Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En materia de respeto de los derechos humanos fundamentales y de desarrollo económico y político, la República de Ghana tiene uno de los mejores historiales de África Occidental.
Según la Constitución, «toda persona en Ghana, cualquiera que sea su raza, lugar de origen, opinión política, color, religión, credo o sexo, será sujeto de los derechos humanos y libertades fundamentales del individuo» (artículo 12.2). Se reconoce «la libertad de practicar cualquier religión y de manifestar dicha práctica» (artículo 21.1.c).
Los grupos religiosos deben registrarse ante el Gobierno. Aunque el registro los exime de una serie de impuestos, como los que gravan a los colegios y universidades privadas, la mayor parte de ellos no se registran. No registrarse no está penalizado.
La formación religiosa es obligatoria en la escuela pública y los alumnos no pueden renunciar a ella. En el programa escolar se incluyen elementos del cristianismo y del islam. La educación islámica está coordinada por una unidad especial del Ministerio de Educación. Están permitidos los colegios privados de carácter confesional, pero deben seguir el programa del Ministerio, salvo los colegios internacionales.
Más de dos tercios de la población del país es cristiana, y los musulmanes, en su mayoría suníes, representan una proporción comparativamente menor. El extremismo islámico es poco común en Ghana.
En África Occidental, Ghana ha sido considerada durante mucho tiempo un ejemplo de convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. El presidente Nana Akufo-Addo, cristiano, y el vicepresidente Mahamudu Bawumia, musulmán, han subrayado repetidamente en sus declaraciones públicas la importancia de las relaciones pacíficas entre grupos religiosos.
Incidentes y acontecimientos
Ghana lleva mucho tiempo siendo un país estable en África Occidental, donde otros países, sobre todo países fronterizos como Burkina Faso, Togo y Costa de Marfil, se han visto cada vez más amenazados por la llegada de grupos terroristas desde el Sáhel hacia los Estados costeros.
Según el Centro de África Occidental para la Lucha Antiterrorista, «más del 53%» de todos los Estados de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental «están sufriendo insurgencias» y «la extensión generalizada de este fenómeno hace que las regiones fronterizas de Ghana sean un área preocupante clave». Los expertos en lucha antiterrorista señalan que las zonas entre Ghana y «la región de las Cascadas de Burkina Faso y el norte de Costa de Marfil son extremadamente permeables» y 2021 fue testigo del establecimiento de numerosas katibas (batallones) del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes y del Estado Islámico del Gran Sáhara en la zona.
Dado que el islam es la religión dominante en las regiones septentrionales del país, las autoridades dieron la voz de alarma ante el crecimiento de la actividad yihadista y su posible difusión. En los últimos cinco años, los servicios de seguridad de Ghana han llevado a cabo «más de 40 detenciones relacionadas con el terrorismo, y han intercambiado regularmente información con socios regionales sobre atentados planeados o potenciales en el país».
Como se sabe que los grupos terroristas internacionales manipulan las tensiones internas, las autoridades manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que las luchas por la sucesión de clanes y la elevada tasa de desempleo en el país pudieran constituir oportunidades que los grupos terroristas supieran aprovechar. Desde 2015, al menos 13 ghaneses han sido reclutados por grupos extremistas en el extranjero; el militante que detonó una bomba contra la fuerza francesa Barkhane en Mali procedía de una localidad del norte de Ghana.
El reclutamiento continúa. Se estima que «entre 200 y 300 jóvenes se han integrado en las distintas katibas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes y del Estado Islámico del Gran Sáhara. Tras formarse en campos de entrenamiento en el Sáhel, se envía a estos jóvenes reclutas a sus pueblos de origen, sobre todo para que se dediquen al proselitismo religioso». Prácticamente el 40% de la población pobre de Ghana vive en el norte del país donde es fácil acceder a recursos ilegales como «el robo de ganado y el lavado clandestino de oro», lo que hace que estas zonas estén plagadas de bandolerismo y que la tentación de unirse a esas actividades delictivas sea grande. Los grupos extremistas también concitan cierto atractivo entre los jóvenes musulmanes.
Los jóvenes musulmanes afirman que «a menudo se les demoniza como terroristas en potencia», mientras que las mujeres musulmanas reportan que se sienten criticadas por su forma de vestir. Muchos musulmanes se quejan de que es frecuente que se les impida rezar en los colegios y en los lugares de trabajo y consideran que su religión se asocia a menudo con la violencia. Los jóvenes musulmanes también afirman que tienen un sentimiento de «alteridad», no solo en relación con la comunidad cristiana, sino también dentro de la comunidad musulmana en general.
El 12 de abril de 2021, el arzobispo Philip Nameh Tamale, presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, comentando la detención de dos adolescentes por el presunto asesinato ritual de un niño de 10 años, calificó las prácticas pseudomágicas de «amenaza para la seguridad nacional».
El 11 de agosto de 2021, 14 representantes religiosos de cuatro países africanos (Ghana, República Democrática del Congo, Nigeria y Costa de Marfil) firmaron una «Declaración conjunta de los líderes religiosos contra la esclavitud moderna», organizada por Global Freedom Network, del grupo internacional pro derechos humanos Walk Free, en contra del tráfico de seres humanos. Según la Agenzia Fides, se trata de «la octava firma desde 2014, cuando el papa Francisco y el gran ayatolá Mohammad Taqi al Modarresi, se unieron a otros líderes de varias de las grandes religiones del mundo para clamar por la erradicación de esclavitud moderna». El jeque Armiyawo Shaibu, portavoz del imán jefe nacional de Ghana, insistió en que todas las religiones han denunciado estos crímenes.
