Marco legal sobre la libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución argentina invoca «la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia» (preámbulo) y proclama que «el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano» (artículo 2), si bien establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a «profesar libremente su culto» (artículo 14).
Al tomar posesión de su cargo, «el presidente y el vicepresidente prestarán juramento, respetando sus convicciones religiosas» (artículo 94).
Según el artículo 73, «los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso».
En mayo de 2021, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre libertad religiosa que, en el momento de redactar este informe, aún no ha sido aprobado. En dicho proyecto se desarrolla el alcance de este derecho siguiendo el camino de otras propuestas presentadas en los últimos 30 años.
La libertad religiosa también está protegida por el ordenamiento jurídico argentino de otras formas; por ejemplo, la legislación laboral prohíbe toda forma de discriminación contra los trabajadores, incluso por motivos religiosos (artículo 17), y los empresarios no pueden preguntar a los empleados sobre sus opiniones religiosas (artículo 73).
La ley de educación obliga a respetar la libertad de conciencia de los alumnos (artículo 126.b) y garantiza a los padres el derecho a tener en cuenta sus creencias religiosas al elegir colegio y universidad para sus hijos artículo (128.c).
El Código Penal argentino castiga el asesinato por motivos religiosos con cadena perpetua (artículo 80.4). Según el artículo 119.b, en los casos de abuso sexual, ser miembro del clero es una circunstancia agravante.
En cuanto a las distintas confesiones religiosas, Argentina reconoce a la Iglesia católica y sus actividades en el país en virtud de un acuerdo que firmó con la Santa Sede en 1966. Este último fue ratificado por el Congreso Nacional de Argentina, que, conforme al artículo 75.22, tiene la potestad constitucional de «aprobar o rechazar los tratados celebrados con otras naciones y con organizaciones internacionales, y los concordatos con la Santa Sede». También existe un acuerdo sobre el fuero militar y la atención religiosa pastoral en las Fuerzas Armadas.
Según la legislación argentina, el Estado paga los salarios y prestaciones de algunos miembros del clero católico, pero el episcopado argentino está prescindiendo gradualmente del apoyo gubernamental.
El Código Civil y Comercial especifica que la Iglesia católica es persona jurídica (artículo 146.c). Además, señala que la Iglesia se rige por sus propias estructuras jurídicas (artículo 147). Las demás Iglesias, confesiones o entidades religiosas son personas jurídicas privadas, que se rigen por sus propias normas, así como por el Código Civil y Comercial de la Nación y por sus propios estatutos (artículo 148.e).
Todas las organizaciones religiosas, excepto la Iglesia católica porque ya está reconocida en virtud del concordato, deben inscribirse en el Registro Nacional de Cultos para obtener el reconocimiento legal.
Algunas festividades católicas son días festivos oficiales. Las personas que profesan otras religiones, como el judaísmo o el islam, tienen sus propios días festivos reconocidos como días no laborables.
Todo ministro de una religión reconocida tiene el derecho y el deber de no revelar información obtenida por su condición religiosa si está implicado en un procedimiento judicial.
En julio de 2022 se aprobó la Ley 27.678 de cuidados paliativos, que incluye la atención de las necesidades espirituales de los pacientes.
En el período estudiado en este informe se presentaron varios proyectos de ley que afectan a la libertad religiosa, pero aún no han sido aprobados. Uno de ellos, sobre los derechos de los pacientes, defiende el derecho a recibir atención sin prejuicios basados en las creencias religiosas (mayo de 2021). Otro proyecto de ley propone convertir el 31 de octubre en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Varias jurisdicciones como Santa Fe, Buenos Aires, Pueyrredón y Escobar ya han reservado el 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas. Otra propuesta que aborda los actos discriminatorios pretende definir la interreligiosidad (marzo de 2022). Una propuesta de enmienda al Código Penal quiere incorporar una sección sobre «Delitos contra la libertad religiosa y el ejercicio del culto» (junio de 2022). Un proyecto de ley pretende garantizar la educación laica en todo el país; y otro suprimiría ciertos beneficios de los que disfruta la Iglesia católica, entre ellos las asignaciones a los obispos (julio de 2022).
Incidentes y acontecimientos
Año 2021
Con respecto a las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 sobre la libertad religiosa, se prohibió toda actividad religiosa en lugares cerrados en virtud del Decreto de necesidad y urgencia DNU 287/2021. Los obispos de la provincia de Santa Fe rechazaron la medida y pidieron la protección de la libertad religiosa. En mayo de 2021, la policía disolvió una misa al aire libre porque no respetaba las restricciones de aforo, afirmación que el sacerdote oficiante negó. En diciembre de 2021, en algunas provincias, las autoridades impusieron pases sanitarios para asistir a servicios religiosos; reaccionando a esta disposición, el arzobispo de La Plata señaló que no corresponde a la Iglesia prohibir a las personas asistir a misa o pedirles pruebas de inmunidad.
