Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
De acuerdo con su Preámbulo, la Constitución de Nicaragua emana del pueblo de Nicaragua y se escribe en el nombre, entre otros, de «los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos». El Estado es responsable de «la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de los valores cristianos» (artículo 4).
En su política exterior, Nicaragua rechaza «todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa», por lo que está prohibida la intervención en los asuntos internos de otros Estados (artículo 5).
Los principios de la nación incluyen el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los nicaragüenses descendientes de africanos, así como el respeto a la dignidad humana y a los valores cristianos (artículo 5). Una ley de agosto de 2021 castiga la discriminación contra los miembros de estos grupos y los anima a buscar puestos en el sector público y la Administración.
El Estado no tiene religión oficial (artículo 14); todas las personas son iguales ante la ley, y el Estado no discriminará por motivos religiosos ni de ningún otro tipo (artículo 27).
Los miembros del clero no pueden ser elegidos para los cargos de presidente, vicepresidente o diputado de la Asamblea Nacional, salvo que renuncien a su ministerio al menos doce meses antes de las elecciones (artículo 134).
Se garantiza que «toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni ser obligada a declarar su credo, ideología o creencia» (artículo 29).
Entre los distintos grupos sociales, los religiosos, hombres y mujeres, tienen derecho a constituir organizaciones «con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones» (artículo 49). Además, «todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza» (artículo 69).
La educación en Nicaragua «es laica»; no obstante, el Estado «reconoce el derecho de los centros educativos privados de orientación religiosa a impartir religión como materia extracurricular» (artículo 124).
Las comunidades de la costa caribeña tienen garantizado un alto grado de autonomía para desarrollarse de acuerdo con sus propias tradiciones históricas y culturales. El artículo 180 les garantiza el derecho a preservar «sus culturas y lenguas, religiones y costumbres».
En noviembre de 2021 se eliminó el cargo de Decano del Cuerpo Diplomático, históricamente ocupado por el Nuncio Apostólico.
Se ha aprobado una ley general para regular y controlar las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las religiosas y benéficas. Se prohíbe exhibir propaganda política en iglesias y otros lugares de culto.
Nicaragua es país firmante del Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce la libertad de conciencia y religión (artículo 12).
Incidentes y acontecimientos
El período estudiado en este informe se ha caracterizado por tensiones y hostilidades, en particular entre el Gobierno y la Iglesia católica, desde que los líderes eclesiásticos, durante las protestas de la sociedad civil de 2018, denunciaran abusos contra los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia.
Año 2021
Tanto en junio como en noviembre de 2021 (en vísperas de las elecciones del 8 de noviembre), la Conferencia Episcopal de Nicaragua hizo un llamamiento para que cesaran las restricciones a las libertades civiles y la persecución de los opositores.
En julio, la archidiócesis de Managua pidió la liberación de los líderes de la oposición, incluidos seis candidatos presidenciales encarcelados «por supuesta traición». El cardenal Leopoldo Brenes instó a las autoridades a celebrar elecciones libres, advirtiendo de que la crisis política empujaría a los jóvenes al extranjero. El presidente Ortega reaccionó acusando a los líderes católicos de ser «hipócritas, vendedores de fe, falsos fariseos», y de bendecir a «“golpistas” y “terroristas”».
En julio de 2021, el alcalde de Managua criticó la decisión del cardenal Leopoldo Brenes de suspender la procesión de Santo Domingo de Guzmán debido a su estado de salud, anunciando que las celebraciones tendrían lugar de todos modos con otra imagen del santo.
En octubre, la Comisión de Justicia y Paz de la archidiócesis de Managua denunció la politización de la pandemia de COVID-19. El Observatorio Ciudadano COVID-19, formado por un grupo de médicos y voluntarios, criticó a los «secretarios políticos que amenazan con restringir el derecho a la vacuna según la ideología política» y la presencia de propaganda política del partido del presidente Ortega, el Frente Sandinista, cerca de los centros de vacunación y los hospitales.
En noviembre de 2021, la Iglesia reiteró su oferta de mediar entre el Gobierno y la oposición para ayudar al país a salir de la crisis política en la que está sumido desde 2018. El presidente Ortega rechazó la oferta y no liberó a los presos políticos para aliviar las tensiones con la oposición.
