Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En un referéndum celebrado en enero de 2014, los egipcios aprobaron una nueva Constitución (que fue modificada en 2019). Su Preámbulo describe a Egipto como «la cuna de las religiones y el estandarte de gloria de las religiones reveladas. En su territorio se crio el profeta Moisés, apareció la luz de Dios y descendió el mensaje sobre el monte Sinaí. En su territorio, los egipcios acogieron a la Virgen María y a su hijo, y luego sacrificaron a miles de mártires en defensa de la Iglesia de Jesús. Y cuando Mahoma, Sello de los Profetas (sobre él sean la paz y la bendición), fue enviado a toda la humanidad a fin de perfeccionar las sublimes morales, se abrieron a la luz del islam nuestros corazones y razones. Y fuimos los mejores soldados de la tierra combatiendo por la causa de Dios, y difundimos por el mundo el mensaje de la verdad y las ciencias religiosas». Se especifica que «la referencia para su interpretación son los textos pertinentes de las sentencias recopiladas del Tribunal Constitucional Supremo».
El islam «es la religión del Estado y el árabe su lengua oficial. Los principios de la sharía islámica son la fuente principal de la legislación» (artículo 2). Se establece que «los principios canónicos de los cristianos y los judíos egipcios son la fuente principal de las leyes que regularán su estatus personal, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales» (artículo 3).
El artículo 7 protege a la Universidad de Al Azhar como la institución suní de enseñanza islámica más importante.
Se declara que «todos los ciudadanos son iguales ante la ley, poseen los mismos derechos y deberes públicos, y no serán discriminados por motivos de religión, creencia, sexo, origen, raza, color, idioma, discapacidad, clase social, afiliación política o geográfica, ni por ningún otro motivo» (artículo 53). La libertad de creencia «es un derecho absoluto. La libertad de práctica religiosa y construcción de lugares de culto para los seguidores de las religiones reveladas es un derecho regulado por la ley» (artículo 64). Por otra parte, está prohibido «ejercer cualquier actividad política o establecer partidos políticos basados en la religión o en una discriminación por razón de sexo, origen, secta o ubicación geográfica» (artículo 74).
La Carta Magna establece que el Estado «procurará que los jóvenes, los cristianos, las discapacitados y los egipcios residentes en el extranjero estén adecuadamente representados en la Cámara de Representantes, según lo especificado por la ley» (artículo 244). En cuanto al Código Penal egipcio, en él se precisa que denigrar a las religiones, fomentar pensamientos extremistas con intención de incitar al conflicto, menospreciar a cualquiera de las «religiones divinas» y atentar contra la unidad nacional conllevan penas de entre seis meses y cinco años de prisión.
Aunque predominantemente musulmán, el país alberga a la mayor comunidad cristiana del mundo árabe, en su mayoría copta ortodoxa; las comunidades más numerosas se ubican en las provincias del Alto Egipto. Quedan muy pocos judíos y también hay un pequeño número de musulmanes chiíes, bahaíes y de otros grupos.
Aunque la ley no prohíbe la conversión religiosa desde el islam a otro credo, en la práctica, el Gobierno no la reconoce.
La ley no reconoce la fe bahaí ni sus leyes religiosas, y prohíbe las instituciones y las actividades de esta comunidad. Ni este grupo ni los testigos de Jehová pueden recurrir a la ley civil por cuestiones de estatuto personal. Los documentos nacionales de identidad electrónicos, expedidos por el Ministerio del Interior, solo permiten incluir las confesiones religiosas oficiales: musulmanes, cristianos y judíos. A partir de la sentencia de un tribunal dictada en 2009, los bahaíes se identifican con un guion. A pesar de que en los documentos de identidad hay una entrada para «religión», el Gobierno nunca ha ofrecido datos oficiales sobre la población copta.
