Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Mali declara que el país es un Estado laico que garantiza a todos los ciudadanos los mismos derechos con independencia de su filiación religiosa. La naturaleza laica del Estado está consagrada en el Preámbulo. Se establece que «todos los malienses nacen y viven libres e iguales en derechos y deberes. Está prohibida cualquier discriminación basada en el origen social, el color, el idioma, la raza, el sexo, la religión o la opinión política» (artículo 2). Se garantiza el derecho a la libertad de culto y el derecho a profesar la propia fe mediante actos de culto individuales o colectivos; asimismo, se respeta el «derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, culto, opinión, expresión y creación respetando la ley» (artículo 4).
Aunque el Código Penal maliense tiene un planteamiento profundamente liberal, la discriminación por motivos religiosos o cualquier acto que impida la libertad de observancia o culto religioso pueden ser sancionados con hasta cinco años de prisión o diez años de destierro. Además, «toda persecución de un grupo de personas por motivos religiosos constituye un crimen contra la humanidad» que no prescribe.
Respecto a la educación, el artículo 18 de la Constitución establece que «la enseñanza pública es obligatoria, gratuita y no confesional». La escuela pública no puede ofrecer formación religiosa, pero la privada sí. Los colegios religiosos islámicos (madrasas) financiados con fondos privados enseñan el islam, pero se les exige que sigan el plan de estudios oficial. Los alumnos no musulmanes no tienen obligación de asistir a clases de religión islámica. La misma norma se aplica a los colegios católicos, que imparten tanto el plan de estudios oficial como clases de religión.
Todas las organizaciones religiosas están obligadas a registrarse en el Ministerio de Administración Territorial y Descentralización. Esta obligación no se aplica a los grupos que practican las creencias religiosas tradicionales. El registro no confiere ventajas fiscales ni ningún otro beneficio legal, como tampoco hay penalización por no registrarse.
Mali es un país en el que predomina la rama suní del islam. Cerca del 13% de la población pertenece a otras religiones. Los cristianos constituyen poco más del 2%, siendo dos tercios de ellos católicos y el otro tercio protestantes. Mali también alberga religiones africanas tradicionales (casi un 9% de la población); algunos musulmanes y cristianos incorporan también tradiciones africanas a sus observancias rituales.
Entre las fiestas nacionales oficiales se encuentran las festividades cristianas de Navidad y Todos los Santos, y las islámicas del Mawlid (el nacimiento del Profeta) y Aíd al Fitr (el final de Ramadán).
En septiembre de 2020, tras el golpe militar de agosto, el Gobierno de transición adoptó la Carta de Transición, por la que se aprobaba la validez de la Constitución de 1992, que «definía el país como laico y prohibía la discriminación religiosa ante la ley». La ley penaliza las violaciones de la libertad religiosa.
En mayo de 2021 se produjo un segundo golpe de Estado, liderado por el recién nombrado vicepresidente Assimi Goita, que también lideró el golpe anterior en agosto. En mayo de 2021 fue proclamado presidente interino. En junio de 2022, el presidente Assimi Goita declaró que habría un período de transición de dos años hacia un Gobierno civil, lo que ha supuesto un retraso de dos años para la implantación de la democracia.
Incidentes y acontecimientos
Durante los últimos nueve años, Mali ha sido testigo de un aumento de la insurgencia yihadista. En el período estudiado en este informe, las regiones septentrional y central de Mali han sido escenario de una serie de violentos atentados terroristas nacionales y regionales. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, «la violencia vinculada a los grupos militantes islámicos Yamaat Nasr al Islam wal Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes) y Estado Islámico en el Gran Sáhara ha aumentado un 70% en 2021 respecto al año 2020».
Entre los factores que alimentan la violencia en Mali, no es fácil distinguir entre prejuicios religiosos y étnicos. A pesar de la presencia de tropas francesas y de la ONU, el centro de Mali se ha convertido en el escenario principal de la insurgencia y de los enfrentamientos entre los grupos armados y el Gobierno. El conflicto también se ha extendido a los países vecinos, a Burkina Faso y Níger, especialmente a la zona fronteriza entre estos países conocida como la región de Liptako Gourma, centro de los combates.
A pesar del deterioro de la seguridad de Mali, la junta militar se ha deshecho de Francia y de sus socios internacionales y, para contrarrestar la amenaza que representan los yihadistas, ha puesto su confianza, en cambio, en el grupo ruso Wagner (empresa militar privada rusa, vinculada extraoficialmente al Kremlin). Los Gobiernos de los países vecinos temen que la retirada de Francia desestabilice aún más la región y que Mali, para rebajar la tensión actual, inicie negociaciones con los yihadistas; temen igualmente que esta estrategia sea bien acogida por la población maliense.
