Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En 1997, cuatro años después de su independencia, la Asamblea Nacional de Eritrea aprobó la Constitución del país. Esta establece que «toda persona tendrá derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia» (artículo 19.1) y añade: «Toda persona tendrá libertad para practicar cualquier religión y para manifestar dicha práctica» (artículo 19.4).
No obstante, esta Constitución nunca ha llegado a entrar en vigor y las autoridades siempre han gobernado por medio de decretos. En uno de ellos, promulgado en 1995, el Gobierno indicaba que solo reconoce cuatro comunidades religiosas: la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Eritrea, la Iglesia evangélica luterana de Eritrea, la Iglesia católica y el islam suní. No están permitidas otras religiones, que son consideradas ilegales. Además, las religiones reconocidas realizan sus actividades bajo una serie de restricciones.
Por lo general, el Gobierno mantiene un control estricto sobre todas las Iglesias cristianas y sobre la comunidad musulmana. El partido en el Gobierno, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, designa a los representantes más altos de la comunidad musulmana y de la Iglesia ortodoxa. Además, el Gobierno paga los salarios de las jerarquías eclesiásticas de la Iglesia ortodoxa y controla sus medios de transporte, incluida la gasolina que utilizan, además de sus actividades y recursos económicos. En cambio, las Iglesias católica y luterana han conservado cierto grado de autonomía.
Las cuatro comunidades religiosas autorizadas siguen necesitando licencia de la Oficina de Asuntos Religiosos para editar y distribuir textos religiosos entre sus fieles. Sus líderes y los medios de comunicación religiosos tienen prohibido comentar cuestiones políticas. Para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, la Oficina de Asuntos Religiosos recuerda todos los años a los dirigentes eclesiásticos la disposición contenida en el decreto de 1995 sobre organizaciones religiosas. Se exige a los líderes religiosos que presenten al Gobierno informes sobre todas sus actividades cada seis meses. La Oficina también prohíbe a las cuatro religiones reconocidas aceptar financiación procedente del extranjero; esta prohibición limita los recursos económicos a los ingresos que se generan a nivel local, lo que normalmente limita sus actividades exclusivamente al culto religioso. El decreto establece además que, si las Iglesias desean desarrollar una labor social, tienen que registrarse como organizaciones no gubernamentales y aceptar que las autoridades supervisen la financiación que reciben de otros países.
El procedimiento de registro que deben seguir las comunidades religiosas no reconocidas es complejo y deja vía libre al hostigamiento contra dichos grupos.
Debido a estas restricciones y a las estrictas limitaciones de Eritrea a la libertad de expresión, es difícil encontrar información fiable sobre la situación actual de la libertad religiosa. Así pues, los incidentes que se mencionan a continuación son solo representativos.
Incidentes y acontecimientos
Desde la independencia de Eritrea en 1993, el presidente Isaías Afewerki y su partido político, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, ha gobernado el país con mano de hierro. Según los observadores internacionales, «la participación política es imposible para el público en general; los derechos civiles y la libertad de expresión y reunión están ausentes, y los derechos humanos se violan sistemáticamente». El servicio militar del régimen, que la ONU ha calificado como forma de «esclavitud», obliga a todos los varones de entre 18 y 60 años y a las mujeres de entre 18 y 27 a servir en el ejército oficialmente durante 18 meses, pero el servicio militar obligatorio puede durar décadas. Desde noviembre de 2020, los reclutas se ven obligados a luchar en la guerra civil de Etiopía. Eritrea encarcela a quienes se niegan, incluso por motivos religiosos, y para ser puestos en libertad tienen que renunciar a su afiliación religiosa.
No existe la libertad religiosa como derecho humano. Es habitual que miembros de grupos religiosos no reconocidos declaren haber sido detenidos y encarcelados sin explicación alguna. Los informes sugieren que en la prisión de máxima seguridad de Mai Serwa, cerca de la capital, Asmara, hay entre 2000 y 2500 personas recluidas, 500 de las cuales están allí por su religión o sus creencias.
Una extraña señal positiva se produjo a lo largo de los meses de enero y febrero de 2021 cuando el régimen puso en libertad a «decenas de cristianos evangélicos y ortodoxos encarcelados por sus creencias y prácticas religiosas» que, según informes, llevaban detenidos «entre 2 y 12 años». Entre finales de 2020 y principios de 2021, también fueron liberados 32 testigos de Jehová, algunos de ellos encarcelados desde 1994, aunque según los informes unos 20 siguen en prisión.
En marzo de 2021, fueron detenidos 35 cristianos por celebrar diversas reuniones de oración. El ejército asaltó una reunión a la que asistían 23 mujeres en Asmara. Otras 12 fueron detenidas en Assab, a 660 millas al sureste de Asmara, cerca de la frontera con Yibuti.
En mayo, el Gobierno eritreo puso en su punto de mira a la Iglesia católica, cerrando o nacionalizando nueve colegios y amenazando con hacer lo mismo con otros 19 de enseñanza primaria gestionados por la Iglesia. Los católicos representan aproximadamente el 4% de los 6 millones de habitantes de Eritrea. Los obispos de Eritrea se pronunciaron en contra de la decisión y el 21 de junio dirigieron una carta al ministro de Educación, Semere Reesom, denunciando la nacionalización. Los cierres se produjeron después de que el Gobierno se hubiera incautado de una serie de clínicas católicas no mucho tiempo antes, lo que restringe gravemente los servicios de la Iglesia en el país. Los obispos declararon: «Las escuelas y clínicas confiscadas o cerradas, o a punto de serlo, son propiedad legítima de la Iglesia católica, construidas, establecidas y organizadas en el interés supremo y exclusivo de servir a nuestro pueblo».
