Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Azerbaiyán establece la separación entre religión y Estado (artículo 18) y protege la libertad de conciencia (artículo 48), reconociendo el derecho de toda persona a expresar sus convicciones y prácticas religiosas, siempre que no atenten contra el orden público o la moralidad. En la práctica, la actividad religiosa se rige estrictamente por la Ley de Libertad de Creencias Religiosas de 2009, que impone un estricto control gubernamental sobre los grupos religiosos. Estos están obligados a registrarse en el Comité Estatal para el Trabajo con las Asociaciones Religiosas, que revisa todo el material religioso importado, vendido y distribuido en el país. La educación religiosa está estrictamente limitada y regulada, y los extranjeros no pueden realizar actividades de proselitismo.
En los últimos años se ha modificado en dos ocasiones la ley sobre religión de 2009; sin embargo, en lugar de reducir las barreras burocráticas para la práctica religiosa, los cambios han supuesto restricciones aún mayores al culto y a otras actividades religiosas.
Las primeras enmiendas a la ley de religión y al código administrativo se prepararon sin aportaciones externas y se aprobaron rápidamente, y entraron en vigor el 16 de junio de 2021. Una de las nuevas restricciones exige que los líderes religiosos no islámicos cuenten con la aprobación previa del Comité Estatal para el Trabajo con las Asociaciones Religiosas. Aún no está claro si esto se aplicará a la Iglesia Católica Romana de Azerbaiyán, ni cómo, ya que las relaciones con las autoridades están reguladas por un Acuerdo de 2011 que otorga a la Santa Sede el derecho a elegir al jefe de la Prefectura apostólica y al clero.
Según las nuevas normas, los grupos religiosos deben cesar sus actividades si no cuentan con un clérigo nombrado por el Gobierno. Solo los grupos que cuentan con un «centro religioso» registrado pueden disfrutar de muchas de las prerrogativas que les concede la ley, como contar con líderes religiosos extranjeros, fundar centros de enseñanza religiosa u organizar visitas a santuarios y lugares religiosos fuera del país.
Aunque reconocen que los padres y tutores pueden educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y opiniones religiosas, las nuevas enmiendas impiden obligar «a los niños a tener creencias religiosas. La educación religiosa de los niños no afectará negativamente a su salud física y mental».
Especialmente preocupante es la enmienda que exige el permiso del mencionado Comité Estatal para celebrar actos religiosos masivos fuera de los lugares de culto aprobados por el Estado. Los observadores internacionales señalan que esta medida podría utilizarse contra las personas que celebran reuniones religiosas en domicilios u otros lugares privados, ya que no se define el número de participantes necesario para que una reunión se considere un acontecimiento multitudinario.
El 11 de marzo de 2022 entraron en vigor nuevas enmiendas que otorgaban a las autoridades un control aún mayor sobre las actividades religiosas. Entre ellas figura la novedad de que el Comité Estatal y no la Junta Musulmana Caucásica será el encargado de nombrar, cada cinco años, a los imanes que dirigen la oración en las mezquitas, así como de despedirlos o confirmarlos en el puesto. Además, los grupos no musulmanes ya no pueden tener un «centro religioso». No se sabe la repercusión de estas normas en las actividades de estos grupos religiosos.
En abril de 2022, el Comité Estatal para el Trabajo con las Asociaciones Religiosas aprobó nuevas normas para el nombramiento y cese de miembros del clero, aunque son muy vagas y enormemente discrecionales. Por ejemplo, Mirseymur Aliyevun, imán chií de Neftchala, fue despedido por haber celebrado las oraciones de fin de Ramadán el 3 de mayo en lugar de un día antes, como habían ordenado las autoridades.
Incidentes y acontecimientos
La Iglesia católica de Azerbaiyán, dirigida por el obispo eslovaco Vladimir Fekete, mantiene buenas relaciones con el Gobierno y con otros grupos cristianos. Recibe anualmente la financiación que el Gobierno concede a grupos religiosos «tradicionales», al igual que la Junta Musulmana del Cáucaso, la Iglesia Ortodoxa Rusa, las comunidades judías y la comunidad albanesa-UDI.
Otros grupos, tanto cristianos como no cristianos, tienen más dificultades. Por ejemplo, hay muchas comunidades religiosas que desean registrarse pero temen el posible acoso de la policía o los pleitos en los tribunales, especialmente aquellas comunidades que no cumplen el requisito de contar con un mínimo de 50 miembros adultos. No obstante, en el último año, el Gobierno no ha emprendido ninguna medida administrativa contra ningún grupo religioso no registrado. A finales de 2021, el Comité Estatal para el Trabajo con las Asociaciones Religiosas registró 16 nuevas comunidades religiosas, todas ellas musulmanas.
Los musulmanes independientes, a los que se suele considerar una amenaza potencial para la autoridad del Estado o la seguridad nacional, son objeto de un control mayor. Por ejemplo, algunas personas vinculadas con el Movimiento de Unidad Musulmana han sufrido ataques y en el último año algunas de ellas han sido condenadas a penas de prisión. En julio de 2021 fue detenido, bajo acusaciones infundadas de tráfico de drogas, Razi Humbatov, perteneciente a dicho Movimiento, y en mayo de 2022 fue condenado a seis años de prisión, tras pasar diez meses en prisión preventiva.
