Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Según su Constitución, la República de Burkina Faso es un Estado laico que no concede privilegios a ninguna confesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias de sus ciudadanos. En este sentido, se prohíbe la discriminación por motivos religiosos: «Se prohíben las discriminaciones de todo tipo, especialmente las fundadas en la raza, la etnia, la región, el color, el sexo, la lengua, la religión, la casta, las opiniones políticas, la riqueza y el nacimiento» (artículo 1).
Se garantiza «la libertad de creencia, de no creencia, de conciencia, de opinión religiosa, de filosofía, de ejercicio de las creencias, la libertad de reunión, la libre práctica de las costumbres, así como la libertad de procesión y de manifestación, sin perjuicio del respeto a la ley, al orden público, a las buenas costumbres y a la persona humana» (artículo 7).
El artículo 23 define a la familia como «la unidad básica de la sociedad» y prohíbe la discriminación por motivos religiosos «en asuntos de matrimonio», el cual tiene que estar basado «en el consentimiento libre» de ambos esposos y libre de discriminación «por motivos de raza, color, religión, etnia, casta, origen social [y] fortuna».
Las comunidades religiosas pueden registrarse ante las autoridades a través del Ministerio de Administración Territorial y Descentralización, que supervisa los asuntos religiosos, si bien no están obligadas a ello. Las que deciden registrarse tienen que cumplir los mismos requisitos legales que se aplican a cualquier otra organización registrada.
En las escuelas de gestión estatal no está permitida la formación religiosa; sin embargo, hay colegios privados de educación primaria y secundaria, además de centros educativos de niveles superiores, musulmanes, católicos y protestantes. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al Gobierno de la designación de los directores. El Estado inspecciona los programas de estudio de los colegios confesionales para que la orientación y la obediencia religiosa se adecuen a las especificaciones técnicas. En el caso de las escuelas coránicas de Burkina Faso, el control del Estado no es especialmente efectivo, ya que muchas de ellas no están registradas.
Las comunidades musulmana, católica, protestante y animista reciben subvenciones anuales del Gobierno por un importe equivalente a 129 000 dólares estadounidenses. También perciben ayudas para desarrollar una serie de programas y proyectos que, desde el punto de vista del Gobierno, fomentan el bien común o el interés nacional.
Conforme al concordato firmado en septiembre de 2020 entre la República de Burkina Faso y la Santa Sede, la Iglesia católica y sus instituciones en Burkina Faso están sujetas a las leyes civiles. El tratado también regula la cooperación entre el Estado y las instituciones de la Iglesia.
Incidentes y acontecimientos
Durante mucho tiempo se consideró a este país de África Occidental un ejemplo de convivencia pacífica entre religiones. Sin embargo, desde finales de 2015 el país se ha convertido en un foco de extremistas violentos y ahora es uno de los principales escenarios del terror yihadista en el Sáhel.
Los militantes, cuya primera aparición se dio en 2016 con la organización autóctona Ansar ul Islam, se han expandido y ahora también tienen presencia en el país el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental y Yamaat Nusrat al Islam wal Muslimin (afiliada a la organización transnacional Al Qaeda en el Magreb Islámico), que se adentraron desde la vecina Mali por el norte de Burkina Faso y fueron ganando influencia en las regiones occidental, central y oriental del país.
Las repercusiones para la población civil han sido catastróficas. Los ataques perpetrados por movimientos afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico, sobre todo en las regiones septentrional y oriental de Burkina Faso, han causado la muerte de más de 2000 civiles y soldados; más de dos millones de personas han sido desplazadas, «un aumento de más del 7000% desde agosto de 2018, siendo por tanto uno de los de mayor crecimiento del mundo junto con Mozambique y Ucrania», y se han cerrado más de 1000 colegios. Muchos niños están siendo reclutados a la fuerza como niños soldado por el «guerrero de Dios». Según el Consejo Noruego para los Refugiados, 335 723 personas fueron desplazadas en 2021; solo entre enero y julio de 2022, se contabilizaron 398 471 de desplazados.
Durante el período estudiado en este informe se han producido numerosos ataques contra militares y civiles, por lo que la lista de incidentes solo es representativa:
El 4 de junio de 2021, los yihadistas perpetraron un atentado cerca del pueblo de Solhan, en la región fronteriza entre Burkina Faso y Níger. Mataron a alrededor de 160 personas, tanto musulmanas como cristianas, e incendiaron numerosas casas. La Conferencia Episcopal de Burkina Faso habló de una «noche de horror». Según el obispo Laurent Dabiré, en Burkina no hay problemas entre cristianos y musulmanes ni con las demás religiones, sino que «el país está sufriendo ataques de diversos grupos que utilizan el islam para hacer propaganda o para movilizar al pueblo. El islam de los grupos armados no es el islam de nuestros hermanos. Los propios musulmanes de Burkina son sus objetivos».
