Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Bután de 2008 reconoce que «el budismo es el legado espiritual de Bután» y que todas las instituciones religiosas tienen la responsabilidad de «promover el legado espiritual del país» (artículo 3.1), «garantizando que la religión permanezca separada de la política» (artículo 3.3). Al mismo tiempo, este documento establece que los ciudadanos butaneses «tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión», y prohíbe la «coacción o inducción» a la pertenencia a una fe religiosa (artículo 7.4).
Es difícil conciliar ambos principios. De hecho, el principio constitucional de libertad religiosa es aún relativamente nuevo en Bután, después de siglos de monarquía absoluta y de gobierno clerical budista. La Comisión Electoral de Bután defiende el principio de separación entre el Estado y la religión conforme a la ley de organizaciones religiosas de 2007 «para garantizar que instituciones y personalidades religiosas permanezcan por encima de la política» (artículo 13.e).
Aunque el principio de libertad religiosa se encuentra en la Constitución, está prohibido hacer proselitismo. La ley exige a los grupos religiosos obtener una licencia para celebrar reuniones religiosas públicas, y que se registren en la Comisión para las Organizaciones Religiosas. En 2020 esta Comisión aprobó 14 grupos religiosos, pero ninguno de ellos de religiones minoritarias.
La Hindu Dharma Samudaya de Bután, uno de los dos grupos hindúes formalmente reconocidos, afirmó haber recibido un gran apoyo para edificar templos y practicar libremente sus costumbres y festividades religiosas.
Incidentes y acontecimientos
La Lista Mundial de la Persecución de 2022 situó a Bután en la posición 34 entre los 50 países en los que es más difícil «seguir a Jesús». Los conversos al cristianismo siguen afrontando una fuerte discriminación y algunas familias consideran la conversión como una deshonra. Los cristianos también tienen dificultades a la hora de obtener certificados de no objeción, «necesarios para solicitar préstamos, registros de la propiedad, solicitudes de trabajo y renovar las tarjetas de identidad». Para las Iglesias cristianas, la carencia de registro supone con frecuencia no poder adquirir propiedades ni recaudar fondos. La construcción de edificios religiosos también es complicada. Se necesita la aprobación del Gobierno y, por ley, todos los edificios, incluidas las estructuras religiosas, tienen que observar las normas arquitectónicas tradicionales que están establecidas por la Comisión para las Organizaciones Religiosas.
Los cristianos también tienen dificultades para adquirir terrenos para enterramientos, ya que no hay un proceso gubernamental claro. Por esto, algunos cristianos entierran a sus difuntos en «zonas no desarrolladas lejos de sus pueblos».
Se ha denunciado que desde febrero de 2022, unos 7000 lhotshampas, grupo predominantemente hindú de origen nepalí, han sido concentrados en campos de refugiados en Nepal. Bután ha expulsado a unos 100 000 lhotshampas desde 1990. Los presos políticos continúan encarcelados en las prisiones de Chemgang y Rabuna y la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Katmandú informó de que, debido a la pandemia de COVID-19, sigue siendo difícil obtener permisos para visitas de familiares y para realizar inspecciones.
Futuro de la libertad religiosa
Respecto a la libertad religiosa, la situación no ha sufrido ningún cambio significativo en los dos últimos años. Aunque no se han registrado incidentes graves en Bután y tampoco se ha observado un patrón de persecución religiosa violenta durante el período estudiado en este informe, las religiones minoritarias, como el cristianismo, siguen sin estar reconocidas y sin recibir apoyo por parte del Gobierno. La cuestión de los lhotshampas sigue siendo un asunto preocupante sin resolver. Por ello, el futuro de la libertad religiosa sigue siendo negativo.