Marco Legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La situación constitucional de la libertad religiosa en Bangladés es paradójica en sí misma. Por un lado, la Constitución establece que «sujeto a la ley, al orden público y a la moralidad, todo ciudadano tiene derecho a profesar, practicar o difundir todas las religiones» (artículo 41.1.a). Por otro lado, el mismo documento consagra el islam como religión del Estado y, al mismo tiempo, reconoce explícitamente el «laicismo» como principio constitucional básico.
Concretamente, el preámbulo y el artículo 8 de la Carta Magna definen respectivamente el laicismo como «un ideal elevado» y uno de los «principios fundamentales de la política estatal». El artículo 12 (suspendido en el pasado, pero restablecido en junio de 2011 en virtud de la 15ª Enmienda) establece además que «el principio de laicismo se realizará mediante la eliminación de: (a) el comunismo en todas sus formas; (b) la concesión por parte del Estado de un estatuto político a cualquier religión; (c) el abuso de la religión con fines políticos; (d) cualquier discriminación o persecución contra personas que practiquen una religión determinada». Sin embargo, el artículo 2.a estipula que «la religión de Estado de la República es el islam», con la salvedad de que «el Estado garantizará el mismo estatus y los mismos derechos a la práctica a hindúes, budistas, cristianos y otras religiones».
Esta paradoja se mantiene hoy día. El 28 de marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Bangladés defendió el estatus del islam como religión del Estado. Con el país desgarrado por las tensiones religiosas y el creciente islamismo, los jueces fallaron a favor del lugar preeminente del islam en el orden constitucional.
Bangladés se independizó de Pakistán en 1971 y desde entonces está tropezando continuamente con la cuestión de su identidad fundamental. Hoy el país se encuentra en una posición más ambivalente y conflictiva que en cualquier otro momento desde la independencia. Oficialmente, la Liga Awami en el poder fomenta e impone desde arriba el laicismo, pero a nivel social una fuerte corriente de islamismo extremista sigue generando una hostilidad significativa contra las minorías religiosas.
A la vez que el islam suní ocupa un lugar importante en el sentido de identidad del país, muchos bangladesíes también están orgullosos de sus tradiciones tolerantes y moderadas. En 1972, Bangladés adoptó una Constitución basada en una identidad lingüística y laica. Sin embargo, en 1988, un régimen militar dirigido por el general Hussein Muhammad Ershad cambió la constitución para convertir al islam en la religión de Estado. Desde entonces, un poderoso movimiento político e intelectual está intentando reforzar el laicismo, mientras que un movimiento opuesto fomenta la islamización.
Este conflicto en torno a la identidad nacional ha cristalizado en dos facciones ideológicas totalmente opuestas: «laicistas» contra «islamistas». Para el historiador Samuel Berthet, «la relación entre religión y Estado es clave en la historia de la partición de la India y la separación de Pakistán en 1947, así como en la historia del proyecto de nación bangladesí desde su creación en 1971». Originalmente, Bangladés formaba parte de Pakistán Oriental, pero se separó de él mediante una violenta guerra de liberación. Se calcula que la guerra causó entre 300 000 y tres millones de muertos. Las fuerzas de Pakistán Occidental se unieron a los islamistas de Pakistán Oriental para defender un concepto islámico de nación y se enfrentaron sin éxito a los secesionistas. «En la época de la creación de Bangladés», explica Berthet, «la referencia a la religión se asociaba con la tutela pakistaní, mientras el laicismo se asociaba con el proyecto de la nación bangladesí».
Bangladés es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Incidentes y acontecimientos
A diferencia de Pakistán, Bangladés no tiene ninguna ley contra la blasfemia. Sin embargo, el Código Penal de 1860, de la época colonial, tipifica como delito ofender, herir o «ultrajar los sentimientos religiosos» de otras personas (artículos 295.a y 298). Además, Bangladés aprobó en 2006 una Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, posteriormente endurecida por el Gobierno de la primera ministra Shaykh Hasina en 2013, según la cual es ilegal publicar en internet contenido que pueda «perturbar el orden público o la ley» o que se base en la difamación contra las religiones. Esta ley se ha utilizado para encarcelar a periodistas, estudiantes y profesores.
Por encima de la ley de tecnologías de la información, en octubre de 2018 el Gobierno de Bangladés promulgó una Ley de Seguridad Digital que otorgaba a la policía la facultad de detener a cualquier persona, incluidos periodistas, sin una orden judicial. Los defensores de los derechos humanos sostienen que la vaguedad de la ley concede al Gobierno «licencia para suprimir todo tipo de voces críticas». «Una media de 147 personas fueron demandadas y 67 detenidas conforme a la Ley de Seguridad Digital cada uno de los 11 meses anteriores a febrero de 2022, según un informe del Centro de Estudios de Gobernanza». Las víctimas eran principalmente activistas, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno.
El conflicto entre laicistas e islamistas se ha mantenido sin cambios hasta la actualidad, y ha tenido consecuencias ambivalentes para la libertad religiosa en el nivel político de las leyes y las políticas oficiales, y también en el nivel social de la cultura y las actividades de agentes no estatales. Desde que accedieron a la dirección del Gobierno en 2009, los laicistas vinculados al partido político gobernante, la Liga Awami, dirigidos por la primera ministra Sheikh Hasina, se han enfrentado en numerosas ocasiones y de forma agresiva al islamismo extremista. Por ejemplo, el 28 de julio de 2022, el Gobierno dirigido por la Liga Awami procesó a los líderes de un partido político islamista, el grupo bangladesí Razakar Bahini, por cometer crímenes contra la humanidad en colaboración con el Gobierno paquistaní durante la guerra de 1971. Además, el 17 de agosto de 2022, un tribunal condenó a muerte a cinco militantes del grupo Yama’atul Muyahidin Bangladesh (JNB) por un atentado con bomba perpetrado en 2015 contra una mezquita en Chattogram.
