Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La libertad religiosa está consagrada en las cláusulas de establecimiento de la religión y de libre ejercicio de la religión contenidas en la Primera Enmienda, que establecen que «el Congreso no debe elaborar ninguna ley respecto al establecimiento de una religión oficial o que prohíba el libre ejercicio de ella». La Primera Enmienda también se aplica a los estados a través de la cláusula de la Decimocuarta Enmienda sobre el debido proceso, conocida como doctrina de incorporación.
Si se presenta un caso contra el Gobierno por violación de la cláusula de establecimiento, el Tribunal aplica una prueba de tres partes según lo establecido en Lemon v. Kurtzman: (1) ¿tiene la ley un propósito laico?; (2) ¿tiene la ley un efecto primario que no fomente o inhiba la religión? y (3) ¿evitó el Gobierno un conflicto excesivo con la religión?
Si se presenta un caso contra el Gobierno por violación de la cláusula de libre ejercicio, entonces el Tribunal aplica un examen riguroso, el nivel más alto de escrutinio, que exige que el Gobierno demuestre que la ley en cuestión: (1) sirve a un interés estatal apremiante; (2) es necesaria para servir a ese interés; (3) está adaptada estrictamente; y (4) utiliza los medios menos restrictivos para promover el interés del Gobierno.
La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en el empleo «basada en la raza, el color, la religión, la nación de origen o el sexo». Sin embargo, no se puede exigir a un empleador que se adapte a las prácticas religiosas de una persona si el empleador demuestra que la adaptación supondría una «dificultad excesiva». Además, el artículo 702 de la Ley reconoce que las instituciones religiosas tienen derecho a emplear a personas de su misma religión para «realizar trabajos relacionados con el desarrollo de las actividades de dicha corporación, asociación, institución educativa o sociedad».
La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993 también protege la libertad religiosa, al disponer que «el Gobierno no impondrá una carga sustancial al ejercicio de la religión de persona alguna, ni siquiera si la carga procede de una norma de general aplicación; sin embargo, el Gobierno podrá imponer una carga sustancial al ejercicio de la religión de una persona solo si demuestra que la imposición de la carga a la persona: (1) es por atender un interés prevalente del Estado; y (2) es el medio menos restrictivo de atender ese interés prevalente del Estado». La norma de revisión es el examen riguroso y, por tanto, la norma más estricta que debe superar el Gobierno.
En 2022, el Congreso aprobó la Ley de Respeto al Matrimonio, que obliga a todos los estados a reconocer y dar «plena fe y crédito» a los matrimonios entre personas del mismo sexo. La Ley establece que no se «interpretará en el sentido de que disminuye o deroga una libertad religiosa o la protección de la conciencia». Además, no se «exigirá a ninguna organización religiosa ni a sus empleados que presten servicios... para la formalización o celebración de un matrimonio» ni la negativa a prestar dichos servicios «creará ninguna reclamación o causa de acción civil». Sin embargo, preocupa la posibilidad de que esas organizaciones religiosas puedan ser penalizadas de otro modo mediante la pérdida del estatus de excepción fiscal y de la licencia, limitando así su capacidad de funcionamiento. Aunque se había propuesto una enmienda que abordaba esta preocupación, no se incluyó en el proyecto de ley final. Además, la ambigüedad respecto a qué constituye una «persona que actúa con apariencia de legalidad» es preocupante, ya que podría dejar abierta una puerta para las demandas.
Casos recientes del Tribunal Supremo
En el caso Fulton contra la ciudad de Filadelfia, resuelto el 17 de junio de 2021, la ciudad de Filadelfia se negó a contratar a Catholic Social Services (CSS) para prestar servicios de acogida, debido a la negativa de esta entidad a certificar a parejas del mismo sexo como posibles familias de acogida. La cuestión era si el requisito contractual de Filadelfia, que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, viola la cláusula de libre ejercicio de la religión. El Tribunal falló a favor de Catholic Social Services, declarando que «el requisito contractual de no discriminación impone una carga al ejercicio religioso de Catholic Social Services» y la ciudad de Filadelfia no tenía un interés apremiante en denegar una excepción a Catholic Social Services.
En el caso Carson contra Makin, resuelto el 21 de junio de 2022, el estado de Maine ofrecía un programa de ayuda para la matrícula a los padres de un distrito escolar sin escuela secundaria. El programa consistía en que los padres elegían un colegio y el distrito escolar realizaba los pagos al centro para compensar el coste de la asistencia. Para poder acogerse al programa, las escuelas debían ser «no sectarias», lo que excluía a las escuelas privadas confesionales. La cuestión era si la cláusula «no sectaria» violaba las cláusulas de establecimiento y libre ejercicio. El Tribunal defendió que el programa de Maine era inconstitucional porque el Estado no podía «excluir a algunos miembros de la comunidad de un beneficio público al que normalmente tendrían acceso debido a su práctica religiosa».
