Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución francesa establece que el país es un Estado laico: «Francia es una república indivisible, laica, democrática y social, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de origen, raza, religión. Respeta todas las creencias» (artículo 1).
La ley del 9 de diciembre de 1905, sobre la separación del Estado y las religiones, encarna el fundamento del principio francés de laïcité. El artículo 1 reza: «La República garantiza la libertad de conciencia. Protege el libre ejercicio de la religión, con las restricciones prescritas en aras del orden público». A su vez, el artículo 2 de dicha ley establece que «la República no reconoce, remunera, ni concede subvenciones a ninguna confesión religiosa». Esta ley no rige en tres departamentos de la región de Alsacia-Mosela, que siguen gobernados por el Concordato de 1801.
El Estado es el propietario y el responsable del mantenimiento de todos los lugares de culto construidos antes de 1905. De las 154 catedrales del país (todas ellas anteriores a 1905), 87 son propiedad del Gobierno francés; prácticamente la totalidad de las 67 restantes son propiedad de los ayuntamientos.
A pesar de la separación entre el Estado y las religiones, para recibir algunos beneficios del Gobierno —como garantías de préstamo, alquiler de propiedades a precio reducido, así como la exención de impuestos sobre la propiedad de los lugares de culto—, los grupos religiosos se pueden registrar como asociaciones de culto, asociaciones culturales o ambas.
En Francia hay tres tipos de colegios: la escuela pública, gratuita y laica, que sigue el plan de estudios del Gobierno; los colegios privados «concertados» con el Estado, y los colegios privados «fuera del concierto». El 97% de los colegios «concertados» son católicos, reciben subvenciones del Estado, siguen el plan de estudios estatal y aceptan a todos los niños con independencia de su filiación religiosa. Los colegios independientes «fuera de concierto» no reciben financiación estatal ni están obligados a seguir el plan de estudios del Estado.
El 23 de julio de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Refuerzo de los Principios Republicanos (también conocida como Ley contra el Separatismo), que fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 13 de agosto y promulgada el 24 de agosto. Según el Consejo de Ministros, «este texto pretende que la República pueda actuar contra quienes quieren desestabilizarla, reforzando la cohesión nacional». La ley se articula en torno a dos objetivos: «garantizar el respeto a las leyes y principios de la República en todas las zonas expuestas al riesgo de la influencia separatista» y, en segundo lugar, «actualizar el sistema de organización del culto que surgió de la ley de 9 de diciembre de 1905».
La ley impone fuertes restricciones en el campo de la educación, que se tienen que aplicar incluso en los centros educativos privados y en la educación en el hogar; incluye sanciones más estrictas para quienes «incitan a cometer atentados terroristas», delitos de odio o divulgación de contenido ilegal en las redes y también contra quienes amenazan a los funcionarios públicos; además, prevé la disolución de grupos o la clausura de lugares de culto que perturben gravemente el orden público o violen los derechos y libertades fundamentales. Cuenta asimismo con disposiciones contra los matrimonios forzosos, la poligamia y la emisión de «certificados de virginidad».
En el título II de la ley sobre religión aparecen mayores exigencias de transparencia e información financiera, aumentando los requisitos de información sobre la financiación proveniente del exterior de Francia; se incluyen penas por injerencia en el culto religioso y se exige que los lugares de culto no inciten a la violencia ni al odio ni difundan ese tipo de mensajes.
En una acción insólita en el país, los líderes religiosos cristianos (en concreto, la Conferencia Episcopal de Francia, la Federación Protestante de Francia, la Iglesia Protestante Unida de Francia —comunión de luteranos y reformados— y la Asamblea de Obispos Ortodoxos de Francia) plantearon conjuntamente ante el Consejo de Estado dos cuestiones prioritarias sobre la constitucionalidad de la Ley contra el Separatismo. Como tribunal de última instancia, el Consejo Constitucional falló en su contra, declarando que «el legislador no ha vulnerado la libertad de asociación ni el libre ejercicio de las religiones sin que sea necesario, adecuado y proporcionado». Ya en marzo de 2021, en un artículo publicado por Le Figaro, los líderes cristianos denunciaban «que la prefectura ejerce un control sistemático, cada cinco años, de la calidad del culto; ejerce sobre las actividades y las declaraciones un control más exhaustivo que el que aplica a otros sectores de la vida asociativa; y ejerce su control sobre la financiación procedente del extranjero y de los recursos de las asociaciones religiosas». El pastor Clavairoly, en una entrevista concedida en junio de 2022 al diario La Croix, afirmaba que esta ley «refuerza el control sobre las asociaciones religiosas e induce a sospechar de ellas»; y todo esto, en su opinión, con escasa eficacia ante el «separatismo islamista», principal objetivo del Gobierno. No se aceptaron estos argumentos.