La presencia incontrolada de empresas mercenarias y de seguridad privada que apoyan al ejército local parece haber alimentado la violencia. En la República Centroafricana, por ejemplo, se sospecha que las tropas de Wagner han cometido todo tipo de delitos y abusos contra los derechos humanos: uso excesivo de la fuerza, violaciones, violencia indiscriminada contra civiles, torturas, saqueos y ocupación de escuelas. Estos actos de violencia «se habrían producido tanto en el contexto de las operaciones de combate como en el marco de la vida cotidiana, en particular en las poblaciones situadas cerca de las bases de operaciones».
Los representantes religiosos católicos y musulmanes han seguido condenando el aumento de la violencia yihadista. En concreto, los líderes musulmanes han criticado las interpretaciones extremas de la sharía; por su parte, los extremistas, es decir, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, han atacado indiscriminadamente a cristianos, musulmanes y comunidades religiosas tradicionales mediante atentados perpetrados en múltiples ciudades de la región de Mopti. También los misioneros cristianos han «manifestado su preocupación por el aumento de la influencia de organizaciones violentas y extremistas en zonas remotas, y los representantes de Cáritas han explicado cómo los grupos armados imponen prohibiciones sobre el alcohol y el cerdo y obligan a las mujeres de todas las confesiones a llevar velo».
Además, a los cristianos de algunas zonas de Mali se les impide el culto religioso (en concreto, la celebración de la Misa) porque hay imanes malienses que atacan verbalmente a los cristianos en sus predicaciones, lo que empeora su ya precaria situación. Estos ataques verbales, unidos a «frecuentes amenazas personales directas, por ejemplo llamadas telefónicas anónimas amenazadoras», han provocado «una psicosis en el seno de las comunidades cristianas». Los yihadistas «intentan imponer la sharía», lo que hace crecer la cantidad de refugiados. Según un informe de ACNUR, «el número de desplazados internos malienses [...] superaba los 400 000 a finales de septiembre de 2021». Ante la violencia casi omnipresente, los incidentes que se indican a continuación son solo representativos.
Año 2021
El 21 de junio de 2021, el padre Léon Dougnon fue secuestrado por un grupo armado no identificado junto con otros cuatro fieles laicos en Mopti (centro de Mali). Unas horas más tarde, dejaron en libertad a los cuatro laicos, pero los yihadistas mantuvieron detenido al padre Dougnon. Finalmente, tres semanas después, le pusieron en libertad.
En agosto de 2021, más de 51 personas murieron en el norte de Mali a manos de terroristas no identificados que atacaron tres pueblos cercanos a la frontera con Níger, «matando indiscriminadamente e incendiando y saqueando viviendas». Un oficial militar declaró que «el domingo, unos terroristas asesinaron a más de 40 civiles en los pueblos de Karou, Ouatagouna y Daoutegeft». En respuesta, «enviaron a las comunidades afectadas una patrulla del ejército maliense».
En septiembre y octubre de 2021, se registraron tres ataques contra fuerzas militares en la región de Mopti. El 2 de septiembre, cuatro soldados murieron por artefactos explosivos caseros, característicos de los grupos yihadistas; el 12 de septiembre, cinco soldados murieron en una emboscada en la que se utilizó este tipo de artefacto explosivo; y el 6 de octubre, 16 soldados murieron y otros 10 resultaron heridos en otra emboscada en la que también se utilizó un artefacto explosivo casero.
El 8 de octubre de 2021, una monja colombiana, Gloria Cecilia Narváez Argoti, de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, fue liberada tras casi 5 años cautiva de Yamaat Nasr al Islam wal Muslim (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes). Había sido secuestrada el 7 de febrero de 2017 en la aldea de Karangasso, en la región meridional de Sikasso, zona supuestamente segura del país, donde ejercía su ministerio entre los pobres. En una entrevista concedida a Ayuda a la Iglesia Necesitada, la hermana Gloria compartió la oración que solía rezar en su cautiverio: «Dios mío, es duro estar encadenada y recibir golpes, pero vivo este momento tal y como me lo presentas [...] Y a pesar de todo, no quisiera que ninguno de estos hombres (es decir, sus captores) sufriera daño». Y añadió: «Me hicieron repetir fragmentos de oraciones musulmanas y vestir prendas de estilo islámico, pero siempre hice saber que nací en la fe católica, que crecí en esa religión, y que por nada del mundo cambiaría eso, aunque me costara la vida».
El 3 de diciembre de 2021, 31 civiles murieron en Mopti en un atentado terrorista dirigido contra un autobús lleno de personas que se dirigían a un mercado local. Ese mismo día, en la ciudad septentrional de Gao, «se produjeron dos explosiones en un campamento de la ONU». Según los informes recibidos, aunque se produjeron daños, no hubo muertos. Aun así, las explosiones «sacudieron los barracones de la misión de la ONU», obligando a la gente «a refugiarse en albergues cercanos durante dos horas».