En este sentido, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) criticó las restricciones impuestas a causa de la COVID-19, afirmando que se adoptaron sin la intervención del Congreso argentino. Además, el Consejo condenó las repercusiones sobre el culto, recordando que, según la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, las medidas sanitarias nunca pueden conducir a la suspensión de derechos fundamentales. También manifestó que la aplicación de un «pase sanitario» podría constituir un nuevo obstáculo a la actividad religiosa.
El referido Consejo también denunció las ordenanzas municipales que prohibieron los servicios religiosos el domingo 12 de septiembre por tratarse de una jornada electoral.
En mayo de 2021, el presidente Alberto Fernández visitó al papa Francisco en Roma.
Durante el período estudiado en este informe, varios lugares de culto fueron objeto de ataques.
En junio de 2021, dos iglesias evangélicas sufrieron actos vandálicos durante una marcha del movimiento «Ni una menos». CALIR calificó los incidentes de actos delictivos y expresión de intolerancia.
En julio, la Legislatura de Buenos Aires rindió homenaje a las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que tuvo como objetivo a la comunidad judía. El presidente no asistió a la ceremonia conmemorativa, pero recibió a una delegación en la Casa Rosada (palacio presidencial). Tampoco asistió a la conmemoración del XXX aniversario del atentado contra la embajada israelí de 1992.
Tras una ronda de conversaciones entre líderes políticos y religiosos, el ministro de Desarrollo Social se reunió con los obispos católicos en agosto de 2021; durante este acto reconoció la labor de su compromiso pastoral en tiempos de crisis y manifestó su deseo de seguir cooperando.
En agosto de 2021 unos individuos realizaron pintadas en la catedral de Buenos Aires. La asociación Respeto Religioso lamentó que las autoridades no condenaran el acto y anunció su intención de presentar una denuncia penal.
En septiembre, fue profanado el sagrario de la iglesia de San Marón de Buenos Aires y fueron robados diversos objetos religiosos. En la Cámara de diputados se presentaron resoluciones en las que se manifestaba una condena contra estos actos vandálicos. También en septiembre, decapitaron una estatua de la Virgen en Añatuya y el cementerio local sufrió daños.
Ese mismo mes, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) denunció la realización de pintadas nazis en una iglesia evangélica. Actos vandálicos similares se registraron en el cementerio judío de Tablada, donde además robaron objetos y dañaron lápidas, hechos denunciados por la AMIA.
En octubre, la Conferencia Episcopal Argentina condenó las blasfemias proferidas contra la Virgen María en Teodora, obra representada en el teatro Colón de Buenos Aires.
También se han denunciado injerencias gubernamentales en asuntos religiosos. En octubre, CALIR pidió al Congreso que dejara en suspenso la aprobación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, argumentando que: «Por la forma en que está concebida la Convención, puede convertirse en una herramienta que restrinja fuertemente derechos fundamentales, como la libertad religiosa, de expresión y de educación».
En noviembre, líderes católicos y evangélicos condenaron una charla blasfema presentada en el Instituto de Formación Docente de Monte Quemado, en Santiago del Estero, que sugería que María Magdalena intentó mantener relaciones sexuales con Cristo por instigación de los apóstoles.
Ese mismo mes, un grupo de personas interrumpió violentamente una misa en la capilla de San Martín de Porres, en Paraná. Durante el incidente, insultaron y golpearon al sacerdote oficiante y amenazaron a los feligreses. Al parecer, el motivo era la recuperación judicial de un edificio propiedad del arzobispado de Paraná, ocupado ilegalmente durante años.
En noviembre de 2021, fue robada una reliquia de san Juan Pablo II en la basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires.
En diciembre de 2021, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Ojea, se reunió con la presidenta Fernández para tratar, entre otros temas, la crisis social del país y el aumento de la pobreza.
Año 2022
En enero de 2022, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), organización paraguas judía, condenó la publicación en redes sociales de una foto del alcalde de Sauce Viejo imitando a Adolf Hitler.
Ese mismo mes, un individuo destruyó las imágenes de Cristo crucificado, san Anselmo y la Virgen María en una iglesia católica de la localidad de Pehuajó.
En febrero, ante una ola de ataques a lugares de culto, la Cámara de Casación de la provincia de Entre Ríos confirmó la condena de un hombre juzgado por persecución racial y religiosa por haber garabateado pintadas antisemitas en una sinagoga.
