Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Haití estipula que todas las religiones y creencias se ejercerán libremente en el país y que todos los ciudadanos tienen derecho a profesar su religión y a practicar su fe, siempre y cuando el ejercicio de este derecho no altere el orden ni la paz públicos (artículo 30).
La carta magna prohíbe obligar a nadie a pertenecer a una organización religiosa o a seguir una enseñanza contraria a sus creencias (artículo 30.1) y establece las condiciones para el reconocimiento y la práctica de las religiones y credos (artículo 30.2).
Los sindicatos de trabajadores son considerados entidades esencialmente apolíticas, con fines no lucrativos y no confesionales (artículo 35.4).
Los extranjeros, los grupos religiosos, las organizaciones humanitarias y las instituciones educativas pueden poseer propiedades (artículo 55.2).
Como estipula el artículo 135.1, el presidente de la República debe jurar su cargo con las siguientes palabras: «Juro ante Dios y ante la Nación…» Por su parte, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia deben pronunciar estas palabras: «Juro ante Dios y ante la Nación juzgar con la imparcialidad y la firmeza que convienen a un hombre probo y libre, siguiendo mi conciencia y mi íntima convicción» (artículo 187).
Los centros de creencias africanas se consideran parte de la herencia de la nación y están protegidos por el Estado (artículo 215).
A través de un concordato firmado con la Santa Sede, se permite al Vaticano elegir a los obispos católicos con el consentimiento del Gobierno. En virtud de dicho acuerdo, el Gobierno haitiano proporciona apoyo económico a los sacerdotes católicos y a las iglesias.
Por ley, las organizaciones religiosas se tienen que registrar en el Ministerio de Asuntos Religiosos, al que tienen que presentar anualmente una memoria de actividades actualizada. El registro otorga a dichas organizaciones exenciones de impuestos. El Ministerio de Justicia permite que los clérigos de los grupos religiosos registrados emitan documentos con validez civil, como los certificados de bautismo y matrimonio.
En 2003 el vudú fue reconocido como religión.
Las comunidades islámicas llevan años intentado obtener el reconocimiento del Ministerio, pero hasta el momento solo se ha reconocido a la comunidad ahmadí. Suníes y chiíes siguen esperando respuesta; por este motivo, no se reconocen civilmente sus matrimonios y los musulmanes se tienen que casar también según la ley civil; esto se aplica también a la comunidad ahmadí porque su clero aún no ha recibido la certificación.
En Haití, hay algunos grupos cristianos e islámicos que trabajan de manera informal, sin reconocimiento oficial.
Haití es miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1976.
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, el país se ha visto sumido en una espiral de caos político, económico y social. Se han derrumbado estructuras estatales como el Parlamento, el poder judicial y la Administración pública.
En julio de 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada. Desde entonces, el país está dirigido por el presidente Ariel Henry, sin que se haya fijado aún fecha para nuevas elecciones. En un país ya acosado por la pobreza y las catástrofes naturales, el vacío de poder y la falta de un liderazgo efectivo han sumido al pequeño Estado caribeño en el caos, avivado por hambrunas, epidemias, violencia de bandas, delitos relacionados con las drogas, escuadrones de la muerte y secuestros. Según Ulrika Richardson, representante especial adjunta de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, «prácticamente el 60% de la capital haitiana está dominada por las bandas». La violencia ha provocado que «casi 20 000 personas de la capital vivan en condiciones catastróficas similares a la hambruna», agravadas por un brote de «más de 14 000 presuntos casos de cólera en ocho de las 10 regiones del país». Hasta la fecha, casi 155 000 personas han abandonado sus hogares, especialmente en la capital. El sufrimiento se vio agravado en agosto de 2021 por un terremoto de magnitud 7,2 que se cobró más de mil vidas y sumió a la población en una pobreza aún mayor.
Debido a la gravedad de la situación y a las violaciones casi diarias de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, los incidentes expuestos a continuación son tan solo representativos.
