Marco legal sobre la libertad religiosa y su aplicación efectiva
En Moldavia, el derecho a la libertad de religión o creencia está consagrado en la Constitución de 1994. El Estado «reconoce y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la preservación, desarrollo y expresión de su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa» (artículo 10.2).
Respecto a la igualdad, la Constitución establece que «todos los ciudadanos de la República de Moldavia serán iguales ante la ley y los poderes públicos, independientemente de su raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio u origen social» (artículo 16.2).
Se garantiza la libertad de conciencia, la cual incluye el derecho a practicar el culto libremente. Los grupos religiosos pueden «organizarse y operar conforme a sus propios estatutos, sujetos la ley» (artículo 31.1 y 4). Sin embargo, no pueden mostrar enemistad entre ellos. Estos grupos son independientes del Estado, pero se puede disfrutar de su «atención en el ejército, hospitales, centros penitenciarios, asilos y orfanatos».
La ley prohíbe y persigue las acciones «dirigidas a negar y difamar (...) al Estado y a los individuos, a instigar a la sedición, la guerra de agresión, el odio nacional, racial o religioso» (artículo 32.3).
En materia de educación, el Estado garantiza la laicidad de la enseñanza, a la vez que garantiza «la libertad de educación religiosa» y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos (artículo 35.8-9).
Finalmente, el Parlamento moldavo tiene la facultad de aprobar leyes orgánicas relativas al culto religioso (artículo 72.3.1).
A pesar de la aparente neutralidad de la Constitución en materia religiosa, el artículo 15 de la «Ley sobre confesiones religiosas y sus partes integrantes» reconoce la «especial importancia y el papel destacado representado por la religión cristiana ortodoxa y la Iglesia ortodoxa moldava en la vida, la historia y la cultura del pueblo de Moldavia». Asimismo, el artículo 4.4 garantiza un estatus especial a la Iglesia ortodoxa moldava y prohíbe el «proselitismo abusivo».
Las comunidades religiosas no tienen obligación de registrarse ante el Ministerio de Justicia, pero hacerlo aporta una serie de beneficios, desde exenciones de impuestos y permisos de residencia para misioneros, hasta el reconocimiento de la personalidad jurídica que los capacita para poseer propiedades y terrenos, construir iglesias, publicar literatura religiosa, abrir cuentas bancarias, contratar empleados y crear asociaciones y fundaciones.
A pesar de las reformas legales, las minorías religiosas siguen teniendo dificultades para registrarse, ya que se les puede denegar la solicitud «alegando que “el 97% de la población de Moldavia es cristiana”».
La presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu, promulgó una ley para modificar y completar algunos actos legislativos; en ella, se introducían responsabilidades administrativas y penales por negar el holocausto y ofender la memoria de las víctimas.
Según el Índice de Libertad Humana, la libertad para establecer organizaciones religiosas en Moldavia ha empeorado en los últimos 10 años, al implantarse más restricciones legales y normativas.
Aunque la Transnistria está reconocida internacionalmente como parte de Moldavia, desde 1992 es independiente de facto. Las tropas rusas emplazadas en la región separatista y el conflicto en Ucrania han desatado el temor de que Moldavia pueda ser el próximo objetivo de Rusia. Este contexto respalda el estatus privilegiado de la Iglesia ortodoxa moldava en el territorio disputado en detrimento de los grupos religiosos minoritarios. La legislación de facto de Transnistria no cumple con los estándares internacionales ni garantiza la «igualdad de los distintos grupos religiosos». En 2016 se aprobaron una serie de leyes que imponen restricciones y sanciones a la distribución no autorizada de literatura religiosa, la predicación en espacios públicos y la organización de actividades religiosas en edificios residenciales.
Incidentes y acontecimientos
Las deficiencias de Moldavia en la aplicación del Estado de derecho y la corrupción generalizada han provocado una emigración a gran escala. Aproximadamente el 25% de la población vive o trabaja en el extranjero aportando casi una cuarta parte del PIB nacional a través de las remesas que va enviando. Muchos moldavos optan por conseguir pasaportes rumanos para acceder fácilmente al espacio Schengen.
