Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la India garantiza la libertad religiosa; el país tiene una forma propia de laicismo basada en el tratamiento igualitario de las tradiciones religiosas. Sin embargo, la influencia del laicismo indio está en declive desde que en 2014 llegaron al poder el primer ministro Narendra Modi y su Partido Bharatiya Janata (BJP).
A pesar de que las tensiones religiosas han constituido un importante problema en la India —situación que se remonta al movimiento independentista y la partición de 1947, que llevó a la creación de las naciones independientes de la India y Pakistán—, la influencia política, social y cultural de los grupos hindúes nacionalistas, conocidos en conjunto como sangh parivar (organizaciones o asociaciones de familia), como la Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organización Nacional de Voluntarios), han aumentado enormemente desde la elección de Modi. Los miembros de varias organizaciones sangh parivar ocupan ahora altos cargos en el Gobierno, las fuerzas armadas y el ámbito académico.
Conforme a la Constitución de la República de la India, la libertad religiosa está garantizada, pues «todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y difundir libremente su religión» (artículo 25). No se puede obligar a nadie a pagar impuestos destinados a fomentar o financiar una confesión religiosa concreta (artículo 27). La Constitución dedica una cláusula específica, el artículo 26, a salvaguardar la libertad de «todas las confesiones religiosas» de «establecer y mantener instituciones con fines religiosos o caritativos» y «gestionar sus propios asuntos religiosos». Además, se defiende el derecho de las minorías, incluidas las religiosas, a fundar y administrar sus propias instituciones educativas (artículo 30).
A pesar del estatus oficialmente laico de la India, varios gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, han promulgado leyes que restringen la libertad religiosa individual y de los grupos. Uno de los ámbitos en el que las restricciones gubernamentales y administrativas a la libertad de las instituciones religiosas se han endurecido de forma más significativa en los últimos años es el de la financiación extranjera de los grupos religiosos, en concreto a través de la Ley de Regulación de Moneda Extranjera.
Desde 2014, las autoridades indias han congelado cada vez con más frecuencia las cuentas bancarias de diferentes organizaciones mediante dicha ley de 2010 para dificultar su acceso a la financiación que les permite llevar a cabo sus actividades. Muchos activistas consideran que el Gobierno actual utiliza esta ley de forma selectiva contra organizaciones no gubernamentales vinculadas a comunidades religiosas de las minorías, por ejemplo, cerrando organizaciones cristianas humanitarias y de desarrollo. Las normativas vigentes basadas en el Código Penal de la India permiten al Gobierno tratar a las ONG religiosas con mayor —e injusta— severidad.
En 2020 el Gobierno central aprovechó las normas de la Ley de Regulación de Moneda Extranjera para ampliar su control sobre los grupos de la sociedad civil; en concreto, el ministro del Interior revocó las licencias de moneda extranjera de cuatro organizaciones protestantes y un instituto católico, la Sociedad de Desarrollo Tribal Don Bosco. Esta sociedad, fundada por los salesianos en 1976, atiende a las comunidades tribales y a otros grupos marginados en Tamil Nadu. Al perder la licencia de moneda extranjera, ya no podrá recibir donaciones de fuentes extranjeras, tampoco de instituciones católicas oficialmente reconocidas, para continuar su misión. Como en otros casos, el Ministerio del Interior, aplicando esta ley, puede rechazar la solicitud de una organización si se considera que el beneficiario podría causar tensiones o desacuerdos en el seno de la comunidad. En septiembre de 2022, el Gobierno prorrogó la validez de los registros de las ONG conforme a dicha ley hasta el 31 de marzo de 2023. Desde 2017, el Gobierno indio ha cancelado alrededor de 1900 licencias de organizaciones no gubernamentales.
Es generalizada la aversión social al consumo de carne y al sacrificio de las vacas, a causa de la veneración tradicional a este animal por parte de hindúes, jainas y budistas. Desde hace siglos, la protección a las vacas es una cuestión importante y, en ocasiones, controvertida; actualmente, alrededor de dos tercios de los estados indios tienen leyes que regulan, circunscriben o prohíben el sacrificio de vacas. Más aún, el Tribunal Supremo de la India ha apoyado la constitucionalidad de estas leyes. La defensa de las prohibiciones legales contra el sacrificio de vacas ha sido una característica especial de los grupos sociales y políticos que promueven el hinduismo, como los grupos nacionalistas hindúes, entre ellos el partido actualmente en el poder, el Bharatiya Janata (BJP).