Entre enero y marzo de 2021, según un informe publicado por la Comisión episcopal Nacional de Justicia y Paz, la violencia y la delincuencia aumentaron de forma espectacular en Puerto Príncipe. Solo en el área metropolitana «se produjeron 131 muertes violentas, de las cuales 34 víctimas ni siquiera pudieron ser identificadas» y se da una media de «uno o dos secuestros diarios, e incluso hasta cinco o seis algunos días».
El 2 de febrero de 2021, en un comunicado remitido a AIN Internacional, los obispos católicos de Haití llamaron la atención sobre la grave crisis política originada por el conflicto entre el Gobierno y la oposición por la duración del mandato del presidente Jovenel Moïse y apelaron a un diálogo nacional. Los obispos haitianos declararon: «El país está al borde de una explosión. La vida cotidiana de la gente gira en torno a la muerte, el asesinato, la impunidad y la incertidumbre». Los obispos esbozaron la posición de la Iglesia católica, declarando: «En la sucesión de Cristo, la Iglesia está siempre del lado del derecho, de la verdad, de la justicia y del respeto a la vida y a la dignidad humana».
El 5 de abril, en su discurso Urbi et Orbi del domingo de Pascua, el papa Francisco recordó los retos políticos y de seguridad a los que se enfrenta el país insular e instó a los haitianos a «no dejarse abrumar por las dificultades, sino a mirar al futuro con confianza y esperanza».
El 11 de abril, domingo de la Misericordia, fueron secuestrados cinco sacerdotes, tres religiosas y tres laicos cuando se dirigían a la toma de posesión de un párroco. El 13 de abril, la Conferencia Episcopal Haitiana condenó los secuestros y denunció una «dictadura del secuestro». Como forma de exigir la liberación de los rehenes, la Iglesia católica hizo sonar las campanas en todo el país y cerró todas sus instituciones, como escuelas y universidades, durante tres días. En el comunicado, los obispos declararon: «Desde hace varios años, la vida de los haitianos es una pesadilla. A la mayor parte de las personas secuestradas las humillan, violan y torturan. Algunas de ellas no encuentran el camino de vuelta a la normalidad. ¿Cuándo va a terminar este vía crucis?»
El 15 de abril, la Iglesia católica celebró cientos de misas por todo el país —denominadas «Misa por la Libertad de Haití»— para protestar por la crisis política y los secuestros de sacerdotes. En ese momento, la banda 400 Mawozo había secuestrado a 10 sacerdotes católicos. En Puerto Príncipe, los fieles comenzaron a gritar consignas políticas al salir de misa, exigiendo al Gobierno que pusiera orden en el país. La policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos.
En una entrevista concedida el 16 de abril, Jean Désinord, obispo de Hinche, señalaba el temor constante de los sacerdotes y religiosos católicos a ser secuestrados: «Nos preguntamos quién será el próximo. ¿Seré yo o un hermano sacerdote? Los sacerdotes y religiosos corren verdadero peligro de psicosis. Vivimos con un miedo constante». El obispo especuló además con que, aunque es probable que se trate de bandolerismo, existe la posibilidad de que la Iglesia sea objetivo de algunos políticos por sus críticas a la situación: «La Iglesia en Haití tiene una misión profética. Tiene que denunciar las terribles condiciones. Así que es muy posible que sea una espina clavada en el corazón de algunos de estos políticos». Désinord añadía: «Todo el mundo sabe que nuestros políticos se sirven de bandas criminales para controlar determinadas zonas. La frontera entre el crimen organizado y la política es bastante fluida».
En junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto impuso varias medidas contra la COVID-19; entre ellas, la limitación del número de personas autorizadas a asistir a los servicios religiosos a un aforo máximo del 25% de la capacidad del local y el uso obligatorio de mascarillas.
En la noche del 6 al 7 de julio, fue asesinado Jovenel Moïse, presidente de la República, en su residencia privada. La esposa del presidente, Martine Moïse, resultó herida. El 7 de julio, la Conferencia Episcopal de Haití emitió un comunicado en el que expresaba su conmoción: «Este triste acontecimiento marca un lamentable punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo» debido a «la elección deliberada que, desde hace algún tiempo, muchos sectores de la población han hecho de la violencia como método de supervivencia y de resolución de conflictos».
