Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La legislación italiana sobre libertad religiosa garantiza la libertad de religión o creencia y la reconoce como derecho fundamental. La Constitución expresa el principio de no discriminación por motivos religiosos, estableciendo que «todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opinión política o condiciones personales y sociales» (artículo 3). Está garantizado el derecho individual a profesar «la propia creencia religiosa de cualquier forma, individual o colectivamente, y a difundirla artículo» (artículo 19) y asimismo se permite «celebrar los ritos en público y en privado, siempre y cuando no atenten contra la moral pública». Por otro lado, «todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley» (artículo 8).
El artículo 7 de la Constitución afirma que el Estado italiano y la Iglesia católica son independientes y soberanos, y que los Pactos de Letrán de 1929 (modificados en 1984) regulan sus relaciones. El Gobierno permite que la Iglesia católica seleccione a los profesores que imparten la formación religiosa en los colegios públicos. A este respecto, se está estudiando una propuesta de ley constitucional, presentada a la Cámara de Diputados en febrero de 2022, que pretende abolir el Concordato incluido en los Pactos de Letrán y equiparar a la Iglesia católica con las demás confesiones religiosas. Según esta propuesta, las relaciones entre el Estado y la Iglesia se regularían por ley sobre la base de un acuerdo, como ya ocurre con otras confesiones. Esta reforma implicaría la supresión de la hora de religión católica en la escuela pública.
Las relaciones entre el Estado y las demás confesiones están reguladas por ley, basadas en los acuerdos firmados con sus respectivas organizaciones religiosas. Antes de solicitar un acuerdo, toda organización no católica debe tener reconocida su personalidad jurídica por el Ministerio del Interior, conforme a la Ley 1159/29. A continuación, se presenta la solicitud en la Oficina del Primer Ministro. El acuerdo concede automáticamente a los clérigos acceso a los hospitales públicos, prisiones y cuarteles del Ejército; permite el registro civil de los matrimonios religiosos, facilita realizar las prácticas religiosas de los funerales y exime a los estudiantes de asistir al colegio en las fiestas religiosas propias. Cualquier grupo religioso que no tenga acuerdo también puede solicitar al Ministerio el disfrute de estas ventajas, pero una por una. Además, el acuerdo permite a los grupos religiosos recibir fondos recaudados por el Estado a través del llamado «Ocho por mil», deducción obligatoria (del 0,8%) del impuesto anual sobre la renta de los contribuyentes.
Trece confesiones no católicas tienen acuerdos con el Estado italiano; el de los Testigos de Jehová lleva negociándose desde 1997.
A principios de 2022, sobre la base de un acuerdo estipulado tres años antes, entró en vigor la ley que regula las relaciones entre el Estado italiano y la Asociación de la Iglesia de Inglaterra. La Asociación representa a la Comunión Anglicana en el país a la que hasta esa fecha se le aplicaba la denominada ley sobre «cultos admitidos».
Aún no se ha alcanzado un acuerdo con la comunidad islámica, a pesar de que constituye la comunidad no cristiana más numerosa de Italia y de que cerca de un tercio de la población inmigrante de Italia es musulmana. La falta de acuerdo se debe a que no existe un liderazgo islámico oficialmente reconocido con capacidad de sentarse a negociar con el Gobierno, y a la excesiva fragmentación de la comunidad islámica (una encuesta reciente identifica al menos 255 asociaciones inspiradas en el islam distribuidas de forma diversa por toda Italia).
El Ministerio del Interior italiano ha intentado gestionar las cuestiones relacionadas con el islam creando un Consejo para el Islam Italiano en 2005, redactando una Carta de Valores de Ciudadanía e Integración en 2007 y una Declaración de Intenciones para una Federación del Islam Italiano en 2008. En 2016 se creó en el Ministerio del Interior el Consejo para las Relaciones con el Islam Italiano, que en 2017 firmó un Pacto Nacional por un Islam Italiano con representantes de las principales asociaciones musulmanas de Italia.
En mayo de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional designó al consejero diplomático Andrea Benzo como enviado especial para la Protección de la Libertad Religiosa y el Diálogo Interreligioso. Entre sus responsabilidades está la promoción de iniciativas destinadas a reforzar el compromiso de Italia en favor de la libertad religiosa en el ámbito de las relaciones internacionales.
Incidentes y desarrollo
Durante el período estudiado en este informe, la comunidad católica ha manifestado su preocupación ante ciertas medidas adoptadas por las autoridades que ha percibido como contrarias a los valores cristianos, aunque en muchos casos estuvieran, además, relacionadas con el derecho natural.
