Marco legal sobre la libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Colombia define el país como «Estado social de Derecho» y estipula que la República es «democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y en la prevalencia del interés general» (artículo 1).
La libertad de conciencia, religión y culto se reconocen como derechos fundamentales en los artículos 18 y 19, y se han incorporado a la Ley 133 de 1994 de Libertad Religiosa y de Culto.
Según la Corte Constitucional de Colombia, máximo tribunal del país que protege los derechos fundamentales, la libertad de conciencia se ejerce de modo que «(i) nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o creencias; (ii) ninguna persona estará obligada a revelar sus convicciones, y (iii) nadie será obligado a actuar contra su conciencia».
No obstante lo anterior, el derecho a la libertad de conciencia no es absoluto y encuentra límites basados en el respeto a los derechos de los demás.
Aunque están estrechamente vinculados, el derecho a la libertad de conciencia se entiende en Colombia como un derecho distinto del de libertad religiosa.
Según el artículo 13 de la Constitución, el Estado colombiano prohíbe toda forma de discriminación, incluida la basada en motivos religiosos. Los artículos 201 a 203 del Código Penal imponen sanciones a las violaciones de la libertad religiosa.
La Constitución establece que «todas las confesiones religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la ley» (artículo 19). Para ello, el Decreto 437 de 2018 del Ministerio del Interior estableció una «Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos».
En relación a esto, en febrero de 2022 se promulgó la Ley n.º 2200, por la cual los departamentos (regiones) deben, dentro de su jurisdicción, promover e implementar políticas públicas que garanticen la libertad religiosa en sus respectivos territorios (artículo 4).
En cuanto al reconocimiento legal de las confesiones religiosas, en 1973 se firmó un concordato entre Colombia y la Santa Sede respecto a la Iglesia católica y la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, responsable de conceder el reconocimiento legal a los grupos religiosos no católicos.
En el ámbito de la educación, la Constitución reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos (artículo 68). En la escuela pública no se puede obligar a nadie a recibir formación religiosa. El Decreto 4500 de 2006 regula la educación y las clases de religión en los centros educativos.
En julio de 2022, el Consejo de Estado rechazó una petición para la derogación de un decreto que, según se afirmaba, vulneraba la libertad de religión y creencias al hacer obligatoria y evaluable la enseñanza religiosa en centros privados.
Por último, el artículo 42 de la Constitución reconoce efectos civiles a los matrimonios religiosos.
Incidentes y acontecimientos
En los dos últimos años han aumentado los ataques contra lugares de culto y sentimientos religiosos.
Año 2021
En 2021 profanaron la imagen de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá; activistas proabortistas prendieron fuego a las puertas de la iglesia de San Ignacio de Loyola de Medellín mientras en su interior se estaba celebrando una misa con fieles; en Montelíbano, profanaron y destruyeron dos estatuas de la Virgen María; y en Buenaventura los profesores se encerraron en la catedral en protesta contra la violencia y para exigir que el Gobierno actuara.
El 4 de mayo de 2021, la Corte Constitucional de Colombia determinó que un mensaje publicado por el vicepresidente del país en las redes sociales, consagrando el país a la Virgen de Fátima, ignoraba el principio de separación entre Estado y religión, porque tenía carácter oficial.
El 6 de mayo, miembros de la orden claretiana denunciaron que el ejército y la policía habían asaltado durante la noche un colegio de Bogotá perteneciente a la comunidad.
También en mayo, la Iglesia católica pidió que se pusiera fin a la espiral de violencia desatada por el malestar social en torno a la reforma fiscal, agravado por la presunta infiltración de agitadores en las manifestaciones.
El 13 de agosto, el Gobierno celebró una mesa redonda con la Iglesia católica sobre políticas públicas.
El 17 de septiembre, el Tribunal Constitucional falló contra un organismo sanitario que impidió celebrar los ritos de sepultura de una indígena al no entregar su cadáver a la comunidad.
En septiembre, la Iglesia reiteró sus advertencias sobre la crisis en Chocó, donde la guerrilla y el crimen organizado se disputan el control del territorio y amenazan a las comunidades locales. Un mes después, acusó al Gobierno de indiferencia y denunció posibles vínculos entre miembros de las fuerzas de seguridad y el cártel del Clan del Golfo de la misma región.
En diciembre de 2021, la Dirección de Asuntos Religiosos celebró un Congreso sobre Avances en Libertad Religiosa.