En julio, secuestraron a siete pasajeros de un autobús, entre ellos a un sacerdote católico, el padre Carl-Henry Lucien, párroco de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Bodin; fue liberado al día siguiente.
En la mañana del 14 de agosto, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Haití. Hasta el 26 de agosto, solo en la diócesis de Les Cayes se habían registrado 682 muertos, 2175 heridos y casi 11 500 viviendas dañadas. Además, 135 iglesias quedaron destruidas y 111 dañadas.
En septiembre, fue atacada una iglesia protestante de Puerto Príncipe durante un servicio religioso; mataron al diácono, Sylner Lafaille, y secuestraron a su esposa.
Ese mismo mes, asesinaron a un sacerdote católico, el padre André Sylvestre, párroco de Notre-Dame de la Miséricorde de Robillard Cap-Haïtien, al parecer en un intento de robo.
En octubre, secuestraron a 17 misioneros cristianos extranjeros y a sus familias, entre ellos cinco niños, durante una visita a un orfanato. Dos de los rehenes fueron liberados en noviembre y el resto en diciembre de 2021.
En noviembre, atacaron con armas de fuego al pastor Stanis Stifinson y su familia cuando viajaban en su vehículo. El hijo menor murió, mientras que el clérigo y otro hijo resultaron heridos.
En noviembre se celebró la fiesta anual del vudú, y cientos de personas se reunieron en el cementerio principal de Puerto Príncipe para presentar sus respetos a los muertos.
En diciembre de 2021, los obispos haitianos emitieron un mensaje en el que pedían ayuda a la comunidad internacional e instaban a las autoridades del país a encontrar una salida a la crisis que socava la estabilidad del país.
En febrero de 2022, la Conferencia Episcopal de Haití hizo un llamamiento a los actores políticos y a las bandas armadas para evitar que el país cayera en un nuevo caos. Los obispos se dirigieron en un comunicado tanto al Gobierno para que hiciera «todo lo posible para restablecer el orden, la paz, la seguridad y el respeto a la vida» como a las bandas armadas que «con total impunidad siembran la violencia, el miedo, la muerte, el luto, la desolación y la angustia», rogándoles que «depongan las armas, renuncien a la violencia y al secuestro, y dejen de derramar la sangre de sus hermanas y hermanos».
El 28 de abril, bandidos armados secuestraron a varias personas en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, entre las que se hallaba al padre Whatner Aupont, sacerdote de la iglesia de San José Obrero. Mons. Launay Saturné declaró que «la situación sociopolítica y económica del país es cada vez más compleja. El deterioro de la situación en el país se debe a la multiplicación de las bandas armadas, a los constantes casos de secuestro, a la inseguridad omnipresente, a la inflación, especialmente a la subida de los precios de los productos de primera necesidad, a los incidentes sangrientos y a una avalancha de disturbios y actos de crueldad».
En mayo, la Conferencia de Pastores Haitianos envió una carta a los países del Core Group acusándolos de ser responsables de los problemas de Haití por imponer al pueblo haitiano dirigentes «sin relieve ni dimensión, enteramente dedicados a defender los únicos intereses de sus respectivos países en detrimento de los de Haití».
En mayo, la comunidad musulmana ahmadí obtuvo por fin el tan esperado registro en la Oficina de Culto, lo que le ha permitido dar el paso de registrar sus colegios en el Ministerio de Educación. Las comunidades musulmanas suníes y chiíes, más numerosas, siguen sin estar registradas.
En junio, secuestraron en el recinto parroquial al P. Clercius Dorvilus, párroco de Saint Michel Archange de la Plate Nevrac, Bassin-Bleu, y a tres laicos.
