Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Con más de 200 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África, la mayor economía continental y uno de los principales productores de petróleo. Con un sistema de gobierno democrático parlamentario, el país está organizado como una república federal con 36 estados y el Territorio de la Capital Federal en Abuya.
La Constitución de 1999 impide al Gobierno de la Federación, o de los estados, adoptar cualquier religión como religión de Estado (artículo 10) y propone la tolerancia religiosa como parte de la ética nacional en las políticas de Estado (artículo 23). Asimismo, consagra los principios de no discriminación por motivos religiosos (artículo 15.2), igualdad de trato con independencia de la religión (artículo 42.1), y obliga a los partidos políticos a abrir su afiliación a cualquier ciudadano nigeriano con independencia de su religión (artículo 222.b), así como a no ostentar ningún nombre, símbolo o logotipo con connotaciones religiosas (artículo 222.e).
La Constitución también garantiza el derecho de toda persona a «la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de cambiar de religión o creencia, y a la libertad de manifestar (individual o colectivamente, y en público o en privado) y difundir su religión o creencia mediante el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia» (artículo 38.1). Ninguna persona puede ser obligada a participar en una formación religiosa contra su voluntad si dicha formación no está de acuerdo con su fe (artículo 38.2). Esta garantía se extiende también a las ceremonias y observancias religiosas. Las comunidades o confesiones religiosas podrán impartir enseñanza religiosa a los alumnos de dicha comunidad o confesión en cualquier centro de enseñanza mantenido íntegramente por dicha comunidad o confesión (artículo 38.3). Los derechos fundamentales reconocidos no facultarán a ninguna persona «para formar, participar en la actividad o ser miembro de una sociedad secreta» (artículo 38.4).
Con ánimo de fomentar la inclusión social, el artículo 15.3.c y d de la Constitución impone al Estado la obligación de fomentar los matrimonios interreligiosos y promover la creación de asociaciones y grupos para miembros de distintas religiones. Algunos estados han aprobado leyes que obligan a los predicadores a obtener una licencia para ejercer (por ejemplo, en los estados de Kano, Borno, Níger, Katsina y Kaduna). El nivel de compromiso religioso de los nigerianos es especialmente alto: el 93% de su población afirma que la religión es muy importante en su vida.
Nigeria tiene un sistema jurídico mixto con cuatro fuentes diferentes: la ley inglesa, el derecho común (common law), el derecho consuetudinario y, en varios estados, la ley islámica (sharía). La Constitución nigeriana dota a los estados de la facultad de crear un Tribunal de Apelaciones de Sharía (artículo 275.1). El artículo 260.1 prevé un Tribunal de Apelación de Sharía del Territorio de la Capital Federal en Abuya. Cuando 12 estados del norte introdujeron oficialmente la ley islámica hace más de 20 años, muchos musulmanes reaccionaron con entusiasmo, mientras que los cristianos se opusieron a la decisión. Se produjeron disturbios que se cobraron varios miles de vidas, tanto de cristianos como de musulmanes. «La mayor parte de los musulmanes del norte de Nigeria», escribe el obispo Mathew Hasan Kuka, «han seguido haciéndose eco de los sentimientos del antiguo califato (1804-1903), que considera al cristianismo una religión extranjera ligada al colonialismo».
Tras más de 20 años de implantación de la sharía, la situación en el norte de Nigeria ha empeorado, ya que la etnia y la religión se han convertido de hecho en un medio para obtener poder, recursos y privilegios. En la mayor parte de los estados del norte, las leyes contra la blasfemia figuran tanto en la sharía como en los códigos penales estatales; no se imparte religión cristiana en las escuelas públicas; los estudiantes cristianos no tienen acceso a las becas estatales y se discrimina a los licenciados cristianos en el mercado laboral; se deniegan los permisos de construcción de iglesias y se destruyen ilegalmente lugares de culto cristianos sin indemnización alguna. Por el contrario, en el suroeste de Nigeria, donde vive un importante porcentaje de musulmanes, no se ha producido ningún incidente significativo de violencia por motivos religiosos, y las relaciones interreligiosas son, en general, respetuosas.