El día del juicio de Humbatov, varios simpatizantes del Movimiento se manifestaron delante del tribunal de Bakú. Detuvieron a cinco de ellos, tres de los cuales —Agaali Yahyayev, Imran Mammadli y Elgiz Mammadov— fueron retenidos durante 30 días, mientras que a los otros dos —Suleyman Alakbarov y Mail Karimli— les pusieron en libertad después de darles una paliza e insultarlos mientras estaban bajo custodia policial. El 3 de junio, el líder del Movimiento de Unidad Musulmana, Taleh Bagirov (también conocido como Bagirzade), preso de conciencia, inició una huelga de hambre en la cárcel para protestar contra la violencia policial y contra la blasfemia.
El 19 de octubre de 2021, seis clérigos chiíes fueron detenidos e interrogados. Uno de ellos, el imán Sardar Babáyev, sigue en prisión. Será juzgado el 19 de marzo de 2023 acusado de traición y espionaje a favor de Irán. Babáyev, que recibió su formación religiosa en el extranjero, ya ha cumplido una condena de tres años de prisión (2017-2020) por dirigir oraciones en mezquitas.
El 22 de septiembre de 2022, un tribunal condenó a un testigo de Jehová, Seymur Mammadov, a nueve meses de prisión por negarse a cumplir el servicio militar. Esta condena se impuso un año después de que en octubre de 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo emitiera una sentencia contra Azerbaiyán que la obliga a indemnizar a dos objetores de conciencia que también fueron encarcelados por negarse a realizar el mismo servicio. El 25 de julio de 2022 entregaron al ejército por la fuerza a otro testigo de Jehová, Royal Karimov, dos días después de que cumpliese 18 años; el joven permanece confinado en una unidad militar en la ciudad de Ganca. Ambos condenados habían manifestado estar dispuestos a realizar un servicio civil alternativo.
Aunque la objeción de conciencia está garantizada por la Constitución y a pesar de que Azerbaiyán había comunicado al Consejo de Europa que en enero de 2001 iba a introducir un servicio civil alternativo, no se ha aprobado ninguna ley al respecto.
En 2021 y 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas subrayaron la violación de la libertad religiosa que ejerce Azerbaiyán, y le obligaron a indemnizar a las víctimas, exigiéndole que revisara su legislación para que no se vuelvan a producir violaciones de este tipo.
NAGORNO-KARABAJ
Nagorno-Karabaj, enclave armenio en territorio azerbaiyano, ha sido escenario de sangrientos combates desde el final del dominio soviético; a día de hoy sigue siendo un conflicto no resuelto. A pesar de haberse establecido un alto el fuego en 2020, los enfrentamientos han continuado, y el último incidente tuvo lugar en septiembre de 2022. La tregua posterior parece mantenerse, pero ambas partes siguen acusándose mutuamente de violar los acuerdos y los derechos humanos.
El extenso patrimonio cultural de la zona también es motivo de preocupación. Armenia ha acusado a Azerbaiyán de destruir, profanar y apoderarse deliberadamente de iglesias, santuarios y objetos culturales armenios. Por su parte, Azerbaiyán ha acusado a Armenia de apropiación indebida de su patrimonio histórico, cultural y religioso, alegando que las iglesias armenias centenarias que hay en la región son, en realidad, un legado de los albaneses caucásicos.
Azerbaiyán ha creado recientemente un nuevo grupo de trabajo formado por historiadores y expertos en arquitectura para limpiar Nagorno-Karabaj de lo que denomina patrimonio armenio «ficticio». Esto pone en peligro la restauración de la catedral de Ghazanchetsots en la ciudad de Shusha. Dañada durante los combates de 2020, se está reconstruyendo conforme a lo que las autoridades azerbaiyanas afirman que es su forma «original», modificando su aspecto para adaptarla a la nueva narrativa histórica. La campaña antiarmenia de Azerbaiyán también ha atentado contra los derechos religiosos de los azerbaiyanos de etnia armenia, a los que, por ejemplo, negaron el acceso al monasterio de Dadivank en mayo de 2021.
Futuro de la libertad religiosa
Las perspectivas de futuro de la libertad religiosa en Azerbaiyán son discordantes. Azerbaiyán siempre ha intentado presentarse como un país basado en el multiculturalismo y el respeto a todos los grupos étnicos y religiones. Sin embargo, los informes indican que el Gobierno de Azerbaiyán, al igual que otros de la región y supuestamente por motivos de seguridad, establece una distinción cada vez mayor en el trato que otorga a las organizaciones religiosas registradas y las no registradas. Esto ha quedado reflejado también en las recientes enmiendas a la ley de religión de 2009, que introducen mayores restricciones al culto y a otras actividades religiosas, reforzando el ya estrecho control del Gobierno sobre la vida de las organizaciones religiosas y contraviniendo la disposición constitucional que separa religión y Estado. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo, por tanto, negativas.
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