Aunque el Parlamento egipcio aprobó en agosto de 2016 una nueva Ley de construcción de iglesias para facilitar la construcción, reforma y reconocimiento legal de las iglesias, esta no se ha aplicado. Los ataques, los obstáculos administrativos y la incapacidad del Estado para evitar la violencia social contra los cristianos cuando intentan construir, reparar o simplemente conseguir que se reconozcan sus iglesias revelan la gran brecha existente entre la ley y la vida cotidiana. En cuanto a la legalización de las iglesias, el gobernador debe comunicar su decisión en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la solicitud. En caso de denegación, debe presentarse una justificación por escrito. La ley no contempla revisión ni recurso en caso de denegación. Tampoco cabe recurso en caso de que el gobernador no responda. En febrero de 2021, el gran muftí de Egipto, Shawki Ibrahim Abdel Karim Allam, afirmó en una polémica fetua que los musulmanes podían trabajar en la construcción de iglesias.
Los hombres no musulmanes deben convertirse al islam para poder casarse con una mujer musulmana. Desde 2005, las madres divorciadas pueden conservar la custodia de sus hijos hasta que cumplen 15 años. En el caso de que uno de los progenitores no sea musulmán, se concede automáticamente la custodia al progenitor musulmán.
En los conflictos entre distintos grupos, se fomenta y se utiliza con frecuencia la reconciliación consuetudinaria. A este sistema se recurre especialmente en las disputas entre musulmanes y cristianos, a menudo cuando los cristianos son las víctimas, lo que plantea un problema a la hora de intentar documentar las violaciones de derechos reiteradas. Además, se presiona a los cristianos para que se retracten y nieguen los hechos, lo que conduce a la desestimación o reducción de los cargos penales, violando así los principios de no discriminación y de igualdad de derecho a la ciudadanía.
Aunque Egipto es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha declarado «en reserva» que las disposiciones del pacto no deben entrar en conflicto con la sharía.
Incidentes y acontecimientos
Año 2021
En enero de 2021, el Tribunal de Asuntos Urgentes de Egipto aceptó una demanda para embargar bienes pertenecientes a 89 miembros y dirigentes de los Hermanos Musulmanes. Mahmud Ezzat Ibrahim, ex Guía Supremo en funciones del grupo, fue condenado a cadena perpetua por un juez en abril. En junio de 2021, tras un juicio multitudinario, el Tribunal de Apelaciones confirmó las condenas a muerte de 12 altos cargos de los Hermanos Musulmanes. En julio, el mismo Tribunal confirmó las condenas a cadena perpetua dictadas contra 10 responsables de los Hermanos Musulmanes en 2019.
Para impulsar el turismo espiritual, el Ministerio de Turismo y Antigüedades inauguró una serie de «paradas» en las 2100 millas de la «Ruta de la Sagrada Familia», la ruta bíblica que se cree que siguieron María, José y el niño Jesús.
En febrero, condenaron a 15 años de prisión a diez acusados que habían participado en el incendio de una iglesia en 2013 en la gobernación de Guiza.
El 14 de febrero, el viceministro de Educación, Reda Hegazy, anunció el apoyo del Ministerio a una propuesta del diputado Freddy al-Bayadi que promovía un plan de estudios en el que se destacaran los valores comunes compartidos por el islam, el cristianismo y el judaísmo. Esta decisión implica la enseñanza del judaísmo en las escuelas. Los rumores en las redes sociales sobre esta reforma educativa y la supresión de los versículos coránicos de los planes de estudios generales provocaron gran polémica. La cuestión de la educación y los programas escolares es delicada y suscita debates emocionales recurrentes. Más recientemente, en agosto de 2022, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicó un informe sobre la reforma de los planes de estudios egipcios en el que se evaluaban los progresos realizados en 2021-2022. Se constató que los cambios anunciados por el Gobierno eran sobre todo cosméticos, cambio de títulos de las secciones, pero que no se modificaba su contenido.
En ese mismo mes, se publicó un decreto presidencial que confirmaba la creación de un Consejo de Administración para la gestión de las fundaciones de las comunidades cristianas católicas y evangélicas de Egipto.