Otra forma concreta en que el partido gobernante facilita las restricciones sociales a la libertad religiosa es mediante la legislación anticonversión. Varios estados han aprobado leyes de libertad religiosa (o, como las llaman sus detractores, «leyes anticonversión»). Se trata de leyes estatales concebidas para regular las conversiones religiosas supuestamente realizadas de forma forzada y por medios fraudulentos.
La estructura y contenidos básicos de estas leyes varían muy poco entre estados, ya que las leyes más nuevas tienden a seguir los modelos ya establecidos en las normas de otros estados. Odisha fue el primer estado de la India en aprobar las Leyes de Libertad Religiosa (1967), seguida por Madhya Pradesh (1968), Arunachal Pradesh (1978, aunque todavía tiene que establecer sus normas), Chhattisgarh (2000), Tamil Nadu (2002, derogada dos años después), Guyarat (2003), Rajastán (2006, pero aún no firmada por el gobernador del estado), Himachal Pradesh (2006, derogada en 2019 y reemplazada poco después por una nueva ley), Jharkhand (2017) y Uttarakhand (2018).
En agosto de 2019, la asamblea legislativa del estado de Himachal Pradesh aprobó por unanimidad la Ley de Libertad Religiosa de 2019 que propone «severas sanciones (de hasta siete años de prisión, frente a los tres años establecidos por la ley anterior)» a los condenados por forzar a la conversión religiosa. El 13 de agosto de 2022, se aprobó un proyecto de enmienda que prohibía la «conversión masiva» y aumentaba la pena máxima a diez años de prisión. En junio de 2020, Manohar Lal Khattar, primer ministro del estado septentrional de Haryana, afirmaba que pondría en marcha un proyecto de ley para prevenir las «conversiones forzosas». En marzo de 2022 se aprobó la Ley de Prevención de la Conversión Ilegal a otra Religión de Haryana. El líder del Congreso Nacional Indio, Kiran Choudhary, declaró que el proyecto de ley era «aterrador... y profundizaría la división entre comunidades», y llamaba a la huelga. En septiembre de 2022, el gobierno del estado de Karnataka también aprobó una ley contra las conversiones, la Ley sobre el Derecho a la Libertad Religiosa, a pesar de la fuerte oposición de los cristianos y de los partidos de la oposición. Las conversiones ilegales se castigan con penas de prisión de entre tres y cinco años, además de con cuantiosas multas.
La intención lesiva de estas leyes se hace evidente por el hecho de que nunca se han usado para investigar o perseguir a los hindúes, incluso en aquellas situaciones en las que miembros de la mayoría han sido acusados de ofrecer incentivos económicos explícitos para la conversión al hinduismo.
Estas leyes colocan a los credos minoritarios en una situación de desventaja, hecho que quedó patente en 2015 cuando el Tribunal Supremo decidió que la persona que se «reconvierta» del cristianismo al hinduismo tendrá derecho a una serie de beneficios (de los que los cristianos están excluidos normalmente), siempre y cuando los antepasados del converso hubieran pertenecido a una de las castas registradas y la comunidad vuelva a aceptar al converso tras su «reconversión».
Dado que las leyes anticonversión se suelen aprobar a petición de los grupos nacionalistas hindúes, que ven amenazado el carácter hindú del país por el crecimiento de religiones que compiten con ellos, las leyes se dirigen de manera desproporcionada contra las minorías religiosas en los estados donde residen. Los musulmanes y los cristianos se ven especialmente afectados, porque ambas tradiciones religiosas se dedican a la actividad misionera. Estas prohibiciones se convierten en una oportunidad para que los funcionarios locales y las organizaciones supremacistas hindúes hostiguen e intimiden a los miembros de las comunidades minoritarias.