La imposición de condenas conforme a la sharía (que culminan con la muerte) inflige tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (por ejemplo, amputaciones y palizas) que entran en conflicto con los compromisos internacionales del país. Además, la hisba (también conocida como policía religiosa) impone restricciones morales y sociales, por ejemplo: confiscación y destrucción de botellas de cerveza, cierre de locales de shisha, redadas en hoteles, prohibición de cortes de pelo elegantes, prohibición de comer en público durante el Ramadán (incluso en zonas controladas por no musulmanes); disolución de «reuniones inmorales» y detención de personas que no siguen la sharía. Algunos cuerpos de hisba son entidades estatales (por ejemplo, en los estados de Kano, Zamfara y Sokoto), haciendo caso omiso de la prohibición explícita del artículo 214.1 de la Constitución, que establece que «no se establecerá ninguna otra fuerza policial [excepto la Fuerza de Policía de Nigeria] para la Federación o cualquier parte de ella».
La comunidad cristiana se pregunta desde hace tiempo por qué, a pesar de ser un Estado aconfesional con casi un 50% de población cristiana, Nigeria es desde 1986 miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), cuyos objetivos son, entre otros: preservar «los símbolos islámicos y el patrimonio común», «defender la universalidad de la religión islámica», y «revitalizar el papel pionero del islam en el mundo». Otra decisión controvertida del Gobierno federal bajo la presidencia de Buhari ha sido el fortalecimiento de las relaciones con Irán.
La sharía legaliza la discriminación
En el norte, predominantemente musulmán, los no musulmanes se enfrentan a una discriminación «legalizada» debido a la interpretación de la ley de la sharía, porque se les aplica la ley de la blasfemia, se les excluye de los cargos gubernamentales, sufren el secuestro y el matrimonio forzado de mujeres cristianas por parte de hombres musulmanes, no se conceden autorizaciones para construir iglesias o capillas y se les imponen códigos de vestimenta, como la obligación a todas las alumnas de todos los centros de educación secundaria de vestir el hiyab musulmán.
La creciente aplicación de las disposiciones sobre blasfemia consagradas en los códigos penal y de sharía de Nigeria ha sido considerada por la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) «un riesgo significativo para la libertad religiosa de los nigerianos, especialmente de las minorías religiosas y de quienes abrazan creencias impopulares o disidentes». Un tribunal de sharía de Kano ha condenado a muerte a un clérigo musulmán, el jeque Abdulyabar Nasir Kabara, por blasfemia, decisión que se espera que se recurra. El músico sufí Yahaya Sharif Aminu, condenado a muerte en 2020 por publicar en WhatsApp letras de canciones supuestamente blasfemas, y tras ser rechazado su recurso en agosto de 2022, ha impugnado la constitucionalidad de esta legislación ante el Tribunal Supremo de Nigeria.
Más allá de la legislación penal, la venganza social y la brutalidad por presuntas expresiones «blasfemas» no son menos preocupantes. El 12 de mayo de 2022, una joven cristiana de 22 años, Deborah Samuel Yakubu, estudiante del Shehu Shagari College of Education, en el estado de Sokoto, fue agredida y brutalmente asesinada por acusaciones de blasfemia por compañeros musulmanes, que después quemaron su cadáver.
En junio de 2021, los obispos católicos de Nigeria pidieron la revisión de la Constitución nigeriana de 1999, afirmando que favorecía a los musulmanes, situando «en desventaja a los cristianos y a los fieles de otras religiones», por lo que no establece «unas buenas condiciones para la unidad y el progreso del país». Los redactores de la Constitución de 1999 crearon tribunales de sharía para los musulmanes. Sin embargo, la diversidad de sistemas y regímenes jurídicos ha dado lugar a la situación actual en la que no existe una ley común para todos los ciudadanos nigerianos.
Muchos juristas y académicos consideran que la ley y los tribunales de sharía contradicen el carácter no confesional de la Constitución nigeriana. A pesar de ello, el 17 de agosto de 2022, un tribunal federal de Kano estimó por primera vez que «la sharía es constitucional... [y] el intento de los recurrentes de demostrar la ilegalidad de la sharía es, por tanto, infundado». Además, dos meses antes, el 17 de junio, el Tribunal Supremo de Nigeria había confirmado el derecho de las alumnas a llevar el hiyab en las escuelas públicas de Lagos, anulando la restricción estatal.
