Marco legal sobre la libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución y las leyes de Canadá garantizan la libertad de conciencia y religión, así como de pensamiento, creencia, opinión y expresión, sujetas a los «límites razonables prescritos por la ley que se puedan justificar de manera demostrable en una sociedad libre y democrática». Los canadienses tienen derecho a «igual protección de la ley y a beneficiarse en igual medida de ella sin discriminación» basada en la religión.
Tanto las leyes federales como las provinciales prohíben la discriminación por motivos de religión, permiten a los individuos presentar demandas por las vulneraciones de su libertad religiosa y ofrecen vías de recurso para canalizar dichas demandas.
Los grupos religiosos no están obligados a inscribirse en ningún registro gubernamental; sin embargo, para disfrutar de las exenciones de impuestos, tienen que registrarse como organizaciones sin ánimo de lucro en la Agencia Tributaria de Canadá (CRA). El estatus de organización benéfica proporciona al clero una serie de ventajas fiscales, entre las que se cuentan deducciones de impuestos para los clérigos que residen en el país y la agilización de los trámites de inmigración.
El Acta Constitucional de 1867 garantizaba el derecho de las minorías protestante y católica a la financiación pública de los colegios confesionales (Sección 93.2-3). Sin embargo, en Quebec, Terranova y Labrador, se anuló esta garantía mediante enmiendas constitucionales y fue sustituida por un sistema educativo público laico.
En Ontario, Alberta y Saskatchewan se mantiene la financiación pública de los colegios católicos protegida por la Constitución. Las leyes federales protegen la financiación pública de la educación minoritaria católica y protestante en los Territorios del Noroeste, Yukón y Nunavut. Seis de las 10 provincias proporcionan al menos financiación parcial a algunos colegios confesionales. La educación en casa es legal en todo Canadá; y en Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica se concede ayuda económica a los padres.
En Canadá, la libertad de religión se ha definido como «el derecho a tener las creencias religiosas que cada persona elija, el derecho a declarar las creencias religiosas abiertamente y sin temor a obstáculos o represalias, y el derecho a manifestar las creencias religiosas mediante el culto y la práctica o mediante la enseñanza y la difusión».
El término «religión» no se ha definido expresamente, pero el Tribunal Supremo ha señalado que las creencias o prácticas laicas no están protegidas por la garantía de libertad religiosa, señalando que una religión «se entiende típicamente como un sistema particular y completo de dogmas y prácticas que generalmente incluye la creencia en la existencia de un poder divino, sobrehumano o dominante, y creencias o convicciones personales que promueven la comunicación con el ser divino o con el sujeto u objeto de esa fe espiritual». Cabe destacar que el Tribunal declaró que los derechos de los ateos, agnósticos, escépticos e indiferentes también estaban garantizados por el artículo 2.a de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que garantiza la libertad de conciencia y de religión.
El Tribunal Supremo de Canadá ha interpretado el artículo 2.a de forma liberal, afirmando que es preferible equilibrar los intereses estatales en conflicto, incluidos los derechos en conflicto, basándose en un análisis del artículo 1, o en el análisis de proporcionalidad en caso de revisión judicial de decisiones administrativas, en vez de poner límites internos al alcance de la libertad religiosa. El artículo 1 de la Carta de Derechos y Libertades se considera un instrumento más flexible para sopesar derechos que se contraponen (muy a menudo, derechos de igualdad). Sin embargo, a pesar del amplio alcance del derecho garantizado, el Tribunal también estableció ciertos límites al afirmar que «la libertad de tener creencias es más amplia que la libertad de actuar de acuerdo con ellas».
El Tribunal Supremo también ha declarado en repetidas ocasiones que el alcance de la libertad religiosa puede restringirse cuando vulnera los derechos fundamentales de otras personas. Cuando los derechos de dos individuos están en conflicto, este debe resolverse delimitando adecuadamente los derechos y valores implicados.