Año 2022
En enero de 2022, el presidente Daniel Ortega asumió el cargo por quinta vez, tras unas elecciones que los observadores internacionales consideraron fraudulentas.
El 5 de febrero de 2022, un artículo del Times of Israel informaba de la creciente preocupación de la comunidad judía nicaragüense por la influencia de Irán (enemigo del Estado de Israel) en toda Iberoamérica, y en Nicaragua en particular.
El 2 de abril de 2022, el Presidente y su esposa enviaron un saludo fraternal a la comunidad islámica de Nicaragua con motivo del inicio del Ramadán.
En mayo de 2022, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de Ortega, publicó un informe en el que acusaba a obispos y sacerdotes de estar implicados en un intento de golpe de Estado. El documento también pedía el procesamiento de los líderes religiosos que apoyaron las manifestaciones de 2018 y la confiscación de los bienes de la Iglesia.
Varios sacerdotes denunciaron haber sufrido acoso durante el período estudiado. En mayo de 2022, el P. Hervin Padilla denunció el hostigamiento que ha tenido que soportar, refiriéndose a la presencia permanente de policías y paramilitares a las puertas de su iglesia en Masaya. Pudo escapar de la «parroquia por cárcel» con la ayuda de otros sacerdotes. El padre Padilla declaró que el suyo no era un caso aislado.
Ese mismo mes, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, difundió un comunicado a través de las redes sociales para denunciar la persecución sufrida a manos de la policía sandinista y anunciar su decisión de ayunar hasta que la policía prometiera «respetar su integridad y la de su familia».
Respaldada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la diócesis de Matagalpa emitió una declaración de apoyo al obispo Álvarez. El cardenal Leopoldo Brenes manifestó su solidaridad y apoyo a los miembros del clero perseguidos por la policía.
A las 3 de la madrugada del 19 de agosto, la policía entró por la fuerza en la sede episcopal de Matagalpa y detuvo al obispo Álvarez, junto con otros ocho religiosos y un seglar, acusados de «actividades desestabilizadoras y provocadoras». El obispo fue trasladado a su domicilio familiar en Managua y puesto bajo arresto domiciliario. Al resto de los detenidos los enviaron a la cárcel de El Chipote, conocido como un «centro de tortura».
Además del apoyo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de la Archidiócesis de Managua, la detención suscitó muestras de apoyo y ofrecimientos de ayuda desde fuera de Nicaragua, concretamente del Secretariado Episcopal de Centroamérica, otras diócesis iberoamericanas y la Iglesia católica de Estados Unidos e Italia.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó las detenciones; el secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró «muy preocupado» y pidió a las autoridades que liberaran a todas las personas detenidas arbitrariamente.
En junio de 2022, detuvieron al padre Manuel Salvador García, párroco de Nandaime y crítico declarado del régimen de Ortega; al parecer fue trasladado a la prisión de El Chipote. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él. En los meses anteriores a su detención, el padre García fue objeto de una campaña de difamación, que incluyó acusaciones de agresión a una mujer.
El 1 de agosto de 2022, el padre Uriel Vallejos tuiteó que la policía antidisturbios había asediado y atacado la parroquia de la Divina Misericordia de Sébaco para apoderarse de los equipos de una emisora de radio católica. El ataque se produjo tras la decisión del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) de prohibir cinco emisoras de radio católicas de la diócesis de Matagalpa. Durante la violenta redada hubo decenas de heridos y 12 feligreses fueron detenidos. Posteriormente, el sacerdote se vio obligado a abandonar el país.
También en agosto, el padre Óscar Benavídez, párroco de la iglesia del Espíritu Santo de Mulukukú, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, tras celebrar la misa dominical fue detenido por motivos desconocidos y trasladado a la cárcel de El Chipote.
Esta oleada de detenciones ha llevado a varios sacerdotes de diferentes diócesis nicaragüenses, así como al presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, a exigir al Gobierno que ponga fin a la persecución de la Iglesia católica en Nicaragua y respete la libertad religiosa en el país.
En septiembre de 2022, el presidente Ortega calificó a la Iglesia católica de «dictadura perfecta» y volvió a acusar al papa Francisco de utilizar a los obispos de Nicaragua para dar un golpe de Estado. El obispo Silvio José Báez respondió en Twitter, cuestionando el derecho de un dictador a dar lecciones de democracia.