El 18 de agosto, los terroristas atacaron un convoy civil, dejando numerosas víctimas civiles y militares; funcionarios del Gobierno declararon: «Han muerto 30 civiles, 14 policías militares y tres milicianos progubernamentales, y 30 personas han resultado heridas». El 23 de agosto, los obispos de la Conferencia Episcopal de Burkina-Níger emitieron una declaración conjunta: «Con consternación y dolor hemos tenido conocimiento del atentado terrorista que ha sumido de nuevo a nuestro país en el luto». Los obispos invitaron «a todos los hijos e hijas de la familia eclesial de Dios en Burkina Faso a intensificar su oración por la paz en el país».
El 29 de agosto, el padre Honoré Ouedraogo, de la diócesis de Tenkodogo, en el este de Burkina Faso, declaró que «los islamistas de Burkina Faso obligan a los cristianos a seguir la sharía y a asistir a las oraciones en las mezquitas». Explicó que se obliga a los hombres a llevar pantalones de una longitud adecuada y a no afeitarse la barba, y las mujeres deben llevar velo. La educación occidental está prohibida, y los niños tienen que asistir a madrasas o a escuelas coránicas. Se prohíbe el toque de campanas de las iglesias, y todo el mundo debe acudir a las oraciones de las mezquitas». Según el P. Ouedraogo, en Burkina Faso la inseguridad se ve agravada por la pobreza generalizada: «Al menos el 60% de la población está en paro. No tienen nada que hacer en todo el día, ni dinero. Así que si les ofreces 100 euros por matar a alguien, aceptan la oferta». Es difícil precisar los verdaderos motivos de los terroristas, declaró el P. Ouedraogo, que pueden ir desde el puro pillaje hasta el deseo de hacer la yihad; sin embargo, «las víctimas afirman que los atentados están motivados por el fundamentalismo islámico».
En la última semana de octubre, según los informes recibidos por Ayuda a la Iglesia Necesitada, «un total de 147 personas, entre ellas ocho mujeres embarazadas y 19 niños menores de cinco años, tuvieron que huir de dos pueblos de la frontera con Níger a buscar refugio a Dori». Las víctimas explicaron que, al ser conocida su condición de cristianos, corrían peligro porque los terroristas «los buscaban expresamente para matarlos». Según los testigos, los terroristas pedían un impuesto por cabeza de ganado. Si el propietario no podía pagar, los grupos armados confiscaban los animales. Según las fuentes, últimamente se han dado casos de terroristas que han preguntado primero si el propietario era cristiano o musulmán: «Si los propietarios eran cristianos, los atacantes no consideraban necesario contar los animales, porque decían que no solo querían llevárselos, sino también matar a los propietarios».
En diciembre de 2021, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su primera visita a Burkina Faso intentó comprender la compleja situación del extremismo violento, el cambio climático y las crisis humanitarias. Bachelet realizó un informe sobre este «conflicto que dura ya seis años, en el que participan grupos armados vinculados a Al Qaeda, el grupo Estado Islámico y el pillaje local. Citó denuncias de ejecuciones sumarias, secuestros, desapariciones forzadas y violencia sexual por parte de grupos extremistas violentos, grupos de defensa locales y fuerzas de seguridad y defensa nacionales».
El 24 de enero de 2022, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba dio un golpe de Estado con el apoyo del ejército y encarceló al presidente electo Roch Marc Kaboré. El nuevo líder declaró que su prioridad era mejorar la seguridad de la nación. Creó comités locales para entablar conversaciones con los yihadistas e intentar romper la espiral de violencia. En esas reuniones, los nuevos dirigentes propusieron beneficios sociales (como actividades profesionales en los ámbitos de la agricultura o la ganadería) y ayuda para reintegrar en la sociedad a los yihadistas que aceptaran deponer las armas.
A finales de enero, la Conferencia Episcopal de Burkina Faso señaló en un comunicado que «cambios tan bruscos e inconstitucionales no están exentos de problemas». También afirmó que, aunque la seguridad es un problema importante, deben abordarse otras cuestiones, como «el regreso de los desplazados a sus hogares, la reconciliación nacional, los retos económicos y muchos otros que requieren la participación de todos». Además, manifestó que «la autoridad es un servicio al bien común» y que los dirigentes deben «garantizar a los detenidos su seguridad, integridad física y dignidad».
El 2 de febrero, murieron veinte personas en un atentado terrorista en una mina de oro de Kougdiguin, en el norte del país. El 12 de marzo, otras 11 personas murieron en otro atentado contra una mina de oro. El control de las zonas ricas en recursos invita a ataques frecuentes para saquearlas y como medio de fomentar la actividad terrorista.
El 11 de mayo, murieron una veintena de terroristas y se destruyeron cuatro bases yihadistas en una operación antiterrorista.
El 19 de mayo, los yihadistas atacaron a las fuerzas militares provocando la muerte de varios soldados y más de 20 heridos. El 20 de mayo, un atentado yihadista contra civiles causó diecisiete muertos y siete heridos. El 25 de mayo, en Madjoari (al este de Burkina Faso), murieron más de 50 personas en un atentado yihadista. En los meses de abril y mayo, murieron más de 200 civiles y soldados como consecuencia de atentados extremistas en el norte y el este del país.