El 3 de diciembre de 2021 se cometió un atentado en la región de Bandiagara en el que murieron al menos 32 personas. Según el sacerdote católico de Barapreli, los terroristas y otros grupos armados han seguido prohibiendo el catolicismo y, en su lugar, enseñan el islam, imponiendo la sharía a los fieles católicos de la zona. Añadió que obligan a la comunidad cristiana local de Didja a aprender el Corán y a realizar las oraciones prescritas por el islam. No obstante, los representantes de Cáritas indicaron que la mayoría de las iglesias católicas del país podían permanecer abiertas.
En diciembre de 2021, AIN fue informada de que los yihadistas de la región de Ségou estaban redoblando sus esfuerzos para apoderarse de franjas de tierra e instaurar la ley islámica en el territorio bajo su control. Una fuente local afirmó que Katiba Macina, grupo islamista vinculado a Al Qaeda en el Magreb Islámico, quemó arrozales y atacó a agricultores que intentaban recoger la cosecha. Según esta fuente (que AIN no desvela por motivos de seguridad), Katiba Macina intentaba intimidar a la población local para que se uniera a los militantes o abandonara sus tierras, para que los extremistas islamistas pudieran tomarla. La fuente añadió: «El deseo de imponer la ley islámica sharía es la prueba de que los yihadistas, especialmente los de Katiba Macina, trabajan por la expansión de un islam radical que muchos otros musulmanes no comparten […] Los yihadistas actúan en nombre de la religión. Todo lo que no se ajusta a su propia ideología sufre las consecuencias. Por eso hay tantos refugiados».
Año 2022
El 13 de febrero de 2022, un grupo terrorista armado no identificado atacó el puesto de Niafunke (norte de Mali), causando dos muertos entre las Fuerzas Armadas de Mali y cinco entre los atacantes.
El 17 de febrero de 2022, Francia y sus socios europeos, además de Canadá, anunciaron su retirada militar del país afirmando que, «ya no existen las condiciones políticas, operativas y jurídicas» necesarias para continuar las operaciones militares.
Francia tiene presencia militar en Mali desde 2013 para «contener y repeler el avance yihadista de los grupos islamistas radicales que amenazan Bamako». En abril de 2022, tras dos golpes militares en menos de un año, París acusó al ejército maliense de «depender de mercenarios rusos». Además acusó a mercenarios rusos de enterrar cadáveres fuera de una base militar y de culpar a las tropas francesas de los asesinatos para desacreditar a su fuerza saliente. Por su parte, Mali «ha negado continuamente trabajar con mercenarios rusos, afirmando que solo trabaja con instructores oficiales rusos».
El 24 de abril de 2022, grupos yihadistas no identificados atacaron simultáneamente tres bases militares en las ciudades de Sévaré, Niono y Bapho (centro de Mali), causando la muerte de seis soldados y heridas a otros 20. Después de los atentados, entre el 10 y el 12 de junio de 2022, se produjeron violentas manifestaciones en todo el país. Líderes religiosos musulmanes y cristianos lanzaron un llamamiento conjunto en favor de la paz. El cardenal Jean Zerbo subrayó: «En esta difícil situación, los religiosos debemos tener dos actitudes: ser centinelas y actuar como mediadores para fomentar el diálogo y la vuelta a la calma».
El 3 de agosto de 2022, militantes islamistas mataron a cuatro civiles y a 42 miembros de las fuerzas armadas de Mali en la ciudad de Tessit (norte de Mali). Según declaraciones del Gobierno, en el ataque se utilizaron drones y explosivos, los agresores llevaron a cabo «operaciones clandestinas de sobrevuelo» y se han «beneficiado de un importante apoyo, incluida la experiencia externa».
El 31 de agosto de 2022, uno de los principales grupos armados que operan en el norte de Mali, el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), «reafirmó su compromiso con una unión de antiguos grupos armados rebeldes que habían aceptado un acuerdo de paz con Bamako en 2015». El Movimiento hizo el anuncio en una reunión celebrada en la ciudad septentrional de Kidal. Pocos días antes, las autoridades malienses habían anunciado su plan de incorporar a 26 000 antiguos rebeldes al ejército nacional.
El 9 de septiembre de 2022, decenas de civiles (según diversas fuentes, entre 30 y 40) fueron asesinados en Talataye (al noreste de Mali), que se encuentra en una «encrucijada de influencia de distintos grupos terroristas rivales». Entre los principales sospechosos se cuentan Estado Islámico del Gran Sáhara y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, afiliado a Al Qaeda, además de otras organizaciones armadas, como el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad, dominado por los tuaregs.
Futuro de la libertad religiosa
Mali está atrapado en una red de violencia entre los combatientes del Gobierno de transición, los mercenarios, entre ellos el grupo Wagner, y los yihadistas que han perpetrado una avalancha de atentados. Queda por ver si Mali volverá a ser una «democracia pluralista» al final del período transitorio de dos años, en 2024, como pretendía originalmente su Constitución. En general, la situación actual dibuja un futuro sombrío para todos los derechos humanos, incluida la libertad de religión.
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