Los cristianos ortodoxos dominan demográficamente el país y ejercen una gran influencia sobre la vida social de los ciudadanos moldavos (ya sean rusos, ucranianos, de etnia moldava u otros) y están divididos entre comunidades rivales. La Iglesia ortodoxa moldava (MOC), también conocida como Metrópoli de Chișinău y Toda Moldavia, es un metropolitanato autónomo subordinado a la Iglesia ortodoxa rusa (Patriarcado de Moscú); a ella pertenece aproximadamente el 91,4% de los cristianos moldavos (según el censo de 2019). La Iglesia ortodoxa de Besarabia (BOC), más pequeña (3,7% de la población en 2019), también conocida como Metrópoli de Besarabia, está subordinada a la Iglesia ortodoxa rumana.
La rivalidad entre la MOC y la BOC genera conflictos sobre la propiedad de la Iglesia. Un sacerdote ortodoxo, el padre Marin Florinel, registró una iglesia reconstruida el 23 de agosto de 2017 como Parroquia Ortodoxa de la Asunción de la Virgen dentro de la Metrópoli de Besarabia, en Dereneu, Calarasi. Un año más tarde, en marzo de 2018, un grupo de personas expulsó a la fuerza al P. Florinel y trajo al P. Alexandru Popa para servir a la iglesia. El P. Marin Florinel improvisó un altar en uno de los edificios cercanos a la iglesia, y comenzó a realizar labores parroquiales con los feligreses que le apoyaban. En una campaña electoral local en 2019, el padre Alexandru Popa y otros clérigos de la MOC apoyaron y promovieron públicamente al partido socialista Revenco. La victoria de Revenco dio lugar a una serie de cambios publicados el 21 de agosto de 2020 en el Registro del Estado, y esta iglesia pasó a estar subordinada canónicamente a la MOC. En 2021, surgió una disputa similar en torno a una iglesia de Răzeni, cuando murió el párroco y su hermana heredó el terreno sobre el que se había construido la iglesia. La hermana trajo a un nuevo párroco de la MOC, y expulsó al sacerdote que había (hijo de su hermano), el padre Andrei Cotorobai.
Aunque las iglesias y las asociaciones religiosas no desempeñan un papel oficial en el sistema político del país ni en el proceso legislativo, las Iglesias ortodoxas de Moldavia comentan públicamente las cuestiones políticas y apoyan abiertamente a determinados políticos. A cambio, los partidos políticos mantienen estrechos vínculos con el clero ortodoxo y apoyan económicamente la labor de la Iglesia. Además, la Iglesia ortodoxa moldava mantiene lazos estrechos con Rusia y, durante décadas, fuentes estadounidenses la han señalado como promotora de la agenda política rusa, interviniendo en el proceso electoral a favor de los partidos y candidatos más conservadores y prorrusos. A pesar de ello, la MOC nunca ha negado la legitimidad de las autoridades elegidas democráticamente, como demuestra el hecho de que reconociera la victoria de Maia Sandu, la candidata más independiente y pro-Unión Europea, sobre el preferido por la MOC, Igor Dodon, prorruso que hasta ese momento ejercía el cargo.
Los intentos de las comunidades católica, luterana y judía de recuperar la titularidad de propiedades confiscadas durante la era soviética o de obtener propiedades similares han seguido fracasando. El 2 de diciembre de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en el caso de la Diócesis Católica Romana de Chisinau contra la República de Moldavia. En 2009, la Iglesia demandante solicitó a la República de Moldavia la devolución de los bienes nacionalizados por el antiguo régimen soviético en la década de 1940. Ante la negativa del Gobierno, la Iglesia demandante inició una acción civil solicitando el reconocimiento de su derecho a la propiedad, basándose en las disposiciones generales de la Constitución y del Código Civil que garantizan dicho derecho. La demanda fue desestimada por los tribunales nacionales, por considerarla infundada según la legislación vigente, que preveía la posibilidad de restituir los bienes confiscados y nacionalizados por el régimen soviético únicamente a las personas sometidas a represiones políticas. Estas mismas garantías no son de aplicación a las entidades religiosas. El TEDH declaró la demanda infundada por no haberse agotado los recursos disponibles a nivel nacional.
