Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución australiana prohíbe al Gobierno «establecer una religión, […] imponer una observancia religiosa, […] prohibir el libre ejercicio de cualquier religión o establecer requisito religioso alguno como condición para acceder a cualquier cargo o mandato público» (sección 116).
Australia forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El derecho a la libertad religiosa puede limitarse en determinadas circunstancias «para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás» (artículo 18).
El país cuenta con disposiciones específicas para proteger la libertad religiosa tanto a nivel estatal como territorial. La Constitución de Tasmania garantiza expresamente «la libertad de conciencia y la libre profesión y práctica de la religión», sujetas al orden y la moral públicas. En Queensland, Victoria y el Territorio de la Capital Australiana, el derecho a la libertad religiosa está protegido por sus respectivos estatutos de derechos humanos de una forma muy similar: está protegido el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, incluyendo el derecho a elegir la propia religión y profesarla en público y en privado, sujeto a «límites razonables que puedan justificarse de forma demostrable en una sociedad libre y democrática basada en la dignidad humana, la igualdad y la libertad».
La discriminación por motivos de creencias religiosas y por el origen étnico-religioso está prohibida expresamente por ley en seis de los ocho estados y territorios de Australia. Australia Meridional prohíbe la discriminación basada en la vestimenta religiosa mientras que Nueva Gales del Sur prohíbe la discriminación basada en el origen étnico-religioso. Victoria, Queensland, Tasmania y el Territorio de la Capital Australiana tienen leyes penales contra las conductas (o discursos) que inciten «al odio o al desprecio o escarnio graves» contra una persona o grupo a causa de su religión o su actividad religiosa.
Los grupos religiosos no tienen obligación de inscribirse en ningún registro estatal, pero, para conseguir exenciones de impuestos, tienen que ser entidades benéficas registradas en la Comisión Australiana de Organizaciones Benéficas y Sin Fines de Lucro y deben solicitarlas a la Oficina Tributaria.
Los Gobiernos federal, estatal y territorial comparten la política educativa. Se permite «la educación religiosa general», es decir, la formación acerca de las religiones del mundo. «La educación religiosa especial» sobre «creencias y prácticas distintivas de una creencia religiosa aprobada» solo está permitida en algunas jurisdicciones, incluso dentro del horario lectivo en algunas de ellas.
En 2021, el entonces primer ministro Scott Morrison presentó un proyecto de ley sobre discriminación religiosa. La ley propuesta pretende «prohibir la discriminación basada en las creencias o actividades religiosas de una persona en una serie de ámbitos de la vida pública, incluidos el empleo, la educación, el acceso a locales y el suministro de bienes, servicios y alojamiento; establecer [...] excepciones generales y específicas a la prohibición de la discriminación religiosa; disponer[...] que determinadas declaraciones de creencias no constituyan discriminación a efectos de determinadas leyes antidiscriminatorias específicas de la Commonwealth, los estados o los territorios; crear [...] delitos en relación con la victimización y la publicidad discriminatoria; crear [...] una oficina del Comisionado contra la Discriminación Religiosa; [y] conferir [...] ciertas funciones a la Comisión Australiana de Derechos Humanos».
La ley sobre discriminación religiosa recibió críticas de diversos grupos. Algunos, como el Consejo Jurídico de Australia, consideraron que el proyecto de ley era un paso inadecuado porque «antepone la manifestación de las creencias religiosas por encima de otros derechos humanos», como el derecho a no sufrir discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género y otras categorías. El Lobby Cristiano Australiano defendió la retirada del proyecto de ley porque votar sus enmiendas en el mismo paquete que las de la Ley de Discriminación Sexual (que pretenden eliminar protecciones de los colegios confesionales) provocaría «más daño que beneficio». El Consejo Nacional Australiano de Imanes argumentó que el Parlamento «había perdido de vista la intención original de la ley»: proteger a las minorías religiosas. El Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos declaró que «era “preferible” archivar el proyecto de ley a que fuese derrotado». El proyecto de ley quedó estancado al término de la sesión parlamentaria de julio de 2022.