En junio, murió asesinada la hermana Luisa del Orto, monja misionera italiana que vivía en Haití desde hacía 20 años, víctima de un tiroteo durante un asalto. Su hermana, testigo de su vida en las misiones, declaraba: «Ella era consciente de que podía pasar algo, porque era evidente; incluso en su última carta lo decía, que la situación era muy difícil. Pero quiso quedarse y dar su testimonio». El 26 de junio, el papa Francisco llamó la atención sobre la muerte de Sor Luisa, declarando: «Encomiendo su alma a Dios y rezo por el pueblo haitiano, especialmente por los últimos, para que tengan un futuro más sereno, sin miseria y sin violencia. Sor Luisa entregó su vida a los demás hasta el martirio».
Dos semanas después, la catedral católica de la capital sufrió un ataque. La hermana Marcela Catozza, misionera italiana en Haití, declaró: «Prendieron fuego a la catedral e intentaron matar a los bomberos que llegaron para apagar las llamas. Después intentaron destruir los muros de la catedral con un camión». Según Sor Marcela, los ataques contra edificios y organizaciones religiosas no se han limitado a la capital: «En Port-de-Paix y Les Cayes, y en otras ciudades, atacaron los edificios de Cáritas, se llevaron todo, incluida toda la ayuda humanitaria, y destruyeron las oficinas del personal». En septiembre, la violencia afectó a un orfanato de las Misioneras Franciscanas en uno de los barrios marginales. La hermana Marcela declaró: «prendieron fuego a nuestra capilla. Lo quemaron todo. El altar, los bancos... No quedó nada. El Santísimo Sacramento se salvó porque siempre lo llevo a un lugar seguro cuando me voy».
En julio de 2022, las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el aumento de la violencia de las bandas. Entre enero y junio se registraron 934 asesinatos y 680 secuestros; solo en la semana del 8 al 12 de julio, al menos 234 personas murieron o resultaron heridas. La violencia estuvo provocada en gran parte por bandas rivales que buscaban el control de barrios estratégicos.
El 7 de octubre, el presidente Henry y el Consejo de Ministros de Haití hicieron un llamamiento al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para que enviara una fuerza militar internacional para «hacer frente a la violencia en Haití y aliviar su crisis humanitaria».
Según el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, en poco más de una semana, a mediados de octubre, «más de 71 personas murieron, una docena de mujeres fueron violadas y cientos de residentes se vieron obligados a huir de sus hogares, como consecuencia de las guerras territoriales entre bandas rivales en Croix-des-Bouquets», en Puerto Príncipe. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró: «La gente muere por armas de fuego, muere porque no tiene acceso a agua potable, alimentos o atención sanitaria, y las mujeres son violadas por las bandas con total impunidad. Los niveles de inseguridad y la grave situación humanitaria han sido devastadores para el pueblo de Haití».
El 16 de diciembre, la banda haitiana 400 Mawozo liberó al último de los 17 misioneros cristianos secuestrados el 16 de octubre de 2021. Exigiendo un rescate de 1 millón de dólares estadounidenses por rehén, los bandidos armados amenazaron con matarlos si no se cumplía el ultimátum.
El 21 de diciembre de 2022, una sesión informativa abierta del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití reveló la trágica e ingobernable situación que se vive en el país insular. En noviembre se produjeron 280 homicidios intencionados, la cifra más alta registrada; hubo 1200 casos de secuestro, el doble que en 2021, y unas 20 000 personas se enfrentan a «condiciones similares a la hambruna». Los casos de cólera han alcanzado los 15 000.
Futuro de la libertad religiosa
Haití va camino de convertirse en un Estado fallido. Los últimos 10 senadores del Parlamento han abandonado oficialmente sus cargos, «dejando al país sin un solo funcionario elegido democráticamente». Según un análisis del Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria realizado en octubre de 2022, «4,7 millones de personas padecen actualmente hambre aguda». La crisis política y económica ha alimentado un aumento de la violencia territorial de las bandas, provocando una crisis social y humanitaria catastrófica. En el período estudiado en este informe han aumentado exponencialmente los secuestros para exigir rescate, incluidos los de clérigos, y los homicidios relacionados con bandas. La inseguridad generalizada del país ha afectado a todos los derechos fundamentales, entre ellos a la libertad religiosa. Las perspectivas para el futuro del país son sombrías.
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