En el caso Kennedy contra Bremerton, resuelto el 27 de junio de 2022, el entrenador de fútbol de un instituto perdió su empleo por arrodillarse después de un partido de fútbol para rezar en el campo. La cuestión era si la destitución del entrenador por parte del distrito escolar violaba la libertad de expresión y la cláusula de libre ejercicio. El Tribunal sostuvo que penalizar al entrenador por haber realizado un acto de oración no era neutral ni de aplicación general, lo que daba lugar a un examen riguroso. El distrito escolar no presentó la carga de la prueba y «trató de castigar a un individuo por participar en una práctica religiosa personal, basándose en una visión errónea de que tiene el deber de suprimir las prácticas religiosas, aunque permite un discurso laico equivalente».
Las Hermanitas de los Pobres y otras organizaciones religiosas llevan inmersas en una batalla legal continua desde 2013, a raíz de que en 2011 el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) obligara a los empleadores a cubrir los anticonceptivos y abortivos en su cobertura de atención médica. Entre 2013 y 2016, el Tribunal Supremo falló a favor de las Hermanitas tres veces. En consecuencia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió una excepción en 2017 para las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro. Sin embargo, la cuestión volvió a plantearse en 2017, cuando el estado de Nueva York exigió a los empleadores que cubrieran los abortos en sus planes de asistencia sanitaria. En el caso de la diócesis de Albany contra Vullo, el último caso de 2021 en el que estaban implicadas las Hermanitas de los Pobres, el Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, al considerar que el tribunal de apelación no había aplicado un análisis de examen riguroso.
Incidentes y acontecimientos
Delitos de odio
Los delitos de odio motivados por prejuicios religiosos han aumentado notablemente en 2021 con respecto al año anterior, con la excepción de los delitos de odio contra judíos. Según el último informe de 2021 del Programa UCR de Información sobre Delitos del FBI, se denunciaron 1112 delitos de odio por prejuicios contra las religiones. De esos delitos: el 31,6% fueron antijudíos, frente al 56,6% de 2020, lo que supone un descenso de más de veinte puntos en 2021. En cambio, el 19,6% de los delitos de odio denunciados fueron antisijes, triplicando su porcentaje desde 2020 en un 6,6%; el 10,9% fueron antimusulmanes, aumentando casi un 2% desde el 9%; el 6,7% fueron antiortodoxos orientales, duplicándose desde el 3,1%; y los delitos de odio anticatólicos aumentaron casi un 1% desde el 5,5 al 6,4%.
El FBI filtró a los medios de comunicación un documento, fechado el 23 de enero de 2023, titulado Interest of Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists in Radical-Traditionalist Catholic Ideology Almost Certainly Presents New Mitigation Opportunities (El interés de los extremistas violentos por causa de la raza o etnia por la ideología católica radical-tradicionalista presenta casi con toda seguridad nuevas oportunidades de atenuación). El documento equiparaba a los católicos conservadores con extremistas vinculados a grupos peligrosos, y recomendaba acercarse a las parroquias y tratar de identificar a quienes utilizaran los lugares de culto «como plataformas para promover la violencia». El FBI, a preguntas de la Agencia Católica de Noticias, declaró que retiraría el documento inmediatamente, ya que no cumplía sus propias normas.
En su informe 2021, la Liga contra la Difamación (ADL) informó de un total de 2717 incidentes de agresión, acoso y vandalismo contra judíos, lo que supone un aumento del 34% con respecto a 2020. Además, el informe señala que se produjeron 88 agresiones antisemitas en Estados Unidos con un total de 131 víctimas. Otro informe de Americans against anti-Semitism registró 194 casos de delitos de odio antisemita en la ciudad de Nueva York entre 2018 y 2022. Del total de 194 delitos de odio, el 94% de las víctimas eran judíos ortodoxos o jasídicos.
En abril de 2022, se presentaron cuatro acusaciones contra un hombre de Nueva Jersey por delitos de odio y otra por robar un automóvil después de que agrediera físicamente a cuatro judíos ortodoxos y declarase a los investigadores que «tenía que hacerse» y que «esos son los verdaderos demonios».
También en abril de 2022, en tres incidentes distintos, dos desconocidos golpearon a tres sijes residentes en el mismo edificio de Queens, Nueva York, a quienes les quitaron los turbantes y les robaron.