Ya existen tribunales de sharía en 12 de los estados del norte de Nigeria y cada vez hay más presiones para que se creen otros nuevos. Por ejemplo, la organización Muslim Rights Concern (MURIC) manifestó su apoyo a la introducción de la sharía en el sudoeste; la comunidad musulmana del estado meridional de Osum exigió al gobernador del estado que reconociera los tribunales de sharía como parte del poder judicial del estado (de hecho, el presidente de la comunidad reveló que ya habían establecido un tribunal de sharía). Además, el Consejo Nacional de Organizaciones Juveniles Musulmanas pidió la creación de un tribunal de apelación de sharía en el estado de Lagos, y solicitó la creación obligatoria de tribunales de sharía para cualquier estado nigeriano en el que vivan al menos 100 musulmanes mediante la modificación del artículo 275.1 de la Constitución. Lanzando una red más amplia, la Asociación de Abogados Musulmanes de Nigeria (MULAN) exigió la creación de tribunales de sharía en todo el sur del país, de mayoría cristiana, para atender los intereses de la población musulmana de la región.
Violencia y atentados terroristas
Nigeria figura en el puesto 6 (de 163 países) del Índice Global de Terrorismo (GTI). Además de las hostilidades separatistas del Pueblo Indígena de Biafra, la nación está asolada por bandidos y por la violencia de bandas mafiosas, por la lucha entre facciones islamistas (chiíes, Izala, Boko Haram y Estado Islámico-Provincia de África Occidental, entre otros grupos), así como por atentados terroristas de motivación religiosa contra cristianos (la mayor parte de ellos), musulmanes y miembros de religiones tradicionales.
En 2016, Boko Haram, grupo salafista yihadista que lucha por la imposición de un califato en toda Nigeria y de una versión estricta de la ley islámica, se dividió en dos facciones: Yamaat ahl al sunna lidaadati wal yihad (JAS) y Estado Islámico-Provincia de África Occidental. Una tercera facción (Ansarul Musulmina fi Biladis Sudan o Ansaru) ha incrementado su actividad, operando principalmente en torno a la región noroccidental y central de Nigeria. Gran parte de los atentados de Boko Haram y Estado Islámico-Provincia de África Occidental se producen en los estados nororientales de Borno, Yobe y Adamawa, y en menor medida en otros como Gombe, Kano, Kaduna, Plateau, Bauchi y Taraba.
La interpretación de la sharía que sigue el Estado Islámico–Provincia de África Occidental les hace infligir castigos crueles como amputar las manos a presuntos ladrones y matar a adúlteros o a civiles que se niegan a pagar impuestos o a obedecer órdenes. El grupo ataca en particular a la minoría cristiana del noreste de Nigeria, probablemente en parte para demostrar su lealtad al ISIS. Un informe sobre Nigeria publicado en junio de 2021 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimaba que, hasta finales de 2020, el conflicto en el noreste había provocado cerca de 350 000 muertes, 314 000 de ellas por causas indirectas. El 52% de la población nigeriana del nordeste y el 49% de la del noroeste consideran que las diferencias religiosas son motivo de conflicto.
En algunas zonas, como en el estado de Kaduna, los terroristas se han infiltrado en las comunidades, las han dominado y han organizado «una autoridad de gobierno paralela», ejerciendo el control sobre las actividades sociales y económicas e impartiendo justicia. Algunos consideran los esfuerzos del Gobierno federal por acabar con ellos y con sus actividades como un «ejercicio inútil». Además, el arzobispo católico de Abuya, Ignatius Ayau Kaigama, ha denunciado como «persecución sutil» la distribución sesgada e injusta de recursos por parte del Gobierno federal, que discrimina a los cristianos.
Aunque los musulmanes también son víctimas de la violencia en el país, los cristianos son su máximo objetivo. El informe sobre la violencia en Nigeria (2019-2022) publicado por el Observatorio de la Libertad Religiosa en África mostraba que la proporción global de cristianos/musulmanes asesinados era de 7,6 a 1. Según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), los ataques contra la comunidad cristiana aumentaron a la vez que se producía un incremento más amplio de la violencia dirigida contra civiles en todo el país: el total de ataques contra civiles aumentó un 28% de 2020 a 2021, y esta tendencia ha continuado en 2022.
