Marco legal y su aplicación efectiva
La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el país fue refundado «con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios». La Constitución establece que Bolivia es un Estado «intercultural» basado en el pluralismo (artículo 1); además, proclama que «el Estado es independiente de la religión» y que en él se «respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales» (artículo 4).
La Constitución reconoce la religión como parte de la cultura boliviana: «El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones» (artículo 98.2). La riqueza cultural procedente del culto religioso es patrimonio cultural del pueblo boliviano (artículo 99).
Los bolivianos tienen derecho «a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados tanto en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos» (artículo 21.3).
La «identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y [...] cosmovisión» de las naciones y pueblos indígenas está protegida expresamente por el artículo 30.2. Sus «lugares sagrados» y «saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas [deben ser] valorados, respetados y promovidos» (artículo 30.7 y 9).
El Estado prohíbe y sanciona «toda forma de discriminación fundada en razón de [...] credo religioso» (artículo 14.2). Además, este garantizará, «sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos» (artículo 14.3).
Hay libertad de enseñanza de religión en los centros educativos. El artículo 86 declara que «no se discriminarán en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción religiosa» en dichos centros. Las entidades religiosas tienen el derecho de administrar centros educativos (artículo 87). Se reconoce «el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos» (artículo 88.2).
La educación y la libertad religiosa también están reguladas por la Ley de Educación de diciembre de 2010, que define la educación como «unitaria y pública» (artículo 1.5). Esta ley establece que la educación es «una y única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y lo privado» (artículo 3.4). El artículo 3.6 señala que la educación «es laica, pluralista y espiritual». La ley «reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de la religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas» y fomenta «el respeto y la convivencia mutua entre personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando el diálogo interreligioso».
Por último, el reconocimiento jurídico de los grupos religiosos está regulado por la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas de marzo de 2013, cuyo artículo 3 se refiere a las organizaciones religiosas y espirituales.
La Santa Sede y Bolivia firmaron en 1986 un acuerdo sobre la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Promulgada en abril de 2019, la Ley n.º 1161 de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Religiosas obliga a las organizaciones religiosas o espirituales a registrarse y presentar informes sobre sus actividades legales, sociales, económicas y religiosas.
La Asamblea Legislativa de Bolivia ha declarado en varias ocasiones que las propiedades de las Iglesias y fiestas religiosas forman parte del patrimonio cultural material e inmaterial del país.
Incidentes y acontecimientos
La Iglesia católica ha sido víctima de repetidos ataques durante los dos años estudiados en este informe.
En agosto de 2021, profanaron imágenes sagradas en el Templo Misionero de San Javier de Santa Cruz.
En octubre de 2021, el obispo de El Alto denunció la incautación ilegal de un canal de televisión católico.
También en octubre de 2021, la titular de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, acompañada por activistas proabortistas, destrozaron la sede de la Conferencia Episcopal de Bolivia en La Paz. Atacaron a la Iglesia católica por impedir que una niña de 11 años, embarazada a causa de una violación, abortara. La Iglesia negó la acusación, señalando que admitió a la menor en uno de sus albergues a petición de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Ambas partes recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): la madre solicitando una medida cautelar y la Defensoría exigiendo que se practicara el aborto. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso a la niña a disposición de la Defensoría del Pueblo y se practicó el aborto. La Comisión también instó a Bolivia a proteger a las menores de los embarazos forzados. Por su parte, la ONU de Bolivia dijo que imponer a una niña un embarazo forzado es «una forma de tortura».
A raíz de este caso, varias iglesias católicas sufrieron ataques: por ejemplo, la catedral basílica de San Lorenzo Mártir de Santa Cruz fue atacada durante la misa dominical. Asimismo, aparecieron pintadas y consignas en la iglesia de San Francisco de Santa Cruz, en la parroquia de San Roque de la diócesis de Tarija, en la basílica de María Auxiliadora y en la parroquia del Señor de la Exaltación de La Paz.
En noviembre de 2021, fue detonado un artefacto explosivo frente a las oficinas de la Conferencia Episcopal de Bolivia en La Paz, presumiblemente para intimidar y silenciar a la Iglesia católica de Bolivia.
Una serie de representantes de movimientos feministas fueron acusados de haber atacado a la Iglesia católica en los años 2021 y 2022. En noviembre de 2021, durante una concentración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un grupo de mujeres agredió verbal y físicamente a unos fieles católicos que custodiaban la parroquia de María Auxiliadora en La Paz.
El Día Internacional de la Mujer, en marzo de 2022, grupos feministas pintaron grafitis en los muros exteriores de la basílica de María Auxiliadora y de una parroquia de Cochabamba. El Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Paz pidió a las autoridades que garantizaran el Estado de derecho.
A pesar de los ataques contra personal y edificios, la Iglesia católica desempeñó un importante papel mediador tras las grandes crisis sociales y políticas que azotaron el país en 2019. En junio de 2021, la Conferencia Episcopal de Bolivia publicó un informe en el que se esbozaban iniciativas para la consolidación de la paz de cara a facilitar un proceso de diálogo.
En agosto de 2021, el arzobispo de Santa Cruz pidió la liberación de las personas encarceladas tras «procedimientos judiciales dudosos», e instó a cambiar la forma en que se administra la justicia para que refleje las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales. En noviembre de 2021, durante las revueltas sociales, la Iglesia propuso una «tregua social amplia», mientras que en febrero de 2022 manifestó su preocupación por la falta de avances en la reforma del sistema judicial.
En cuanto a la cooperación entre la Iglesia católica y el Estado, en febrero de 2022 se firmó un acuerdo entre el municipio de Santa Cruz y la Iglesia en beneficio de 300 escuelas. Según dicho acuerdo, el municipio se comprometía a mantener la infraestructura y pagar los servicios básicos. Por su parte, la Iglesia garantizaría la calidad de la educación impartida en las escuelas.
Sin embargo, las Iglesias católica y evangélica y el Instituto Nacional de Estadística (INE) no alcanzaron un acuerdo sobre la petición realizada por las Iglesias en junio de 2022 de incluir una pregunta sobre religión en el Censo de 2022. Al rechazar la petición, el INE alegó «que el tema de la religión no es relevante».
En cuanto al compromiso de las Iglesias y el Estado durante la pandemia de la COVID-19, en septiembre de 2021, durante el proceso de vacunación, las Iglesias evangélicas solicitaron al Gobierno que no hiciera obligatoria la vacunación, no por motivos religiosos, sino en nombre de la libertad de elección. En diciembre de 2021, se implantó una tarjeta de vacunación COVID-19; en enero de 2022, el Ministerio de Trabajo señaló que «los empleados que, por objeción de conciencia, razones personales, [...] u otros motivos, no hayan sido vacunados» deberían presentar los resultados de la prueba RT-PCR.
Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe, muchas iglesias católicas han sufrido ataques atribuidos, en varios casos, a grupos intolerantes con la postura provida de la Iglesia católica. A pesar de ello, la Iglesia católica es ampliamente reconocida como mediadora autorizada en las crisis políticas y sociales del país. En comparación con el período del anterior informe, la situación de la libertad religiosa ha empeorado y las perspectivas para este derecho son negativas.
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