Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Maldivas es conocido como destino turístico internacional. Sin embargo, del casi millón y medio de turistas que visitan al año el país, pocos tienen contacto con la vida real de un país en el que el islam suní es la religión oficial y cuya nacionalidad solo puede ser obtenida por los musulmanes que profesan dicha religión. La Constitución de 2008 define el país como «una república soberana, independiente y democrática basada en los pilares del islam» (artículo 2) y especifica que «la religión del Estado de las Maldivas es el islam» (artículo 10.a). Teniendo en cuenta que el islam es el centro de la estructura legal del país, la Carta Magna añade que «no se promulgará en las Maldivas ninguna ley contraria a los pilares del islam» (artículo 10.b).
Los no musulmanes «no pueden tener la nacionalidad de las Maldivas» (artículo 9.d), razón por la cual Maldivas afirma que el 100% de su población es musulmana. Sin embargo, estas estadísticas oficiales ignoran la presencia de más de 95 000 inmigrantes, un 25% de la población total, procedentes principalmente de Bangladés, la India, Sri Lanka y Filipinas, muchos de los cuales no practican la fe musulmana.
Aunque la Constitución no garantiza ninguna protección a la libertad religiosa, sí garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y las libertades de comunicar las propias opiniones y de expresarse, pero solo «de forma que no sea contraria a los pilares del islam» (artículo 27). El artículo 19, que trata las restricciones a la libertad, dispone que «todo ciudadano tiene libertad para observar cualquier conducta o realizar cualquier actividad que no esté expresamente prohibida por la sharía islámica o por la ley». Se establece que es responsabilidad de los ciudadanos maldivos «fomentar los valores y las prácticas democráticas de forma que no contravengan ninguno de los pilares del islam», así como «preservar y proteger la religión del Estado, el islam, la cultura, el idioma y la herencia del país» (artículo 67.f y g). El presidente y el vicepresidente de la nación pueden ser cesados de su cargo por resolución del Parlamento (el Maylis popular) en caso de «violación directa de alguno de los pilares del islam» (artículo 100.a.1).
El Parlamento «no aprobará ninguna ley que contravenga los pilares del islam» (artículo 70.c). El artículo 142 obliga a los jueces a atenerse a la sharía para decidir en las cuestiones que no estén previstas por la Constitución o el sistema judicial.
La Constitución define los «pilares del islam» como «el sagrado Corán y los principios de la sharía que proceden indiscutiblemente de la sunna del noble Profeta, y los principios derivados de estos dos pilares» (artículo 274.a). El concepto «sharía islámica» se define como «el sagrado Corán y las formas que los sabios de la comunidad y los seguidores de la sunna prefieran en relación con las cuestiones penales, civiles, personales y cualquier otra que se encuentre en la sunna» (ibid.).
Además de las restricciones que aparecen en el texto de la Constitución, la Ley de Protección de la Unidad Religiosa de 1994 intenta unificar la práctica y la predicación del islam, así como limitar toda práctica y expresión religiosa que no sea el islam suní.
Según esta Ley, es obligatorio obtener una licencia gubernamental para pronunciar sermones y conferencias, así como para realizar publicaciones (artículo 2). Estos sermones, conferencias o doctrinas no pueden ser contrarios a la ortodoxia suní, tal y como la interpreta el Gobierno (artículo 4) y está prohibido predicar otras religiones (ibid.). Conforme al artículo 6, «está prohibido difundir cualquier credo que no sea el islam o realizar cualquier acción destinada a convertir a otra persona a una religión que no sea el islam. Igualmente, es ilegal exhibir públicamente símbolos o consignas propios de cualquier religión que no sea el islam, o suscitar el interés hacia ellos». También es ilegal «transportar o exhibir en público cualquier libro sobre cualquier religión (que no sea el islam), cualquier libro o texto que fomente o difunda otras religiones e, igualmente, la traducción al divehi [idioma oficial de las Maldivas] de cualquiera de estos libros y textos sobre otras religiones» (artículo 7).
Es asimismo ilegal que los no musulmanes, ya sean residentes o visitantes, expresen públicamente su fe de cualquier forma (artículo 9). Además, «es ilegal poseer, distribuir o difundir programas, escritos, obras de arte y anuncios sobre religiones que no sean el islam» (artículo 10). La pena por infringir estas leyes oscila entre dos y cinco años de prisión para los ciudadanos maldivos, y los extranjeros que las transgredan o las infrinjan «serán entregados al Ministerio de Inmigración y Emigración para proceder a su expulsión de las Maldivas» (artículo 12).
La ley relativa a la difamación tipifica como delito cualquier frase, comentario, escrito o acción que se considere difamatoria contra «los partidarios del islam». Se sancionará a los posibles infractores con multas de entre 50 000 y dos millones de rupias maldivas (entre 3200 y 130 000 dólares estadounidenses), y condenas de entre tres y seis meses de prisión. Se revocará la licencia a las publicaciones, incluso las que aparecen en internet, declaradas culpables de albergar comentarios «difamatorios».
Los maldivos afirman que los extranjeros residentes en el país pueden practicar su religión en privado, pero muchos cristianos inmigrantes han sido arrestados o deportados por asistir a actos de cultos privados.
Toda persona que visita Maldivas tiene que firmar un formulario de inmigración declarando que no lleva material pornográfico, ídolos, alcohol, carne de cerdo o «material contra el islam». En consecuencia, está prohibida la importación oficial de Biblias y literatura cristiana.