El 25 de mayo, las autoridades aduaneras de Burkina Faso anunciaron «la incautación de 115 kg de cocaína de una furgoneta procedente de Sierra Leona y con destino a Ghana. Antes de llegar al puesto fronterizo de Burkina Faso, el cargamento había pasado por Guinea Conakry y Malí». La inestabilidad del país, la mezcla de criminalidad y yihadismo, y la porosidad de las fronteras en las zonas rurales están alimentando la «infiltración de organizaciones criminales internacionales que utilizan Burkina Faso como punto de tránsito para tráficos ilícitos como el de drogas».
El 5 de junio, en el norte del país, murieron siete soldados y cuatro voluntarios civiles a manos de terroristas. También el 5 de junio, un total de 160 personas murieron en un gran atentado atribuido por las autoridades a grupos yihadistas. Estos atentados provocaron un llamamiento internacional a intensificar los esfuerzos en la lucha antiterrorista en África Occidental. Tras el asalto, el papa Francisco manifestó sus condolencias a las familias y pidió el fin de la violencia. La Conferencia Episcopal de Burkina Faso invitó a la comunidad católica a rezar por las víctimas.
El 5 de julio, 22 civiles, varios de ellos niños, fueron asesinadas en Bourasso, provincia de Kossi. El día anterior, otras 12 personas murieron en el norte de Burkina Faso en un atentado perpetrado en Namissiguima, en la provincia de Yatenga.
El 18 de agosto, unos presuntos yihadistas mataron a casi 50 personas, entre ellas 30 civiles, en un ataque contra un convoy en el norte del país.
La Hna. Suellen Tennyson, misionera católica estadounidense, fue secuestrada por yihadistas en la parroquia de Yalgo, a 110 kilómetros de la capital de Kaya, en la región Centro-Norte. Tras cinco meses de cautiverio, la liberaron el 1 de septiembre y, según los medios de comunicación locales, lo más probable es que el rescate se debiera a la actuación de las fuerzas de seguridad estadounidenses.
El 30 de septiembre se produjo un golpe de Estado en la capital, Uagadugú, que derrocó al jefe de la anterior junta militar, el teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba. En la noche de ese mismo día, el capitán Ibrahim Traoré se presentó en la televisión estatal como el rostro de la nueva cúpula militar y, en un discurso en el que se refirió a la violencia yihadista, declaró: «Esto ha ocurrido porque algunas cosas no funcionan bien. Nos hemos visto obligados a movernos rápidamente para cambiar las cosas, porque todo el país se encuentra en una situación de emergencia». Tras dos días de tensiones, los líderes religiosos locales negociaron la marcha del teniente coronel Damiba a Togo.
En diciembre de 2022, el cardenal Philippe Ouédraogo declaró en su mensaje anual de Navidad: «El año 2022 que termina ha sido particularmente doloroso. Registramos y deploramos la pérdida de vidas humanas en todos los ámbitos. Los conflictos comunitarios, la estigmatización, la marginación, la exclusión, la injusticia y el mal gobierno son terreno fértil para el terrorismo». El cardenal hizo un llamamiento para poner fin al violento conflicto en la nación de África Occidental: «Silenciemos las armas en favor del diálogo para una convivencia fraternal».
Futuro de la libertad religiosa
La arraigada reputación de Burkina Faso como nación que gozaba de una convivencia pacífica se ha hecho añicos en la última década al introducirse la violencia extremista. Las repercusiones sobre los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa, han sido inmensas. En septiembre de 2022, un informe del Consejo Noruego para los Refugiados afirmaba que «prácticamente una de cada 10 personas en Burkina Faso se ha visto desplazada por el conflicto. Lo más preocupante es que la tasa de inseguridad alimentaria severa casi se ha duplicado respecto el año pasado, con más de 600 000 personas en situación de emergencia por hambre durante esta temporada de escasez».
Lamentablemente, los factores que favorecen la inseguridad —como la pobreza, la corrupción, la debilidad de las estructuras estatales, una juventud privada de derechos, así como la violencia preexistente entre comunidades por los derechos sobre la tierra y los conflictos entre pastores y agricultores— están muy arraigados. Centradas en la lucha antiterrorista, las autoridades, que, si bien han frustrado varios atentados, al parecer también son responsables de abusos contra civiles, han tardado en responder a la magnitud de la crisis extremista y siguen siendo incapaces de abordar los problemas subyacentes que alimentan el reclutamiento yihadista. Los atentados terroristas también crean las condiciones adecuadas para que los desplazados internos sigan siéndolo a largo plazo, ya que los asaltos obligan a los habitantes a marcharse y los atacantes se apoderan de sus tierras, impidiendo el retorno.
A pesar de los esfuerzos de los líderes religiosos por reforzar la cohesión social y la tolerancia religiosa, los grupos yihadistas van avanzando y ganando poder. Se han aplicado medidas radicales impuestas ante la falta de seguridad, como el cierre de colegios y capillas católicas.
Sin un compromiso local e internacional significativo, las perspectivas para la libertad religiosa en Burkina Faso a corto y quizá a largo plazo siguen siendo negativas.
Burkina Faso