En marzo, tras el inicio el 24 de febrero de la guerra en Ucrania, varios grupos religiosos se reunieron para rezar por la paz.
En marzo, el Gobierno de Buenos Aires invitó a ACIERA a participar en un Foro Interreligioso y Social previsto para octubre de 2022.
En marzo, un hombre, al parecer apoyado por otras personas, lanzó ladrillos contra una iglesia evangélica y su pastor, al que consideraba el inductor al suicidio de un familiar.
También en marzo, en la ciudad de Luján, se cometieron actos vandálicos contra una iglesia evangélica durante las marchas realizadas en el Día Internacional de la Mujer, acto que ACIERA condenó. También en Neuquén dañaron la puerta y las paredes de la catedral de María Auxiliadora.
En abril, una turba atacó la principal iglesia ortodoxa rusa de Argentina en protesta por la invasión de Ucrania, gritando consignas contra Vladimir Putin.
En mayo, un hombre armado irrumpió en una iglesia evangélica durante una celebración religiosa y apuntó con una pistola al pastor.
En mayo, la responsable de la Dirección de Culto de la ciudad participó en una reunión de pastores y líderes evangélicos en la que se destacó su labor.
En junio, en un nuevo aniversario de «Ni Una Menos», volvieron a atacar iglesias de distintas confesiones.
El 10 de junio, el director general de Entidades y Cultos de la Ciudad de Buenos Aires destacó la importancia del diálogo interreligioso señalando que es crucial para la construcción de la amistad social.
También en junio, CALIR denunció al presidente del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro, por preguntar a los candidatos que se presentaban para ocupar cargos en la Fiscalía de la ciudad de Cipoletti sobre sus creencias religiosas. El magistrado se justificó diciendo que esas creencias podrían afectar a la «independencia de los magistrados». CALIR también había advertido en marzo de que los ayuntamientos se estaban extralimitando en sus competencias al elaborar registros religiosos municipales cuando ya existía un registro nacional.
En julio de 2022 se celebraron actos para conmemorar el 28º aniversario del atentado contra la AMIA. Diversos grupos renovaron su llamamiento para que se haga justicia en este caso, ya que aún no se ha esclarecido del todo. Ese mismo mes, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y el intendente de la ciudad de Salta acordaron acciones conjuntas para luchar contra el antisemitismo.
Iglesia católica
A lo largo del período estudiado en este informe, la Iglesia católica ha participado en debates públicos relativos a cuestiones de actualidad que afectan al país, como la recaudación de fondos para ayudar a inmigrantes y necesitados. En junio de 2021, pidió el fin del trabajo infantil y manifestó su preocupación acerca de las iniciativas del Gobierno en materia de biocarburantes, considerándolas un retroceso en términos de política medioambiental. También en junio, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de la Conferencia Episcopal respondió a unas declaraciones del Presidente que estigmatizaban a los primeros pueblos del país; al hacerlo, manifestó su apoyo a una Argentina multicultural, sin exclusiones. En agosto, la Iglesia pidió «salud mental para el pueblo». En un país que se enfrenta al azote de las drogas, los obispos observaron que la solución pasa por crear oportunidades, no por legalizar el cannabis. En noviembre, los obispos renovaron su apoyo a los pueblos indígenas y sus reivindicaciones.
En 2022, la Iglesia católica ha seguido desempeñando un papel activo en la vida de la sociedad argentina. En marzo, los obispos de la provincia de Chubut pidieron que se tomaran medidas en materia de educación, ya que los alumnos locales no habían disfrutado de un curso escolar completo en las aulas desde 2018; en julio, la Iglesia llamó la atención sobre el aumento de la inflación, instando a los líderes políticos a asumir su responsabilidad. También manifestó su preocupación ante el número creciente de personas que acuden a comedores sociales y exigió que se permita a la gente vivir con dignidad y con el fruto de su trabajo.
Futuro de la libertad religiosa
Aunque en Argentina la libertad religiosa está garantizada —y, en general, se respeta— y las comunidades religiosas participan activamente en la resolución de los problemas de la sociedad, el período estudiado se ha caracterizado por un aumento de la violencia contra las personas, incluido el clero, los lugares de culto y el abuso de los sentimientos religiosos. Al mismo tiempo, una serie de medidas legislativas, entre ellas las restricciones a causa de la COVID, los registros religiosos municipales y las pruebas de sesgo antirreligioso en el Tribunal Superior de Justicia, son muestra de signos preocupantes. La combinación de violencia social y preocupación gubernamental indica que las perspectivas para la libertad religiosa han empeorado y deben mantenerse en observación.
Argentina