En Moldavia, la libertad religiosa no solo atañe al reconocimiento legal de las distintas creencias, sino también a la percepción social más amplia de la religión. En diciembre de 2022, según los datos del Barómetro de Opinión Pública (BOP), alrededor del 62,5% de los habitantes de Moldavia confiaban en la Iglesia, frente al 72,6% de 2021. Aunque la Iglesia sigue siendo una institución en la que se confía, la rebaja de la calificación social de la Iglesia ortodoxa podría atribuirse a las acciones de Rusia en Ucrania y a la ambigua reacción de la Iglesia ortodoxa moldava. Si bien el metropolita Vladimir pidió a los fieles «rezar por la paz y el fin del conflicto militar en Ucrania», sin embargo, ha guardado silencio sobre quién desencadenó la guerra.
La pequeña comunidad musulmana de Moldavia está representada actualmente por la Liga Islámica, organización a la que se concedió estatus oficial en 2012 tras una década de intentos infructuosos y protestas de la Iglesia ortodoxa. En el período estudiado en este informe no se han producido incidentes con sesgo antimusulmán.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran un grupo minoritario, aunque constituían hasta el 40% de la población de la ciudad de Chișinău. Sin embargo, el Holocausto y la emigración a Israel tras la disolución de la Unión Soviética redujeron el tamaño de la comunidad judía. No se han registrado incidentes con sesgo antisemita.
En cuanto a otras minorías, se han producido algunos cambios en relación con las asociaciones Falun Gong y Falun Dafa. A raíz de una decisión del TEDH, los símbolos de Falun (una esvástica grande y cuatro pequeñas) se han retirado finalmente del registro gubernamental de material extremista, conforme a una decisión judicial de 2015, y en 2020 una sentencia del Tribunal Supremo anuló una decisión gubernamental anterior de disolver las asociaciones Falun Gong y Falun Dafa.
En el período estudiado en este informe, se ha acusado a la Iglesia ortodoxa moldava de seguir ejerciendo una fuerte influencia en las políticas gubernamentales y de «interferir de forma abusiva en el derecho a la libertad de religión de los grupos religiosos minoritarios», sobre todo en Transnistria. El Centro de Información sobre Derechos Humanos informó de que «grupos religiosos minoritarios, entre ellos los testigos de Jehová, los baptistas y los pentecostales, han denunciado casos de ataques verbales, destrucción de propiedades y discriminación en los medios de comunicación, así como de discriminación por parte de sacerdotes de la MOC. La comunidad musulmana ha denunciado actitudes sesgadas, que se han traducido en acoso en las escuelas y cobertura negativa en los medios de comunicación».
Dado que en su mayor parte los habitantes de Transnistria son cristianos ortodoxos, las autoridades locales han intentado, supuestamente, limitar la actividad de otros grupos religiosos. Los grupos religiosos extranjeros no pueden registrarse, y los extranjeros no pueden fundar grupos no registrados ni unirse a ellos. Por ejemplo, los Testigos de Jehová no han podido registrarse en Transnistria y se les ha negado sistemáticamente el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Los miembros de la comunidad musulmana han seguido luchando para que avancen los planes de edificar una mezquita en Tiraspol.
Futuro de la libertad religiosa
La mejor forma de describir el modelo moldavo de relaciones entre el Estado y la religión es «preferencial favorable a la religión mayoritaria (situación que también se encuentra en otros países postsocialistas)», con una estrecha relación entre la identidad nacional y el grupo religioso dominante. Aunque las perspectivas para la libertad religiosa se mantienen estables, los debates sobre religión seguirán estando influidos por factores geopolíticos, así como por el papel sociopolítico sobredimensionado de las instituciones ortodoxas. Esto continuará siendo un problema para la libertad religiosa de otros grupos minoritarios.
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