Las cifras globales son terribles. Un informe publicado en agosto de 2021 por la ONG nigeriana Intersociety revelaba que en 12 años los yihadistas nigerianos han asesinado a 43 000 cristianos y otros 18 500 han desaparecido de forma permanente, han atacado 17 500 iglesias, han destruido 2000 escuelas cristianas, han provocado 10 millones de personas desarraigadas en el norte, seis millones obligadas a huir y cuatro millones se han convertido en desplazados internos. En junio de 2022, la media mensual de sucesos violentos dirigidos contra cristianos aumentó un 50% respecto a 2020 en las regiones noroeste y centro-norte. El «Proyecto de Documentación de Atrocidades en Nigeria», del Centro Kuka de Abuya, registró en 2022 cerca de 200 ataques contra comunidades cristianas del norte de Nigeria durante un período de ocho meses, atentados en los que murieron cientos de cristianos y miles fueron desplazados, con escasa intervención policial o militar.
Con frecuencia, los líderes religiosos han sido un objetivo particular de los ataques. Desde 2012, han sido asesinados 39 sacerdotes católicos y 30 fueron secuestrados; además, 17 catequistas murieron asesinados. En mayo de 2022, el Estado Islámico difundió un vídeo en el que mostraba la ejecución de 20 cristianos nigerianos «para vengar el asesinato de los líderes del grupo en Oriente Medio» a principios de 2022. Ese mismo mes, terroristas del y Estado Islámico-Provincia de África Occidental atacaron Rann (en el estado de Borno), matando al menos a 45 granjeros cuando estaban haciendo la recolección.
Uno de los atentados terroristas más sangrientos de los últimos años fue el cometido el 5 de junio de 2022 por hombres armados no identificados que abrieron fuego contra la iglesia católica de San Francisco en la localidad de Owo, al sudoeste de Nigeria, el domingo de Pentecostés, dejando más de 50 muertos, muchos de ellos mujeres y niños.
El 31 de julio de 2022, terroristas fulani mataron a ocho cristianos en el estado de Plateau. En septiembre de 2022, unos pastores extremistas fulani secuestraron a más de 45 personas en Kasuwan Magani, en el área de gobierno local de Kajuru, al sur de Kaduna, y asaltaron la iglesia de los Querubines y Serafines durante una vigilia nocturna exigiendo un rescate de 200 millones de rupias. El 19 de octubre de 2022, presuntos pastores fulani armados mataron a 36 aldeanos tras asediar la localidad de Gbeji, en el estado de Benue. El 23 de noviembre de 2022, pastores militantes fulani invadieron una comunidad de Enugu matando a 10 personas, hiriendo a muchas otras y arrasando sus casas. En otro bárbaro atentado perpetrado en diciembre de 2022, al menos 46 aldeanos murieron en el norte del estado de Kaduna en dos ataques distintos perpetrados, al parecer, por un grupo de pastores militantes fulani. Arrasaron más de 100 viviendas y quemaron vivas a algunas de las víctimas. Líderes eclesiásticos locales afirman que, aunque los ataques contra pueblos e iglesias cristianas, así como contra sacerdotes, monjas, pastores, seminaristas y fieles, se denuncian casi a diario en los medios de comunicación nacionales nigerianos, muchas de estas atrocidades no llegan a todo el mundo y no tienen repercusión internacional. El obispo católico de Makurdi (estado de Benue), Wilfred Anagbe, habla de un «genocidio progresivo» contra los cristianos, con el objetivo de «islamizar todas las regiones de mayoría cristiana».
En el cinturón medio nigeriano siguen siendo frecuentes los conflictos entre pastores nómadas fulani, mayoritariamente musulmanes, y agricultores de otras etnias, fundamentalmente cristianos. Las raíces de la violencia son complicadas, aunque se trata principalmente de una lucha por los recursos (tierra y agua) aderezada con elementos étnicos, políticos y religiosos.