Según Puertas Abiertas, desde 2021 han sido detenidos 22 líderes cristianos y se ha sometido a las Iglesias a estrictos controles burocráticos, obligándolas a cerrar sus oficinas y organismos con el pretexto de irregularidades. Mientras tanto, se habla de una nueva ley que establece una nueva agencia con el fin de centralizar este control.
Expulsiones y restricción de salidas y entradas al país a miembros del clero
La expulsión del padre Uriel Vallejos no fue la única salida forzada de Nicaragua de miembros del clero en 2022. El 12 de marzo, sin dar explicaciones, el Gobierno retiró su beneplácito al nuncio apostólico, el arzobispo Waldemar Stanisław Sommertag, obligándole a abandonar inmediatamente el país, a pesar de las protestas de la Santa Sede.
Monseñor Silvio Fonseca denunció públicamente a las autoridades de inmigración por retener su pasaporte durante meses, impidiéndole salir del país. En abril, el Gobierno prohibió la entrada en Nicaragua a un pastor evangélico, el reverendo Tom Guess, que al parecer había profetizado un inminente «cambio» en el país. En septiembre, se prohibió la entrada en el país a un sacerdote nicaragüense que regresaba de Israel, el padre Guillermo Blandón, de la iglesia de Santa Lucía de Boaco.
El personal de la Iglesia se está viendo obligado a abandonar el país debido a las decisiones del Gobierno de cancelar la personalidad jurídica de muchas ONG. En julio, religiosas de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta se vieron obligadas a abandonar el país. También las Hermanas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús fueron expulsadas en septiembre sin ninguna explicación oficial, aunque parece que fue en respuesta a su decisión de negarse a facilitar información sobre los laicos que trabajaban con ellas.
Anulación del estatuto jurídico
En 2022, el régimen de Ortega decidió cancelar la personalidad jurídica de muchas ONG alegando que no cumplían la normativa vigente.
En febrero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó los decretos 8786 y 8787 para cerrar 16 organizaciones civiles, muchas de ellas de carácter confesional, por ejemplo, dos universidades: la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), asociada a la Convención Bautista de Nicaragua, que participó en las protestas contra el Gobierno de 2018; y la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), asociada a la diócesis de Estelí.
Según informes de CNN Español, la decisión se tomó por un informe del Ministerio del Interior, según el cual estas asociaciones y fundaciones obstaculizaban el control y fiscalización por parte del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.
Entre junio y julio de 2022 se sucedieron otros decretos —n.º 8801(3), 8802(96), 8805(93), 8807(97), 8811(101), 8812(100) y 8823(100)— que dieron lugar a la disolución de otras 670 organizaciones, varias de las cuales eran entidades religiosas.
Uno de los casos más sonados fue el de las ya mencionadas Misioneras de la Caridad. Según Vatican News, su expulsión se basó en un informe de la Dirección General de Registro y Control de Entidades sin Fines Lucrativos del Ministerio del Interior, que afirmaba que las religiosas habían incumplido una serie de obligaciones legales e infringido la normativa contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Arzobispado de Managua y la Confederación Latinoamericana de Religiosos denunciaron la decisión, afirmando que las monjas llevaban más de 40 años ayudando a los nicaragüenses más necesitados y desatendidos.
Cierre de emisoras de radio y televisión católicas
En noviembre de 2021, en una medida claramente arbitraria, TELCOR canceló la licencia de Enlace Canal 21, dirigido por el pastor evangélico Guillermo Osorno, que se había presentado como candidato a las elecciones presidenciales de 2021 y había denunciado fraude electoral.
En mayo de 2022, TELCOR procedió a suspender Canal 51, el canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un día después de que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, denunciara su persecución por parte del régimen de Ortega. En junio, cerraron TV Merced, canal operado por la diócesis de Matagalpa a la que siguió, en agosto, el cierre de cinco emisoras de radio de la misma diócesis.
En agosto, Radio Stereo Fe, gestionada por la diócesis de Estelí, fue compelida al cese inmediato de sus emisiones. La decisión se produjo al día siguiente de que la emisora difundiera una declaración del clero local sobre la persecución de la Iglesia nicaragüense, especialmente la sufrida por el obispo Álvarez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y Estados Unidos, así como la Asociación Interamericana de Prensa, criticaron duramente estos cierres de canales de televisión y emisoras de radio.