Un informe de 2022 del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) recibió 308 denuncias por incidentes de odio/prejuicio y registró varios incidentes de delitos odio que se habían producido en 2021, entre los que se cuentan «acoso verbal, actos vandálicos en mezquitas y violencia física, como la retirada por la fuerza de hiyabs». El informe de 2022 también afirmaba que se había producido un aumento del 28% en los incidentes de odio y prejuicios, lo que, según afirmaba CAIR, revelaba que no se presentan denuncias al FBI debido a la falta de voluntad para compartir estadísticas por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como por la falta de confianza en las fuerzas del orden por parte de la comunidad musulmana «debido a la vigilancia masiva, la deportación, los interrogatorios y otros tipos de acoso por parte de las fuerzas del orden locales y federales de los que aparentemente no rinden cuentas».
En mayo de 2022, las iglesias católicas también sufrieron un aumento de casos de destrucción de propiedades y vandalismo a raíz de la filtración del borrador de Dobbs contra Jackson, la decisión del Tribunal Supremo que anulaba Roe contra Wade. De un total de 285 ataques registrados desde mayo de 2020, 127 se produjeron después de que se filtrara a los medios de comunicación el borrador de la decisión.
Desde mayo de 2020 hasta el momento de redactar este informe, la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos registró 199 incidentes de ataques a iglesias o instalaciones católicas, entre los que se cuentan «incendios provocados, estatuas agredidas (decapitadas, miembros rotos, destrozos, pintura arrojada contra ellas), lápidas pintarrajeadas con esvásticas y lenguaje anticatólico, dejando banderas estadounidenses quemadas a su lado, y otros actos de destrucción y vandalismo». Uno de los incidentes más recientes ocurrió en un monasterio benedictino de Arkansas, donde destruyeron un altar con un mazo y robaron reliquias de santos de 1500 años de antigüedad. En el sitio web de la Conferencia de Episcopal Católica de Estados Unidos pueden encontrarse otros incidentes, clasificados por meses y años.
COVID-19
Durante la pandemia, varios miembros de las Fuerzas Armadas fueron dados de baja por negarse a ponerse la vacuna contra la COVID-19, presentando las correspondientes solicitudes de adaptación por motivos religiosos, lo que dio lugar a varias demandas. En diciembre de 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional en la que se levantó el mandato federal sobre la vacuna de la COVID para el personal militar.
El mandato en todo el país a las instituciones religiosas de someterse a cierres patronales o limitar los servicios en persona, en cumplimiento aún desde 2020 del debido proceso, ha dado lugar a una serie de demandas constitucionales en varios estados. En Tandon contra Newsom, uno de los casos más recientes relativos a los cierres de lugares religiosos con motivo de la COVID-19, el Tribunal Supremo prohibió a California aplicar la restricción a las reuniones privadas que limitaba las reuniones religiosas a tres hogares a la vez. California no había aplicado las mismas limitaciones a las actividades laicas, sino que les había ofrecido «una miríada de excepciones y adaptaciones». El Tribunal consideró que la restricción era inconstitucional y sostuvo que el Estado no puede «suponer lo peor cuando la gente va al culto, y lo mejor cuando va a trabajar».
Futuro de la libertad religiosa
Como dijo Thomas Jefferson en 1822, «la libertad constitucional de religión [es] el más inalienable y sagrado de todos los derechos humanos». Hoy sigue siendo un firme baluarte de la libertad estadounidense. Sin embargo, el derecho a la libertad religiosa se ha visto muy afectado por los conflictos políticos y culturales actuales, lo que ha provocado un aumento de la oposición y de las impugnaciones constitucionales.
En los últimos años, el Tribunal Supremo ha defendido sistemáticamente el derecho de las organizaciones religiosas y de las personas a ejercer libremente su religión, utilizando un análisis de examen riguroso. Sin embargo, queda por ver si la recién promulgada Ley de Respeto al Matrimonio mantendrá en la práctica la protección de las organizaciones religiosas y las personas que creen en el matrimonio tradicional.
El aumento de los delitos de odio contra minorías religiosas visibles, como judíos ortodoxos, sijes y musulmanes, sigue siendo preocupante. La oleada de ataques cada vez más frecuentes contra edificios y propiedades de iglesias católicas en 2022, tras la decisión Dobbs, merece una preocupación adicional, siendo síntoma de una marcada división cultural en el seno de la sociedad estadounidense. A pesar de ello, las perspectivas de la libertad religiosa no se espera que empeoren.
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