De este brebaje tóxico surgen los terroristas fulani (una ínfima minoría en el seno de los entre 12 y 16 millones de personas de etnia fulani que hay en Nigeria) que han declarado su compromiso con una ideología islamista y han sido reclutados por grupos criminales yihadistas nacionales y transnacionales. Según las investigaciones de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchos de los terroristas fulani parecen proceder de países vecinos. Con el pretexto de competir por los recursos, los extremistas islamistas fulani matan, queman y mutilan a nigerianos por motivos étnicos y religiosos, atacando iglesias, líderes religiosos y celebraciones, así como a musulmanes que no aceptan la agenda fundamentalista. Se calcula que desde 2009 se han producido entre 13 000 y 19 000 homicidios a manos de terroristas fulani, y que otras miles de víctimas han sufrido lesiones que les han cambiado la vida.
El Observatorio de la Libertad Religiosa en África señala que «la mayor parte de los ataques en los que el número de asesinatos es muy elevado tienen lugar en la temporada de labranza. Los secuestros están más repartidos a lo largo del año. Los ataques en época de labranza tienen repercusiones más graves en las vidas de las víctimas que los atentados perpetrados en cualquier otro momento. Esta conclusión refuerza la sospecha de que los atacantes pretenden matar o hacer morir de hambre a sus víctimas, especialmente a los cristianos del norte de Nigeria. Hay quien lo llama “genocidio por desgaste”».
Haciendo caso omiso de las pruebas objetivas, gran parte del discurso predominante sigue restando importancia a la naturaleza islamista de los atentados terroristas de los fulani. En unas declaraciones en las que condenaba el ataque del 5 de junio de 2022 en la iglesia católica de San Francisco Javier de Owo, el presidente irlandés Michael D. Higgins vinculaba la atrocidad a «las consecuencias del cambio climático» en los pueblos pastores. El obispo de Ondo, Jude Ayodeji Arogundade, respondió días después a las declaraciones del presidente afirmando que «las razones que ofrece para esta espantosa masacre son incorrectas y descabelladas».
Al descuidar la dimensión religiosa, estos discursos difuminan la distinción entre víctimas y autores, transmutan la naturaleza criminal de los atentados y, al diagnosticarla erróneamente, neutralizan cualquier posible solución. Como afirmaba Caroline Cox, copresidenta del Grupo Parlamentario Multipartidista del Reino Unido para la Libertad Internacional de Religión o Creencia, «aunque las causas subyacentes de la violencia son complejas, la asimetría y la escalada de los ataques de la milicia fulani, bien armada, contra estas comunidades predominantemente cristianas son brutales y hay que reconocerlas. Tales atrocidades no pueden atribuirse solo a la desertización, al cambio climático o a la lucha por los recursos, como ha afirmado el Gobierno [británico]».
En respuesta a la creciente violencia, varios gobiernos estatales de Nigeria han adoptado leyes contra el pastoreo abierto (promulgadas inicialmente en 2016 en los cuatro estados del cinturón medio: Ekiti, Edo, Benue y Taraba) para limitar los posibles conflictos de los pastores con los agricultores. Sin embargo, la inacción del Gobierno Federal dirigido por el presidente Muhammadu Buhari, él mismo musulmán fulani (como muchos de los líderes gubernamentales), es percibida cada vez más por gran parte de la población nigeriana como un apoyo tácito a los objetivos fulani. También se acusa al ejército nigeriano de colaborar con los terroristas fulani en los secuestros para pedir rescate. El Gobierno, que liberó a terroristas de Boko Haram en 2022, reveló sus planes de liberar a cientos de terroristas «arrepentidos», creando alarma social y malestar. Según una investigación de Reuters, desde el año 2013 por lo menos, el ejército nigeriano «está desarrollando un programa secreto, sistemático e ilegal de abortos en el noreste del país, poniendo fin al menos a 10 000 embarazos de mujeres y niñas (...) muchas [de ellas] secuestradas y violadas por militantes islamistas».
El 11 de diciembre de 2020, el fiscal del Tribunal Penal Internacional concluyó que había motivos razonables para creer que Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha abierto ninguna investigación sobre las acciones criminales generalizadas y sistemáticas perpetradas por grupos yihadistas fulani contra las comunidades cristianas del país, a pesar de que varios medios de comunicación e informes fiables de la sociedad civil documentan los asesinatos, violaciones, secuestros y ataques sistemáticos contra lugares y líderes religiosos, así como la destrucción de medios de subsistencia y la ocupación de tierras, cometidos contra esas comunidades. A lo largo de los años, muchos nigerianos, gran parte de ellos cristianos, han tenido que huir, ya sea como desplazados internos o como refugiados, a causa de la violencia generalizada. Según informes de ACNUR, hay 2 197 824 de desplazados internos en el noreste de Nigeria (la mayor parte de ellos en los estados de Borno, Adamawa y Yobe) y 969 757 en las regiones noroeste y centro-norte. Además, 339 669 nigerianos han solicitado asilo en Camerún, Chad y Níger.