Una ley de 2004 prohíbe que los alumnos de los colegios públicos lleven prendas o distintivos que «manifiesten ostensiblemente una filiación religiosa». Según el Ministerio de Educación, en 2022 aumentaron los incidentes relacionados con el uso de prendas religiosas (como abayas y qamis) en los colegios. Una ley de 2010 prohíbe «llevar el rostro cubierto en espacios públicos», quedando incluidos el niqab (que solo permite que se vean los ojos) y el burka (velo que oculta todo el rostro). En 2018, la Asamblea Nacional de Francia adoptó un código de vestimenta que prohíbe a los diputados exhibir «cualquier símbolo religioso, uniforme, logotipo o mensaje comercial, o lema político».
El Código Penal endurece «las penas por delitos o faltas cuando se cometan por la pertenencia o no pertenencia, real o supuesta, de la víctima a un determinado grupo étnico, nacional, racial o religioso».
Activistas católicos y provida de todo el mundo, junto con algunos representantes católicos franceses, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el resultado del «caso Lambert» abriera la puerta a la eutanasia en Francia. Tras la muerte de Lambert en julio de 2019, el papa Francisco pidió: «No construyamos una civilización que descarta a las personas cuya vida consideramos que no es digna de ser vivida: toda vida humana tiene valor, siempre».
En la sentencia del Consejo de Estado del 12 de febrero de 2021, el juez señalaba que la libertad de religión o de creencias no puede, por sí sola, obstaculizar la aplicación de la ley que permite la limitación terapéutica para evitar el encarnizamiento. No obstante, la sentencia reconoce la necesidad de tener en cuenta dicha libertad para comprender la situación, al tiempo que se otorga el derecho de interpretar esta última.
En septiembre de 2022, el Comité Consultivo Nacional de Deontología dio su visto bueno al concepto de eutanasia y suicidio asistido en Francia, dictamen que se considera que podría allanar el camino para una legislación de este tipo. El Comité considera que «existe una vía para la aplicación ética de la asistencia activa a la muerte, en ciertas condiciones estrictas, sobre las que sería inaceptable transigir».
Una decisión del Consejo Constitucional del 10 de noviembre de 2022 confirmó que «un médico puede anular la voluntad expresada por un paciente». El caso en cuestión fue el de una paciente que había dado instrucciones anticipadas por escrito indicando que deseaba que la mantuviesen con vida incluso en caso de coma irreversible.
Incidentes y acontecimientos
Según el Servicio Central de Inteligencia Territorial, en 2021 se registraron 1659 actos en contra de la religión, de los cuales aproximadamente la mitad fueron en contra del cristianismo (857, frente a los 813 de 2020). De los incidentes anticristianos, el 92% consistieron en ataques a lugares de culto y cementerios (lo que representa dos ataques al día). Las agresiones a personas pasaron de 42 en 2019 a 66 en 2021. En el mismo período se registraron 589 actos antisemitas (frente a los 339 de 2020) y 213 antimusulmanes (frente a los 234 de 2020). La comunidad judía se vio especialmente afectada por las agresiones a personas (52%), y los ataques contra la propiedad (lugares de culto y cementerios) aumentaron considerablemente. Los incidentes antimusulmanes siguieron siendo relativamente escasos (13%), y la mayoría consistieron en ataques contra mezquitas y centros culturales.
En diciembre de 2021, a petición del presidente Emmanuel Macron, el primer ministro Jean Castex encomendó a dos diputados, Isabelle Florennes y Ludovic Mendes, la misión de investigar el aumento de los actos en contra de la religión en Francia. Los legisladores presentaron su informe en marzo de 2022.
Según el Comité Judío Americano y la Fundación para la Innovación Política, en 2021 el 60% de los insultos antisemitas sufridos por los encuestados se produjeron en centros educativos (secundaria, bachillerato, universidad, etc.). El 65% de los padres judíos interrogados en una encuesta de Ifop para la Fundación Jean-Jaurès declararon que llevaban a sus hijos a escuelas públicas, frente al 85% de la población francesa, y parece que esta diferencia está motivada en parte por razones de seguridad. Según la encuesta, el 15% de los musulmanes reconocen sentir antipatía por los judíos (un 10% más que el conjunto de la población francesa). Los profesores de historia declaran que desde hace veinte años cada vez tienen más dificultades para enseñar el Holocausto. En un estudio realizado en 12 países europeos sobre la «calidad de vida de los judíos», Francia ha resultado ser el país en el que los judíos se sienten menos seguros.
Durante el período estudiado en este informe, varios miembros de la comunidad judía sufrieron agresiones. Los tribunales franceses plantean sistemáticamente, cuando es probable, las posibles motivaciones antisemitas sin que ello determine las conclusiones de futuras investigaciones o decisiones judiciales. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de una grave agresión a un judío ortodoxo en Estrasburgo en septiembre de 2022.
