Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El sultanato de Brunéi está situado en Borneo, isla que comparte con Malasia e Indonesia. Habiendo sido en tiempos un gran imperio, decayó durante el siglo XIX convirtiéndose en 1888 en un protectorado británico. Los japoneses ocuparon el país durante la Segunda Guerra Mundial. Brunéi no recuperó su independencia plena respecto al Reino Unido hasta 1984.
En 1959 se promulgó su actual Constitución, modificada en 2006. En ella se determina que la religión oficial del país es el islam «según la escuela shafi’i de la ahl al sunna wal yamaa» (artículo 2.1). La escuela shafi’i (o shafiita) es una de las cuatro escuelas o interpretaciones principales de jurisprudencia islámica (fiqh). Se otorga cierta protección a la libertad religiosa en el momento en que declara que «las personas que profesan el resto de las religiones pueden practicarlas en paz y armonía» (artículo 3.1).
El Sultanato de Brunéi es una monarquía absoluta que promueve la filosofía nacional del melayu islam beraja o monarquía islámica malaya a través de un organismo llamado Consejo Supremo que tiene el mandato de impulsar la filosofía nacional y fomentar la práctica del islam.
Los tribunales civiles y de sharía de Brunéi funcionan en paralelo. Los tribunales civiles se basan en el derecho anglosajón (common law) y en un código penal laico. Los tribunales de sharía aplican la ley islámica tal y como la interpreta la escuela shafi’i. Los tribunales de sharía se ocupan de causas penales, de familia y de otras causas civiles. No solo aplican la antigua legislación de la sharía, sino también el nuevo Código Penal de la Syaria (sharía). El Gobierno promulgó la primera fase de este nuevo código en 2014, a la que siguieron las fases segunda y tercera en abril de 2019.
La sharía se aplica tanto a los musulmanes como a los no musulmanes. Ningún ciudadano de Brunéi, ni visitante extranjero, puede mostrar conductas consideradas no islámicas, sea o no musulmán, y todos están sujetos a sanciones penales. Entre las prohibiciones de la sharía se cuentan el consumo de bebidas alcohólicas y comer en público durante las horas de ayuno del Ramadán, que habitualmente se hacen cumplir. Sin embargo, los no musulmanes no están sujetos a otros requisitos específicos de la piedad islámica, como la oración de los viernes y la zakat (la limosna).
Existe una amplia gama de disposiciones legales que protegen a la religión oficial en otros ámbitos. Se considera delictivo cualquier acto que «tienda a empañar la imagen del islam». Es ilegal criticar el Código Penal de la Syaria. Desde 2015 están prohibidas las celebraciones públicas de la Navidad, como la colocación de adornos y cantar villancicos, porque se considera que podría perturbar la «aqida (las creencias) de la comunidad musulmana». A pesar de la prohibición, algunos establecimientos venden artículos relacionados con la Navidad y anuncian actividades de temática navideña. Navidad sigue siendo un día festivo. Asimismo, desde 2015 el Gobierno ha endurecido las restricciones a la celebración pública de las festividades religiosas chinas.
Todos los grupos religiosos deben registrarse ante las autoridades. Esto implica proporcionar información detallada sobre la organización, sus miembros y sus actividades. El registro es necesario, pero la Oficina de Registro tiene facultades discrecionales y puede denegarlo. Carecer de él puede implicar la acusación de reunión ilegal, lo que conlleva una sanción. La pertenencia a una organización no registrada se sanciona conforme al derecho penal, con condenas de prisión de hasta tres años. Cualquier reunión pública de cinco o más personas, incluyendo las que tienen fines de culto, precisa de una licencia oficial.
Las ampliaciones o mejoras en edificios gestionados por grupos religiosos no musulmanes están sujetas a la normativa gubernamental y el resultado es que, con frecuencia, estos locales se quedan demasiado pequeños o inadecuados por diferentes motivos. En Brunéi solo hay un puñado de iglesias, además de unos cuantos templos budistas, taoístas e hindúes. Aunque en principio se pueden reparar las infraestructuras de las Iglesias y de los colegios privados gestionados por ellas, en la práctica se dice que el proceso de aprobación es largo, complejo y se ve sometido a retrasos. Una fetua prohíbe a los musulmanes ayudar a los no musulmanes a conservar su fe, otro motivo más para que se abstengan de trabajar en locales no musulmanes.
El Gobierno ha prohibido una serie de grupos religiosos. Entre ellos cabe reseñar la forma ahmadí del islam, el arqam (rama del islam con sede en Malasia), la fe bahaí y los testigos de Jehová. Las prohibiciones están incluidas en unas fetuas elaboradas por el muftí del Estado y por el Consejo Religioso Islámico. Según el nuevo código penal, los musulmanes no pueden cambiar de religión ni renunciar a ella.
Los colegios gestionados por el Ministerio de Educación Religiosa o Ministerio de Asuntos Religiosos imparten educación religiosa islámica. En estos colegios, la educación islámica es obligatoria para los niños musulmanes y opcional para los alumnos no musulmanes. Además se obliga a los padres musulmanes a matricular a sus hijos en colegios que ofrezcan formación religiosa complementaria. Si no lo hacen, les pueden imponer multas o penas de prisión de hasta un año. Los programas de educación religiosa aprobados por el Gobierno no contemplan credos no musulmanes.