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken anunció el 17 de noviembre de 2021 la retirada de Nigeria de la lista de Países de Especial Preocupación en materia de libertad religiosa, que había sido añadida a esta lista en diciembre de 2020 por el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa consideró «inexplicable» esta decisión y acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos de no tener ninguna justificación para eliminar a Nigeria «como un terrible violador de la libertad religiosa, que claramente cumple con los estándares legales para su inclusión en la Lista de Países de Especial Preocupación». Sam Brownback, exembajador estadounidense para la libertad religiosa, calificó la eliminación de Nigeria de esta lista de «grave golpe a la libertad religiosa tanto en Nigeria como en toda la región». La decisión de excluir a Nigeria de la lista, debilitando la credibilidad de la Administración estadounidense a ojos de los líderes cristianos nigerianos, se publicó justo un día antes de la visita de Blinken a Nigeria.
Elecciones de 2023
El 25 de febrero de 2023, los nigerianos eligieron nuevo presidente y vicepresidente, así como a los miembros de la Cámara Federal de Representantes y del Senado. El candidato presidencial, Bola Tinubu, del partido en el poder, el Congreso de Todos los Progresistas, eligió como vicepresidente a un senador musulmán, presentando así una candidatura musulmana-musulmana. Las comunidades cristianas nigerianas expresaron su temor a que la ruptura de la práctica consolidada en las elecciones presidenciales de presentar una candidatura musulmana-cristiana ampliara las tensiones sociales y alimentara los atentados terroristas islamistas contra los cristianos, muchos de los cuales se verán obligados a huir del país.
Tras casi ocho años en el poder, el presidente saliente de Nigeria, Muhammadu Buhari, abandonará el poder dejando una situación de caos y malestar general, debido a la inseguridad, el aumento del coste de la vida y a la escasez de alimentos. El nuevo presidente se enfrenta a una situación de seguridad desastrosa en varios frentes: el yihadismo de Boko Haram y el Estado Islámico–Provincia de África Occidental, el terrorismo islamista fulani, el bandolerismo, la insurgencia separatista y los «militantes del petróleo». Superar las divisiones religiosas, étnicas y regionales del país será también un gran reto para el nuevo presidente nigeriano. Además, Nigeria sufre probablemente las peores condiciones financieras y económicas desde el retorno a la democracia en 1999, con una caída de los ingresos y una deuda insostenible. Un informe del Africa Polling Institute revela que entre 2019 y 2021 se produjo un aumento del 41% (desde el 32% al 73%) en la proporción de ciudadanos que emigrarían de Nigeria con sus familias.
Futuro de la libertad religiosa
La libertad religiosa en Nigeria está gravemente amenazada, principalmente como consecuencia de las medidas legales que respaldan la discriminación de los cristianos en los estados del norte, así como de las graves e implacables atrocidades cometidas en todo el país. Las víctimas son predominantemente cristianas, pero también musulmanas y de religiones tradicionales, líderes religiosos y fieles que sufren a manos de terroristas, grupos armados yihadistas y criminales nacionales y transnacionales.
El discurso predominante, que a menudo se limita al «cambio climático y las tensiones entre comunidades», niega la realidad y los verdaderos factores que impulsan la violencia sobre el terreno, en particular el ataque específico a los cristianos, lo que deja a las víctimas de este grupo religioso desamparadas y en la invisibilidad política. A ello contribuye el Gobierno federal, que se ha negado sistemáticamente a emplear el término «terrorista» para reconocer la naturaleza horrenda de esos actos, así como para denominar a sus autores, a pesar de los reiterados llamamientos de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, académicos, representantes políticos y líderes religiosos. Las perspectivas para la libertad religiosa en Nigeria siguen siendo sombrías.
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