El riesgo que afrontan los musulmanes en la India ha ido aumentando desde que el líder hindú nacionalista, Narendra Modi, obtuviera una victoria aplastante en su reelección en abril-mayo de 2019. En cinco meses, el Gobierno central de la India, dominado por el BJP, tomó dos decisiones importantes en relación con los derechos de la comunidad minoritaria musulmana de la India. En agosto, despojó de su autonomía especial, consagrada por el artículo 370 de la Constitución, al estado de mayoría musulmana Jammu y Cachemira, y en el proceso encarceló a decenas de líderes políticos y de la sociedad civil, sin causa ni juicio, y sometió a todo el estado al cierre de internet durante meses. En diciembre, el Parlamento indio aprobó la Enmienda a la Ley de Ciudadanía, que impide expresamente a los musulmanes de algunos países vecinos solicitar el estatus de refugiado y ciudadanía por motivos de persecución religiosa.
El Código Penal de la India incluye normas antiblasfemia. La sección 295.A penaliza la ofensa a la religión o a las creencias religiosas de cualquier clase de ciudadanos, si este ultraje se ha realizado con la intención «deliberada y maliciosa» de «ofender los sentimientos religiosos». Esta ley se aplica de vez en cuando contra cristianos (tanto indios como extranjeros) que supuestamente critican el hinduismo en el curso de su labor evangelizadora.
Incidentes y acontecimientos
La comunidad cristiana de la India sigue afrontando violencia y delitos de odio dirigidos específicamente contra ella. En 2021, la Comisión de Libertad Religiosa registró 505 incidentes relacionados con ataques, intimidaciones y acoso contra cristianos de todo el país frente a los 279 de 2020. Los datos recopilados por el Foro Cristiano Unido para los Derechos Humanos, que gestiona una línea telefónica de ayuda, revelaron que solo entre enero y julio de 2022 se produjeron aproximadamente 302 ataques contra cristianos.
La difusión de la filosofía hindutva (hindú) propugnada por el grupo hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh es, en gran medida, una de las principales causas de esta creciente persecución contra los cristianos. La hindutva, forma de nacionalismo hindú de derechas, considera a la India esencialmente como un país hindú que no debe admitir otras religiones o culturas. El BJP, que asumió el poder en 2014, suscribe este planteamiento ideológico y su éxito político ha facilitado la retórica y la acción religioso-nacionalista.
El cristianismo ha crecido en la India entre muchos grupos distintos, sobre todo entre las comunidades tribales de la India rural. Alarmados ante el número creciente de tribales convertidos al cristianismo, los hindúes extremistas empezaron a planificar campañas para «reconvertir» al hinduismo a estos cristianos tribales. Los informes indican que extremistas hindúes atacan lugares de culto cristianos, a menudo con el apoyo tácito de las autoridades locales. La policía y las fuerzas del orden restan importancia a los ataques o miran hacia otro lado. Entre los casos más representativos se encuentran los siguientes:
El 26 de enero de 2021, un grupo de hombres irrumpió en el centro cristiano Satprakashan Sanchar Kendra, de Indore, Madhya Pradesh, al grito de consignas hindúes. El pastor Manish David contaba: «No paraban de golpearnos y tirarnos del pelo». La policía llegó y detuvo a nueve ancianos, entre ellos al pastor David, y presentó cargos contra ellos conforme a la nueva legislación que restringe las conversiones religiosas.
En julio de 2021 murió el padre Stan Swamy, jesuita indio de edad avanzada que estuvo encarcelado 7 meses. El padre Swamy y otras 15 personas habían sido denunciados, conforme a la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, por criticar en octubre de 2020 las políticas del Gobierno. En marzo de 2022, un grupo de trabajo de Naciones Unidas instó al Gobierno indio a llevar a cabo investigaciones independientes sobre el incidente y calificó la muerte de Swamy de «“fracaso” por parte del Gobierno indio que “quedará para siempre como una mancha” en los derechos humanos del país».