En mayo de 2022, Nueva Gales del Sur se convirtió en el último estado australiano en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Los profesionales y servicios sanitarios de confesiones religiosas habían solicitado una exención por motivos religiosos que les permitiese que en sus instalaciones estuviese prohibido practicar eutanasias y suicidios asistidos, pero esas enmiendas dirigidas a proteger la libertad de conciencia se rechazaron. En agosto de 2022, los legisladores presentaron un proyecto de ley para impedir de forma similar esta exención en otros dos de los diez territorios.
Incidentes y acontecimientos
El Informe de 2021 sobre el Antisemitismo en Australia del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos registró un aumento de los incidentes antisemitas durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 respecto al período del informe anterior: 447 frente a 331 (un incremento del 35%). El crecimiento del número de casos se reflejó en cuatro categorías: abuso/acoso (incremento del 14%), pintadas (aumento del 152%), pegatinas/carteles (aumento del 157%) y vandalismo (aumento del 10%). El número de agresiones físicas se mantuvo igual; las amenazas por correo postal y telefónicas fueron ligeramente inferiores, y se produjo un descenso significativo de las amenazas por correo electrónico.
El Consejo concluyó que con frecuencia los incidentes de 2021 estuvieron relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás y con la COVID-19. En mayo de 2021, el grupo islamista Hizb ut Tahrir celebró una protesta antisraelí en Sídney en la que se corearon lemas como: «¡Jaybar, Jaybar, oh judíos! El ejército de Mahoma volverá», «¡Oh, Alá, danos el cuello de los judíos!», «¡oh, Alá, danos el cuello de esos malhechores!» y «¡oh, Alá, ayúdanos a purificar la mezquita de Al Aqsa de su inmundicia!»
Entre los actos de violencia física contra los judíos destaca una agresión a un judío que se dirigía a la sinagoga en Brisbane; al grito de «Heil, Hitler!» el agresor le propinó un puñetazo en la cara. El Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos informó de que, «tras una amplia cobertura mediática, [una] pareja que, incumpliendo la normativa sanitaria estatal [relacionada con la COVID], celebró en agosto de 2021 [una] fiesta de compromiso en Melbourne, recibió numerosas amenazas de muerte, tuvo que contratar seguridad privada y acabó teniendo que esconderse...»
Entre los actos de vandalismo, se cuenta el uso de cruces gamadas contra hogares de familias judías, colegios y empresas en Perth, Sídney, Wollongong, Brisbane y en otros lugares.
En un informe publicado el 15 de marzo de 2022 (tercer aniversario de los atentados terroristas de Christchurch), que comprende el período 2018-2019 (el más reciente disponible), el Registro de Islamofobia de Australia informó de 247 incidentes (frente a los 349 del período anterior). Como en años anteriores, la mayor parte de los agresores eran hombres (74%) y las víctimas eran sobre todo mujeres (82%). Respecto a estas víctimas femeninas de abusos, casi todas llevaban hiyab.
La publicación señalaba, asimismo, que la mayoría de los incidentes consistieron en abusos verbales, casos de discriminación o pintadas/vandalismo. Las agresiones físicas constituyeron el 8% de los incidentes denunciados. Ejemplo de agresión física es el de una mujer con el rostro cubierto por un velo a la que amenazaron con un cuchillo. Entre las amenazas verbales y los insultos se cuentan preguntas como: «¿Llevas una bomba en el bolso?» o la afirmación: «Los musulmanes se lo merecían», en referencia a los atentados de Christchurch.
El 58% de las mezquitas de Australia declararon haber sufrido algún tipo de violencia o intolerancia (incendio provocado, agresión física, pintadas, vandalismo, abuso verbal, abuso en línea y correos de odio, incluidas amenazas de muerte) durante el período comprendido entre 2014 y 2019.
Líderes religiosos y políticos se unieron a la comunidad ahmadí —compuesta por 2000 personas, muchas de ellas refugiadas— en la condena a los repetidos actos vandálicos sufridos en su mezquita, al este de Melbourne, en junio de 2022. En octubre de 2022, el viernes (día sagrado para los musulmanes) anterior a la «Jornada de Puertas Abiertas de la Mezquita Nacional», dejaron la cabeza y el corazón de un cerdo a la entrada de una mezquita de Costa Dorada.