El Ministerio de Educación reconoce a los colegios privados gestionados por las Iglesias, que pueden aceptar alumnos de cualquier religión. Sin embargo, ni siquiera a estos colegios privados gestionados por Iglesias se les permite ofrecer enseñanza religiosa cristiana; el incumplimiento de esta prohibición puede resultar en cargos penales. No se contempla la enseñanza de otras formas de islam. Las confesiones que no sean la islámica según la escuela shafi’i solo se pueden enseñar en espacios privados, por ejemplo viviendas familiares o iglesias registradas.
El Ministerio de Asuntos Religiosos redacta el contenido de los sermones de las oraciones de los viernes, que solo pueden predicar imanes registrados ante el Estado. El Gobierno ha advertido a la población en contra de cualquier otra forma de islam, ya sea islam liberal, salafí o wahabí. Esta imposición de una determinada forma de islam en el país se suele justificar como una defensa contra el extremismo.
La mayor parte de las reuniones oficiales comienzan con oraciones islámicas. Durante la oración de los viernes se cierran los negocios, y los restaurantes no sirven comida en las horas de ayuno del Ramadán. A los habitantes del país se les obliga a llevar documentos de identidad que, en la práctica, se usan para conocer la religión del portador. A quienes visitan el país se les pide que especifiquen su religión al solicitar el visado.
La prensa de Brunéi difunde con frecuencia historias de conversiones al islam shafi’i. Estas conversiones están incentivadas por el Estado, que concede beneficios a quienes cambian de religión: ayudas económicas, viviendas nuevas, grupos electrógenos, bombas de agua o sumas de dinero que les permiten realizar la peregrinación a La Meca (hach). Estos incentivos se dirigen especialmente a los miembros de los grupos indígenas de las zonas rurales.
Incidentes y acontecimientos
En abril de 2019, el Gobierno puso en marcha las tan esperadas segunda y tercera fase del Código Penal de la Syaria. En consecuencia, a lo largo del período estudiado en este informe, este código ha seguido poniendo en peligro la libertad religiosa y otros derechos humanos fundamentales de múltiples maneras. Por ejemplo, prohíbe difamar al profeta Mahoma, delito castigado con la pena de muerte tanto para los musulmanes como para los no musulmanes.
En términos generales, el Código Penal de Syaria tipifica como delito la apostasía, castiga cualquier acto de «entrega o suministro de publicaciones relacionadas con cualquier religión que no sea el islam» y prohíbe el uso de términos islámicos para expresar cualquier «hecho, creencia, idea, concepto, acto, actividad [o] asunto» relacionado con las religiones no musulmanas. Entre las penas establecidas para algunos delitos se cuentan la muerte por lapidación (para la blasfemia, apostasía, adulterio, prácticas homosexuales…) y la flagelación (para musulmanes que consumen bebidas alcohólicas). Sin embargo, ante las protestas manifestadas en todo el mundo, el sultán Hassanal Bolkiah declaró que esta norma no se aplicaría.
Desde abril de 2019, el Código Penal de Syaria tipifica como delito la difusión de cualquier religión que no sea el islam tanto entre musulmanes como entre no musulmanes, la exposición de los niños musulmanes a cualquier confesión que no sea el islam y la crítica a las autoridades religiosas musulmanas. Este código también prescribe sanciones por ayudar a personas que realizan actividades prohibidas. Según Human Rights Watch, «todas estas disposiciones colocan a los fieles no musulmanes, y a quienes no tienen fe en general, en una situación de marginación, y limitan gravemente su libertad de religión, contraviniendo las normas internacionales de derechos humanos».
En respuesta, aparentemente, a las intensas críticas internacionales al Código Penal de la Syaria, el sultán Hassanal Bolkiah anunció el 5 de mayo de 2019 «una moratoria de facto a la ejecución de [la] pena de muerte para los casos» que respondan a cualquier artículo del código. Sin embargo, esta moratoria «de facto» permite al sultán restablecer la pena capital en cualquier momento para delitos capitales como la blasfemia, la apostasía, la sodomía y el adulterio.
El 29 de mayo de 2021 falleció el cardenal Cornelius Sim, primer sacerdote católico de Brunéi y vicario apostólico en el país. A pesar de haber servido allí durante casi 20 años, a su muerte el Gobierno no le rindió honores ni reconocimiento. La Iglesia católica está presente en Brunéi desde hace más de 90 años, e incluso cuenta con tres colegios católicos en los que la mayor parte de los alumnos son musulmanes.
El 18 de junio de 2022, el Borneo Bulletin informó de que los imanes del país se habían manifestado a favor de celebrar los logros de las mujeres. Según el artículo, «los imanes han dicho [que] en el país las mujeres ya no están reducidas o limitadas al hogar, sino que están implicadas en el trabajo fuera del hogar, en ocupaciones que van desde actividades económicas informales hasta trabajos profesionales, en los ámbitos de la educación, la religión, la medicina, la ingeniería, la banca y el derecho...».
Futuro de la libertad religiosa
Aunque los no musulmanes no han informado de nuevas restricciones a sus prácticas religiosas durante el período estudiado en este informe, la plena aplicación del Código Penal Syaria amenaza con reforzar un clima social y político que ya es hostil a la libertad religiosa. Dada la enorme presión que experimentan tanto musulmanes como no musulmanes para ajustarse a las normas islámicas (en especial los cristianos, que denuncian que sufren discriminación en el lugar de trabajo y en ocasiones hostilidad en los medios de comunicación social), es probable que el nuevo código cree una atmósfera aún más represiva, en parte por autocensura, aunque sus disposiciones no se lleguen a aplicar oficialmente. Por todo ello, la situación de la libertad de religión en Brunéi sigue siendo negativa, y las restricciones probablemente seguirán vigentes en el futuro próximo.
Brunéi