En julio, detuvieron en Asmara a dos pastores, y un tercero fue puesto bajo arresto domiciliario. Los tres pertenecían a la Iglesia del Evangelio Completo y tenían más de 70 años. Los pastores Girmay Araya y Samuel Okbamichael fueron detenidos por la noche y llevados a la sede de interrogatorios del Centro de Investigación Criminal de Wengel Mermera, dependiente de la comisaría segunda de Asmara.
En septiembre de 2021, las autoridades detuvieron a 15 cristianos en Asmara durante una serie de redadas realizadas en domicilios particulares. Todos ellos ya habían sido encarcelados anteriormente por sus creencias y algunos habían llegado a cumplir penas de prisión de hasta 16 años. Con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, fueron liberados en el verano de 2020 y vueltos a detener tras el descubrimiento de una lista de contactos cristianos. Los trasladaron a la prisión de Mai Serwa, cerca de Asmara.
El 9 de febrero de 2022, falleció el patriarca Abune Antonios de la Iglesia ortodoxa Tawahedo de Eritrea, a la edad de 94 años, en la residencia eclesiástica de Asmara, donde llevaba 15 años encarcelado. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Abune Andreas el 10 de febrero. Grandes multitudes se congregaron en su tumba; muchas de esas personas recorrieron largas distancias a pie para acudir. Abune Antonios había accedido al patriarcado de la Iglesia ortodoxa Tawahedo de Eritrea en 2004; en 2007 le pusieron bajo arresto domiciliario, aunque nunca se presentaron cargos formales contra él. La sanción se debió a que no había cedido a la petición del Gobierno de que excomulgase a 3000 miembros de la Iglesia y había denunciado el encarcelamiento de cristianos, entre los cuales se hallaban tres sacerdotes ortodoxos. Abune Antonios permaneció aislado la mayor parte del tiempo que estuvo detenido, y al parecer se le negó atención médica a pesar de padecer diabetes e hipertensión.
En marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron a 29 cristianos evangélicos en una redada realizada en una reunión de oración celebrada en una vivienda de Asmara. 17 mujeres y 12 hombres fueron trasladados a la prisión de Mai Serwa. No se sabe qué motivó la redada de las fuerzas de seguridad, aunque se dice que en todas las zonas residenciales de Eritrea vive un espía del Gobierno.
La actual implicación de Eritrea en la guerra de Etiopía ha tenido importantes repercusiones en la situación interna de los derechos humanos en Eritrea. En un informe titulado Situación de los derechos humanos en Eritrea, presentado en el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 13 de junio-8 de julio de 2022), su autor, Mohamed Abdesalam Babiker, llamaba la atención sobre las denuncias de que en Eritrea se estaba obligando a civiles, menores incluidos, a alistarse en la permanente guerra. Babiker observa «un empeoramiento de los patrones previamente documentados de reclutamiento forzoso de niños» y añadió que «se dice que durante las primeras fases del conflicto resultaron heridos o muertos gran número de niños, sufriendo decenas de ellos heridas graves que les han causado discapacidades».
El 24 de agosto, el Gobierno confiscó la Escuela Agrotécnica Hagaz, centro educativo católico fundado y administrado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle). Es una de las muchas confiscaciones que se han producido en el país desde 2019. El Gobierno justifica estas acciones citando una ley de 1995 que limita las actividades de las instituciones religiosas. Los obispos católicos de Eritrea «se han opuesto a la aplicación del reglamento, argumentando que los servicios sociales de la Iglesia no se oponen al Gobierno».
El 7 de septiembre, unos soldados reclutaron por la fuerza a los adolescentes que estaban en misa en la iglesia de Medhanie Alem, en la aldea de Akrur. El padre Mussie Zerai, sacerdote eritreo, relató cómo «los soldados llegaron durante la misa y rodearon la iglesia para impedir que nadie escapara» y «procedieron a llevarse por la fuerza a los adolescentes, entre ellos a todos los chicos del coro».
El 18 de octubre de 2022, agentes de la seguridad nacional detuvieron en el aeropuerto internacional al obispo Fikremariam Hagos Tsalim y a dos sacerdotes eritreos. El 28 de diciembre, las autoridades pusieron en libertad al obispo Fikremariam y al padre Mehereteab Stefanos. El segundo sacerdote detenido, el abad Abraham de los Capuchinos, aún no ha sido puesto en libertad en el momento de redactar este informe. La liberación de los clérigos se produce en medio de las conversaciones para poner fin a la guerra civil de Etiopía.
Desde 2004 el Departamento de Estado de Estados Unidos considera a Eritrea como «país de especial preocupación» por las continuas violaciones de la libertad religiosa.
Futuro de la libertad religiosa
Eritrea es una dictadura en la que se violan la mayoría de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. Durante el período que abarca este informe, no se ha producido ningún cambio en la política del Gobierno. El régimen gobernado por el presidente no electo Isaías Afewerki subraya que el «martirio por la nación» está por encima de los valores espirituales y obliga a los ciudadanos a vivir en consecuencia. El Frente Popular para la Democracia y la Justicia no permite la libertad de ninguna creencia religiosa, a pesar de que está garantizada en la Constitución. Careciendo de derechos políticos y civiles, la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo nefasta, y las detenciones arbitrarias son habituales. Según ACNUR, 29 792 personas huyeron de Eritrea y solicitaron asilo en otros países solo en 2021. Por desgracia, se prevé que la represión, el reclutamiento militar forzoso y el colapso económico actuales obliguen a muchos más a optar por la peligrosa huida al extranjero. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo sombrías.
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