En septiembre, la policía de Uttar Pradesh golpeó con lathi, unas pesadas varas de bambú unidas con hierro, a dos cristianos detenidos. Sabajeet y Chotelal, del distrito de Sultanpur, habían sido acusados en virtud de las leyes estatales de 2020 contra la conversión. El jefe de la comisaría les dijo que habían traicionado a la India al convertirse al cristianismo. Esa misma noche fueron puestos en libertad sin cargos.
En octubre, durante un mitin multitudinario en el distrito de Surguja, en Chhattisgarh, el líder religioso hindú Swami Parmatmanand instó a los asistentes a matar cristianos. Dijo: «Decapitadlos, a esos que vienen a convertir». Mientras predicaba la violencia, le acompañaban en el escenario dirigentes políticos locales del BJP, como Ramvichar Netam y Nand Kumar Sai. A este último le grabaron aplaudiendo a Swami. Una coalición de grupos hindúes, Sarwa Sanatan Hindu Raksha Manch, organizó una manifestación bajo el lema Bandh Karo Dharmantaran («Alto a las conversiones religiosas»).
En octubre, Mohan Bhagwat, jefe del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), advirtió a los hindúes del «crecimiento antinatural» de las poblaciones cristiana y musulmana del país , antes de decir a sus oyentes en su discurso anual de Navaratri (festival en honor de la deidad hindú Durga): «La inmigración ilegal en los distritos limítrofes y las conversiones en el noreste han cambiado aún más la demografía».
El 6 de diciembre de 2021, una turba de unos 500 extremistas hindúes saqueó el colegio San José de Ganj Basoda, en el estado de Madhya Pradesh; previamente, las autoridades del centro habían solicitado protección policial. El director del colegio, el hermano Anthony Pynumkal, declaró que hacia el mediodía llegó una turba armada con barras de hierro y piedras. Corearon «Jai Shri Ram» mientras destrozaban las instalaciones del centro. Antes del incidente, Aayudh había publicado en YouTube acusaciones contra el colegio diciendo que se dedicaba a convertir a alumnos hindúes. El artículo mostraba fotos de ocho niños católicos que recibían la Confirmación y la Primera Comunión en la iglesia parroquial, pero supuestamente mostraba la conversión de alumnos hindúes en el colegio. La dirección del colegio está en manos de los Hermanos Misioneros Malabares, de la Iglesia católica siro-malabar, que hoy cuenta con 1500 alumnos, de los cuales menos del 1% son cristianos. El padre Maria Stephen declaró: «La policía apoyó indirectamente a la turba. La dirección del colegio había presentado un día antes una solicitud de protección, pero no se la tomaron en serio. Daba la sensación de que al superintendente de policía no le gustaban los cristianos». Los vándalos estuvieron destrozando las propiedades del colegio durante más de una hora antes de que interviniera la policía.
En diciembre, acusaron a unas monjas de las Misioneras de la Caridad de intentar convertir a otras personas al cristianismo, y se presentó una denuncia contra ellas basada en la Ley de Libertad Religiosa de Gujarat de 2003. El caso se archivó en marzo de 2022 al no existir base para dichos cargos.
En diciembre de 2021, Tejasvi Surya, presidente nacional del Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM) y diputado por Bengaluru Sur, declaró que prohibir las conversiones no era suficiente y que era necesaria una reconversión a gran escala: «Cada templo debe tener un objetivo para reconvertir a la gente al hinduismo. Deberíamos reconvertir al hinduismo incluso a los musulmanes de Pakistán». A finales de mes, retiró estas declaraciones después de que sus comentarios recibieran numerosas reacciones en las redes sociales.
El 9 de enero de 2022, una turba de 200 personas atacó una iglesia en el distrito de Kondagaon, en Chhattisgarh. El extremista hindú Sanjith Ng irrumpió en la casa del pueblo de Odagoan donde se celebraba la misa y atacó a los fieles. Arrastró al pastor Hemanth Kandapan al exterior, donde el ministro y el cristiano Sankar Salam recibieron una paliza. Ambos necesitaron tratamiento hospitalario para sus heridas. Según el pastor, la policía estaba presente pero no intervino. Los miembros de la turba afirmaban que los cristianos estaban convirtiendo ilegalmente a los hindúes y dijeron que matarían a los cristianos si seguían reuniéndose en el pueblo. Al día siguiente, altos cargos del Vishwa Hindu Parishad (VHP) obligaron a los vecinos cristianos a asistir a un acto de reconversión en Ghar Wapsi. Se dice que convirtieron a la fuerza al hinduismo una mujer, Sunderi Bathi.