En mayo de 2022, el ministro de Seguridad Nacional, Albert Kan-Dapah, pidió medidas de seguridad más estrictas, afirmando que los terroristas que operan en la región parecen «tener a Ghana como objetivo». El presidente Akufo-Addo advirtió de que los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental también se enfrentan a una amenaza terrorista.
El Tribunal Superior de Ghana falló a favor de un estudiante rastafari excluido del proceso de admisión del colegio al que quería asistir. La decisión del Tribunal no se pronunció sobre si el rastafarismo es una religión o no, sino que reiteró el principio de que todo ghanés tiene el derecho constitucional a manifestar su religión.
En mayo de 2022, durante la celebración del Aíd al Fitr, el vicepresidente Mahamudu Bawumia afirmó que las relaciones entre musulmanes y cristianos en Ghana son buenas y se basan en el respeto. Fue la primera vez que la comunidad musulmana pudo celebrar una reunión multitudinaria tras las restricciones impuestas por la COVID-19 en 2020. El vicepresidente también reconoció el papel de las organizaciones religiosas en el desarrollo del país.
El 23 de marzo de 2022, el arzobispo Philip Nameh Tamale elogió el papel de cada grupo étnico del país en el desarrollo de su cultura y espíritu nacional. También hizo un llamamiento a la unidad y a la colaboración de los líderes religiosos para mejorar la convivencia interreligiosa. Durante la Pascua de 2022, la Conferencia Episcopal de Ghana hizo un llamamiento a la paz, rechazando los actos bélicos y los conflictos.
Como ejemplo de buena convivencia podemos mencionar el diálogo nacional celebrado entre líderes musulmanes y católicos en Acra en mayo de 2022. El evento fue organizado por el la Conferencia Episcopal de Ghana en colaboración con la Oficina del Imán Jefe Nacional, con el objetivo de profundizar en las relaciones entre ambas comunidades.
El 30 de julio de 2022, el asesor superior en materia de mediación de la ONU, Emmanuel Habuka Bombande, en una conferencia titulada «Los desafíos del terrorismo y la insurgencia en África», instó a los obispos católicos a «fomentar la justicia social y la inclusión de todos», lo que atrajo la atención internacional sobre «los desafíos del terrorismo y la insurgencia en África».
El 7 de octubre, el presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, el arzobispo Philip Nameh Tamale, observó que la creciente violencia del Sáhel está relacionada «con el aumento del extremismo, la debilidad de las instituciones nacionales y la disminución de los recursos nacionales». El arzobispo añadió que «la pobreza y el aumento de las desigualdades han fomentado una cultura de desesperanza» y esto «ha contribuido al reclutamiento de muchos de jóvenes para actividades violentas, lo que pone a los países del Sáhel en riesgo de ataques externos». Concluyó afirmando que «es urgente que los Gobiernos africanos distribuyan el desarrollo de forma equitativa entre todos los grupos para evitar la percepción generalizada entre los ciudadanos de discriminación y exclusión, con el fin de reforzar la paz y la cohesión social».
El 3 de noviembre de 2022, la Conferencia Episcopal respaldó ante el Parlamento ghanés dos proyectos de ley por los que se modifican la Ley de Delitos Penales de 1960 (artículo 29) y la Ley de las Fuerzas Armadas de 1962 (artículo 105) en relación con la sustitución de la pena de muerte por cadena perpetua.
El 11 de noviembre de 2022, en un esfuerzo por llamar la atención sobre las continuas necesidades del país, la Conferencia Episcopal publicó una declaración conjunta de seis páginas en la que se esbozaban diversos retos, entre ellos los «desafíos socioeconómicos, la pesadilla de la política partidista de Ghana, el soborno y la corrupción, la minería ilegal (galamsey) y el prolongado conflicto de Bawku». Tras la última declaración de noviembre de 2021, los obispos consideraron «lamentable que un año después la situación haya empeorado».
El 21 de noviembre de 2022, el obispo católico de Jasikan hizo un llamamiento a los líderes tradicionales de las regiones de Oti y Volta para que adoptaran «una postura decidida e intransigente» contra la extracción de mineral de hierro y otros minerales. El obispo Gabriel Akwasi Abiabo Mante declaró que, aunque la minería crea oportunidades de empleo, «la realidad evidente que conocemos es que la calidad de vida de la gente se ha visto reducida debido a la denegación del acceso a las tierras de labranza, lo que ha provocado hambre y problemas relacionados con ella».
En una declaración realizada el 1 de diciembre de 2022, la Conferencia Episcopal manifestó su preocupación por la trayectoria descendente en el número de católicos «del 15,1% en el censo de 2000, al 13,1% en el censo de 2010 y a un nuevo descenso al 10% en el censo de 2021». Los obispos declararon que «si la tendencia a la baja continúa al ritmo actual del 3,1% por década, podemos acabar desapareciendo totalmente para el año 2060».
Futuro de la libertad religiosa
Aunque la libertad religiosa está legalmente reconocida, se respeta y se vive en Ghana, el disfrute de este derecho y la convivencia pacífica se ven amenazados por la creciente inseguridad en el norte, sobre todo por el riesgo de que la actividad yihadista se extienda desde los países vecinos. El futuro de la libertad religiosa de Ghana es positivo, aunque debe mantenerse en observación.
Ghana