Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Honduras invoca en su Preámbulo la protección de Dios y garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y credos sin preferencia alguna, siempre que no se contravengan las leyes ni el orden público. Este derecho no se puede suspender ni restringir en situaciones de emergencia.
Los miembros del clero «no podrán ejercer cargos públicos ni hacer ninguna forma de propaganda política, invocando motivos de religión o [...] valiéndose de las creencias religiosas del pueblo» (artículo 77).
Se garantizan «las libertades de asociación y reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres» (artículos 78 y 79).
Se establece que «la educación nacional será laica» (artículo 151) y se reconoce el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos (artículo 152).
El registro de los grupos religiosos no es obligatorio. La Iglesia católica es la única legalmente reconocida por la ley.
Las organizaciones no registradas pueden funcionar, pero no reciben exenciones fiscales ni ningún otro beneficio. Para obtener el reconocimiento legal, los grupos religiosos deben solicitarlo en la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. A continuación, la Oficina del Procurador General tiene que revisar la solicitud. Las organizaciones autorizadas han de presentar informes anuales sobre su situación económica y sus actividades. También pueden solicitar a la Secretaría de Finanzas exenciones fiscales y exoneración de derechos de aduanas.
Los misioneros extranjeros tienen que estar auspiciados por una institución hondureña y solicitar un visado de entrada y un permiso de residencia. El Gobierno ha firmado acuerdos con la Fraternidad Evangélica de Honduras, los mormones y los adventistas del Séptimo Día para facilitar la obtención de visados de entrada y permisos de residencia a sus misioneros. Los grupos que no tienen acuerdos escritos deben presentar pruebas de empleo e ingresos de sus misioneros. No se permite la entrada en el país de misioneros extranjeros que utilicen la brujería o rituales satánicos.
Honduras es uno de los países signatarios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Ambos reconocen el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
El Gobierno hondureño solo reconoce los matrimonios civiles. En virtud del artículo 13 del Código de Familia, incurrirán en responsabilidad penal los ministros de cualquier culto que autoricen un matrimonio religioso sin que se les presente el certificado de matrimonio civil.
Los adventistas del Séptimo Día han denunciado que algunos centros educativos (colegios y universidades) no respetan su derecho a observar el sabbat.
El Código Procesal Penal establece que «los ministros de cualquier culto religioso autorizados a actuar en el país no están obligados a declarar en relación de las confidencias o secretos que hayan llegado a su conocimiento por razón de su ministerio y que están obligados a guardar» (artículo 228). Los miembros del clero «serán informados sobre el derecho que tienen de abstenerse de declarar y de que si toman la determinación de hacerlo podrán abstenerse de contestar las preguntas que deseen» (ibídem).
Incidentes y acontecimientos
Honduras sigue siendo uno de los países más pobres del hemisferio occidental, plagado de bandas que van desde los grupos callejeros locales hasta las bandas internacionales de narcotraficantes (por ejemplo, la banda MS-13 y la Banda de la Calle 18), cuyos miembros se cuentan por «decenas de miles».
Los grupos religiosos, por ejemplo, las Iglesias católica y evangélica, desempeñan un papel importante en la vida de la sociedad civil; hay numerosos grupos de fe evangélica que ejercen «una considerable influencia social sobre la población, especialmente en los llamados barrios», siendo a menudo un «mediador fundamental entre las bandas y el Gobierno» y sirviendo como «medio viable para que los miembros de las bandas se reintegren en la sociedad civil».
En octubre de 2021, la Asociación para una Sociedad más Justa emitió una declaración condenando la reforma de la Ley Especial contra el Lavado de Activos. El Congreso hondureño modificó la ley para incluir a organizaciones de la sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, como medios de comunicación, periodistas, organizaciones religiosas, universidades, etc. Según el comunicado, esta asociación señaló que el «poder legislativo (del Gobierno) contraviene claramente las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, demostrando su intención de amenazar, perseguir y coaccionar a organizaciones que en los últimos años han demostrado ser el único bastión contra la corrupción».
En octubre de 2021, el diputado José Tomás Zambrano (departamento de Valle) revivió una moción para instaurar la lectura diaria de la Biblia en las escuelas públicas hondureñas, iniciativa que fue criticada por ser contraria al artículo 151 de la Constitución, que establece que la educación pública debe ser laica.
En enero de 2022, la presidenta electa Xiomara Castro tomó posesión de su cargo en una ceremonia que estuvo precedida por una visita a la basílica menor de Nuestra Señora de Suyapa, aunque no se incluyeron los actos de invocación a Dios realizados, generalmente, por clérigos católicos y evangélicos, las principales religiones del país.
El 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, unos individuos asesinaron a tiros al P. Enrique Vásquez Cálix, director diocesano de las Obras Misionales Pontificias de San Pedro Sula. Aunque se sospecha que el móvil fue el robo, hay indicios de que pudo haber otros motivos. Anteriormente, en enero de 2022, había sido asesinado a tiros el líder indígena y agente pastoral católico Pablo Hernández.
En marzo, la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el pastor Roy Santos por violar los derechos del pueblo lenca. Según la Secretaria, el pastor había pronunciado un discurso de odio racista y misógino relacionado con la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, y la participación de los pueblos indígenas y afrohondureños.
En mayo, en el contexto de la polémica generada por la intención de reconocer el «matrimonio igualitario» para parejas del mismo sexo, a la que se oponen algunos grupos religiosos, la diputada Beatriz Valle afirmó que Honduras es un Estado laico, por lo que la Iglesia no debe involucrarse en las decisiones de Estado.
En mayo, decenas de mujeres se manifestaron para exigir educación sanitaria y sexual y la legalización de los anticonceptivos de emergencia para evitar embarazos no deseados. En un comunicado, las manifestantes lamentaron que en Honduras las organizaciones religiosas y conservadoras sigan teniendo «voto en las decisiones del Gobierno».
El 20 de octubre de 2022, el papa Francisco recibió a Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de Honduras. Tras el encuentro privado, la presidenta se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Durante estos encuentros los mandatarios trataron temas como el cambio climático y la lucha contra la pobreza; el compromiso continuo por el bien común y la reconciliación en la nación, y, finalmente, el reconocimiento de las buenas relaciones bilaterales y el interés por fortalecerlas con un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado hondureño.
Futuro de la libertad religiosa
Honduras se enfrenta a numerosos problemas, como la corrupción, la pobreza y los altos niveles de violencia. Los grupos religiosos católicos y evangélicos están presentes en muchos niveles de la sociedad civil, y también prestan servicio en zonas de alto riesgo a causa de las bandas. En el período estudiado en este informe, se percibe un sentimiento creciente de intolerancia por parte de ciertos grupos políticos y sociales como reacción a la influencia en la esfera pública y política de las Iglesias tradicionales.
Aunque en Honduras está reconocido el derecho a la libertad religiosa, y generalmente se respeta, la degradada situación de la sociedad y su repercusión sobre los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, indican que las perspectivas para el futuro de este derecho son negativas.
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