En los casos relacionados de la Law Society de Columbia Británica contra la Universidad Trinity Western, y de la Universidad Trinity Western contra la Law Society de Canadá Superior, el Tribunal Supremo optó por conciliar los derechos contrapuestos de la libertad religiosa de los miembros evangélicos de la comunidad de la Universidad Trinity Western (TWU) con los derechos de igualdad de las personas LGBTQ mediante un análisis de proporcionalidad.
La mayoría de los jueces consideró que las consecuencias sobre la libertad religiosa de los miembros de la comunidad TWU tenían una «importancia limitada» y que las decisiones tomadas por las asociaciones de abogacía representaban un equilibrio proporcionado entre los importantes objetivos que persigue la ley de garantizar la igualdad de los miembros de la comunidad LGBTQ y la confianza pública en la profesión jurídica. El resultado es que, a día de hoy, sigue sin haber facultades de Derecho con un marcado carácter cristiano en Canadá. La sentencia de la TWU podría preocupar a cualquier empresa canadiense que pretenda mantenerse fiel a su ética religiosa, pero que esté sujeta a la supervisión de un organismo profesional centrado en la igualdad más que en el pluralismo.
Cabe señalar que el artículo 2.a de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades no protege todas las manifestaciones de creencias religiosas. En el caso Ktunaxa, el Tribunal Supremo sostuvo, por decisión de la mayoría, que una reclamación basada en la libertad de creencias espirituales de los indígenas para proteger un lugar sagrado frente a un proyecto de explotación de pistas de esquí no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 2.a. Para el Tribunal, dicha reclamación «no protege el objeto de las creencias, ni el foco del culto y el significado espiritual subjetivo que se le atribuye».
En mayo de 2021, el Tribunal Supremo dictó que cinco miembros de una Iglesia de la zona de Toronto no tenían base legal para pedir a los tribunales volver a ser miembros de su Iglesia. Cinco antiguos miembros de la Iglesia ortodoxa etíope Tewahedo de la catedral de Santa María de Canadá, en Toronto, presentaron una demanda contra la Iglesia porque esta los había expulsado de la congregación. La expulsión se produjo después de que la Iglesia los nombrara miembros de un comité creado para investigar un movimiento dentro de la propia congregación que algunos consideraban contrario a las creencias de la Iglesia.
Tras su investigación, el comité presentó sus sugerencias a los altos dirigentes de la Iglesia; sin embargo, el arzobispo y otros dirigentes no siguieron las propuestas del comité. Estos cinco miembros manifestaron entonces su descontento con esta decisión y, en ese momento, la Iglesia decidió expulsarlos. Los afectados acudieron a los tribunales para impugnar esa decisión y pedir su reincorporación.
El Tribunal Superior de Ontario desestimó su recurso al considerar que su expulsión no planteaba ninguna cuestión de legalidad que requiriera un juicio. El Tribunal basó su conclusión en una sentencia dictada en 2018 por el Tribunal Supremo de Canadá en el caso de la Congregación Highwood de los testigos de Jehová (Comité Judicial) contra Wall. En esta ocasión, los jueces sostuvieron que las decisiones de una asociación religiosa relativas a sus miembros no pueden ser revisadas por los tribunales si no afectan a un derecho protegido por la ley. Para que un tribunal pueda revisar los estatutos de funcionamiento de una asociación voluntaria, como una Iglesia, debe estar en juego un verdadero derecho protegido por la ley, como un desacuerdo contractual entre las partes que deba resolverse. La sentencia es coherente con el principio de autonomía de la Iglesia consagrado tanto en Europa como en Estados Unidos.