En cuanto a los incidentes debidos a prejuicios anticristianos, no hay organizaciones que recopilen informes. Entre los incidentes ocurridos durante el período examinado cabe citar un ataque vandálico contra una catedral histórica de Goulburn (Nueva Gales del Sur), que causó daños por valor de unos 70 000 dólares australianos (45 000 euros).
Desde el 1 de noviembre de 2022, los sacerdotes de Australia Occidental tienen la obligación legal de informar sobre los abusos sexuales a menores revelados en el sacramento de la confesión, lo que viola el secreto de confesión católico, si no quieren enfrentarse a tres años de cárcel. En una declaración oficial ante el Parlamento de Queensland, el arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge, presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, defendió que una ley que elimina el secreto de confesión convierte a los sacerdotes «más en agentes del Estado que en siervos de Dios». El arzobispo Coleridge afirmó además que la proposición de ley plantea «importantes cuestiones sobre la libertad religiosa» e indica un «escaso conocimiento de cómo funciona realmente el sacramento en la práctica». No solo es que el sacerdote debe defender el secreto absoluto de lo que se dice en el confesionario «a toda costa, incluso a costa de su vida» (bajo pena de excomunión automática), como afirmaba una alegación presentada por el Vaticano en las deliberaciones en 2019, sino que la ley tiene implicaciones en cuanto a la libertad de las confesiones tradicionales en practicar plenamente sus creencias religiosas. Ante una ley similar de 2019, la ley S.B. 360 de California, el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, declaraba: «Si una asamblea legislativa cualquiera puede obligar a los creyentes a revelar los pensamientos y sentimientos más íntimos que comparte con Dios en la confesión, entonces realmente no hay ningún ámbito de la vida humana que esté libre o a salvo del Gobierno».
En octubre de 2022, Andrew Thorburn, recién nombrado director ejecutivo de un club de fútbol, se vio obligado a elegir entre el cargo y la función que ejercía como presidente de una Iglesia anglicana. Thorburn dimitió 24 horas después de recibir el nombramiento del club de fútbol cuando el Herald Sun publicó citas de sermones que había pronunciado en la iglesia nueve años antes. Una de esas citas decía: «Mientras que hoy recordamos [con] tristeza y repugnancia los campos de concentración, las generaciones futuras recordarán con tristeza el asesinato legal de cientos de miles de seres humanos cada día mediante la medicina y en nombre de la libertad». En otros sermones, el pastor afirmaba que el comportamiento homosexual era pecado. Los juristas consideran que este ultimátum es un caso claro de discriminación religiosa.
En noviembre de 2022, una investigación conjunta de varios medios de comunicación publicó un reportaje sobre la Iglesia City Builders de Sale y la entonces candidata política Renee Heath, cuyo padre era pastor de esta Iglesia cristiana conservadora. El artículo acusaba a la Iglesia de mantener creencias homófobas y participar en prácticas religiosas radicales. Además, afirmaba que la Sra. Heath era una agente de la Iglesia enviada para infiltrarse en el proceso legislativo con el fin de promover sus creencias doctrinales. El líder de la oposición, Matthew Guy, comentó que, debido a sus opiniones cristianas conservadoras, no se le debería permitir sentarse en la sala del partido liberal si salía elegida y que probablemente el partido no la habría presentado como candidata si este tema hubiera salido antes a la luz. La Sra. Heath, que negó las acusaciones de homofobia, acabó ganando su escaño electoral.
En diciembre de 2022 concluyó la denuncia por difamación presentada contra Lyle Shelton, ex director del Lobby Cristiano Australiano, ante el Tribunal Civil y Administrativo de Queensland. El origen de la denuncia era una entrada de blog del Sr. Shelton en la que criticaba el uso de las bibliotecas públicas para organizar «la sesión del cuento de la drag queen», reuniones en las que drag queens leen cuentos a niños pequeños. No se espera el fallo hasta 2023, pero el mero hecho de que el caso haya sido admitido es un indicio de malas perspectivas para la libertad religiosa.
Futuro de la libertad religiosa
Aunque en general en Australia se respeta el derecho a la libertad religiosa, preocupa la reciente aprobación de una ley en Australia Occidental que obliga a violar el sacramento católico de la confesión. También preocupan los casos de personas que sufren discriminación en su lugar de trabajo. A pesar de estas advertencias, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas en Australia.
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