El 2 de marzo, una manifestación con velas a lo largo de las carreteras que unen las iglesias católicas de Mangaluru y Dakshina Kannada dio visibilidad a los ataques que sufren los cristianos desde la introducción de las leyes anticonversión por parte del gobierno del estado de Karnataka en diciembre de 2021. Entre los ataques que se produjeron en febrero figura la demolición ilegal de la sala anexa a la iglesia de San Antonio, que llevaba más de 40 años en ese lugar, y la destrucción por parte de las autoridades de una estatua de Jesús de seis metros de altura colocada en la aldea de Gokunte en 2004.
En abril, la noche del Jueves Santo, fueron detenidos 55 cristianos por «conversiones ilegales». Una turba de 200 personas impidió a más de 70 miembros de la Iglesia Evangélica de la India salir de los terrenos de su iglesia, del siglo XIX, en Fatehpur, Uttar Pradesh. Cuando llegó la policía, interrogó a los cristianos durante tres horas antes de acusarlos y llevarse a 55 a comisaría: 26 pasaron la noche en calabozos y comparecieron ante el tribunal al día siguiente y 17 de ellos quedaron en prisión preventiva antes de ser puestos en libertad el Sábado Santo. Al parecer, la policía retiró todos los cargos de conversión, pero los acusó de violación del Código Penal. Fuentes eclesiásticas afirmaron que los dirigentes hindúes «habían presentado [el servicio] como una actividad de conversión religiosa y hostigaron a los asistentes sin que estos hubieran hecho nada malo».
En mayo, en el estado de Uttar Pradesh fueron encarcelados al menos 30 cristianos (20 de ellos en la última semana del mes) acusados de conversión forzada.
El 31 de mayo, una turba sacó a rastras a un pastor protestante de la sala de oración donde dirigía el culto en el distrito de Jaunpur, en Uttar Pradesh. La policía detuvo al pastor apoyándose en el artículo 295.A del Código Penal indio (actos deliberados y malintencionados, dirigidos a ultrajar los sentimientos religiosos). Quedó en libertad bajo fianza el 3 de junio.
En junio de 2022 se presentó una petición en nombre de Peter Machado, arzobispo de Bangalore (Bengaluru), el Foro de Solidaridad Nacional y la Hermandad Evangélica del la India en la que se afirmaba que el Gobierno no había tomado las medidas necesarias contra quienes incitaban a la violencia y al odio contra la comunidad cristiana. A pesar de que el Gobierno de la Unión afirmó que las acusaciones eran «falsas e interesadas», el Tribunal Supremo de la India solicitó al Ministerio del Interior que obtuviera información de los ocho estados mencionados en la petición, además de pedir a los firmantes del documento casos detallados de ataques a cristianos.
En varios estados, en los últimos años se han incrementado los ataques contra musulmanes y cristianos en aras de la protección de las vacas. Estos ataques de los vigilantes de vacas tienen como principal objetivo a los musulmanes y dalits (antiguamente llamados marginados o parias), además de hostigar a las comunidades cristianas indígenas de las zonas rurales, cuya forma de vida está vinculada a la agricultura y la ganadería. En abril de 2022, tres musulmanes resultaron heridos, un hindú muerto y otro herido por sospechas de sacrificio de vacas en Delhi. En junio de 2022, las fuerzas del orden torturaron brutalmente a un musulmán en el estado de Uttar Pradesh por tener vínculos con un mafioso implicado en el sacrificio de vacas. En agosto de 2022, «vigilantes de las vacas» mataron a golpes a un varón musulmán de 50 años e hirieron a dos musulmanes que transportaban vacas en el estado de Madhya Pradesh. El ataque se produjo a pesar de que ellos alegaron que solo llevaban los animales para venderlos en una feria de animales. Estos son solo unos pocos ejemplos de los numerosos incidentes de este tipo que se han producido en el período estudiado en este informe.