Informes y condenas internacionales de atentados contra la libertad religiosa y la Iglesia católica
El Informe 2020 publicado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua se hizo eco de las continuas violaciones de la libertad religiosa y de los ataques contra la Iglesia católica.
En junio de 2022, Religión Digital publicó datos sobre los ataques y actos de profanación contra la Iglesia católica basados en un estudio de la abogada Martha Patricia Molina Montenegro, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. El análisis, que contabilizó 190 incidentes en el período 2018-2022, reflejó 35 casos producidos en 2021, «entre ellos profanaciones y robos en iglesias, así como insultos de Daniel Ortega contra obispos y sacerdotes católicos», y 21 en 2022, entre los que destaca el acoso al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
También en junio, un informe sobre la libertad de prensa elaborado por Voces del Sur, red de grupos de la sociedad civil iberoamericana, documentaba 73 casos de violación de este derecho fundamental, a menudo relacionados con medios de comunicación pertenecientes a la Iglesia católica y gestionados por ella.
En agosto, un grupo de 26 ex jefes de Estado y de Gobierno de España e Iberoamérica emitieron una declaración en la que pedían al papa Francisco que adoptara una «posición firme» contra el régimen de Ortega. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Embajador en Misión Especial de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional intervino en una conferencia de prensa sobre la libertad religiosa en Nicaragua en septiembre de 2022, en la que pidió al Gobierno nicaragüense que respetara la libertad religiosa y liberara a sus detenidos.
En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo condenó la detención de miembros de la Iglesia católica, como la del obispo Rolando Álvarez, exigiendo la liberación inmediata de todos los encarcelados arbitrariamente. También denunció la falta de garantías en el sistema judicial nicaragüense y el trato inhumano a los detenidos.
Otros altos funcionarios e instituciones internacionales manifestaron su preocupación por la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua; entre ellos, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).
Vandalismo y prohibición de celebraciones religiosas en espacios públicos
En mayo de 2021 decapitaron en Madriz la estatua de monseñor José del Carmen Suazo.
En agosto de 2022, la catedral de Managua y sus inmediaciones quedaron a oscuras tras el robo del interruptor principal de su sistema de control eléctrico.
En septiembre de 2022, en Masaya, la policía rodeó la iglesia de San Jerónimo durante la tradicional bajada de la estatua del santo, y acosó a los feligreses y miembros del clero.
En agosto de 2022, la policía prohibió al padre Aníbal Manzanares, párroco de Terrabona, realizar procesiones y otras actividades fuera de la iglesia de San José. La policía tampoco permitió la procesión de la imagen de Nuestra Señora de Fátima en Managua por «razones de seguridad interna».
En septiembre de 2022 no se permitieron otras celebraciones fuera de las iglesias, como las procesiones en las parroquias de San Miguel Arcángel de Managua y San Francisco de Asís de Camoapa, ni tampoco se permitió a la Iglesia evangélica celebrar el 453 aniversario de la traducción de la Biblia al español.
Futuro de la libertad religiosa
La crisis política de Nicaragua se ha agravado, al igual que el acoso del Gobierno a cualquier voz de protesta, incluida la de la Iglesia católica. El presidente Ortega se ha referido a los obispos y al Papa en duros términos y los ha acusado de liderar un golpe de Estado encubierto.
Esta desconfianza de los líderes políticos nicaragüenses respecto a la jerarquía eclesiástica ha provocado la vigilancia y detención de laicos y miembros del clero; el exilio de obispos y sacerdotes, así como el encarcelamiento de muchos otros en la tristemente célebre prisión de El Chipote; el asedio de iglesias; la expulsión de sacerdotes y religiosos; la clausura de medios de comunicación católicos; la negación de la personalidad jurídica a cientos de ONG, muchas de ellas confesionales; y la prohibición de celebraciones religiosas en espacios públicos.
Es evidente que la persecución del régimen a la Iglesia católica tiene una motivación política y no religiosa. Desde 2018, la Iglesia ha criticado abiertamente cualquier represión de las libertades civiles y la violación de los derechos humanos en el país.
Junto con todos los demás derechos fundamentales, la libertad religiosa en Nicaragua ha empeorado visiblemente, como han señalado muchos medios de comunicación, ONG y personalidades nacionales e internacionales; las perspectivas para los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, son profundamente preocupantes y negativas.
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