El 27 de octubre de 2021, tras un acalorado debate en el que también participó la diplomacia vaticana, se rechazó en el Senado el llamado proyecto de ley Zan contra la homotransfobia. El proyecto de ley pretendía aplicar la legislación sobre «delitos de odio», que castiga los actos de violencia y la incitación a la violencia por motivos de etnia, nacionalidad y religión, a las personas homosexuales o transexuales. El proyecto de ley se consideró un instrumento legislativo diseñado para restringir la libertad de expresar públicamente las concepciones tradicionales sobre la familia y la sexualidad.
El 15 de febrero de 2022, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el referéndum abrogatorio sobre la eutanasia, actualmente regulada por el artículo 579 del Código Penal, que pretendía despenalizar la participación en la muerte de una persona que hubiera otorgado un consentimiento. Según el Tribunal, la derogación parcial del artículo 579 habría privado a la vida de las protecciones mínimas garantizadas por la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Conferencia Episcopal Italiana había manifestado su «profunda preocupación» por el referéndum.
En marzo de 2022, la Cámara de Diputados aprobó la ley sobre el «final de la vida». El texto, que en el momento de redactar este informe se está revisando en el Senado, excluye, bajo ciertas condiciones, sancionar a los médicos, al personal sanitario y a cualquier persona que participe en una eutanasia médicamente asistida.
Una vez superada la fase aguda de la pandemia, en la que las iglesias solo estaban abiertas para la oración personal, desde mayo de 2020 han podido volver a abrir sus puertas siempre y cuando cumplan las restricciones impuestas por el Gobierno, entre las que se incluyen: dejar mayor espacio entre los bancos, uso obligatorio de mascarillas protectoras, que las pilas de agua bendita estén vacías y la prohibición de intercambiar el signo de la paz. Las restricciones provocaron un preocupante descenso de la asistencia a los templos y afectaron gravemente a la libertad de expresión de la propia religión o creencias.
Las COVID-19 también afectó a la comunidad islámica, que encontró serias dificultades para garantizar una sepultura digna a sus difuntos, debido a la falta de adecuación o insuficiencia de espacios en los cementerios (de 8000 municipios italianos, menos de 100 disponen de un espacio dedicado a los enterramientos conforme al rito islámico) y a la imposibilidad de repatriar los cuerpos de los difuntos a sus países de origen. La emergencia adquirió tales dimensiones que llevó a la Conferencia Episcopal Italiana a difundir sugerencias pastorales en apoyo de la comunidad islámica.
Durante el período estudiado en este informe ha aumentado el número de incidentes contra propiedades católicas. El 23 de marzo de 2021, se cometieron actos vandálicos contra dos iglesias pequeñas de la provincia de Pavía, donde se encontraron pintadas con frases insultantes y blasfemas. A finales de agosto, unos individuos profanaron una iglesia de la provincia de Reggio Emilia; los vándalos decapitaron la estatua de la Virgen y esparcieron hostias eucarísticas por el suelo. En noviembre de 2021, pintarrajearon la basílica de Santa Clara, en el centro histórico de Nápoles, con frases obscenas.
El 1 de abril de 2022 se reabrieron al público los salones del Reino de los Testigos de Jehová. Esta religión también se vio implicada en un litigio en el que acabó interviniendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 19 de mayo de 2022. Un padre, converso a los Testigos de Jehová, llevó a su hija a ceremonias religiosas de su nueva fe sin el consentimiento de la madre, católica. La sentencia del tribunal local ordenó al padre que se abstuviera de implicar activamente a su hija en actividades religiosas. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dictó que «el derecho a transmitir y enseñar las propias creencias religiosas a los hijos debe garantizarse por igual a ambos progenitores, aunque pertenezcan a confesiones religiosas diferentes».
En el período analizado en este informe, los musulmanes —la comunidad religiosa más numerosa después de la católica, que representará el 6,2% de la población total en 2030— se quejaron de que sufren violencia y discriminación.
En febrero de 2022, se suspendió un partido de fútbol femenino en Piamonte porque una jugadora, originaria de Marruecos, llevaba hiyab. En julio de 2022, en una estación cercana a Florencia, un hombre agredió en un tren a una mujer musulmana de origen marroquí embarazada de siete meses: le arrancó el burka y luego la echó del tren a empujones junto con su hijo de 11 años. Las mujeres musulmanas han sido las principales víctimas de acoso, insultos despectivos y violencia, a menudo en lugares públicos, debido a su vestimenta.