En septiembre de 2021, la Comisión Nacional Kamadhenu, responsable del bienestar de la vaca, publicó un programa en el que se afirmaba que «Jesucristo dijo que matar a una vaca es como matar a un ser humano». La Comisión creó un examen en línea para que los estudiantes tomaran conciencia de la importancia del ganado, y aseguraba que la matanza de vacas ha provocado terremotos y, debido a la infiltración de misioneros cristianos, ha causado la aridez de África. El Consejo Global de Cristianos Indios pidió la retirada de la cita temiendo que alentara a los grupos radicales hindúes a llevar a cabo futuras matanzas.
Muchos extremistas hindúes utilizan «Jai Shri Ram» como grito de guerra al atacar a los vecinos cristianos que supuestamente se dedican al sacrificio de vacas. La consigna, que es un saludo típico entre hindúes tradicionales, también precedió a varios ataques contra jóvenes musulmanes a los que turbas de extremistas hindúes enfurecidos obligaron a entonar el eslogan.
Los informes sobre madrasas (escuelas religiosas islámicas) no reconocidas con vínculos terroristas han provocado la demolición de este tipo de instituciones en el estado de Assam. En agosto de 2022, demolieron una madrasa del distrito de Bongaigaon por realizar, supuestamente, «actividades yihadistas». A raíz de este incidente, el gobierno de Uttar Pradesh decidió realizar una encuesta sobre las madrasas no reconocidas del estado. La persecución de los musulmanes ha llegado a ser tan extrema bajo el liderazgo del primer ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, que en septiembre de 2022 los propios musulmanes demolieron voluntariamente una madrasa en Goalpara para demostrar que no participaban en actividades yihadistas, a pesar de que las fuerzas locales del orden carecían de una excusa racional para la demolición.
En diciembre de 2019, las dos cámaras del Parlamento de la India aprobaron la polémica ley de Enmienda a la Ley de Ciudadanía, que desató la violencia y disturbios generalizados en Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Assam y varios campus universitarios. En febrero de 2020, fueron asesinadas 27 personas y más de 200 resultaron heridas al noreste de Delhi en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Esta ley ha suscitado fuertes críticas entre académicos y activistas, tanto nacionales como internacionales, porque hace de la religión el único criterio para conceder la ciudadanía a los inmigrantes irregulares y refugiados procedentes de los países vecinos. El Tribunal Supremo de la India fijó el 31 de octubre como fecha límite para atender las 220 peticiones que impugnan la ley. En octubre, sin embargo, se concedió al Ministerio del Interior una nueva prórroga —la séptima— para completar las normas de la ley. En una conferencia de prensa celebrada el 24 de noviembre, el ministro del Interior, Amit Shah, declaró que «se estaban elaborando» las normas de la ley de Enmienda a la Ley de Ciudadanía, aunque se habían producido retrasos «debido a la pandemia». No obstante, el ministro de Interior aseguraba que «la Enmienda a la Ley de Ciudadanía es una ley del país y quienes sueñan con que no se aplique se equivocan, se aplicará».
Futuro de la libertad religiosa
Aunque la India podría presentarse como una democracia multirreligiosa con una rica historia de diversidad y pluralismo religioso, el aumento de los incidentes religioso-nacionalistas la ha colocado en una lista de vigilancia mundial por vulnerar las libertades religiosas básicas de gran parte de sus ciudadanos. Es profundamente preocupante el nivel creciente de restricciones que pesan sobre los cristianos y otras minorías religiosas, unido a la violencia por motivos religiosos, a la impunidad, a la intimidación y a las crecientes restricciones a la libertad de los individuos para practicar la religión que elijan. La India es un ejemplo de «persecución híbrida», donde se perpetran tanto medidas pseudolegales como ataques sangrientos contra los indios que profesan la religión «equivocada».
En 2022, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) volvió a incluir a India en la lista de «países de especial preocupación». Además, esta comisión recomendaba «imponer sanciones selectivas a las personas y entidades responsables de graves violaciones de la libertad religiosa».
Por todo ello, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas.
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