Publicado el 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo de Columbia Británica emitió la Directiva sobre Prácticas n.º 59. Esta Directiva «aconseja a las partes y a sus abogados que, al presentarse ante el tribunal, indiquen sus “pronombres correctos”». Los detractores de la decisión han argumentado que los tribunales de Columbia Británica han adoptado el discurso obligatorio. Con la adopción de esta Directiva, los tribunales provinciales de Columbia Británica han impuesto, en esencia, la creencia en la identidad de género sin tener en cuenta la objeción religiosa y de conciencia.
COVID-19
El manejo de la pandemia de 2019 en Canadá ha sido un tema muy controvertido; la protesta contra las medidas restrictivas del Gobierno cristalizó en el «Convoy de la Libertad», del que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo. La información fidedigna sobre la polémica protesta de los camioneros indicaba que varios cristianos habían asistido a la manifestación, y que las protestas habían adquirido un tinte religioso palpable. Como prueba de la división de la opinión pública canadiense en cuestiones religiosas, algunos expertos identificaron la presencia cristiana en la protesta con el «nacionalismo cristiano blanco». El «Convoy de la Libertad» llegó a su fin cuando el primer ministro Trudeau, por primera vez en la historia de Canadá, invocó la Ley de Emergencias, que otorgaba a las fuerzas del orden nuevas e importantes competencias y recortaba numerosos derechos civiles fundamentales.
Artur Pawlowski, pastor de Alberta, fue multado, detenido y encarcelado acusado de numerosas violaciones de las restricciones por la COVID-19 por haber mantenido abierta su iglesia y por haber participado en el «Convoy de la Libertad». Su tercer y último juicio tuvo lugar en enero de 2023. En el momento de redactar este informe, la sentencia sigue pendiente. En febrero de 2023, los tribunales de New Brunswick y Ontario desestimaron los cargos penales contra pastores por supuestas violaciones de la normativa sanitaria en sus iglesias durante los confinamientos.
Incidentes y acontecimientos
Según un estudio reciente, en las tres últimas décadas el panorama religioso canadiense ha experimentado una transformación significativa, y las actividades religiosas colectivas y personales, así como las creencias religiosas y espirituales, desempeñan un papel cada vez menor en la vida de los ciudadanos.
Los cristianos de todas las tradiciones siguen siendo mayoría, con más del 60% (la mitad católicos), seguidos del islam (3,6%), el hinduismo (1,4%) y el sijismo (1,4%). El número de miembros de las tres últimas religiones se ha más que duplicado en los últimos 20 años. Más de un tercio de la población canadiense declara no tener afiliación religiosa o tener una perspectiva laica (atea, agnóstica, humanista u otra). La proporción de este grupo también se ha duplicado con creces en 20 años. Esta tendencia es coherente con otras que indican una disminución de la importancia que se concede a las creencias religiosas y espirituales para la vida de las personas, del 71% en 2003 al 54,1% en 2019. Este descenso quizá explique por qué no ha habido una oposición mayor al deterioro de la libertad religiosa en general producido a través de las leyes y las decisiones judiciales de Canadá.
Según las proyecciones demográficas, se espera que aumente la proporción de canadienses pertenecientes a una minoría visible y de los afiliados a una religión no cristiana. En 2036, las minorías visibles constituirán más de un tercio de los canadienses en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Al mismo tiempo, las proyecciones indican que el número de canadienses afiliados a una religión no cristiana pasará del 9% en 2011 al 13-16% de la población en 2036.
En un censo de 2021, aproximadamente 81 000 personas, el 0,2% de la población total, declararon tener una espiritualidad indígena tradicional; la mayoría de ellas (90,2%) pertenecen a las Primeras Naciones. De los 1,8 millones de personas con una identidad indígena en Canadá, casi la mitad (47%) declararon no tener ninguna afiliación religiosa, mientras que más de una cuarta parte (26,9%) declararon ser católicos.
La pandemia expuso y exacerbó aún más los problemas de seguridad y discriminación en Canadá, en concreto los delitos motivados por el odio. Los delitos de odio tienen como objetivo principal y visible la identidad de las personas y pueden tener unas consecuencias desproporcionadas en comunidades enteras. Pueden dirigirse contra una persona o una propiedad por motivos de raza, color, origen nacional o étnico, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, lengua, sexo, edad, discapacidad mental o física, u otros factores similares.