El terrorismo yihadista sigue constituyendo una amenaza para Francia, aunque en los dos últimos años solo se hayan registrado algunos casos aislados. La principal agencia antiterrorista del Estado, la Dirección General de Seguridad Interior, advirtió que «además de las amenazas (terroristas) conocidas, las amenazas proceden en su mayoría de actores locales (...), sobre todo de personas influidas por la constante propaganda yihadista, y esto a pesar de que cada vez hay menos propaganda de este tipo». De ahí que «sea también una cuestión de seguridad de primer orden ocuparse de los terroristas islamistas presos, tanto mientras están detenidos como tras su puesta en libertad».
En septiembre de 2021, el Consejo de Estado francés aprobó que las autoridades disolvieran dos asociaciones: el Colectivo contra la Islamofobia en Francia y Baraka City, acusadas de difundir propaganda islamista.
En noviembre de 2021, tres mezquitas fueron objeto de actos vandálicos en Montlebon, Pontarlier y Roubaix. En mayo de 2022, una mezquita de Metz resultó dañada por un ataque con cócteles molotov.
Las autoridades francesas han cerrado 23 mezquitas en los dos años anteriores a septiembre de 2022 ante la sospecha de que en ellas se realizaban «actividades separatistas».
En septiembre de 2021 y a finales de octubre de 2022 se registraron daños en las obras de la futura mezquita de Angers.
Según una encuesta del Consejo Nacional de Investigación Científica francés (CNRS), miles de jóvenes licenciados musulmanes franceses abandonarían Francia por «discriminación, sentimiento de inseguridad, de no pertenencia». Según el informe, se trata de las mismas personas que podrían «servir de modelo de integración».
Entre los incidentes anticristianos ocurridos durante el período estudiado en este informe figura el asesinato de un sacerdote católico, el padre Olivier Maire, en agosto de 2021. El padre Maire fue apaleado hasta la muerte por Emmanuel Abayisenga, en libertad bajo fianza a la espera de juicio por un incendio provocado en julio de 2020 en la catedral de Nantes.
En diciembre de 2021, los católicos que participaban en una procesión mariana en Nanterre fueron objeto de amenazas por parte de un grupo formado por una docena de personas al grito de «kafires», término árabe que significa «infieles», y «Wallah [juro] por el Corán que te cortaré el cuello». Este incidente se produjo después de otro anterior ocurrido en mayo de 2021, en el que una procesión católica sufrió el ataque de activistas de extrema izquierda que hirieron a dos feligreses de edad avanzada.
En febrero de 2022, el Ministerio del Interior prometió aumentar los fondos destinados a la seguridad de las iglesias católicas después de que sufrieran una serie de atentados, entre ellos: la catedral de Saint-Denis, a las afueras de París (ventanas y puertas destrozadas); Bondy y Romainville, en la región de París (en ambos casos, robo y profanación del sagrario); Vitry-sur-Seine (profanación y robo); Poitiers (destrucción de estatuas de santos) y Paray-le-Monial (robo de reliquias). En 2021, el presidente de la Federación Protestante de Francia solicitó por primera vez ayuda estatal para seguridad.
A lo largo 2022, profanaron y dañaron cientos de estructuras religiosas (iglesias, calvarios, lápidas, etc.). Algunas iglesias, como la catedral de Saint-Pol-de-Léon, fueron objeto de ataques en más de una ocasión (vandalismo e incendio provocado).
Futuro de la libertad religiosa
En Francia, el principio de «laicidad», separación entre Estado y religión consagrado en la Constitución, y la Ley de 1905 son las piedras angulares tradicionales de las relaciones entre Estado y religión. Sin embargo, la reciente Ley contra el Separatismo, promulgada en respuesta al aumento del radicalismo islámico, hace temer una intromisión y regulación gubernamentales cada vez mayores en los ámbitos de la vida relacionados con las religiones o creencias. El 22 de julio de 2022, Mons. Eric de Moulins-Beaufort, Presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, escribió en Twitter que el régimen de libertad instaurado en 1905 ha dado paso «desde el 24 de agosto de 2021, a un régimen de control y restricciones, que entraña muchas incertidumbres, (que serán) fuentes de inestabilidad jurídica en el futuro».
En otros ámbitos, el aumento del antisemitismo, el incremento de los incidentes anticristianos y los actos antimusulmanes que se han producido durante el período estudiado en este informe son manifestaciones preocupantes de una creciente intolerancia social.
Por último, en lo relativo a las cuestiones relacionadas con el final de la vida, los cambios en la legislación francesa y las últimas sentencias judiciales parecen prestar poca atención a las creencias religiosas, lo que suscita interrogantes, cuando no preocupación.
La situación de la libertad religiosa debe permanecer en observación.
Francia