Sede y la República Centroafricana, en concreto sus disposiciones relativas al estatuto de residencia del clero expatriado, sigue siendo un problema grave.
La situación de los musulmanes, en cambio, es mucho peor ahora que en años anteriores. Las denuncias de discriminación y violencia contra este colectivo, tanto por parte de las fuerzas nacionales como de mercenarios extranjeros, cuyas actividades han sido generalmente negadas o ignoradas por las autoridades gubernamentales, refuerzan la sensación de impunidad y hacen temer que algunos líderes oportunistas puedan aprovecharse de los sentimientos de estigmatización y alienación de los grupos musulmanes para fomentar el extremismo. El pleno disfrute de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos de la República Centroafricana queda de nuevo en entredicho y debe mantenerse en observación.
República Centroafricana