Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución del país define Benín como un Estado laico que prohíbe la discriminación religiosa. La libertad de religión está consagrada como un derecho humano fundamental y es defendida como principio básico de las relaciones entre las distintas religiones. La Constitución exige que los partidos políticos respeten la naturaleza laica del Estado en sus acciones e iniciativas; va aún más lejos, al expresar que «la laicidad del Estado no podrá ser objeto de revisión» (artículo 156).
Quien desea fundar una comunidad religiosa tiene que presentar una solicitud de registro en el Ministerio del Interior.
Está prohibido impartir formación religiosa en la escuela pública, pero los colegios privados gestionados por grupos religiosos sí pueden enseñar religión y recibir financiación pública.
Las relaciones entre las comunidades religiosas han sido pacíficas. Una parte significativa de la población practica el vudú.
Incidentes y acontecimientos
En general, en Benín se respeta el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, sigue habiendo problemas en los procesos políticos. En abril de 2021, Patrice Talon fue reelegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 86,36% de los votos. Los observadores internacionales afirman que las autoridades han «descalificado, detenido o forzado al exilio a los principales candidatos de la oposición».
En abril de 2021, la Iglesia católica de Benín celebró 160 años de evangelización. A pesar de las entusiastas celebraciones, manifestaron su preocupación por el sincretismo (la mezcla de cristianismo y brujería) persistente de los fieles. Un periodista de Fides declaraba: «Por desgracia, muchos católicos siguen teniendo un pie en la Iglesia y otro en los diversos santuarios de la religión tradicional, donde se les promete poder y riqueza a buen precio».
El 20 de mayo de 2021, la Conferencia Episcopal católica condenaba «el resurgimiento de los crímenes rituales y los sacrificios humanos en algunas zonas de nuestro país, que a veces conducen a la justicia popular». Benín ha sido testigo de un aumento de los crímenes rituales, y se han encontrado cadáveres abandonados. Los albinos del país se han convertido en víctimas de los curanderos tradicionales «debido a la creencia de que sus órganos pueden favorecer la curación de algunas enfermedades».
El 21 de octubre de 2021, el Parlamento de Benín adoptó un proyecto de ley —modificando las disposiciones de los artículos 17 y 19 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2003— que legalizaba el aborto en la mayor parte de las circunstancias. Anteriormente, el aborto solo era legal en casos de violación o incesto, si la vida de la madre corría peligro o si el feto padecía una enfermedad especialmente grave. Entre otras circunstancias, la nueva ley permite el aborto si el embarazo «puede agravar o provocar una situación de desamparo material, educativo, profesional o moral incompatible con los intereses de la mujer y/o del hijo no nato».
Dos días antes de su puesta en marcha, el 19 de octubre, los obispos católicos de Benín instaron a los diputados a oponerse al proyecto de ley declarando: «A ustedes, diputados, a ustedes, parlamentarios temerosos de Dios, a ustedes, parlamentarios católicos, los obispos de Benín les suplican en nombre de Dios, en nombre de la humanidad, en nombre de los niños inocentes, que saquen de los valores culturales, morales y espirituales del pueblo al que representan los recursos necesarios para decir un NO categórico a la cultura de la muerte».
El 21 de enero de 2022, la Conferencia Episcopal católica reiteró su rechazo a la nueva ley y esbozó un plan de ocho puntos que incluía una recomendación para que se crearan en todas las diócesis de Benín «centros de escucha y acompañamiento a las niñas o mujeres en apuros a causa del embarazo, además de estructuras de acogida de la vida en las que los niños nacidos de embarazos con dificultades tengan la oportunidad de vivir».
Benín se ha convertido en uno de los pocos países africanos que da un paso así. En 2016, solo Zambia, Cabo Verde, Mozambique, Sudáfrica y Túnez tenían leyes relativamente liberales sobre el aborto.
Por otra parte, el país lleva varios años siendo objeto de crecientes amenazas por parte de extremistas islámicos y yihadistas. Grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico actúan en Burkina Faso y Níger, vecinos septentrionales de Benín, y están realizando incursiones cada vez más frecuentes en su territorio.
El 2 de diciembre de 2021, dos soldados murieron en un ataque de militantes islamistas en el norte de Benín. Este ha sido el primer ataque que se comunica desde 2019.
El 11 de febrero de 2022, nueve personas murieron en un atentado en el norte de Benín, en un parque nacional fronterizo con Níger y Burkina Faso.
El 13 de abril de 2022, cinco soldados murieron en un parque nacional del norte de Benín, presuntamente a manos de militantes del Estado Islámico.
Futuro de la libertad religiosa
Tres regiones del norte de Benín comparten proximidad geográfica con zonas de actividad extremista violenta, concretamente Burkina Faso, Níger y Nigeria. Además de la amenaza de que la violencia islamista se extienda a estas zonas, los informes indican que existe un riesgo cada vez mayor de contagio por parte de organizaciones extremistas violentas como lo demuestra el aumento de «predicadores itinerantes, el reclutamiento de jóvenes [...], el tránsito de combatientes procedentes del Sáhel y el comercio con extremistas violentos».
A pesar de estas crecientes amenazas a la seguridad, a las que hay que prestar atención, en general la libertad religiosa se respeta y en Benín las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas. También habrá que prestar atención a los recientes cambios en la ley del aborto, en particular a las posibles dificultades (como se ha puesto de manifiesto en Occidente) de los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia y a la libertad religiosa.
Benin