Según Vox-Diritti, en el período comprendido entre enero y octubre de 2021, los musulmanes también fueron el objetivo principal del odio en línea, con picos significativos en el verano de 2021, tras el regreso de los talibanes a Afganistán y el 20º aniversario del atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Gran cantidad de los cientos de miles de tuits que se escribieron eran ataques a la cooperante italiana Silvia Romano, secuestrada en Kenia por yihadistas somalíes de Al Shabab en 2018 y liberada tras dieciocho meses de cautiverio. Le criticaban que se hubiera convertido al islam.
En 2021, el Observatorio del Antisemitismo del Centro de Documentación Judía Contemporánea registró un descenso (a 220) del número de incidentes antisemitas frente a los 230 de 2020 y los 251 de 2019. En 2022, las cifras parciales hablan de 184 incidentes, pero estas cifras, según los expertos, están enormemente subestimadas. Entre los incidentes se cuentan agresiones físicas, amenazas de muerte, destrozos en sinagogas, pintadas contra el Holocausto, «piedras de tropiezo» pintarrajeadas con lemas fascistas, cánticos antisemitas en los estadios, comentarios conspirativos y mensajes de odio en las redes sociales.
En septiembre de 2021, un vendedor callejero paquistaní atacó a un turista judío en Pisa. Al parecer, el agresor gritó: «Odio a Israel y a los judíos; todos ellos son asesinos».
En enero de 2022, en un parque público cerca de Livorno dos chicas de 15 años empezaron insultando a un niño judío de 12 años al que luego propinaron patadas y escupieron. El episodio tuvo lugar en vísperas del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Durante este mismo período, se realizó una encuesta a un grupo de 475 adolescentes de entre 14 y 18 años, que reveló que el 35% desconocía qué era la Shoá, y que muchos de ellos pensaban que se trataba de una «guerra de la Edad Media».
Igualmente violentos han sido, durante el período analizado, los ataques antisemitas en la web y en las redes sociales. El 10 de enero de 2021, durante la presentación de un ensayo sobre la Shoá, decenas de antisemitas «reventaron» una videoconferencia agitando esvásticas e imágenes de Hitler.
En enero de 2022, el Gabinete del Primer Ministro publicó la Estrategia Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. La Estrategia, que aceptaba la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto), recomendaba que las instituciones adoptaran políticas adecuadas para contrarrestar eficazmente los crecientes fenómenos de intolerancia y antisemitismo.
Durante el período estudiado, se han seguido verificando actividades extremistas islamistas, como la difusión de propaganda radical en las principales redes sociales.
En junio de 2022, la policía detuvo a catorce ciudadanos paquistaníes sospechosos de formar parte de una red terrorista yihadista; fueron acusados de difundir doctrinas religiosas violentas en Internet. Dos semanas después, fue detenida una pareja kosovar a la que se acusó de planear un atentado en Italia inspirado en el Estado Islámico. En octubre de 2022, se detuvo a un hombre perteneciente a la organización terrorista supremacista estadounidense «La Base» al que acusaron de estar implicado en el terrorismo internacional y de difundir contenido antisemita y neonazi en Internet. En noviembre de 2022, la policía detuvo a un italiano de origen marroquí adepto al Estado Islámico, acusado de secuestro, tortura y malos tratos a personas que se negaban a luchar por el ISIS.
Futuro de la libertad religiosa
La Constitución garantiza y protege como derechos inalienables la libertad religiosa y el pluralismo confesional. Entre los signos positivos de reconocimiento de estos derechos en el período estudiado en este informe cabe destacar la firma de una Estrategia Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y la designación del enviado especial para la Protección de la Libertad Religiosa y el Diálogo Interreligioso.
A pesar de ello, se observa una preocupante persistencia de las violaciones de la libertad religiosa, como la violencia, la intolerancia y la incitación al odio contra los principales grupos confesionales, así como la persistente falta de un estatuto jurídico claro para el islam y otras confesiones minoritarias, que restringe su acceso a prestaciones y protecciones sociales. Otros motivos de preocupación han sido las controvertidas propuestas legislativas, como la opaca legislación sobre «delitos de odio», y la eliminación de las restricciones legales que protegen de la eutanasia a las personas vulnerables.
Aunque durante el período estudiado no se han producido manifestaciones de que el derecho a la libertad religiosa esté amenazado de forma inminente, las tensiones entre el Estado y los grupos confesionales podrían aumentar si las creencias religiosas entran en conflicto con leyes que lleven a la división. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
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