Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución húngara, reconociendo el importante lugar del cristianismo en la historia del país, declara: «Estamos orgullosos de que nuestro rey, san Esteban, construyese el Estado húngaro sobre terreno firme e hiciese que nuestro país formara parte de la Europa cristiana hace 1000 años» (Preámbulo). Reconoce además «el papel del cristianismo en la preservación de la nacionalidad» (ibidem). Las disposiciones sobre libertad religiosa o creencias que aparecen en la Constitución de 2011 se modificaron en 2016. El artículo 7.1 consagra el principio de libertad religiosa, basándose en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 7.3 establece la separación de la Iglesia y el Estado, al tiempo que subraya el valor de la cooperación entre ambos para los «objetivos comunitarios».
En 2020, se modificó la Constitución para defender la protección «del derecho de los niños a una identidad propia correspondiente a su sexo al nacer» y a una educación «de acuerdo con los valores basados en la identidad constitucional y la cultura cristiana de nuestro país» (artículo 14).
En 2018 se modificó la ley de Iglesias, muy controvertida, que establece una serie de categorías de Iglesias que se pueden registrar en los tribunales húngaros. La consecuencia fue que más de 300 organizaciones religiosas perdieron su estatuto, y 14 lo conservaron. Estas cuatro categorías establecidas en la ley de Iglesias son: Iglesias establecidas, Iglesias registradas, Iglesias reconocidas y una categoría más amplia denominada «asociaciones religiosas». Entre los 32 grupos establecidos se cuentan la mayor parte de las Iglesias cristianas (católica, protestante, ortodoxa), las confesiones judías, además de otras religiones del mundo (budismo, islam, hinduismo, etc.). Las Iglesias reconocidas como tales reciben importantes subvenciones para realizar actividades de servicio público. Desde el año 2020, los contribuyentes pueden optar por destinar el 1% de sus impuestos sobre la renta a cualquiera de las cuatro categorías religiosas reconocidas.
Conforme a la ley de Iglesias, el Estado puede concluir acuerdos específicos con las comunidades religiosas registradas. En el caso de las Iglesias establecidas, puede firmar acuerdos integrales que se promulgan legalmente basándose en su historia, aceptación e importancia social, organización y responsabilidad social, que las convierta en comunidades religiosas establecidas. Los acuerdos estatales con la Santa Sede para la financiación de servicios públicos y actividades religiosas, así como los acuerdos sobre la confiscación de bienes durante la época comunista, proporcionan el marco para acuerdos formales con otras religiones, como la Iglesia reformada húngara, la Iglesia luterana húngara, la Federación de comunidades judías húngaras (Mazsihisz) y cuatro Iglesias ortodoxas.
Los alumnos de las escuelas públicas deben asistir a clase de religión o ética una hora a la semana durante los ocho primeros cursos. Los padres pueden elegir entre la asignatura de una Iglesia establecida o de ética laica impartida por profesores de escuelas públicas. Otras organizaciones religiosas, no clasificadas como Iglesias establecidas, pueden impartir asignaturas a petición de los padres o los alumnos aunque no están obligadas a hacerlo. Además, una organización religiosa puede asumir la dirección de una escuela pública «si más del 50% de los padres y alumnos adultos matriculados en la escuela firman una petición en este sentido y el Ministerio de Capacidades Humanas (MHC) aprueba el cambio». Si se aprueba, el Gobierno seguirá subvencionando la escuela. Entre 2021 y 2022, el 19,6% de las escuelas primarias y secundarias fueron gestionadas por la Iglesia.
En Hungría, el derecho penal castiga varios actos antirreligiosos. La agresión motivada por prejuicios religiosos y la violencia contra un miembro del clero se castigan con penas de uno a cinco años de prisión. La preparación para usar la fuerza contra una persona, como miembro de una comunidad religiosa, constituye un delito menor y se castiga con hasta dos años de prisión. Además, la negación del Holocausto, el genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos por los regímenes nacionalsocialista o comunista se castiga con hasta tres años de cárcel. En la misma línea, llevar un símbolo de las SS nazis o la Cruz Flechada (grupo afiliado a los nazis) se castiga con hasta 90 días de detención.
Incidentes y acontecimientos
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa denunció 10 delitos de odio antisemita en su informe de 2021. Los delitos consistieron en amenazas y agresiones violentas. En uno de los incidentes, amenazaron, escupieron y agredieron con un bate de béisbol a un grupo de judíos que asistía a la inauguración de una nueva sinagoga.
En 2007, Hungría prometió 21 millones de dólares a los supervivientes del Holocausto en Hungría y a los supervivientes húngaros en el extranjero durante un período de cinco años. Los pagos se consideraron un anticipo del valor de los bienes judíos sin herederos y no reclamados confiscados durante la Segunda Guerra Mundial. En una carta de 2021 a la Organización Mundial de Restitución de Bienes Judíos (WJRO, por sus siglas en inglés), Hungría declaró que las reclamaciones de indemnización habían sido satisfechas y que «ya no era posible pagar la restitución de ninguna propiedad judía abandonada, ni dentro ni fuera de Hungría». A finales de 2022, Hungría aceptó una estimación del importe de la indemnización realizada por expertos.
Durante una reunión de líderes y académicos judíos húngaros celebrada en 2023, el embajador israelí en Budapest declaró que «Hungría e Italia son los lugares más seguros para los judíos».
En marzo de 2021, se produjo un incendio provocado en una iglesia ortodoxa griega: prendieron fuego a los bancos y rociaron un icono con productos químicos inflamables.
En abril de 2020, una caricatura de la directora médica Cecilia Müller criticaba su intento de minimizar, según algunos, el número de muertes durante la pandemia de la COVID-19. La retrataron mirando un crucifijo diciendo: «Su enfermedad subyacente causó la adicción [o su muerte]» (para contextualizar, Cecilia Müller siempre llevaba un crucifijo de oro al cuello). En respuesta, el líder del Partido Popular Demócrata Cristiano, Imre Vejkey, interpuso una demanda alegando una violación del artículo 9.5 de la Constitución, que establece que la libertad de expresión no puede atentar contra la dignidad de una comunidad religiosa. En un principio, el tribunal consideró que la caricatura no ridiculizaba el cristianismo, lo que provocó una declaración de la Conferencia Episcopal Católica Húngara. Sin embargo, en junio de 2021, el tribunal consideró que la caricatura había vulnerado la dignidad del demandante y ordenó al periódico «pagar 400 000 HUF (1140 euros) a Imre Vejkey, así como reembolsar las costas judiciales y publicar una disculpa en la portada».
Futuro de la libertad religiosa
Aunque los valores y la herencia cristiana de Hungría están claramente respaldados en su Constitución y en diversas leyes, las minorías religiosas siguen observando sus costumbres religiosas sin injerencias. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
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