Por lo general, el Gobierno de la Liga Awami trata de reducir la influencia islamista en la sociedad y la política, lo que en teoría aumenta la seguridad de las minorías religiosas, así como el espacio social y cívico para la libertad religiosa. Sin embargo, las políticas laicistas también han violado en muchas ocasiones la libertad religiosa y otras libertades civiles, y probablemente la propia intransigencia de estas políticas haya alimentado la polarización social y política, así como una reacción islamista cada vez más intensa. Incluso los juicios por crímenes de guerra contra los líderes islamistas han suscitado las críticas de los observadores internacionales por la falta de protección de los derechos de los acusados, y han provocado una intensa hostilidad interna por parte de los conservadores religiosos y los opositores a la Liga Awami.
Para contrarrestar estas iniciativas de la Liga Awami, los islamistas extremistas han iniciado una campaña masiva de ataques violentos contra blogueros laicos y activistas defensores de los derechos humanos, así como contra las minorías religiosas, especialmente contra los hindúes y los cristianos. Aunque esta campaña ha sufrido altibajos en la última década, en los dos últimos años ha aumentado su crueldad e intensidad.
En el período estudiado en este informe se ha verificado un fuerte repunte de la violencia contra las minorías religiosas. El incidente más significativo se produjo a mediados de octubre de 2021, tras una publicación en Facebook procedente del distrito de Comilla; en ella se denunciaba la profanación del Corán en el festival hindú de Durga Puja. Esto desencadenó una serie de ataques contra «más de 100 templos hindúes, festivales, tiendas y hogares» en todo el país. Aunque el Gobierno detuvo a más de 400 personas y se incoaron numerosas causas penales, se dice que los atentados provocaron un efecto dominó que llegó hasta la India, donde los partidarios de la controvertida Ley de Enmienda de la Ciudadanía india usaron los crímenes como justificación de la ley. Otro incidente se produjo el 17 de julio de 2022, cuando varias casas, tiendas y un templo de la aldea de Sahapara, en el distrito de Narail, fueron objeto de actos vandálicos a causa de una entrada de Facebook ofensiva para el islam.
Los cristianos también temen por su seguridad, pues denuncian un aumento de la violencia en la comunidad de Chittagong Hill Tracts. Numerosos incendios provocados y el asesinato de unos 22 miembros de grupos étnicos minoritarios en el último año han dejado a muchos habitantes preocupados por el futuro: «Somos la población local, pero hoy no tenemos ninguna seguridad, ni en casa ni fuera», declaraba un vecino católico de la zona. «A menudo no sabemos quién mata a quién, cuándo ni por qué. Chittagong Hill Tracts se ha convertido en un lugar turbulento».
El 17 de agosto de 2022, varias organizaciones de la sociedad civil protestaron contra el Gobierno por su decisión de impedir que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitara la región de Chittagong Hill Tracts. Afirmaron que el Gobierno trataba deliberadamente de ocultar las violaciones de los derechos de los habitantes indígenas de la zona. En una rueda de prensa posterior a su visita, Bachelet declaró que las minorías religiosas siguen sufriendo importantes violaciones de los derechos humanos a pesar de la aplicación del acuerdo de Chittagong HillsTracts (CHT) de 1997.
En un país densamente poblado donde la propiedad de la tierra es muy apreciada, muchas ONG informan de que las minorías étnicas y religiosas son muy vulnerables a la usurpación de tierras. Por ejemplo, durante el período estudiado en este informe, los miembros católicos de la etnia indígena santal han tenido que luchar por sus derechos en la zona de Ghoraghat, distrito de Dinajpur, en el norte de Bangladés. El 24 de agosto de 2022, miembros del grupo formaron una cadena humana para protestar por la apropiación de tierras por parte de un legislador del partido gobernante. Afirmaron que el acusado se había apropiado de un total de 86 acres de tierras pertenecientes a los habitantes de la zona.
Aunque las autoridades bangladesíes merecen reconocimiento por ofrecer un refugio seguro a los casi un millón de refugiados rohinyás, en su mayoría musulmanes, que han huido de la vecina Myanmar desde agosto de 2017, su situación se hace cada vez más difícil e insostenible, debido sobre todo a la violencia de los militantes islámicos. Entre mayo y agosto de 2022, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) parece ser el autor del asesinato de al menos cinco personas; el ataque más reciente, el 10 de agosto de 2022, se saldó con la muerte de dos líderes de la comunidad rohinyá en un campo de refugiados. La primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, manifestó su impaciencia ante la crisis de los refugiados afirmando que los rohinyás tienen que regresar a Myanmar, sentimiento compartido por muchos de los propios refugiados. El 25 de agosto de 2022, miles de refugiados con pancartas en las que se leía «La esperanza está en casa» organizaron concentraciones para demostrar su deseo de regresar a su patria.
Futuro de la libertad religiosa
El islamismo lleva siendo la mayor fuente de persecución religiosa violenta en el país desde hace más de veinte años, y en el período que se estudia en el presente informe se ha producido un fuerte aumento de la violencia islamista contra las minorías religiosas.
Además, la política disfuncional en la que Bangladés lleva décadas atrapada hace vacilar todo avance hacia la libertad religiosa y la sana laicidad. En agosto de 2022, la primera ministra Sheikh Hasina prometió apoyar el laicismo y abordar con decisión cualquier intento de debilitarlo. Sin embargo, alcanzar un Bangladés verdaderamente libre y abierto que respete la libertad religiosa de todos sus ciudadanos seguirá siendo difícil si no hay mayor entendimiento y confianza entre las comunidades más laicas y las religiosas más conservadoras del país. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas.
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