Durante la pandemia, se denunciaron casos de discriminación contra las comunidades judía y musulmana mediante la desinformación y teorías conspirativas relacionadas con la crisis sanitaria; estos casos estaban vinculados, generalmente, con actitudes antijudías y antimusulmanas más amplias.
El número de delitos de odio denunciados a la policía en Canadá se disparó un 27%, pasando de 2646 incidentes en 2020 a 3360 incidentes en 2021, después de que ya hubiera aumentado un 36% en 2020. En general, el número de delitos de odio registrados por la policía aumentó un 72% de 2019 a 2021. El aumento se debió principalmente a un incremento en los delitos de odio contra personas por su religión (+67%, 884 incidentes), orientación sexual (+64%, 423 incidentes) y raza o etnia (+6%, 1723 incidentes). El número de delitos motivados por el odio aumentó en todas las provincias y territorios en 2021, excepto en Yukón, donde se mantuvo estable.
Los datos policiales sobre delitos de odio solo reflejan lo que se pone en su conocimiento y puede ser clasificado como delito de odio. Así, las fluctuaciones en el número de incidentes denunciados pueden reflejar un cambio cuantitativo real, pero también pueden indicar cambios en el índice de denuncias públicas de tales delitos. También pueden indicar una mayor liberalidad en la definición de «odio» de quienes denuncian los delitos.
Según los datos facilitados por la policía, en el período examinado aumentaron los delitos motivados por el odio contra judíos (+47%), musulmanes (+71%) y católicos (+260%). El aumento de los delitos de odio contra la población musulmana se produjo tras un descenso proporcional en 2020. Aunque no es posible vincular los delitos motivados por el odio denunciados por la policía con hechos concretos, la cobertura mediática y el discurso público pueden sensibilizar y suscitar reacciones negativas entre personas con actitudes de odio o que pueden sentirse privadas de derechos. Es lo que ocurrió cuando en 2021 se descubrieron tumbas sin nombre en antiguos internados.
A raíz de los hallazgos, se denunciaron delitos de odio dirigidos contra indígenas, así como contra iglesias y otras instituciones religiosas. Cualquier caso penal que la policía considere motivado por el odio se incluye en las estadísticas. Se espera que a principios de 2023 Juristat saque a la luz un análisis detallado sobre los delitos motivados por odio denunciados por la policía en Canadá en el año 2021.
Entre mediados de junio y finales de julio de 2021, en Canadá fueron quemadas muchas iglesias, por ejemplo en Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan. En el resto del país, los edificios parroquiales sufrieron actos de vandalismo. Se registraron ataques en 68 lugares de culto.
Aunque solo hay pruebas anecdóticas que relacionan los incendios provocados con el descubrimiento de tumbas sin nombre cerca de antiguos internados gestionados por congregaciones religiosas, los pueblos de las Primeras Naciones pidieron que se pusiera fin al vandalismo, «que no hace sino aumentar el dolor de los pueblos indígenas».
En abril de 2021, el Tribunal Superior de Quebec emitió su sentencia en el caso de la ley de laicismo de la provincia, también conocida como Proyecto de Ley 21. La decisión no dejó satisfecho a casi nadie. Tras varias audiencias, el magistrado presidente mantuvo en gran medida la ley. Aunque señaló que esta violaba libertades fundamentales como la libertad religiosa, el juez Marc-André Blanchard concluyó que no podía anular la legislación porque entraba en el ámbito del artículo 33 de la Carta de Derechos y Libertades, comúnmente conocida como «cláusula del “no obstante”», que otorga al Parlamento federal y a las legislaturas provinciales y territoriales el derecho a anular temporalmente el artículo 2 de la Carta durante cinco años. Sin embargo, el juez solo declaró inconstitucionales las disposiciones que afectaban a los consejos escolares de lengua inglesa y a los miembros electos de la Asamblea Nacional de Quebec.