Año 2022
El 12 de enero de 2022, el Tribunal Constitucional de Colombia ordenó a un empresario que permitiera a un trabajador, miembro de la Iglesia Adventista, librar los sábados.
En febrero, el obispo de Buenaventura, Rubén Jaramillo, siguió recibiendo amenazas de muerte por pronunciarse contra los grupos armados que atormentan a la población.
El 22 de febrero, la Iglesia católica condenó la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas de embarazo que el Tribunal había permitido. El 14 de mayo, el Gobierno firmó el Consenso de Ginebra, que rechaza el «derecho» al aborto.
En febrero, la Dirección de Asuntos Religiosos organizó un Congreso para celebrar el Día de la Libertad Religiosa y de Culto con jóvenes religiosos.
El 10 de marzo, el Tribunal Constitucional dictó que una iglesia cristiana estaba obligada a permitir que una feligresa y su hijo participaran en las reuniones de la congregación.
También en marzo, durante una misa en la Catedral Primada de Bogotá, unos activistas se subieron a los bancos y empezaron a insultar a los feligreses. Líderes políticos de distinto signo condenaron la agresión.
En marzo, otros cuatro lugares de culto fueron objeto de actos vandálicos consistentes en pintadas y en la interrupción de una oración de un grupo provida.
El 31 de marzo, el Tribunal Constitucional rechazó por motivos de procedimiento una petición de retirar un crucifijo de la «Sala Plena» del propio tribunal, por considerar que violaba el principio de separación entre Estado y religión.
En abril, la Iglesia instó a las partes interesadas a entablar un diálogo para buscar soluciones a la crisis humanitaria provocada por una ola de violencia en la región de Chocó derivada de la lucha entre bandas por el control del territorio.
El 18 de abril, la Corte Constitucional ordenó que las parteras afrocolombianas se incorporaran al sistema de salud porque aportaban habilidades y conocimientos ancestrales.
El 28 de abril, unos individuos atacaron la iglesia católica de Santa Ana de Tunja y profanaron el sagrario.
En mayo, tras las sentencias del Tribunal Constitucional, la Iglesia rechazó la despenalización del suicidio médicamente asistido.
En mayo, con motivo de las elecciones presidenciales de 2022, los obispos instaron a los electores a ejercer su derecho al voto con responsabilidad y a respetar los resultados.
También en mayo, ante la crisis migratoria en las fronteras con Panamá y Venezuela, la Iglesia manifestó su preocupación por el papel de los grupos de delincuencia organizada y los traficantes de seres humanos.
En junio, Colombia adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, decisión acogida con satisfacción por la comunidad judía del país.
El 26 de junio, la Iglesia cristiana de Filadelfia sufrió un ataque con cócteles molotov durante las manifestaciones organizadas por estudiantes universitarios en Huila.
El 27 de julio, respondiendo a una invitación del presidente electo Gustavo Petro Urrego, se celebró una reunión con la Conferencia Episcopal de Colombia para buscar vías de diálogo con la guerrilla del ELN y otros grupos armados.
También en julio, en la parroquia de Santa Bárbara, de la diócesis de Socorro y Sangil, fue destruida la imagen de la Virgen del Carmen.
En agosto de 2022, atacaron la iglesia de San Roque de Cartagena y profanaron hostias eucarísticas.
También en agosto, el presidente electo, Gustavo Petro, participó en un ritual religioso de «posesión ancestral» de la etnia arhuaco.
La decisión adoptada en agosto de 2022 de convertir la capilla católica del aeropuerto de Bogotá en un lugar de oración multiconfesional, a raíz de una petición de la ciudad de Bogotá, desató una gran polémica entre funcionarios públicos y ciudadanos. La decisión se impuso como un hecho consumado, y la Iglesia se vio obligada a retirar sus símbolos religiosos.
Futura de la libertad religiosa
A pesar de algunos esfuerzos positivos de diálogo entre la Iglesia católica y el Gobierno en relación con las preocupaciones de la sociedad, el período estudiado en este informe se ha caracterizado por un aumento significativo de los ataques contra lugares de culto y contra los sentimientos religiosos, en muchos casos inspirados por el activismo a favor del aborto. A ello se ha unido una creciente preocupación por la crisis humanitaria en el departamento (región) de Chocó, donde guerrilleros y narcotraficantes aterrorizan a las comunidades y a los líderes religiosos cuando denuncian la violencia y la corrupción, o cuando se intenta poner fin a las actividades ilegales. Esta combinación tóxica augura un panorama difícil para la libertad religiosa. Las perspectivas para el futuro son negativas.
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