Con la prohibición absoluta del Gobierno de la expresión religiosa no musulmana (unido a un control absoluto por parte del Gobierno de la expresión musulmana), no hay ninguna iglesia o lugar de culto cristiano en el país. Los pocos cristianos que hay en Maldivas no tienen donde reunirse y hacen todo lo posible para mantener su fe en privado. Oficialmente, no hay cristianos maldivos, solo cristianos expatriados.
Incidentes y acontecimientos
El Gobierno actual sigue dirigido por el presidente Ibrahim Mohamed Solih. El 17 de diciembre de 2020 se aprobó una importante ley conocida como Ley de Justicia Transicional, cuyo objetivo es ofrecer reparación a las víctimas de abusos cometidos en el pasado por parte de funcionarios e instituciones del Estado. Estas reparaciones pueden ser en forma de compensación monetaria, rehabilitación, resolución y restitución.
A pesar de esta reforma positiva y de la promesa del Gobierno de Solih de frenar el terrorismo, durante el período estudiado en este informe se produjeron numerosos incidentes.
Las Maldivas siguen siendo un importante campo de reclutamiento para los terroristas. Un estudio realizado por el grupo The Soufan detectó que el Estado Islámico ya mostraba altos niveles de reclutamiento entre los maldivos en abril de 2016. Ya entonces aparecieron pintadas en muros de diferentes atolones animando a unirse al Estado Islámico. El comisario de policía del país reveló en diciembre de 2019 que «casi 500 maldivos han viajado, o lo han intentado, a Siria o Irak» durante los años de apogeo del poder y expansión del Estado Islámico, entre 2014 y 2018. Esto convierte a las Maldivas en una de las principales fuentes mundiales de combatientes terroristas extranjeros islamistas per cápita.
Abundan las pruebas de que el radicalismo islámico sigue creciendo, especialmente debido a la contradictoria respuesta del Gobierno de Solih al problema. La influencia de las organizaciones islámicas conservadoras, entre ellas el partido Adhaalath es especialmente problemática para la libertad religiosa y la transición del país a la democracia. En septiembre de 2019, el Gobierno de Estados Unidos afirmó que un maldivo, Mohamad Amin, era un «líder clave del ISIS en Siria, Afganistán y las Maldivas», y que ya en abril de 2019 actuaba reclutando yihadistas en Malé, capital de las Maldivas. Desde el 3 de octubre de 2021, quedó anulada por el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior que desestimó los cargos contra Amin, que no puede salir del país y se encuentra bajo arresto domiciliario desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
El 7 de mayo de 2021 se produjo un atentado contra el actual presidente del Parlamento, Mohamed Nashid, que se describió como «un ataque contra la democracia y la economía de las Maldivas». Posteriormente, el 22 de agosto de 2022, un hombre apuñaló, mientras recitaba versos coránicos, al ministro maldivo Ali Solih; le apuntó al cuello, pero falló y solo le rozó el brazo izquierdo.
El 21 de noviembre de 2021, detuvieron a Mohamed Rusthum Mujuthaba, activista defensor de la libertad religiosa, y fue acusado de criticar al islam y poseer material obsceno. El 10 de agosto de 2022, se declaró culpable de los cargos y le condenaron a cuatro meses de prisión, pero quedó en libertad porque ya había pasado seis meses en la cárcel.
El 8 de febrero de 2022, se inició una investigación en el Clique College por la reproducción de una canción con letra cristiana durante un festival deportivo infantil. El colegio alegó que la canción se había reproducido automáticamente desde una lista de reproducción y negó ser responsable del «error».
El 24 de mayo de 2022, un hombre entró por la fuerza en la escuela de educación primaria Yamaluddin gritando «Allahu Akbar». Intentó agredir al director porque, al parecer, creía que el plan de estudios de la escuela despreciaba el islam. Se han realizado críticas contra el plan de estudios de las Maldivas, basadas en que «actores religiosamente conservadores han conseguido convertir el currículo escolar en una cuestión religiosa y política, y se suele tachar de herejes a quienes lo critican». Este fue el caso de la ONG Maldivian Democracy Network (MDN), dada de baja en el Registro en noviembre de 2019 por haber publicado un informe sobre el extremismo.
El 21 de junio de 2022, fundamentalistas religiosos interrumpieron una celebración del Día Internacional del Yoga en la capital, Malé, entrando en el estadio donde se celebraba el acto con banderas y pancartas que condenaban la práctica del yoga y al grito de «Dios es grande» en árabe. La policía de Maldivas los detuvo poco después.
El 1 de julio de 2022, detuvieron en la mezquita del Rey Salman a un hombre vestido con una camiseta con el logotipo del Estado Islámico que alteraba públicamente la oración del viernes.
Además de otras consecuencias muy perjudiciales para la estabilidad social y la libertad religiosa del país, el radicalismo islámico descontrolado está presionando a las mujeres para que lleven hiyab, lo que conlleva el acoso social de las que deciden no hacerlo. Se trata de una tendencia nueva en Maldivas. Hace tan solo una década, muy pocas mujeres llevaban velo.
Futuro de la libertad religiosa
Los derechos humanos no son una de las principales prioridades del actual Gobierno maldivo, más preocupado por fomentar las relaciones con la India y China e intentar liberar al país de la «diplomacia de la trampa de la deuda» china creada por la anterior administración.
Dado el creciente radicalismo islámico, sumado a la apatía del Gobierno actual, las perspectivas para la libertad religiosa en Maldivas son negativas, como ejemplifican los incidentes ocurridos durante el período estudiado en este informe. El país carece de protección constitucional, aplica las leyes de forma incoherente, se enfrenta a una poderosa corriente de extremismo islamista en el ámbito social y está gobernado por dirigentes políticos poco dispuestos a frenar el yihadismo y emprender una reforma política y religiosa significativa.
Maldivas