También en febrero, el Gobierno presentó al Parlamento egipcio un amplio proyecto de ley sobre el estatuto personal, que completó el Ministerio de Justicia (Estatuto Personal de los Cristianos). Esto dio lugar a debates en el seno de la sociedad civil. En junio de 2022, se creó una comisión judicial para redactarla de nuevo.
En marzo, la Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona (EIPR) presentó una demanda en nombre de una mujer copta en la que impugnaba la constitucionalidad de aplicar la sharía a los cristianos en casos de herencia. El caso fue estudiado por el Colegio de Comisarios del Tribunal, y posteriormente se remitió al Tribunal Constitucional para una nueva evaluación.
En abril fue asesinado Nabil Habashi, cristiano copto que había sido secuestrado en noviembre de 2020 por ISIS-SP. Además, sus hijos sufrieron amenazas.
En abril, el Senado italiano aprobó una moción destinada a conceder la ciudadanía italiana a Patrick Zaki, egipcio copto estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, declarado preso político en Egipto en febrero de 2020. Zaki fue detenido sin pruebas ni juicio. Finalmente fue puesto en libertad el 8 de diciembre de 2021.
En junio, fue ejecutado Ahmad Said Ibrahim al-Sonbati, autor del asesinato en 2017 del padre Saman Shehata, sacerdote copto.
En junio, el Tribunal Penal de Minya condenó a diez delincuentes a cinco años de prisión acusados de haber participado en actos de violencia contra los coptos en 2016.
El presidente Abdel Fatah al Sisi se reunió con Mufadal Saifudin, jefe espiritual de la comunidad ismailí Dawudi Bohra. El presidente Sisi agradeció al grupo su ayuda en la restauración de varias mezquitas y santuarios históricos de Egipto.
En junio de 2021 y febrero de 2022, se rechazaron los recursos presentados por el activista y bloguero ateo Anas Hasán, autor de la página de Facebook «Los ateos egipcios». En febrero de 2021 le condenaron a tres años de prisión y una multa de 300 000 libras egipcias (19 100 dólares estadounidenses).
En junio, la Liga Antidifamación publicó un estudio sobre la existencia de contenidos antisemitas preocupantes en los libros de texto egipcios, y la presencia de varios libros antisemitas en la feria estatal del libro.
Ibrahim Isa, presentador de televisión y periodista de gran prestigio, mencionó la falta de «suficientes referencias» a la historia cristiana en los programas escolares, aparte de los contenidos relacionados con el monacato, los monasterios y su participación en la Revolución de 1919.
En un estudio realizado en junio, miembros de la comunidad chií afirmaron que al expresar sus creencias religiosas o rezar en público y poseer textos que apoyen la filosofía chií corren el peligro de ser acusados de blasfemia. Sigue prohibida la importación de textos bahaíes y de los Testigos de Jehová. Aunque el Gobierno considera a los Testigos de Jehová como «cristianos» en los documentos de identidad, un decreto presidencial prohíbe sus actividades religiosas.
En julio se publicó un informe sobre la ley egipcia de ciudadanía, en el que se presentaban y estudiaban diferentes casos de privación de la ciudadanía en función de la identidad religiosa.
En agosto, el ministro de Habices (dotaciones religiosas), Mohamed Mojtar Goma, ordenó a las mezquitas retirar todos los libros sobre extremismo.
En agosto, durante una entrevista televisiva, el presidente egipcio declaró: «Todos nacemos musulmanes y no musulmanes según nuestros documentos de identidad, pero nos damos cuenta de que tenemos que reformular nuestra forma de entender la creencia que seguimos». Más tarde añadió: «Respeto a los no creyentes. [...] Pero, ¿aceptará esto una sociedad que ha sido condicionada a pensar de una determinada manera durante los últimos 90 años? [...] Respeto la voluntad de los no creyentes, que se basa en la libertad de creencia, un derecho otorgado por Dios». Fue duramente criticado por normalizar la aceptación del ateísmo en un país de mayoría musulmana.