La controvertida legislación, aprobada en junio de 2019 por el gobierno de Coalition Avenir Québec, prohíbe el uso de símbolos religiosos a determinados funcionarios en el desempeño de sus funciones, entre ellos los maestros de primaria y secundaria de las escuelas públicas, los agentes de policía, los jueces y los abogados de la Corona (fiscales).
La decisión del juez Blanchard refleja el delicado equilibrio entre los derechos de los diversos grupos de la sociedad. En concreto, se atuvo a los argumentos de que la ley perjudicaba gravemente a las minorías religiosas y afectaría negativamente a los derechos de las mujeres musulmanas.
De hecho, un estudio publicado en agosto de 2022 por la Asociación de Estudios Canadienses (ACS) pone de relieve los efectos devastadores de la «Ley de Respeto a la Laicidad del Estado», nombre formal de la ley de laicismo. Al parecer, en Quebec han aumentado considerablemente los incidentes de odio contra minorías religiosas desde su aprobación. Según una encuesta realizada para ACS por la empresa de investigación y análisis de mercados Léger, desde la adopción de esta ley, dos de cada tres mujeres musulmanas han sido víctimas o testigos de un incidente de odio.
En junio de 2021, un conductor enloquecido que circulaba en un camión asesinó en Londres, Ontario, a la mayor parte de una familia musulmana a la que, al parecer, atropelló deliberadamente hiriendo a los cinco miembros de la familia, cuatro de ellos mortalmente. Según el jefe de policía, todo apunta a que las víctimas eran el objetivo a causa de su fe.
En abril de 2022, cinco fieles musulmanes resultaron heridos por disparos «indiscriminados» en el exterior de una mezquita de Scarborough (Ontario), cerca de la ciudad de Toronto, una vez concluida la oración.
El papa Francisco visitó Canadá en julio de 2022 en una peregrinación que llamó «penitencial» en la que pidió formalmente perdón a «los pueblos de las Primeras Naciones, Metis e Inuit que sufrieron opresión [...] por parte de las autoridades religiosas y gubernamentales».
Ante esta situación, Mathieu Lavigne, responsable de Mission Chez Nous (organización que trabaja con los indígenas), escribió un artículo, «Laissez les mots se deposer» (Dejad que las palabras se asienten), en el que afirma: «La peregrinación penitencial del papa Francisco ha generado diversas reacciones entre las Primeras Naciones, que van desde un sentimiento de tranquilidad a un nuevo sufrimiento, desde la gratitud a la decepción, desde lágrimas de sanación a lágrimas de ira. ¿No sería más prudente dejar que el tiempo haga su trabajo?».
Creada en el marco de la Estrategia Canadiense de Lucha contra el Racismo, la Secretaría federal de Lucha contra el Racismo organizó dos cumbres nacionales en 2021: la Cumbre Nacional sobre Islamofobia y la Cumbre Nacional sobre Antisemitismo. Ambas reuniones pretendían concienciar sobre los prejuicios y las estrategias antidiscriminatorias contra la religión y la religiosidad.
Futuro de la libertad religiosa
En Canadá la brecha cultural sigue creciendo, lo que ha dado lugar a algunos estereotipos negativos sobre las opiniones basadas en la fe y sobre los creyentes religiosos. El panorama socio-religioso también sigue cambiando debido a la evolución demográfica y al descenso de quienes se identifican como cristianos. Canadá sigue siendo un lugar donde se respeta el Estado de derecho, pero en general se ha producido una reducción palpable del respeto a la libertad religiosa en los últimos años, sobre todo cuando ha entrado en conflicto con opiniones arraigadas relacionadas con la igualdad, la diversidad y la salud pública.
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