Según un líder de la comunidad presbiteriana, en agosto la policía impidió el paso a decenas de conversos que acudían a la iglesia para un retiro; les retiraron los documentos de identidad y llegaron incluso a detener e interrogar a algunos feligreses. Aunque fueron puestos en libertad, siguieron siendo acosados y varios de ellos permanecieron en prisión.
En septiembre, el exministro de Cultura Gaber Asfur se mostró partidario de suprimir el campo «religión» en los documentos nacionales de identidad egipcios. El periodista y presentador de televisión Ibrahim Eisa también lo apoyó. En febrero de 2022, sometieron a Eisa a una investigación relacionada con unas polémicas declaraciones sobre el viaje de Mahoma al «Miray».
La ONG Egyptian Initiative for Personal Rights (Iniciativa Egipcia a favor de los Derechos Personales) exigió en septiembre que pusieran en libertad al ciudadano copto Gerges Samih Zaki Ebeid y que se retiraran las acusaciones contra él. Le habían acusado de haber publicado en su página personal de Facebook un mensaje considerado irrespetuoso con el islam, a raíz del cual se habían producido disturbios sectarios que desembocaron en la detención de 20 musulmanes y 15 coptos.
En septiembre, un grupo de activistas documentó la destrucción de una iglesia no autorizada en la gobernación de Beheira. El ayuntamiento de Damanhur y las fuerzas de seguridad locales ejecutaron la orden de desalojo. Al menos cuatro feligreses resultaron heridos y fueron detenidos 21 manifestantes coptos que posteriormente fueron puestos en libertad.
En septiembre, liberaron a cuatro destacados predicadores salafíes, detenidos en 2019 por «incitar a la violencia y unirse a un grupo terrorista». A uno de ellos le volvieron a detener y le condenaron a 15 años de prisión.
En octubre, Naser y Ali al Sambo fueron condenados a cadena perpetua por asesinar al copto Ramsis Bulos Hermina.
Los noticiarios informaron de que en el nuevo complejo penitenciario de Wadi el Natrun hay una iglesia.
En noviembre, el abogado Ahmed Abdu Maher fue condenado a cinco años de prisión y trabajos forzados por difamar el islam en su libro Cómo la jurisprudencia de los imanes está extraviando a la nación (en árabe) y por una serie de comentarios realizados en antena. Maher había criticado lo que denominó la «ideología ensangrentada» del islam. En otra entrevista, afirmó que la «nación» islámica era «estática» y que la «iluminación» requería valentía. Los liberales salieron en su defensa. Maher también había exigido a Al Azhar la reforma del plan de estudios religiosos que imparte a sus alumnos.
En noviembre, el Tribunal Supremo Administrativo desestimó un recurso presentado por el excandidato a las elecciones presidenciales, Abdel Moneim Abul Fotuh, líder del partido Egipto Fuerte. Le habían condenado a 15 años de prisión en marzo de 2022.
En diciembre de 2021, se prohibió viajar al extranjero al activista chií Haidar Kandil, periodista del diario Al Dustur.
La Unidad de Bayan (Declaración), creada por Al Azhar en 2019 para «contrarrestar el ateísmo» y evitar que los jóvenes «caigan en la incredulidad», seguía operativa a finales de 2021.
A finales de 2021, Ahmed Sebaie, detenido en 2020, seguía en prisión. Había publicado un vídeo en su canal de YouTube en el que hablaba de la Biblia y la doctrina cristiana.
Año 2022
En enero de 2022, fue puesto en libertad Ramy Kamel, copto defensor de los derechos humanos, tras haber sufrido muy duras condiciones en prisión. Detenido cuando solicitó un visado suizo para intervenir en un foro de la ONU en Ginebra, le acusaron de pertenecer a un grupo prohibido y de difundir noticias falsas.
El 29 de enero, Marco Gerges fue condenado a cinco años de prisión y trabajos forzados. Según la Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona, fue declarado culpable de «desprecio al islam», de «explotar la religión para promover ideas extremistas» y de «atentar contra los valores de la vida familiar egipcia».
Este mes se promulgó un decreto para legalizar 141 iglesias y edificios de servicios cristianos sin licencia que estaban funcionando sin permiso. En total se han legalizado más de 2000 iglesias desde 2017.
El 30 de enero, detuvieron a nueve coptos que se manifestaron pacíficamente a favor de la reconstrucción de su iglesia en Ezbet Faragalla. La reconstrucción llevaba aprobada más de un año. Finalmente, el 23 de abril les pusieron en libertad. La cuestión de la reconstrucción y reparación de iglesias en zonas rurales o urbanas no oficiales muy pobladas es problemática, al contrario que en lugares donde la situación urbanística es menos compleja. La Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona enumeró 25 casos de clausura de iglesias y lugares de culto incluso después de la aprobación de la ley de 2016.
En febrero se produjo un hecho sin precedentes: el presidente de Egipto nombró a un copto, Bulos Fahmy Eskandar, presidente del Tribunal Constitucional Supremo.
La Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona (EIPR) recurrió contra una sentencia que permitiría a la Gobernación de Alejandría denegar la asignación de cementerios a los fieles que no pertenezcan a alguna de las tres religiones reconocidas.
En marzo, la EIPR publicó un artículo en el que pedía al Parlamento egipcio que retirara las enmiendas a la ley que regula la predicación religiosa.
El 9 de marzo, salió de prisión la farmacéutica Isis Mustafa. En septiembre de 2021 sus compañeras la habían agredido por no llevar el hiyab. A pesar de que las investigaciones policiales confirmaron el incidente, se organizó una sesión de conciliación en lugar de aplicar el derecho civil.
En marzo pusieron en libertad al bloguero coranista —creencia que sostiene que solo el Corán es la fuente de la ley islámica y no los hadices (dicho o hecho de Mahoma de transmisión tradicional)— Reda Abdel Rahman, cuya condena se había prorrogado en varias ocasiones.
Se ha incrementado el Fondo para Honrar a los Mártires, las Víctimas, las Personas Desaparecidas y Heridas en Atentados Terroristas y Operaciones de Seguridad, y a sus Familias (que incluye a las minorías religiosas).
En abril, un farmacéutico musulmán abofeteó a Nevine Sobhy, mujer copta, por llevar una camisa de manga corta y no haberse puesto el hiyab durante el Ramadán. La policía la amenazó cuando insistió en presentar una denuncia y la obligaron a firmar un informe modificado por el abogado del agresor. Apeló al Consejo Nacional de Mujeres de Egipto, al ministro del Interior e incluso al presidente egipcio para que intervinieran para protegerla a ella y a otras mujeres. Finalmente fue obligada a presentarse a una sesión de reconciliación habitual, en la que se tomaron fotografías que se difundieron a través de las redes sociales, lo que suscitó duras críticas por parte de los defensores de los derechos humanos.
El 23 de abril, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado puso en libertad a nueve coptos encarcelados; habían sido detenidos en unas manifestaciones en las que exigían la reconstrucción de la iglesia de San José y Abu Seifein en su pueblo.
En mayo, la Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona publicó un informe sobre los defectos legales de la distribución de la herencia de las mujeres cristianas egipcias.
El 28 de junio, el Ministerio de Habices (dotaciones religiosas) prohibió a Alaa Mohamed Husein Yaqub, hijo del destacado imán y predicador salafí Mohamed Husein Yaqub, predicar en las mezquitas. La decisión se tomó después de que testificara en un juicio su propio padre.
En junio, la EIPR emitió una advertencia sobre la posible expulsión del cristiano converso y solicitante de asilo yemení Abdul Baqi Said Abdo. Se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio acusado de «unirse a un grupo terrorista y desacato a la religión islámica». Había solicitado asilo en Egipto tras huir de un atentado contra su vida en Yemen y del asesinato de su esposa, después de que ambos se convirtieran al cristianismo.
En julio, el presidente Abdel Fatah al Sisi ordenó la restauración y renovación de los santuarios de la Ahl al Bayt (la familia del profeta Mahoma) en todo el país.
El 14 de agosto se declaró un incendio en la iglesia de Abu Seifein, en Giza. Al menos 41 personas murieron y 55 resultaron heridas. Este incidente puso de manifiesto el recurrente y delicado problema de las restricciones a la construcción y mantenimiento de lugares de culto no musulmanes, que conduce al hacinamiento en edificios obsoletos con graves problemas de seguridad. En un gesto sin precedentes, el papa copto Tawadros realizó una protesta pública por este asunto.
En septiembre, varias universidades estatales impusieron a sus alumnos un código de vestimenta más conservador suscitando debates sobre la enseñanza superior y la obligación de que las niñas y las mujeres lleven el hiyab en las escuelas públicas.
En septiembre, el Tribunal Superior Administrativo confirmó el despido de Mona Prince, profesora de la Universidad del Canal de Suez, a la que habían suspendido de empleo por haber publicado vídeos de baile en redes sociales.
En vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (COP27), celebrada en Sharm El Sheij en noviembre, Egipto publicó un libro sobre islam y medio ambiente.
En la COP27, celebrada del 6 al 18 de noviembre, los líderes religiosos «se reunieron con varias delegaciones de grupos de la sociedad civil, activistas climáticos, expertos y otras organizaciones confesionales para deliberar sobre cómo lograr la neutralidad climática». El arzobispo Thévenin, nuncio apostólico en Egipto y subdelegado de la delegación de la Santa Sede, declaró: «El marco principal en el que desempeñamos nuestro papel como Santa Sede es que no proponemos soluciones técnicas, sino que a veces podemos hacer que la gente se reúna y forme parte de la solución».
Aunque en el islam no está permitida la adopción, el debate sobre el derecho de los cristianos a adoptar niños se volvió a suscitar cuando las autoridades retiraron la custodia de Shenuda, un bebé encontrado en la puerta de una iglesia copta, a su familia copta «adoptiva».
Hay numerosos testimonios de jóvenes y mujeres cristianas a las que han secuestrado, obligado a convertirse y de las que han abusado sexualmente al amparo del matrimonio con hombres musulmanes, lo que las convierte de hecho en esclavas sexuales. Es frecuente que las víctimas no denuncien estos secuestros, considerados acto «genocida».
Futuro de la libertad religiosa
Aunque el discurso oficial del Gobierno reitera la fraternidad y la igualdad entre los ciudadanos egipcios, los hechos sobre el terreno manifiestan a veces una realidad opuesta.
Ciertamente se han tomado medidas positivas, como fomentar una mayor unidad nacional entre musulmanes y cristianos, el diálogo y la tolerancia interconfesionales, la protección del patrimonio religioso y la legalización de cientos de iglesias. Sin embargo, la intolerancia generalizada profundamente arraigada y la discriminación institucionalizada contra los no musulmanes o contra quienes son considerados musulmanes desviados siguen siendo un grave problema social. Además, quienes no pertenecen a las religiones monoteístas tradicionales, o practican religiones no reconocidas oficialmente, se enfrentan a problemas de enormes proporciones, como actitudes sociales negativas y políticas gubernamentales contradictorias.
Ya discriminados por la ley y sin disfrutar de los mismos derechos que sus conciudadanos musulmanes, los cristianos suelen ser víctimas de agresiones y delitos. Las víctimas también denuncian que, en la mayoría de los casos, las fuerzas policiales no intervienen en los ataques contra los coptos. Mientras sus agresores se benefician de la impunidad legal, a menudo son los coptos quienes acaban en prisión.
Aunque se han producido algunas mejoras, el disfrute de más aspectos de la libertad religiosa no está garantizado, y la evolución debe mantenerse en observación.
Egipto